2. directiva comunitaria del comercio electrónico: aspectos jurisdiccionales






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Legislación: Jurisdicción MACE

JURISDICCIÓN


  1. INTRODUCCIÓN

  2. UE: DIRECTIVA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO

  3. ESPAÑA: JURISDICCIÓN COMPETENTE

  4. CONTRATOS CON EL CONSUMIDOR

  5. JURISDICCIÓN EN EEUU

  6. CIBERESPACIO COMO JURISDICCIÓN

  7. EEUU: CASOS




1. INTRODUCCIÓN


Basadas en la hasta hace sólo unos meses realidad legislativa y económica existente, las normas atributivas de jurisdicción competente, bien nacionales de Derecho Internacional Privado (v.g.: Código Civil español), bien internacionales del mismo carácter (v.g.: Convenio de Bruselas aplicable en la UE), o bien federales con respecto a los estados integrantes (v.g.:normas federales de EEUU dirimiendo la jurisdicción de los diferentes estados) necesitan ser reajustadas para poder extender al Comercio Electrónico la seguridad jurídica que las inspira.

Por otro lado, un buen número de autores han defendido recientemente la existencia de una nueva jurisdicción única en lo que se ha venido a denominar como Ciberespacio. Si bien no puede considerarse como una propuesta seria en términos prácticos, muchas de las estimaciones barajadas pueden servir de aproximación a una comprensión más profunda de este nuevo campo de batalla.

Todo empresario participante, de uno u otro modo, en relaciones mercantiles internacionales debería estar preparado para hacer frente a esto nuevos desafíos. Hay muchas posibles formas de evitar la posibilidad de ser demandado en una jurisdicción desconocida o no deseada. Un análisis de la situación a nivel mundial, comunitario, español y estadounidense nos permitirá discernir la más acertada.

2. DIRECTIVA COMUNITARIA DEL COMERCIO ELECTRÓNICO: ASPECTOS JURISDICCIONALES

      1. Control por el país de origen

      2. Exclusiones

2.1. PRINCIPIO DE CONTROL POR EL PAÍS DE ORIGEN

El artículo 3 de la Directiva establece en su apartado uno que cada Estado miembro se asegurará de que los Servicios de la Sociedad de la Información facilitados por un prestador de los mismos establecido en su territorio se ajusten a las provisiones nacionales aplicables en dicho Estado en el ámbito coordinado de la presente ley (requisitos exigibles a tales servicios en el susodicho estado en virtud del presente texto).

Este artículo establece el principio de control por el país de origen. Se reafirma, sin embargo, la continuidad de la aplicación de las normas de Derecho Internacional Privado existentes. Sigue, por tanto, aplicándose el Convenio de Bruselas de 1968 (ver anexo) y su extensión a otros países mediante el Convenio de Lugano. En consecuencia, los contratos con el consumidor seguirán siendo gobernados por la legislación del Estado miembro en que el consumidor tiene su residencia habitual. La Directiva se entiende sin perjuicio de los trabajos en curso relativos a la revisión del Convenio de Bruselas sobre competencia jurisdiccional.

El control por el país de origen se basa en el concepto de establecimiento. Un Estado miembro será competente cuando un operador esté establecido en el mismo. El artículo 2 (c) de la nueva Directiva ha definido tal condición: un proveedor de servicios que desarrolla una actividad económica efectiva mediante el uso de un establecimiento fijo durante un tiempo indeterminado. El Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha reconocido la posibilidad de que el mismo operador esté establecido en varios Estados miembros. En este caso, el Estado miembro competente será aquel en el que el ente tenga el centro de sus actividades.

La presencia y uso de medios técnicos y tecnologías requeridos para proveer tales servicios no constituirán establecimiento del proveedor de servicios.

De este modo no constituirán establecimiento en el territorio de un Estado Miembro:

- El alojamiento de Páginas Web,

- El acceso a un sitio Internet en un Estado miembro,

- La oferta de servicios personalizados en un Estado miembro.

Esto responde a la línea seguida por la legislación comunitaria aplicable en otras areas y la aplicable a esferas no armonizadas.

2.2. EXCLUSIONES:

De acuerdo con el anexo a la Directiva, están excluídas del ámbito de aplicación del principio de control por el país de origen establecido en el artículo 3:

- derechos de autor y derechos afines, así como derechos de propiedad industrial,

- emisión de moneda electrónica,

- libertad de las partes de elegir la ley aplicable a su contrato,

-licitud de las comunicaciones comerciales no solicitadas,

-validez formal de los contratos inmobiliarios en cada Estado miembro,

- obligaciones contractuales relativas a los contratos celebrados con consumidores,

-empresas de inversión colectiva en acciones transferibles y

-ciertas provisiones del derecho de seguros.

3. JURISDICCIÓN COMPENTENTE: CONVENIO DE BRUSELAS

3.1. UE: Jurisdicción compentente
3.2. España: ley organica del poder judicial
3.3. Ley aplicable al proceso
3.4. UE: Reconocimiento y ejecución de sentencias
3.5. España: Reconocimiento y ejecución de sentencias en la LEC


3.1 UE: JURISDICCIÓN COMPENTENTE

El Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil nació en el marco de la entonces llamada Comunidad Económica Europea, como iniciativa para determinar la competencia de las jurisdicciones de los países miembros y desarrollar el artículo 220 del tratado constitutivo de la CEE (compromiso de garantizar la simplificación de las formalidades a que están sometidos el reconocimiento y la ejecución recíprocos de las resoluciones judiciales).

Son materias excluídas de dicho Convenio a efectos de la disciplina mercantil: La quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores y demás procedimientos análogos, así como el arbitraje.

JURISDICCIÓN GENERAL: El artículo 2 de este tratado establece, de modo general, que las personas domiciliadas en un Estado contratante estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado. A las personas que no tuvieren la nacionalidad del estado en que estén domiciliadas les serán de aplicación las reglas de competencia judicial que se aplicaren a los nacionales.

A continuación se establecen una serie de competencias:

ESPECIALES (art. 5) Las personas domiciliadas en un Estado contratante podrán ser demandadas en otro Estado contratante ante el tribunal del lugar en que:

- deba cumplirse una obligación contractual,

- estuviere sita una sucursal, agencia o establecimiento

- estuviere domiciliado un trust.

- CONSUMIDORES: En materia de contratos celebrados con consumidores, con exclusión de los contratos de transporte, el artículo 14 otorga al consumidor la posibilidad de interponer litigio ante los tribunales del Estado contratante en que estuviere domiciliado el demandado o los del Estado en que estuviere domiciliado el propio consumidor. La aplicación de este principio al Comercio Electrónico, que nos permite ofrecer servicios y mercancías a consumidores físicamente muy distantes, es una importante traba desde el punto de vista del empresario. Los riesgos de ser perseguido en una jurisdicción con la que no existe conexión alguna deben ser prevenidos convenientemente.

En esta línea, la nueva Directiva del Comercio Electrónico ayudará a aportar certidumbre y seguridad jurídica a este área, tanto para empresarios como para consumidores.

EXCLUSIVAS: En materia de validez, nulidad o disolución de sociedades y personas jurídicas que tuvieran su domicilio en un Estado contratante o de decisiones de sus órganos, los tribunales de dicho estado serán exclusivamente competentes. (art. 16).

3.2 ESPAÑA: LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

El artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial extiende la Jurisdicción española a todas las personas, materias y territorio español, derogando el artículo 51 de la entonces en vigor Ley de Enjuiciamiento Civil. El artículo 21 de esta misma ley atribuye a los Juzgados y Tribunales españoles el conocimiento de los juicios que se susciten en territorio español entre españoles, entre extranjeros y españoles y entre extranjeros con arreglo a la propia Ley Orgánica y los convenios internacionales en que España sea parte. Se exceptúan, así mismo, los supuestos de inmunidad de jurisdicción y de ejecución establecidos por las normas de Derecho Internacional Público (v.g.:privilegios diplomáticos).

El artículo 22 de la propia LOPJ otorga jurisdicción EXCLUSIVA a los Juzgados y Tribunales españoles:

-en materia de derechos reales y arrendamiento de inmuebles sitos en España

-en materia de constitución, validez, nulidad o disolución de sociedades o personas jurídicas que tengan su domicilio en territorio español, así como respecto de los acuerdos y decisiones de sus órganos -en materia de validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un Registro español

-en materia de validez de patente y otros derechos sometidos a depósito o registro cuando se hubiere soliciatado o efecctuado en España el depósito o registro

-en materia de reconocimiento y ejecución en territorio español de resoluciones judiciales y decisiones arbitrales dictadas en el extranjero.

Igualmente, se les otorga jurisdicción GENERAL cuando:

-las partes se hayan sometido expresa o tácitamente a los Juzgados o Tribunales españoles

-el demandado tenga su domicilio en España

 

Y jurisdicción ESPECIAL, de modo alternativo a los criterios precedentes cuando:

-en materia de obligaciones contractuales, éstas hayan nacido o deban cumplirse en España.

-en las acciones relativas a bienes muebles, si estos se encuentran en territorio español al tiempo de la demanda.

En materia de contratos con CONSUMIDORES, cuando el comprador tenga su domicilio en España si se trata de una venta a plazos de objetos muebles corporales o de préstamos destinados a finaciar su adquisición. En caso de cualquier otro de prestación de servicio relativo a bienes muebles cuando la celebración del contrato hubiere sido prcedida por oferta personal o de publicidad realizada en España o el consumidor hubiera llevado a cabo en territorio español los actos necesarios para la celebración del contrato. En materia de seguros cuando el asegurado y asegurador tengan un domicilio en España y en los litigios relativos al a explotación de una sucursal, agencias o establecimiento mercantil, cuando éste se encuentre en territorio español. En materia concursal se estará a lo dispuesto en su ley reguladora.

3.3 LEY APLICABLE AL PROCESO

Por otra parte, el Código Civil establece en su artículo 8 el principio de Lex Fori como ley aplicable al proceso ("Las leyes procesales españolas serán las únicas aplicables a las actuaciones que se sustancien en territorio español, sin perjuicio de las remisiones que las mismas puedan hacer a las leyes extranjeras respecto a los actos procesale que hayan de realizarse fuera de España").

3.4 RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS A NIVEL COMUNITARIO

Indiscutiblemente, el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 es el pilar más importante para la ejecución de sentencias a nivel comunitario. A él se remite la legislación comunitaria (v.g.:art. 90 del Reglamento del Consejo de 1993 sobre la Marca Comunitaria) de aplicación homogénea.

En su artículo 26, el Convenio de Bruselas establece que las resoluciones dictadas en un Estado contratante serán reconocidas en los demás estados sin que fuera necesario procedimiento alguno.

Son excepciones a este principio:

- La situación de Indefensión del demandado en el momento de dictarse sentencia (ser dictada en rebeldía del mismo, falta de notificación).

- Incompatibilidad con una sentencia dictada en un litigio entre las mismas partes en el Estado requerido.

- La resolución ha sido dictada haciendo caso omiso de las reglas de Derecho Internacional Privado aplicables.

- La resolución es incompatible con una resolución dictada con anterioridad en un Estado no contratante entre las mismas partes, en un litigio que tuviera el mismo objeto y causa.

El artículo 29 del mismo Convenio establece que la resolución extranjera no prodrá en ningún caso ser  

3.5 RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN ESPAÑA: LEC

Corresponde igualmente a los tribunales españoles la adopción de medidas provisionales o de aseguramiento respecto de personas o bienes que se hallen en territorio español y deban cumplirse en España.

La Ley de Enjuiciamiento Civil establece el régimen convencional de la ejecución de sentencias firmes pronunciadas en países extranjeros, otorgándoseles la fuerza en España que establezcan los tratados respectivos. En defecto de tratado, se aplicará el principio de reciprocidad con el país del que emanaren las sentencias.

La LEC otorga al Tribunal Supremo la competencia para la ejecución de las sentencias pronunciadas en naciones extranjeras, abriendo la posibilidad de que, mediante tratato, otros tribunales puedan conocer de las mismas.

4. CONTRATOS ELECTRÓNICOS INTERNACIONALES CON EL CONSUMIDOR: JURISDICCIÓN COMPETENTE Y LEY APLICABLE

A medida que se supera la barrera de la inseguridad de las comunicaciones en Internet, la homogeneización paulatina de la legislación mercantil internacional está consitituyendo la mejor garantía para el desarrollo del comercio electrónico transfronterizo, como cénit de la evolución del comercio internacional.

Si bien esta evolución, en consonancia con un control paralelo de las restricciones a la competencia, implica un mayor abanico de opciones y ventajas para el consumidor, la incertidumbre en torno a la jurisdicción competente o la ley aplicable a los contratos electrónicos internacionales corre el riesgo de incrementarse, minando la confianza mínima necesaria que permita un despegue definitivo del comercio electrónico internacional con el consumidor.

Un estudio en profundidad de la forma en que las normas de Derecho Internacional Privado interoperan con las diferentes normativas nacionales de protección del consumidor puede ayudarnos a eliminar incertidumbres innecesarias a la hora de utilizar el "ciberespacio" como medio de exhibición, oferta y venta de bienes y servicios al consumidor.

LEY APLICABLE

La determinación de la ley aplicable a un contrato específico puede traer importantes consecuencias. Mientras en una jurisdicción determinada (por ejemplo: California, Estados Unidos) la expresión de un precio en una página web con la opción de compra del producto podría equivaler a una oferta, en otra jurisdicción distinta (por ejemplo: Inglaterra, Reino Unido) tal noticia equivaldría a una mera invitación a negociar, y la remisión por parte del comprador de su interés en el producto a la oferta contractual. En este segundo caso, sólo la confirmación del pedido por parte del vendedor se consideraría aceptación del contrato.

Las normas existentes de Derecho Internacional Privado reconocen, en su mayoría, la autonomía de la voluntad de las partes como criterio preferente de aplicación. Este es el caso del Convenio de Roma de 19 de Junio de 1980, aplicable a las obligaciones contractuales en el marco de la Unión Europea. (art. 3: "Los contratos se regirán por la ley elegida por las partes").

Sin embargo, las partes son, con frecuencia, privadas de la posibilidad de internacionalizar contratos domésticos o someterse a cuerpos legales absolutamente ajenos a la naturaleza de los contratos afectados. Estas restricciones son aún mayores cuando las posiciones negociadoras de ambas partes observan distancias sensibles.

En defecto de ley elegida, el contrato se regirá por la ley del país con el que presente los vínculos más estrechos. Cada cuerpo legislativo establece una serie de presunciones en torno a este criterio, en función del objeto del contrato de que se trate. Es, por ejemplo, común, encontrar disposiciones que asimilen a contratos inmobiliarios la ley del lugar en que se halle sito el inmueble.

A estas reglas generales se suman, por lo general, las disposiciones encaminadas a la protección del consumidor. El artículo 5.2 del Convenio de Roma establece que, "sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, la elección por las partes de la ley aplicable no podrá producir el resultado de privar al consumidor de la protección que le aseguren las disposiciones imperativas de la ley del país en que tenga su residencia habitual:

-si la celebración del contrato hubiera sido precedida, en ese país, por una oferta que le haya sido especialmente dirigida o por publicidad, y si el consumidor hubiera realizado en ese país los actos necesarios para la celebración del contrato o

-si la otra parte contratante o su representante hubiera recibido el encargo del consumidor en ese país [...]".

El envío de una oferta por correo electrónico o la creación de una página web con contenido publicitario dirigida al país de residencia del consumidor sería suficiente para cumplir con la primera condición, puesto que, efectivamente, el consumidor podrá concluir los actos necesarios para la celebración del contrato desde su navegador Internet o aplicación de correo electrónico (sea desde un ordenador, un teléfono móvil o un televisor).

La segunda opción será difícilmente aplicable a contratos electrónicos internacionales, pues rara vez habrá alojado el proveedor de bienes o servicios sus sistemas informáticos en el país de residencia del consumidor.

Un último criterio, establecido en el apartado 5.4 del Convenio de Roma, es el que excluye de su protección a los contratos de suministro de servicios cuando los mismos deban prestarse al consumidor en un país distinto del lugar en que éste tenga su residencia habitual.

Esto plantea serias dudas cuando se trata de servicios ofrecidos directamente "en línea", tales como la grabación de MP3s o el acceso a cierta información.

La mayoría de las jurisdicciones establece una presunción en favor de la aplicación de las leyes propias de protección del consumidor, siempre que se demuestre que las ofertas o comunicaciones comerciales iniciadoras del contrato o invitadoras a su celebración estaban intencionalmente dirigidas a dicha jurisdicción. Su aplicación está, por tanto, íntimamente ligada a la competencia jurisdiccional que los tribunales del país de residencia del consumidor puedan atribuirse en un momento dado.

La Unión Europea se ha hecho eco recientemente de las pautas establecidas, entre otros organismos, por la OECD y la UNCITRAL, emprendiendo una iniciativa reguladora del Comercio Electrónico en el mercado interno.

En lo que será la nueva Directiva reguladora de los Servicios de la Sociedad de la Información, se ha establecido un principio general (artículo 3) de control por el país de origen de los servicios afectados, aunque siguen siendo de aplicación las disposiciones existentes de Derecho Internacional Privado (Convenio de Roma). Del mismo modo que el Convenio de Roma, en su artículo 22 la propuesta excluye las obligaciones que impliquen contratos con el consumidor de la esfera del artículo 3.

En lo referente a contratos con el consumidor, la propuesta establece la obligación de proveer información clara e inequívoca a los consumidores sobre los acuerdos contractuales con los mismos. Deberá mencionarse igualmente cualesquiera códigos de conducta existentes. Finalmente, deberá permitirse al consumidor la corrección de errores que éste hubiera podido cometer en la tramitación.

Del mismo modo que en el Convenio de Roma, la propuesta establece que la elección de ley aplicable no podrá dar como resultado la privación de la protección otorgada al consumidor por las leyes de obligatoria aplicación del país en que tenga el mismo establecida su residencia habitual.

En esta línea, es importante destacar las importantes discrepancias existentes en el seno de la misma UE. Mientras en Alemania existe un elevado control sobre las operaciones de marketing directo (y en consecuencia, sobre el "spamming" mediante correo electrónico), en Francia Se prohíben las comunicaciones comerciales y, por tanto las que son parte de una página web, de productos alcohólicos (en virtud del artículo 169 de la ley "Evin", inspirada en razones de salud pública).

Una eficaz provisión de elección de ley aplicable aceptada por ambas partes puede eliminar gran parte de estas incertidumbres. Sin embargo, todo empresario anunciando u ofreciendo sus productos o servicios en Internet debería ser consciente de los diferentes países a que se está dirigiendo, conocer las cláusulas de protección del consumidor aplicables y actuar en consecuencia.

 
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