R epública de Colombia Casación No. 37. 285 CÉlimo hernán martínez dueñas corte Suprema de Justicia corte suprema de justicia






descargar 104.97 Kb.
títuloR epública de Colombia Casación No. 37. 285 CÉlimo hernán martínez dueñas corte Suprema de Justicia corte suprema de justicia
página3/3
fecha de publicación10.09.2015
tamaño104.97 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Derecho > Documentos
1   2   3

Cargo séptimo. Violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho derivado de falso juicio de identidad por tergiversación
Según el demandante, el fallador tergiversó el contrato de vinculación del vehículo de placas VCF 288 a la empresa Radio Taxi Aeropuerto S.A., al desconocer las cláusulas que establecen que la “administración y usufructo” del vehículo la ejerce en forma exclusiva el propietario del mismo y que la empresa “no ostenta la calidad de responsabilidad civil extracontractual indirecta, ni le asiste culpa aquiliana en desarrollo de la actividad peligrosa de la conducción, pues no ostenta la calidad de administradora del vehículo, como tampoco ejerce actividades de control, disposición, guarda y/o vigilancia sobre este o sobre los conductores del mismo…”.



Ninguna razón le asiste al censor en su argumentación. Basta repasar la sentencia impugnada para verificar que el fallador de segunda instancia valoró las cláusulas del contrato de afiliación reseñadas, ofreciendo una respuesta adecuada a los efectos que ellas pudieran tener sobre la responsabilidad atribuida a la empresa afiliadora.
Así se analizó el tema de las cláusulas contractuales en el fallo impugnado:
“…es indiscutible que Jorge Garzón Londoño, es decir el dueño del taxi, y por consiguiente el conductor se comportan como agentes de la aludida empresa “Radio Taxi Aeropuerto S.A.” Allí es donde está el equívoco de dicha entidad, al entender, a través de su abogado, que por contener el contrato de vinculación cláusulas que la excluyan como responsable civilmente, no puede ser condenada en este asunto al pago de los perjuicios ocasionados al señor Jorfe Fernández.
So pretexto de que el contrato de vinculación contiene cláusulas que excluyen la responsabilidad de la empresa “Radio Taxi Aeropuerto S.A.” no puede aceptarse que esta entidad no pueda responder civilmente en este proceso por el pago de los perjuicios. Su responsabilidad aquí ni siquiera es indirecta, sino directa como lo ha anotado la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal…”.
“…La vinculación contractual del señor Jorge Garzón Londoño y su taxi de placas VCF 288 a la empresa “Radio Taxi “Aeropuerto S.A. es lo que permite que el aludido vehículo, su conductor y su propietario puedan llevar a cabo la prestación del servicio de trasporte de pasajeros y desplazarse por la ciudad…”
De allí que para el fallador, la responsabilidad de la empresa “Radio Taxi Aeropuerto S.A.”, deriva de la afiliación del vehículo a la misma, independientemente de las cláusulas limitativas de su responsabilidad, consignadas en el contrato de vinculación que suscribió con el propietario del taxi, entendiendo que ellas no tienen la virtualidad de derruir los efectos esenciales de la afiliación, única que posibilita el ejercicio de la actividad de trasporte de pasajeros y, por lo tanto, su desplazamiento por la ciudad.

Además, basado en un precedente jurisprudencial emanado del Consejo de Estado6, el Juzgado desecha el argumento expuesto por el apoderado de la demandada, porque se tiene decantado que en torno a las obligaciones de las empresas de trasporte y su relación con los propietarios y conductores de los vehículos a ellas afiliados, “…los propietarios como los conductores, son para efectos del transporte, agentes de la empresa…, de donde su relación “…no es meramente nominal, sino material o real, en la medida en que los vehículos son el medio a través del cual ella desarrolla su objeto social…”
En ese sentido, no existió el error denunciado y menos equivocación en la valoración del contenido de las cláusulas limitatorias de la responsabilidad civil de la empresa afiliadora, pues lo que se señala, en últimas, es que las mismas resultan inoponibles a los terceros afectados con los daños que ocasione el vehículo, conclusión compatible con el tipo de responsabilidad que se atribuye a la empresa afiliadora, esto es, una responsabilidad civil extracontractual derivada, como ya se anunció, de su condición de guardiana de la actividad peligrosa.

Por lo demás, no sobra señalar que de acuerdo con la normatividad civil, la fuerza vinculante del contrato está referida a las partes que en él intervienen, sin que puedan prevenirse efectos dirigidos a terceros, como se deduce del artículo 1602 del Código Civil, en cuanto establece que el contrato únicamente establece relaciones obligatorias entre los otorgantes.

Por lo tanto, las autolimitaciones que las partes introdujeron al contrato de afiliación, en ejercicio de sus facultades de regular intereses propios, no puede en ningún caso afectar a terceros ajenos a ese negocio, máxime cuando se trata de una responsabilidad civil extracontractual y no contractual.
Sobre el punto, la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de esta Corporación ha dicho:
Como es bien sabido, de la noción misma de contrato es de donde emerge el postulado general de la relatividad de sus efectos, habida cuenta que si ha de considerarse el contrato como una manifestación de la autonomía que el ordenamiento positivo le reconoce a la voluntad individual legalmente expresada y destinada a reglamentar los propios intereses, inevitable es entender entonces que la fuerza obligatoria inherente a tal reglamentación, en tesis general, puede afectar tan solo a quienes fueron sus autores, lo que dicho de otro modo quiere significar que por principio y dejando de lado desde luego casos especiales que son siempre materia de disposición expresa en sentido diferente, los contratos no despliegan eficacia ninguna –ni en provecho ni en perjuicio- respecto de la esfera jurídica de terceras personas que han sido totalmente ajenas a su realización…”7
En consecuencia, no prospera la censura.
Cargo octavo. Incongruencia de la sentencia con las pretensiones de la demanda
Según el censor, el fallador desconoció los criterios contenidos en los artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto regulan el contenido de la sentencia y la congruencia que debe existir entre esta y las pretensiones de la demanda. Específicamente, dice, la incongruencia se presenta porque la demanda de parte civil no contiene una “causa petendi”, ya que no dice por qué hechos, acciones u omisiones, debe responder la empresa “Radio Taxi Aeropuerto S.A.”
Es cierto que el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, regula el principio de congruencia en materia civil, al señalar que:
"La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este Código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en ésta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al Despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio".
A este principio procesal se refirió la Sala de Casación Penal en el fallo del 13 de abril de 20118, en el que concluyó que en materia civil, el juez, en su sentencia, no puede reconocer lo que no se le ha pedido (extra petita), ni más de lo pedido (ultra petita), ni dejar de resolver lo que le fue solicitado (citra petita), pues en cualquiera de tales eventos estaría desbordando, positiva o negativamente, los límites de su potestad, como ha sido decantado pacifica y reiteradamente por la jurisprudencia civil, entre otras decisiones, en la sentencia del 22 de febrero de 2002, en la cual se dijo que:
En virtud del principio de la congruencia, la sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda, motivo por el cual no le permite al juzgador desbordar cualitativa o cuantitativamente la pretensión y sus fundamentos, como tampoco dejar de resolver sobre lo que fue solicitado o debió ser objeto de pronunciamiento, de donde se colige que habrá incongruencia si el fallo resulta omiso o diminuto (citra petita), o cuando se excede sobre el thema decidendum, cual sucede si el fallo se profiere sobre lo que jamás se reclamó de la jurisdicción (extra petita), o cuando se concede más de lo pedido (ultra petita).”9
Principio que por supuesto irradia en toda su extensión la acción civil cuando se ejerce dentro del proceso penal, al punto que si la sentencia que pone fin al debate, recae sobre materias no debatidas en el curso del mismo, ausentes de la relación jurídico-procesal trabada, la incongruencia se traduce inexorablemente en una violación clara del derecho de defensa de la parte afectada con ella.
En el presente evento, como lo sostiene la Procuradora en su concepto, la demanda de parte civil que motivó la vinculación al proceso de la empresa “Radio Taxi Aeropuerto S.A.”, contiene una concreción fáctica, la tasación de los perjuicios materiales y morales, las pruebas con los que ellos pretendían demostrarse y los fundamentos de derecho en que se sustenta.
Los hechos y la vinculación de la empresa demandada con el instrumento generador del daño, quedaron claramente expresados en los siguientes párrafos:
PRIMERO: Poco después del medio día del 05 de Noviembre de 2005, a la altura de la carrera 23 A con calle 26 B de esta ciudad, se presentó un siniestro automoviliario en done se vieron involucrado (sic) un automotor –taxi- identificado con las placas VCF-288 conducido por el imputable ya conocido a la foliatura, y una bicicleta que iba al mando del ofendido que trata la presente instrucción.
SEGUNDO: En razón al insuceso que da cuenta el hecho que antecede, resultó lesionado mi poderdante, señor JORGE FERNÁNDEZ.
TERCERO: El vehículo automotor que trata el hecho primero, conducido por el imputable CÉLIMO HERNÁND MARTÍNEZ DUEÑAS, con el que se causó la conducta punible, al momento del epílogo se encontraba afiliado a la sociedad denominada “RADIO TAXI AEROPUERTO S.A.” y en el instante del infortunio se encontraba prestando el servicio.”

La claridad del aspecto fáctico y el supuesto que generó la vinculación de la demandada como tercero civilmente responsable, fue lo que permitió al apoderado de “Radio Taxi Aeropuerto S.A.” contestar razonablemente las pretensiones de la demanda, alegando que aunque el vehículo causante del siniestro se encuentra vinculado a la empresa, dicha situación no era causa suficiente para salir a responder por el pago de los perjuicios demandados, por las razones que expone en el siguiente orden:


  1. Su representada no tiene ni ha tenido vínculo contractual con el conductor del taxi.

  2. Los contratos de afiliación que suscriben los propietarios de los vehículos vinculados a la empresa que representa, se hacen con total apego al decreto 172 de 2001, y en ellos se incluye cláusulas expresas de no responsabilidad de la empresa.

  3. De lo consagrado en el contrato de afiliación, se deduce con claridad que la empresa no tiene participación ni injerencia alguna en la administración del vehículo.

  4. Las actividades “in eligendo e in vigilando” recaen inequívocamente sobre el propietario o poseedor del vehículo.

  5. La demandada tampoco ostenta la calidad de “guardián de la actividad”, porque para el momento de los hechos no ostentaba sobre el instrumento generador del daño un poder efectivo de dirección, gobierno y control.


Como puede verse, los fundamentos de la demanda fueron los que dieron lugar al surgimiento del debate suscitado alrededor de la responsabilidad civil de la empresa Radio Taxi Aeropuerto S.A., sobre una base de lealtad y pleno conocimiento de sus extremos fundamentales, sin que pueda admitirse que el juzgador desbordó esos parámetros de la pretensión y sus fundamentos, como injustificadamente lo alega el censor.
En consecuencia, no prospera la censura.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
NO CASAR la sentencia impugnada.
Contra esta decisión no procede recurso alguno.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.


JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ


JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO FERNANDO A. CASTRO CABALLERO


MARÍA DEL R. GONZÁLEZ MUÑOZ GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ


LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ

Nubia Yolanda Nova García

Secretaria

1 Sentencia de casación del 10 de agosto de 2000, radicado No. 13.066

2 Sentencia de casación civil No. 012 del 5 de mayo de 1999, expediente 4978

3 Sentencia de casación civil No. 7627 del 20 de junio de 2005.

4 Ibídem.

5 ARTÍCULO 18 DECRETO 172 DE 2001: “OBLIGATORIEDAD. De conformidad con los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio las empresas de Transporte Público Terrestre Automotor Individual de Pasajeros en Vehículos Taxi, deberán tomar con una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual que las amparen contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora, así:

1. Póliza de responsabilidad civil contractual que deberá cubrir al menos, los siguientes riesgos:

a) Muerte;

b) Incapacidad permanente;

c) Incapacidad temporal;

d) Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.

El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 60 smmlv, por

persona.

2. Póliza de responsabilidad civil extracontractual que deberá cubrir al menos, los siguientes riesgos:

a) Muerte o lesiones a una persona;

b) Daños a bienes de terceros;

c) Muerte o lesiones a dos o más personas.

El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 60 smmlv, por

persona.”

6 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 18 de octubre de 2007, radicado No. 25000-23-24-000-2001-000944-01.

7 Sentencia de casación civil del 1º de febrero de 1993, radicado No. 3532

8 Radicado No. 34.145

9 Referencia: Expediente No. 6666

1   2   3

similar:

R epública de Colombia Casación No. 37. 285 CÉlimo hernán martínez dueñas corte Suprema de Justicia corte suprema de justicia iconCorte Suprema de Justicia casación no. 25. 194 Oscar orlando melo...

R epública de Colombia Casación No. 37. 285 CÉlimo hernán martínez dueñas corte Suprema de Justicia corte suprema de justicia iconCorte Suprema de Justicia casación no. 36578 Vs. José antonio tobar...

R epública de Colombia Casación No. 37. 285 CÉlimo hernán martínez dueñas corte Suprema de Justicia corte suprema de justicia iconRepública de Colombia Corte Suprema de Justicia corte suprema de justicia sala de casación penal

R epública de Colombia Casación No. 37. 285 CÉlimo hernán martínez dueñas corte Suprema de Justicia corte suprema de justicia iconRepública de Colombia Corte Suprema de Justicia corte suprema de...

R epública de Colombia Casación No. 37. 285 CÉlimo hernán martínez dueñas corte Suprema de Justicia corte suprema de justicia iconRepública de Colombia Corte Suprema de Justicia corte suprema de justicia sala de casación penal

R epública de Colombia Casación No. 37. 285 CÉlimo hernán martínez dueñas corte Suprema de Justicia corte suprema de justicia iconCorte Suprema de Justicia segunda instancia 37370 Vs. Edwin oswaldo...

R epública de Colombia Casación No. 37. 285 CÉlimo hernán martínez dueñas corte Suprema de Justicia corte suprema de justicia iconCorte Suprema de Justicia casación no. 31833 paz adriana franco posada...

R epública de Colombia Casación No. 37. 285 CÉlimo hernán martínez dueñas corte Suprema de Justicia corte suprema de justicia iconRepública de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación...

R epública de Colombia Casación No. 37. 285 CÉlimo hernán martínez dueñas corte Suprema de Justicia corte suprema de justicia iconRepública de Colombia Corte Suprema de Justicia corte suprema de...
«ocasionado por culpa (negligencia) en el mantenimiento de dichas redes», y que como consecuencia, se le condene a pagar la suma...

R epública de Colombia Casación No. 37. 285 CÉlimo hernán martínez dueñas corte Suprema de Justicia corte suprema de justicia iconCorte Suprema de Justicia Proceso No 25920 corte suprema de justicia sala de casación penal






© 2015
contactos
ley.exam-10.com