R epública de Colombia Casación No. 37. 285 CÉlimo hernán martínez dueñas corte Suprema de Justicia corte suprema de justicia






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A partir de ese canon, dice, la jurisprudencia ha entendido que no existe discusión sobre la responsabilidad patrimonial solidaria que le es exigible, tanto a la empresa trasportadora como al propietario del equipo, por los daños originados en ejercicio de la actividad peligrosa del trasporte automotor, tal como se reconoció en la sentencia del 27 de julio de 2012, dentro del radicado No. 35.558, cuyos apartes pertinentes cita.
En este caso, ya sobre los cargos formulados, destaca que el simple contrato de vinculación existente entre la empresa Radio taxi Aeropuerto S.A. y el vehículo con el que se produjeron las lesiones, hace a la misma solidariamente responsable por los daños causados, independientemente que dentro del texto del negocio jurídico se diga expresamente que será el afiliado el único responsable por los daños y que en la práctica sea el propietario del mismo quien directamente contrate los servicios del conductor.
Las estipulaciones contractuales referidas, dice la Delegada, resultan ilegales y, por tanto, inoponibles a los terceros perjudicados por los delitos que con los automotores afiliados a la empresa trasportadora se cometan.
Siendo ello así, concluye, carece de fundamento el primero de los reproches elevados por el censor, pues no existe la fundamentación anfibológica que le atribuye al fallo demandando, pues aunque se admite que el juzgador omitió referirse expresamente a normas tales como el Decreto 172 de 2001 y al artículo 36 de la Ley 336 de 1996, no se trata de omisiones trascedentes que logren alterar el sentido del fallo.
Respecto al segundo de los cargos admitidos, advierte la Delegada que quien tergiversa la prueba sobre la cual recae el pretendido error, es el recurrente, pues el contrato de vinculación del vehículo de placas VCF-288 a la empresa Radio Taxi Aeropuerto S.A., lejos de eximir a la última de la responsabilidad civil extracontractual, es el fundamento de la obligación patrimonial de la misma.
Encuentra que el Tribunal sí tuvo en cuenta el contrato de vinculación, otorgándole a su contenido el valor probatorio que de acuerdo con la ley tiene.
Respecto al último cargo, explica la Delegada que de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de esta Corte (sentencia del 27 de octubre de 2000, radicado 6385), para sustentar con éxito la causal de incongruencia o inconsonancia, debe demostrarse que el fallador incurrió en una de estas tres hipótesis, a saber: “a) cuando decide más de lo pedido (ultra petita); b) cuando resuelve asuntos no sometidos al litigio (extra petita); y c) cuando omite pronunciarse sobre alguna de las pretensiones del actor o sobre las excepciones del demandado (mínima petita), o que el juez deba reconoce de oficio.” .
En el presente caso, advierte, la demanda de parte civil contiene una concreción fáctica, la somera tasación de los perjuicios materiales y morales y las pruebas con las que ellos pretendían demostrarse. Por lo tanto, aunque la pretensión no es un “dechado de detalle”, resultó ser desde un primer momento clara y expresa.
Agrega que sobre esa demanda, admitida en su momento por la Fiscalía 26 Local de Santiago de Cali, fue que se pronunció el Juzgado Penal del Circuito para condenar solidariamente al procesado CÉLIMO HERNÁN MARTÍNEZ DUEÑAS y a los terceros civilmente responsables Jorge Garzón Londoño y la empresa Radio Taxi Aeropuerto S.A.
Recuerda que en el ámbito penal, la reparación del daño tiene como finalidad hacer efectivo el restablecimiento del derecho, lo cual se cumple con la indemnización integral de los daños materiales y morales, siendo esa la pretensión principal de una reclamación en ese sentido.
Por lo tanto, concluye que la decisión de segundo grado guarda estrecha correspondencia con la pretensión central de la demanda de parte civil, por manera que el reproche formulado carece de sustento.
Pide, en consecuencia, que no se case la sentencia impugnada.
CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Cargo quinto. Nulidad por anfibología de la sentencia de segunda instancia

Según el censor, la sentencia se encuentra viciada de nulidad al entremezclar diversas y disímiles instituciones jurídicas atinentes a la responsabilidad civil extracontractual, sin concretar por cuál de ellas se condena a su representada, lo cual quebranta el derecho de defensa, al dificultar su contradicción.

De acuerdo con la jurisprudencia de esta Sala, la motivación se considera anfibológica cuando la sentencia se cimienta en razones contradictorias y excluyentes que impiden conocer su verdadero sentido1.
Antes de entrar al análisis de las motivaciones del fallo, se recuerda que la empresa Radio Taxi Aeropuerto S.A., fue vinculada como tercero civilmente responsable, para efectos indemnizatorios, en virtud de petición elevada en la demanda de constitución de parte civil presentada a nombre del lesionado Jorge Fernández, como aquella obligada a reparar el daño en forma solidaria, por la conducta culposa atribuida al procesado CÉLIMO HERNÁN MARTÍNEZ DUEÑAS.
Tampoco hay discusión sobre la existencia de prueba demostrativa de que el taxi de placas VCF-288, con el cual se ocasionaron las lesiones sufridas por Jorge Fernández, se encontraba afiliado, para la fecha de los hechos, a la mencionada empresa de taxis, de donde su vinculación al proceso emerge del contrato de afiliación suscrito con el propietario del vehículo, relación jurídica que, dígase de una vez, avala la responsabilidad civil extracontractual que se predica en cabeza de la misma.
En efecto, al estudiar la responsabilidad de los vinculados como terceros civilmente responsables, el fallo impugnado parte de las siguientes consideraciones:
En este proceso se vinculó como tercero civilmente responsable al señor Jorge Garzón Londoño, como propietario del vehículo marca Chevrolet, Taxi de placa VCF 288, el cual conducía el infractor, y a la empresa “Radio Taxi Aeropuerto S.A.”, pues el primero como propietario del automóvil, y el segundo como la empresa de trasporte a la cual está afiliado, tenían la vigilancia del mismo, y como tal confiaron el desarrollo de esa actividad peligrosa de la conducción de autos a CÉLIMO HERNÁN MARTÍNEZ DUEÑAS y en ejercicio de esa actividad riesgosa es que generan las lesiones.
Por ello, tanto Jorge Garzón Londoño como la empresa “Radio taxi Aeropuerto S.A.”, deben responder en forma solidaria por el pago de los perjuicios ocasionados, pues se trata de una responsabilidad civil extracontractual por un hecho ajeno…”
Ninguna contradicción o conclusión anfibológica en la enunciación de los fundamentos centrales de atribución de responsabilidad civil a la empresa “Radio Taxi Aeropuerto S.A.” se advierte en el apartado trascrito, fundamentos que, contrario a lo alegado, se mantienen en el contexto de la decisión, independientemente de algunas impresiones secundarias que no descalifican el aspecto toral de la responsabilidad que se predica en cabeza de la demandante en casación.
En efecto, la decisión acoge el criterio jurisprudencial de esta Corte, en sus Salas de Casación Civil y Penal, que al dilucidar qué personas deben ser llamadas a responder por las secuelas de un daño ocasionado por el ejercicio de una actividad peligrosa, advierte que ha de acudirse a la noción del “guardián de la misma, o sea, “todas aquellas de quienes pueda predicarse potestad de mando y control de la misma en cuanto detentan ‘un poder efectivo de uso, control y aprovechamiento respecto del artefacto mediante el cual se realiza aquella actividad’2.
Bajo la concepción de “guardián de la actividad con la cual se produce la lesión, la misma jurisprudencia civil tiene decantado que será responsable “la persona física o moral que, al momento del percance, tuviere sobre el instrumento generador del daño un poder efectivo e independiente de dirección, gobierno o control, sea o no dueño, y siempre que en virtud de alguna circunstancia de hecho no se encontrare imposibilitada para ejercitar ese poder3.
En esa lógica, resulta acertado sostener, como se hace en la sentencia, que las empresas transportadoras, en cuanto afiliadoras para la prestación regular del servicio a su cargo, independientemente de que no tengan la propiedad del vehículo respectivo, ostentan el calificativo de guardianas de las cosas con las cuales se ejecutan las actividades propias de su objeto social, “no sólo porque obtienen aprovechamiento económico como consecuencia del servicio que prestan con los automotores así vinculados sino debido a que, por la misma autorización que le confiere el Estado para operar la actividad, pública por demás, son quienes de ordinario ejercen sobre el automotor un poder efectivo de dirección y control, dada la calidad que de tenedoras legítimas adquieren a raíz de la afiliación convenida con el propietario o poseedor del bien, al punto que, por ese mismo poder que desarrollan, son las que determinan las líneas o rutas que debe servir cada uno de sus vehículos, así como las sanciones a imponer ante el incumplimiento o la prestación irregular del servicio, al tiempo que asumen la tarea de verificar que la actividad se ejecute previa la reunión integral de los distintos documentos que para el efecto exige el ordenamiento jurídico y las condiciones mecánicas y técnicas mediante las cuales el parque automotor a su cargo debe disponerse al mercado.”4 (subrayado de la Sala).

Oponiéndose a la aplicación de esos conceptos, el censor califica de equivocadas las conclusiones del fallador cuando sostiene que la sociedad Radio Taxi Aeropuerto S.A. es guardiana de la cosa o de la actividad que generó el peligro, cuando la realidad enseña que la empresa no tenía ni el gobierno ni el control del vehículo, prerrogativas que sólo ejercían el propietario y el conductor, equivocación que, dice, surgió tras aludir a la reglamentación contenida en el decreto 171 de 2001, que hace referencia al servicio público de trasporte terrestre colectivo y no el individual de pasajeros en taxi, regulado en el decreto 172 de 2001.
Es cierto que el juzgador incurrió en la última imprecisión que destaca el censor, pero ello no lo llevó a conclusión equivocada alguna.
En primer lugar, porque cuando en el fallo demandado se alude al decreto 171 de 2001, lo fue para destacar dos aspectos que no modifican el punto central de la atribución de responsabilidad a la empresa de taxis. Así, se hace alusión al artículo 18 de dicha normatividad para destacar la obligación que tienen las empresas trasportadoras de tomar seguros encaminados a amparar los riesgos inherentes a la actividad riesgosa, tal como se lee en el siguiente apartado de la decisión:
Por su parte el artículo 1003 del mismo ordenamiento se refiere a la responsabilidad del trasportador en el transporte de personas y por ello deben tomar, como lo dispone el Decreto 171 de 2001, en el artículo 18 y los artículos 994 y 1003 del Código de Comercio, un seguro con una compañía de seguros para operar en Colombia, además de una póliza de seguros de responsabilidad extracontractual que las ampare contra los riesgos inherentes a la actividad transportadora, tales como muerte o lesiones a una persona, daños a bienes de terceros, muerte o lesiones a dos o más personas, que no podrá ser inferior a 60 S.M.M.L.V., por persona.”
Esta afirmación no se habría modificado de haberse citado correctamente el decreto 172 de 2001, por medio del cual se reglamenta “el servicio público de trasporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículo taxi”, el cual, dice el artículo 6º se debe prestar bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, en forma individual, sin sujeción a rutas ni horarios, donde el usuario fija el lugar o sitio de destino”, porque allí también se establece, en idénticas condiciones, la obligación de las empresas afiliadoras, de tomar pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual para amparar los riesgos inherentes a la actividad, como expresamente se señala en el artículo 185, del mismo tenor literal del citado en forma equivocada por el fallador.
La segunda mención que se hace al decreto 171 aparece en la página 25 del fallo impugnado, para indicar que las empresas habilitadas para la prestación del servicio público de trasporte terrestre automotor de pasajeros por carretera “sólo podrán hacerlo con equipos registrados en el servicio público, que son vinculados a su parque automotor, el cual se formaliza con la celebración del respectivo contrato entre el propietario del vehículo y la empresa y se oficializa con la expedición de la tarjeta de operación por parte del Ministerio de Transporte.”
Es cierto que de allí concluye el fallador que las obligaciones adquiridas por la empresa trasportadora con el contrato de vinculación, se mantienen “hasta tanto siga figurando (el vehículo) en el parque automotor de la empresa”, del contexto de los párrafos siguientes se entiende que tal afirmación se hace para significar la vigencia del contrato y la permanencia de la afiliación, que hacia responsable a la empresa Radio Taxi Aeropuerto S.A. de los daños causados en la ejecución de la actividad que la beneficiaba, como se extracta de los siguientes párrafos:
Por lo anterior considera este despacho que aunque el propietario del vehículo incumpla con las obligaciones adquiridas en el contrato de vinculación, hasta tanto siga figurando en el parque automotor de la empresa, ésta tiene responsabilidad por los perjuicios que se pueda causar con el vehículo, pues se encuentra vigente el contrato, ya que no ha sido terminado por acuerdo de las partes o por decisión judicial y sigue vinculado a su parque automotor.
De modo que así en el caso presente el Taxi de placas VCF 288 afiliado a la empresa “Radio taxi Aeropuerto S.A., opere a través de un contrato de vinculación, ello no libera de culpa a esta empresa por responsabilidad extracontractual; porque se trata de la prestación de un servicio en vehículo de servicio público homologado y registrado para trasporte de personas. Los perjuicios ocasionados por el vehículo durante la ejecución del contrato de trasporte serán responsabilidad de la empresa transportadora (y) o de su propietario directo a título de responsabilidad civil extracontractual, que surge del principio consignado en el artículo 2347 del Código Civil, según el cual todo el que con un hecho suyo, de las personas o de las cosas a su cargo, causa daño a otro, es obligado a la indemnización.
A pesar de sostener el abogado representante de la empresa “Radio taxi Aeropuerto S.A.”, que esta entidad no responde por el daño ocasionado con el taxi, porque la relación con el propietario del taxi o su conductor no es la de vigilancia y la de administración o dependencia, tal afirmación no tiene asidero jurídico, porque la responsabilidad civil de la empresa de trasportes se genera precisamente es del contrato de vinculación entre la empresa “Radio taxi Aeropuerto S.A.”, y su propietario, y de la relación entre este y el conductor. Por ello se genera la responsabilidad directa de esta empresa por los daños ocasionados a terceros con dicho automotor, porque estos dos últimos actúan como agentes de la primera.”
Tales conclusiones, lejos de ser equívocas, se compaginan completamente con los desarrollos jurisprudenciales alrededor de la responsabilidad civil predicable en cabeza de las empresas afiliadoras de vehículos de trasporte público y especialmente de aquellas encargadas del servicio de trasporte terrestre individual de pasajeros en vehículo taxi, tema ampliamente analizado en el fallo de casación del 27 de julio de 2012, radicado No. 35.558, en el cual se parte de reconocer que las varias personas que en mayor o menor grado tienen injerencia en el manejo o control del bien con el cual se cumple la actividad peligrosa, asumen solidariamente el compromiso de indemnizar a la víctima, como se establece en el inciso primero del artículo 36 de la Ley 336 de 1996 (Estatuto Nacional de Transporte), del siguiente tenor:

Los conductores de los equipos destinados al servicio público de transporte serán contratados directamente por la empresa operadora de transporte, quien para todos los efectos será solidariamente responsable junto con el propietario del equipo...”
Esa norma, dijo la Corte en aquella oportunidad, claramente hace responsable “para todos los efectos” a la empresa transportadora y al propietario del equipo. Se trata de una responsabilidad patrimonial solidaria por los daños originados en ejercicio de la actividad peligrosa del transporte automotor, agregando que ni el precepto trascrito ni los desarrollos jurisprudenciales en el área civil, excluyen de la condición de guardián de la actividad peligrosa y, por consiguiente, de su responsabilidad patrimonial en razón de los daños derivados de ella, a las empresas de transporte terrestre automotor en vehículos taxi.
Lo anterior, explicó la Corte, se justifica porque legalmente sólo a través de tales empresas es posible la prestación de ese servicio público, de donde no es admisible que las compañías dedicadas a su explotación, pretendan evadir su responsabilidad por los daños que se causen con su ejercicio, aduciendo que no tienen el control de la actividad, cuando precisamente la habilitación oficial para hacerlo está sujeta al cumplimiento de unos requisitos rigurosos, entre ellos, la prestación de las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual a que se alude en el fallo impugnado.
También se destaca en el precedente citado, que si las compañías de transporte son las encargadas de acreditar ante la autoridad de transporte los requisitos para obtener o renovar la tarjeta de operación de los vehículos propios y ajenos, entre los que se cuentan el seguro obligatorio, certificaciones acerca de la existencia de las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual de la empresa y constancia de la revisión técnico mecánica de los vehículos que no sean de último modelo, como se dispone en los arts. 43 y 44 del decreto 172 de 2001, surgen evidentes los poderes de dirección y control que ejercen las empresas sobre los automotores afiliados.
Además, no sobra reiterar lo afirmado por la Sala en aquella oportunidad, en el sentido de que si las empresas trasportadoras se sustraen de dichos poderes de dirección y control, ello no las exonera de la responsabilidad civil derivada de los delitos que se cometan con los equipos afiliados, pues “el sólo hecho de la vinculación o afiliación de los automotores” las hace responsables patrimonialmente de los perjuicios que sean consecuencia del desarrollo de su actividad.
A las mismas conclusiones arribó el Juzgado en la sentencia impugnada, como se advierte en el siguiente texto:
La empresa “Radio Taxi Aeropuerto S.A.” se beneficia de dicha actividad, pues se insiste que es nada menos la empresa que a través de la licencia que le otorga el Ministerio del Transporte vincula a su flota el vehículo de un tercero mediante un contrato de vinculación; por ello no se excluye la responsabilidad de esta entidad o persona moral –“Radio Taxi Aeropuerto S.A.”

(…)

¿A quién puede por tanto atribuirse la consecuencia de las lesiones que recibió el señor Jorge Fernández, en esa actividad peligrosa ejercida por el taxista Célimo Hernán Martínez Dueñas? .Desde luego que recae aquí también en el propietario del rodante y la empresa “Radio Taxi Aeropuerto S.A.”, porque son los guardianes de la cosa o de la actividad que genera el peligro; porque tienen el poder efectivo de control o gobierno de dicha cosa o actividad.”

En ese contexto argumentativo, ninguna razón asiste al impugnante cuando califica de anfibológica la sentencia impugnada, pues como acaba de evidenciarse, la misma no sólo es clara en identificar el tipo de responsabilidad que se atribuye a la empresa afiliadora, sino además los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan esa atribución, los cuales concuerdan con la ley y los desarrollos jurisprudenciales alrededor del tema.
En consecuencia, no prospera la censura.
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