R epública de Colombia Casación No. 37. 285 CÉlimo hernán martínez dueñas corte Suprema de Justicia corte suprema de justicia






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R
epública de Colombia

Casación No. 37.285


CÉLIMO HERNÁN MARTÍNEZ DUEÑAS
Corte Suprema de Justicia


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL



Magistrado Ponente:

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ

Aprobado Acta No. 78.
Bogotá, D.C, trece de marzo de dos mil trece.

V I S T O S



La Corte examina, en sede de casación, la sentencia de segundo grado de fecha 17 de febrero de 2011, por cuyo medio el Juzgado 16 Penal del Circuito de Cali revocó el fallo absolutorio proferido por el Juzgado 23 Penal Municipal de la misma ciudad el 13 de mayo de 2010, y en su lugar condenó al procesado CÉLIMO HERNÁN MARTÍNEZ DUEÑAS a las penas de 7 meses y 6 días de prisión, multa de $1.983.800, interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena privativa de la libertad y a la privación del derecho a conducir vehículos automotores por un término de un (1) año, como autor responsable del delito de lesiones personales culposas. Igualmente, junto con los terceros civilmente responsables Jorge Garzón Londoño y Empresa Radio Taxi Aeropuerto S.A., se le condenó al pago de los daños y perjuicios causados con la ilicitud.
HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE


Los primeros fueron reseñados así en el fallo impugnado:
El 5 de junio de 2005 a las 12:30 P.M. el señor Jorge Fernández se desplazaba por (la) carrera 23 de la ciudad de Cali, y como se dirigía hacia su casa, ubicada en la carrera 23 con calle 17, por lados del sitio público conocido como “Galería Santa Elena”, debía cruzar a la izquierda por debajo del puente y por ello se dispuso a tomar el carril del lado derecho o de servicio, para lo cual se desplazaba por la unión entre las dos calzadas.
En ese preciso instante el señor Célimo Hernán Martínez Dueñas conducía el vehículo taxi de placas VCF 288 y como venía de la calle 34 hacia el sur toma la calzada derecha y se ubica entre el carril izquierdo y el carril derecho de la calzada central, para cerciorarse de que podía continuar.
Pero no obstante ver que venía una camioneta a alta velocidad que iba salirse de la calzada central para tomar la del lado derecho, y que al lado derecho suyo iba don Jorge Fernández en su bicicleta, inició la marcha e hizo un giro a la derecha y alcanza a golpear al mencionado ciudadano, el cual cae al piso y recibe lesiones que le ocasionaron incapacidad definitiva de ciento veinte (120) días y deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente, perturbación funcional del miembro inferior izquierdo de carácter permanente y perturbación funcional del órgano de la marcha de carácter permanente.
Del insuceso no se levantó el croquis porque el lesionado es llevado a un centro asistencial en el mismo vehículo, y ya luego es que el guarda de tránsito se desplaza hasta el sitio del accidente, y dibuja el croquis del sitio del accidente, de acuerdo a la versión dada por el conductor del taxi, pero inexplicablemente señala que en la calzada central se dejó unas huellas de frenada paralelas de 3.80 metros, que nada tienen que ver con estos hechos; colisión que tuvo lugar en la mencionada carrera 23 con calle 26b de esta ciudad.”
Por tales hechos, mediante resolución del 22 de junio de 2007, la Fiscalía 26 Local de Santiago de Cali, abrió investigación en contra de CÉLIMO HERNÁN MARTÍNEZ DUEÑAS, a quien se escuchó en indagatoria el 12 de julio del mismo año.
Por ser relevante para la solución del caso, se destaca que mediante demanda presentada a través de apoderada el 22 de marzo de 2006, el señor Jorge Fernández se constituyó en parte civil en su calidad de víctima del delito, la cual se dirigió inicialmente contra el procesado CÉLIMO HERNÁN MATÍNEZ y Jorge Garzón Londoño, propietario del automotor que causó el siniestro, siendo admitida el 23 de junio de 2006.
Posteriormente, se radicó escrito de demanda contra la empresa “Radio Taxi Aeropuerto S.A.”, como tercero civilmente responsable, la cual fue admitida por la Fiscalía 26 Local el 11 de mayo de 2007.


Fenecido el término de instrucción, se declaró su cierre el 10 de octubre de 2007 y mediante resolución del 28 siguiente se calificó su mérito con preclusión de la investigación a favor de MARTÍNEZ DUEÑAS.
La decisión fue impugnada por el apoderado de la parte civil, dando lugar a la resolución de segunda instancia dictada el 29 de mayo de 2008 por la Fiscal Tercera de la Unidad Delegada ante el Tribunal de Cali, que revocó la determinación de primera instancia y en su lugar profirió resolución de acusación contra CÉLIMO HERNÁN MARTÍNEZ DUEÑAS como presunto autor responsable del delito de lesiones personales culposas, de acuerdo con la tipificación contenida en los artículos 111, 113 y 114 del Código Penal.
El conocimiento del juicio le correspondió al Juzgado Veintitrés Penal Municipal de Depuración de Cali, despacho que luego de los trámites legales dictó sentencia de primera instancia el 13 de mayo de 2010, en la que absolvió al procesado MARTÍNEZ DUEÑAS de los cargos imputados.
Impugnada la decisión por el apoderado de la parte civil, se revocó por el Juzgado 16 Penal del Circuito de Cali, en fallo del 17 de febrero de 2011, en el cual se condenó a CÉLIMO HERNÁN MARTÍNEZ DUEÑAS a las penas arriba especificadas, tras hallarlo penalmente responsable del delito de lesiones personales culposas.
En la misma sentencia se condenó al procesado y a los terceros civilmente responsables Jorge Garzón Londoño (propietario del vehículo) y empresa Radio Taxi Aeropuerto S.A., al pago solidario de las siguientes sumas: i) $2.140.000 por concepto de perjuicios materiales; ii) $37.450.000 por perjuicios morales; y iii) $5.535.000 por concepto de honorarios profesionales a favor del abogado de la parte civil.
Contra la sentencia de segunda instancia, el defensor del procesado y los apoderados de los terceros civilmente responsables interpusieron recurso extraordinario de casación.
En auto del 26 de octubre de 2011, la Sala decidió inadmitir las demandas de casación presentadas a nombre del procesado CÉLIMO HERNÁN MARTÍNEZ DUEÑAS y del tercero civilmente responsable Jorge Garzón Londoño. En relación con la demanda presentada por el apoderado del tercero civilmente responsable empresa Radio Taxi Aeropuerto S.A., la Sala admitió los cargos quinto, séptimo y octavo del libelo, inadmitiendo los demás, por las razones que allí se expusieron.
En consecuencia, dispuso correr el traslado respectivo al Procurador Delegado, para que se pronunciara sobre los puntos admitidos del libelo en cuestión.
CARGOS ADMITIDOS DE LA DEMANDA FORMULADA A NOMBRE DE LA EMPRESA RADIO TAXI AEROPUERTO S.A.
Quinto cargo
La sentencia se dictó en un juicio viciado de nulidad por “anfibología en la sentencia de segunda instancia”, al mezclar, como fundamento de su pronunciamiento, diversas y disimiles instituciones jurídicas atinentes a la responsabilidad civil extracontractual, lo cual quebranta el derecho de defensa.
Afirma que el primer error de fundamentación se estructura cuando se dejaron de realizar las necesarias distinciones entre la responsabilidad que cabe al propietario del vehículo y la que le es imputable a la empresa afiliadora. Tampoco se tuvo en cuenta que las relaciones entre uno y otro se encuentran mediadas por un contrato de afiliación que fue aportado al expediente por el apoderado que le antecedió, donde se estipula que el propietario conserva la totalidad de las tareas de administración, la de contratar al conductor que a bien tenga y cancelarle sus honorarios y estar alerta respecto de las condiciones de seguridad del rodante, entre otras prerrogativas.
El fallo, además, es contradictorio, pues inicialmente señala que la empresa tenía la vigilancia del vehículo y que como tal confió el desarrollo de esa actividad peligrosa a CÉLIMO HERNÁN MARTÍNEZ DUEÑAS, pero luego dice que propietario y empresa afiliadora deben responder solidariamente por los perjuicios, porque se trata de “una responsabilidad civil extracontractual por un hecho ajeno…”, ya que “omitió el deber de vigilancia o yerra en la selección del dependiente”, olvidando que cada propietario elige y designa el conductor a su conveniencia, sin participación de la empresa.
Reseña que más adelante el fallo alude al contrato de trasporte de que trata los artículos 982 y 1003 del Código de Comercio, con una argumentación que crea confusión, pues una cosa es la responsabilidad contractual y otra, muy diferente, la extracontractual.
A continuación, dice, el juzgador queriendo aludir a la reglamentación que regula el servicio que prestan los taxis, cita el decreto 171 de 2001, normatividad que hace referencia al servicio público de trasporte terrestre colectivo, extraña al servicio de taxi, que está regulada en el Decreto 172 de 2001, legislación completamente distinta.
Esa confusión, señala, llevó al juzgador a conclusiones equivocadas, al sostener, falsamente, que Radio Taxi Aeropuerto tiene un “parque automotor”, derivando de allí que la empresa es guardiana de la cosa o de la actividad que genera el peligro, lo cual tampoco es cierto, pues sólo el propietario y el conductor detentaban materialmente el vehículo, sobre el cual la empresa no tiene ni el gobierno ni el control, porque no hacía parte de lo que técnicamente se llama “parque automotor”, característica especial de la industria regulada en el decreto 171 de 2001, pero no de las empresas dedicadas al servicio de taxi.
Además, en la parte final de los argumentos de la sentencia demandada, se pretende hacer ver que el conductor del vehículo es “agente” de la empresa Radio Taxi Aeropuerto S.A., con lo cual introduce la idea de una responsabilidad “directa”, apoyado en una extensa providencia de esta Corte, fechada del 23 de abril de 2008, dentro del radicado 28.396, la cual no aplica para este caso, porque allí se trata de una empresa de buses, cuyo conductor se hallaba laboralmente vinculado a la misma, situación distinta a la aquí consolidada.
La confusión es evidente, porque la responsabilidad que al inicio trató de justificar por la vía del artículo 2347 del Código Civil, termina mudada a la responsabilidad por el hecho propio o directa, al tenor del artículo 2341, instituciones completamente distintas y diferenciables, violando así el principio de no contradicción, colocando el fallo frente a un absurdo.
En consecuencia, solicita que se declare la nulidad parcial de la sentencia de segunda instancia, en cuanto concierne a la decisión de condenar a la empresa Radio Taxi Aeropuerto S.A., como tercero civilmente responsable.

Séptimo cargo

Acusa la sentencia de ser violatoria, por vía indirecta, de la ley sustancial, por falso juicio de identidad por tergiversación del contrato de vinculación del vehículo de placas VCF 288 a la empresa Radio Taxi Aeropuerto S.A.
Recuerda que el mencionado contrato fue incorporado al expediente por el anterior apoderado de la empresa que representa, y en él se advierten acuerdos “sinalagmáticos” que fueron ignorados por el fallador.
Así, se estipula en el contrato que la “administración y el usufructo” sobre el vehículo, la ejerce en forma exclusiva el vinculado (propietario), por “tener el poder de disposición y control efectivo sobre el vehículo, sin injerencia alguna por parte de la empresa…”.
Además, la empresa adquirió, entre otras obligaciones, la de admitir el conductor seleccionado por el propietario o tenedor del vehículo vinculado, dejándose claro que “no ostenta la calidad de responsabilidad civil extracontractual indirecta, ni le asiste culpa aquiliana alguna en desarrollo de la actividad peligrosa de la conducción, pues no ostenta la calidad de administradora del vehículo, como tampoco ejerce actividades de control, disposición, guarda y/o vigilancia sobre este o sobre los conductores del mismo…”, como consta en la cláusula 5ª.
Igualmente, se pactó que es el vinculado, quien debe salir al pago de todo tipo de perjuicio material y/o moral, costas judiciales y agencias en derechos, que eventualmente se señalen en procesos judiciales adelantados por terceros en razón de daños ocasionados a estos.
Expresamente se consigna en la cláusula 7ª que el vinculado (propietario) reconoce y acepta que es el único que tiene facultad legal para administrar y disponer del vehículo y para elegir, contratar y vigilar al conductor; que la modalidad del servicio no está sujeta a rutas ni horarios, y que la empresa no despacha servicios, ni autoriza la prestación del mismo; que el vinculado es el encargado de vigilar que el vehículo porte la documentación necesaria para la prestación del servicio y que esté en buenas condiciones técnicas y mecánicas.
Según el defensor, el Juez de segunda instancia no tuvo en cuenta las anteriores estipulaciones contractuales, pues de haberse considerado, necesariamente la empresa radio Taxi Aeropuerto S.A., habría sido exonerada de toda responsabilidad civil.
Aduce que el contrato de vinculación reseñado es una declaración de voluntad de las partes, que reúne las exigencias del artículo 1502 del Código Civil, y por ser ley entre ellas, no puede ser invalidado sino por mutuo acuerdo o por causas legales, conforme lo indica el canon 1602 ibídem.
Advierte que las cláusulas destacadas del contrato no fueron contempladas por el juez, desnaturalizando el contenido del mismo para hacerlo decir algo que no corresponde a la intención de las partes en el ánimo de restarle la fuerza jurídica que posee.
Pide, en consecuencia, que se case la sentencia para que, en su lugar, se absuelva a la empresa Radio Taxi Aeropuerto S.A., de toda responsabilidad civil en los hechos juzgados.
Octavo cargo

Acusa la sentencia de ser violatoria, por vía directa, de la ley sustancial, por falta de aplicación de los criterios contenidos en los artículos 304 y 305 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto regulan el contenido de la sentencia y la congruencia que debe existir con las pretensiones de la demanda.
En orden a fundamentar esta pretensión, señala que la demanda de parte civil no contiene una “causa petendi”, es decir, no dice por qué hechos, acciones u omisiones, la empresa Radio Taxi Aeropuerto S.A., debe responder civilmente por las lesiones causadas al señor Fernández en los hechos que motivaron el juzgamiento; tampoco contiene una fundamentación jurídica que determine a qué institución jurídica se debe acudir para darle acomodo legal al tipo de responsabilidad extracontractual que se predica de su representada, ni especifica una pretensión respecto de la demandada, es decir, qué se quiere de ella.
Afirma que el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil exige del juez un pronunciamiento claro y expreso sobre las pretensiones de la demanda, y que el artículo 305 ibídem exige congruencia entre lo que se pide y lo que se concede, no pudiendo el juez que trate asuntos civiles pronunciarse de manera extra o ultra petita, y tampoco condenar por causa diferente a la solicitada, es decir, por fuera o más allá de lo pedido.
En el presente caso, la sentencia se ocupa de refutar los argumentos de la contestación de la demanda, pero en momento alguno alude a los argumentos de la última, ni a las pruebas o fundamentación jurídica de la misma y menos a las pretensiones.
Agrega que las controversias privadas se rigen por el principio según el cual, “a quien nada pide, nada se le concede”, de plena aplicación en este evento, donde la justicia es rogada como lo determinan las normas ya indicadas, que se han violado flagrantemente.
Pide, en consecuencia, que se case la sentencia para que se dicte una de reemplazo, exonerando a la empresa Radio Taxi Aeropuerto S.A., del pago solidario de perjuicios a la víctima.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Procuradora Tercera Delegada para la Casación penal, encuentra que aunque los tres cargos admitidos se refieren a causales de casación disímiles, de su desarrollo argumentativo se desprende que tanto en la nulidad como en la violación directa e indirecta, el censor plantea el mismo problema jurídico, cual es, determinar si en el caso se encuentran dados los elementos para imputar responsabilidad civil extracontractual a la empresa Radio Taxi Aeropuerto S.A.
En esa lógica, considera pertinente referirse inicialmente al asunto central del debate, relacionado con la responsabilidad civil extracontractual de las empresas de taxis en los daños causados con el delito, para luego abordar el análisis del caso concreto y dar una respuesta conjunta a los cargos formulados.
Así, destaca que el tema se encuentra regulado a nivel legal, específicamente por el artículo 36 de la Ley 336 de 1996, estatuto Nacional de Transporte, que preceptúa:

Los conductores de los equipos destinados al servicio público de trasporte serán contratados directamente por la empresa operadora de transporte, quien para todos los efectos será solidariamente responsable junto con el propietario del equipo.
La jornada de trabajo de quienes tengan a su cargo la conducción y operación de los equipos destinados al servicio público de trasporte será la establecida en las normas laborales y especiales correspondientes.”
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