Taller de legislación informática






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Taller de legislación informática

Antología

Equipo 5

Luisa Andrea Arias Martínez

Jorge Armando Robledo Nájera

3.1 los derechos de la información

El derecho a la información. Delimitación conceptual

Hoy en día, en el mundo jurídico y, más específicamente, en el de los derechos humanos es muy común escuchar acerca del derecho a la información, pero ¿realmente sabemos lo que significa este término? Esa es la cuestión que pretendemos dilucidar en este trabajo. Y es que se suelen confundir con los términos como derecho de la información, libertad de información y derecho de acceso a la información o derecho a la información pública.

No debemos olvidar que todo análisis de cualquier parcela de la realidad que pretenda ser riguroso y poder calificarse de "científico" o "técnico" requiere, como pasos iniciales, efectuar diversas operaciones interrelacionadas sin las que no se distinguiría del conocimiento vulgar: acotar exactamente el objeto a estudiar, diferenciándolo de otros cercanos y distinguiendo sus partes constitutivas; establecer un punto de vista concreto desde el que se contemplará, así como definir con precisión máxima los términos lingüísticos que se van a emplear en el estudio.

En la ciencia del derecho y particularmente en aquellas disciplinas que se encuentran en proceso de formación y reconocimiento, no es fácil distinguir con claridad el alcance de distintos conceptos, que por ser utilizados en el lenguaje cotidiano, pueden tener distintos significados. Lo que no es permisible en la ciencia del derecho ya que vulnera el principio de seguridad jurídica y desvanece el papel de la doctrina y de la certeza legal. Es por ello que la definición de conceptos y distinción de vocablos que tienen elementos relacionados entre sí, pero que no significan exactamente lo mismo, es un buen punto de partida para comprender de qué se habla cuando se refiere a la noción de derecho a la información.1

1. El derecho de la información

El derecho de la información es concebido comúnmente por la doctrina desde dos perspectivas: por un lado, como ordenamiento jurídico, y por otro como ciencia jurídica. A este respecto debemos tener en cuenta un aspecto fundamental del derecho: su dualidad; ya que se refiere, de una parte, al conjunto de normas jurídicas y, de otra, a una ciencia "cuyo objeto de conocimiento está constituido tanto por el ordenamiento jurídico como por los conceptos sistemáticos elaborados por la dogmática".

A. El derecho de la información como ordenamiento

La evolución de las relaciones y derechos comunicativos o informativos a lo largo de la historia crearon la necesidad de establecer una serie de leyes que regularan la relación de las ciencias jurídicas y las ciencias informativas, éstas constituyen el cuerpo jurídico del derecho de la información, derecho que está constituido por el conjunto de normas jurídicas que se establecen en torno a las relaciones informativas o que tienen como objeto de regulación lo que se refiere a la información o a la comunicación social.

Reflexionar sobre el derecho de la información como ordenación comporta la convicción de que la transmisión de ideas, pensamientos, opiniones y conocimientos o hechos no sólo es muy anterior a la aparición de las nuevas ciencias sociales y, por supuesto, del derecho cuya formalización heredamos del mundo romano, sino que ha estado presente en toda sociedad, y lo seguirá estando en todo grupo social, aun en el supuesto indeseable de que nos hallemos en una caótica comunidad absolutamente desconocedora de la cultura de los derechos y libertades del ser humano.

Bajo esta perspectiva de ordenamiento, Bonet, entiende que:

el derecho de la información es el conjunto de normas jurídicas vigentes en materia informativa y que tiene como característica el que sus normas sean de distinta naturaleza: penal, mercantil, administrativa o, incluso, normas constitucionales; y también, por hacer referencia a aspectos muy diferentes entre sí.

nace ante la necesidad de reglamentar y organizar el ejercicio de un derecho natural del hombre, reconocido con estas características en las leyes fundamentales de los diversos países modelados en el ámbito jurídico-político al modo de los Estados de derecho. El derecho subjetivo a la información, el derecho a informar y a estar informado, el derecho a expresar ideas y a recibirlas, es el objeto primario del derecho de la información, a la vez que su explicación más sencilla, el origen de su nacimiento.

B. El derecho de la información como ciencia

El derecho de la información se puede afirmar como ciencia porque constituye una ordenación de conocimientos susceptibles de sistematización, de tratamiento en diversas fases de generalización y de abstracción, cuyo objeto es la información que reconoce y regula. Se puede afirmar que "es aquella ciencia jurídica que acota los fenómenos informativos de todo tipo y los encauza hacia la justicia".

El derecho como ciencia da las soluciones justas a los problemas y facilita la labor de los legisladores e intérpretes de la normas. Pero, además, se ocupa de juzgar acerca de la justicia de las leyes, de las interpretaciones y de los actos de las personas. De ese modo, no sólo es el resultado del pensamiento de los juristas, sino también una de las fuentes, más o menos directas, del derecho.

Al ser el derecho de la información susceptible de ser tratado en cuanto ordenamiento o como ciencia, no debemos considerar a estas perspectivas como alternativas que se contraponen, sino que se complementan, al ofrecer la ciencia opciones para el adecuado desarrollo del cuerpo normativo en materia de información. Así,

Nuestra disciplina aparece con una triple pretensión: como una ciencia que, a partir de la idea de justicia, justifica o excluye soluciones a los problemas que plantea la información; como una ciencia del derecho positivo o del ordenamiento jurídico, y como una ciencia que atiende a la realidad jurídica naciente para, después de conceptualizarla en el grado necesario de abstracción, poderla enjuiciar conforme a los criterios iusinformativos o del derecho a la información.

Así, más que un ordenamiento de leyes o regulaciones de ciencias de la información, el derecho de la información es una verdadera ciencia en el pleno sentido de la palabra. Es ciencia si la referimos a la idea de justicia que es una de las virtudes morales objeto de estudio tanto de la ética como del derecho, y si lo es del derecho también de ésta cual es el derecho de la información. También es ciencia si la consideramos desde el punto de vista del derecho positivo del ordenamiento jurídico al igual que podemos llamar ciencia al derecho civil, al derecho canónico, al derecho administrativo.

El derecho de la información es una ciencia en sentido objetivo, se trata de una disciplina jurídica que nos sitúa ante el derecho como objeto de la ciencia, objetivado por la parte del derecho que acota un sustantivo de contenido partitivo de acuerdo con su construcción gramatical. Así, la primera tarea de esta rama es la de emprender el estudio científico de la información bajo un prisma jurídico. Y, bajo el prisma informativo, esta asignatura se apropia de los conceptos, métodos y sistemas propios de la ciencia del derecho para ponerlos al servicio de la información.

Desantes considera que el derecho de la información es "el ordenamiento jurídico objetivo que reconoce y protege el derecho a la información en cuanto derecho humano", pero también lo considera como

la ciencia jurídica universal y general que, acotando los fenómenos informativos, les confiere una específica perspectiva jurídica capaz de ordenar la actividad informativa, las situaciones y relaciones jurídico-informativas y sus diversos elementos, al servicio del derecho a la información.

2. Libertad de información

Tratemos ahora de la libertad de información sobre la que algunos autores señalan que tiene como punto de partida a la libertad de expresión, que a su vez representa la prolongación de la garantía individual de pensamiento, sin la cual no es posible aventurar la posibilidad del desarrollo del hombre en sociedad.

La libertad de expresión, según explica Fernández— Miranda, arranca, en un sentido moderno, de la Reforma vinculada a la libertad de conciencia y va enriqueciéndose de contenido en la medida en que, en el devenir histórico, los diferentes grupos sociales profundizan en ella. En la Ilustración, el racionalismo le confiere una extensión general, la dota de una fundamentación filosófica y de una proyección política. Y, con el triunfo del principio democrático se convierte en un presupuesto lógico de la lucha política y del control del poder.

Esta transformación progresiva del sentido y del ámbito del derecho tendrá su manifestación en la terminología empleada: los primeros planteamientos nacen unidos a la libertad de conciencia en la lucha por la superación de la conciencia dogmática, muy especialmente en materia religiosa. Es la lucha por la libertad de opinión que, enmarcada en un contexto de resistencia individual y de afirmación de la dignidad personal, se opone a la dictadura del pensamiento, primero frente al monopolio de la Iglesia y después frente al Estado absoluto.

La libertad de expresión supone el derecho de comunicar libremente, de manera directa, o a través de cualquier medio de difusión, las ideas, las opiniones y las noticias. Lo que incluye, la expresión artística y la difusión del arte, la literatura, la ciencia y la técnica.

El concepto de libertad de información vino a sustituir en el pensamiento liberal al concepto de libertad de prensa, reflejando de este modo la necesaria evolución que demandaba la aparición de nuevos medios de comunicación no impresos, en particular la radio y la televisión. Es por ello que, tradicionalmente, se ha identificado la libertad de información con la libertad de prensa o de imprenta.

Mientras la comunicación interpersonal fue la única forma de comunicación humana, el derecho a la libertad de opinión era el único derecho a la comunicación. Más adelante, con la invención de la imprenta se añadió el derecho de expresión. Y más tarde aún, a medida que se desarrollaban los grandes medios de comunicación, el derecho a buscar, recibir e impartir información pasó a ser la preocupación principal. Desde este punto de vista, el orden de los derechos específicos enumerados en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos traza una progresión histórica: opinión, expresión, información.

La libertad de expresión y la libertad de información se encuentran íntimamente relacionadas; la libertad de información no tiene explicación sin la libertad de expresión. Salvador Ochoa sostiene que los términos libertad de expresión y libertad de información, se han confundido cuando intrínsecamente hablan de lo mismo y que su regulación es lo que al exterior marca la nota distintiva, por lo que se hace necesario precisar y diferenciar conceptos; este autor, nos ofrece las siguientes definiciones a los términos en cuestión: Libertad de expresión.— Es toda manifestación exterior hecha por sujetos de derecho, física y jurídicamente posible, por medio de la cual una o más personas llegan a conocer ideas, opiniones, conceptos y pensamientos del emisor mediante cualquier medio existente, conocido o por conocer; dicha conducta se encuentra regulada y sancionada por el orden jurídico positivo.

Libertad de información, de prensa o imprenta.— Es toda actividad desarrollada por los medios de comunicación social —ya sea directamente o por medio de sus agentes— que tenga como objetivo difundir pensamientos, ideas, opiniones, informaciones de interés general, noticias, sucesos, editoriales o publicidad, en cualesquiera formas del género periodístico, mediante el uso de los instrumentos técnicos y tecnológicos de uso común —conocidos o por conocer, con los que se suelen comunicar con la opinión pública— en los momentos mismos, anterior o posterior, de la realización del acto o del evento. Esta actividad se encuentra regulada por la Constitución y sus leyes secundarias.

Es sobre este punto donde queremos llamar la atención ya que aquí se evidencia cómo se otorga una posición preferente a los medios de comunicación y a los profesionales informativos; asimismo, se identifica a la libertad de información con la libertad de prensa, sin tener en cuenta el derecho de toda persona a ejercerla. La libertad de información es entendida como el derecho a reunir, transmitir y publicar noticias.

Para la doctrina constitucional española, la libertad de información entraña una doble faceta: la libertad de información activa, es decir el derecho a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión, y la libertad de información pasiva o derecho a recibir aquélla, a las que habría que añadir la libertad de creación y gestión de empresas.2

La libertad de información representa una opción más vinculada a la tradición liberal, desde el momento en que privilegia particularmente toda actividad encaminada a la transmisión de información, es decir, al ejercicio de la libertad de expresión en materia informativa; mientras, el derecho a la información intenta reconducir esa tradición liberal, en el sentido de apreciar la importancia de la información para todo individuo en la sociedad actual, considerando esa información como un bien necesario para el hombre. Asunto que abordaremos más adelante.

El concepto de libertad de información ha sido desarrollado por la doctrina, a partir de la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de superar las insuficiencias del pensamiento liberal en materia de información, ofreciendo para ello una base conceptual más amplia, tratándose ya no únicamente de una libertad en sí misma, sino incluso una libertad indispensable para la consecución de los demás derechos y libertades.

Así, la mayoría de la doctrina, en apoyo a lo que estipula el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se inclina por definir la libertad de información como la libertad de buscar, difundir y recibir libremente informaciones e ideas.

Para Villanueva, la frase "libertad de información" puede entenderse como el derecho de todo individuo a recibir, investigar y transmitir hechos dotados de trascendencia pública a través de los medios de comunicación social. Y, sostiene que, a partir de su reconocimiento internacional en 1948, la libertad de información presenta las siguientes características:

  1. La información es una función pública. Esto significa que la información deja de ser sólo un derecho público subjetivo para transformarse en un derecho-deber de los periodistas en la medida en que nadie debe informar si no es para satisfacer el derecho de los individuos a recibir información veraz, completa y objetiva. De esta manera, la concepción decimonónica de la información que oponía al ejercicio de la difusión informativa el respeto al derecho a la privacidad, la moral y la seguridad del Estado como únicos límites, se convierte ahora en un instrumento para satisfacer el derecho del público a la información.

  2. La información se transforma en una garantía supranacional. De esta manera, el derecho a recibir y emitir información encuentra una protección frente a los intentos estatales por suprimir o restringir indebidamente el alcance de esta libertad fundamental de todos los individuos.

  3. La información es también un objeto plural, pues para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos de la vida pública, es necesario que esté dotado de versiones distintas y, en no pocas ocasiones, contrapuestas, sobre un mismo hecho de trascendencia pública, razón por la cual la libertad de información es al mismo tiempo libertad de controversia política, cuya esencia forma parte de toda sociedad que se identifica con la democracia.
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