República de Colombia Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil corte suprema de justicia sala de casación civil






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República de Colombia




Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Civil



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL



Magistrado Ponente:

ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ
Bogotá, D. C., primero (1°) de noviembre de dos mil trece (2013).-

(discutido y aprobado en Sala de 28 de agosto de 2013).

Ref.: 08001-3103-008-1994-26630-01

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, integrada por el señor IVÁN PEDRO TARUD MARÍA y la sociedad IVÁN TARUD Y COMPAÑÍA S. EN C. -ITAR-, respecto de la sentencia proferida el 2 de junio de 2009 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil - Familia, dentro del proceso ordinario que los mencionados impugnantes adelantaron en contra del BANCO DE BOGOTÁ.

ANTECEDENTES



1. En la demanda con la que se dio inicio al referenciado proceso, que en copia obra del folio 126 al 271 del cuaderno No. 27, conforme la reconstrucción parcial del expediente que se realizó en audiencia del 13 de mayo de 2003 (fl. 283, cd. 27), se solicitó, en síntesis:
1.1. Declarar que el demandado “es civilmente responsable de todos los daños y perjuicios” sufridos por los actores “con motivo de la acción pauliana” que aquél adelantó en su contra y del “registro de la demanda que logró”.
1.2. Ordenar al accionado pagar a los promotores de la controversia, “como indemnización de los daños y perjuicios ocasionados”, las siguientes cantidades:
1.2.1. En favor de Iván Pedro Tarud María $1.000.000.000.00, por “PERJUICIOS MORALES”, derivados de la afectación que se provocó “a su buen nombre y prestigio comercial y social que tenía en la ciudad de Barranquilla”.
1.2.2. En favor de la sociedad Iván Tarud y Cía. S. en C.:
a) $25.865.000.00, por “DAÑO EMERGEN-TE”, “representado por las sumas de dinero que debió cancelarle a los diferentes profesionales que tuvieron a su cargo la defensa de los derechos de dicha sociedad”.
b) $102.845.646.00, por “LUCRO CESAN-TE”, equivalente a “los rendimientos o sumas que ese daño emergente dejó de producir durante el tiempo transcurrido entre el momento de la entrega a esos profesionales y el momento en que se present[ó] esta demanda”.
c) $20.725.178.792.00, por “LUCRO CESAN-TE”, correspondiente a “las ganancias o beneficios dejados de obtener al no poder construir las torres de diez (10) pisos que se habían proyectado y presupuestado, de acuerdo con los hechos” señalados en el mismo libelo introductorio.
d) $1.000.000.000.00, por “PERJUCIOS MO-RALES OBJETIVADOS”, provocados por el desmedro del “good will o buen nombre comercial” de la referida persona jurídica.
1.3. Imponer al banco, en el supuesto de que no satisfaga oportunamente las anteriores condenas, el pago de “los intereses comerciales moratorios” hasta el momento de la solución efectiva de esos rubros.
1.4. Condenarlo, además, a las costas del proceso.
2. Los hechos que fueron aducidos en respaldo de los precedentes pedimentos, se presentaron en diversos acápites, como pasa a sintetizarse:
2.1. Hechos relacionados “CON LAS ACCIONES DAÑOSAS QUE AFECTARON A LA SOCIEDAD COMANDITARIA IVÁN TARUD S. EN C.”.
2.1.1. Previa adquisición de los lotes de terreno distinguidos con los Nos. 74-89 y 74-125 de la carrera 52 de Barranquilla, el señor Tarud María, en el “primer semestre de 1984”, se propuso la construcción en ellos de dos edificios, inicialmente, de cuatro pisos cada uno y, luego, de diez pisos de altura, razón por la que el 18 de junio del mismo año consiguió que la Oficina de Planeación Municipal de dicha ciudad impartiera aprobación provisional al proyecto y el 18 de septiembre siguiente celebró contrato de compraventa e instalación de los ascensores que funcionarían en la primera torre que iba a ser levantada.
2.1.2. Debido a que días más tarde el Gobierno Nacional suspendió la importación de ascensores, se paralizó el referido proyecto y el nombrado actor, “ante la necesidad de una mejor administración de los bienes familiares (…)”, aprovechó tal circunstancia para constituir con sus hijos la sociedad Iván Tarud y Cía. S. en C., lo que hizo mediante la escritura pública No. 3740 del 31 de diciembre de 1984.
2.1.3. Dicha sociedad, luego de desarrollar con gran éxito un conjunto vacacional en dos lotes de terreno que previamente había adquirido en la ciudad de Santa Marta, compró, por una parte, al señor Tarud María, los predios de la carrera 52 Nos. 74-89 y 74-125 de Barranquilla; y, por otra, a la familia Marimon de Newman, el lote intermedio entre ellos, distinguido con el No. 74-107 de la misma carrera, lo que efectuó con las escrituras públicas Nos. 230, 237 y 348 de la Notaría Segunda de esa capital, fechadas los días 6, 9 y 19 de febrero de 1987.
2.1.4. Con la titularidad del dominio de los tres predios ubicados sobre la carrera 52, la sociedad aquí demandante adecuó los planos iniciales para construir allí, ya no dos, sino tres torres de diez pisos cada una y luego de que el Gobierno Nacional levantó la prohibición de importar ascensores reactivó el proyecto, que denominó “TEQUENDAMA I, II y III”, mediante la elaboración del presupuesto, que en costos ascendió a $618.163.302.00 y en utilidades a $880.648.698.00, “con la posibilidad de incrementarlas en más del 25%, en vista de que los precios de venta que se estaban dando en la época, eran comercialmente bajos, lo que resultaba muy atractivo en el tiempo que se tenía proyectada la venta total”.
2.1.5. El 30 de junio de 1987 el Banco de Bogotá, en forma “inesperada e injusta”, demandó ejecutivamente a Iván Pedro Tarud María, Dislicores Limitada e Incolsa Limitada debido a “una discrepancia por el cobro exagerado de unos intereses” y por unas “cartas de crédito”, proceso en el que los accionados, por intermedio de apoderado, presentaron excepciones el 30 de noviembre de ese mismo año, no obstante lo cual la sociedad actora impulsó el señalado proyecto, “en el sentido de poner en orden todas las documentaciones necesarias para obtener los permisos definitivos de la construcción de las tres (3) torres por parte de Planeación Municipal” de Barranquilla.
2.1.6. “Al sacar copia de las escrituras de las propiedades ubicadas en la carrera 52 Nos. 74-89, 74-107 y 74-125, lo mismo que los folios de las matrículas inmobiliarias de cada una de ellas ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para demostrar la titularidad y la tradición actualizadas de estos inmuebles, aparecieron afectadas las matrículas inmobiliarias CON LA INSCRIPCIÓN DE LA DEMANDA DE UN PROCESO ORDINARIO DE ACCIÓN PAULIANA PROMOVIDO POR EL BANCO DE BOGOTÁ CONTRA IVÁN PEDRO TARUD MARÍA E IVÁN TARUD S. EN C., (…), RADICADO EN EL JUZGADO ONCE CIVIL DEL CIRCUITO DE ESTA CIUDAD”, inscripción que se verificó “el 12 de diciembre de 1987”.
2.1.7. Como consecuencia de esa circunstancia, por una parte, los asesores jurídicos de la sociedad demandante “le aconsejaron abstenerse de presentar la documentación de los proyectos de construcción de TEQUENDAMA I, II Y III, ya que dos (2) de los inmuebles en donde se iban a construir las tres (3) torres estaban afectados por el registro de la demanda ordinaria de acción pauliana (…), lo que tendría como consecuencia el rechazo de la PROTOCOLIZACIÓN del REGLAMENTO DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL y, por ende, [haría] imposible realizar la venta, fuera anticipada o terminada, de los locales comerciales y oficinas, ya que la demanda inscrita aparecería en todos los certificados o matrículas inmobiliarias de los inmuebles a venderse y los compradores se abstendrían de negociar”; por otra, en el supuesto de que se otorgara el permiso para la construcción y se realizara la enajenación de las correspondientes unidades inmobiliarias, la sociedad actora sería responsable “de todos los daños y perjuicios” que se ocasionaran a los potenciales compradores; y, por último, se paralizó el desarrollo del referido proyecto arquitectónico.
2.1.8. El Banco de Bogotá, con el único propósito de perjudicar a los gestores de esta controversia, dilató el trámite del proceso mediante el cual ejercitó en su contra la acción pauliana, todo ello con el fin de prolongar la vigencia del registro de la demanda, por lo que incurrió en “temeridad y mala fe”, como quiera que:
a) Se opuso al decreto y práctica de los dictámenes periciales allí solicitados y objetó los que en definitiva fueron presentados, con fundamentos irrelevantes.
b) Recurrió las providencias proferidas en el mismo, sin ninguna justificación.
c) Pese a que el 17 de julio de 1989 “el CONTRALOR REGIONAL I del BANCO DE BOGOTÁ, que operaba en Bogotá, le informó al Gerente del BANCO DE BOGOTÁ, Sucursal Principal Barranquilla, que la liquidación de los créditos con la cual se integró la suma que se colocó al pagaré adulterado que se utilizó para iniciar el proceso ejecutivo que había sido la causa aparente de la Acción Pauliana, estaba mal hecha”, lo que luego ratificó bajo la gravedad de juramento, la aquí demandada apeló la sentencia desestimatoria de primera instancia “y mantuvo el trámite de la alzada a pesar de que el día 5 de septiembre de ese mismo año, el JUZGADO DOCE DE INSTRUCCIÓN CRIMINAL RADICADO EN BARRANQUILLA, que instruyó la denuncia penal por [el] delito[…] de FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO elevad[a] por IVÁN PEDRO TARUD MARÍA contra el BANCO DE BOGOTÁ, calificó de FALSO el título ejecutivo que el banco utilizó para sustentar el proceso ejecutivo al cual se pretendían vincular los bienes atacados en el proceso de Acción Pauliana”.
d) En el curso de la alzada solicitó la práctica de pruebas y la suspensión del proceso por prejudicialidad penal.
2.1.9. La entidad bancaria accionada intentó “bloquear” a los aquí demandantes, como lo demuestra la petición que en 1992 le hizo a la Oficina de Planeación Municipal de Barranquilla, dirigida a que le certificara si aquéllos “habían presentado solicitud para obtener licencia de construcción ‘recientemente’”; y el hecho de que a pesar de tener conocimiento de la falsedad del pagaré que adujo en la referida ejecución, reconoció, por intermedio del apoderado judicial que lo representó, en la audiencia que se practicó en el trámite de la apelación de la sentencia dictada en la acción pauliana, que las cuotas de participación que Tarud María tenía en la sociedad “Supermercado Extra Limitada” y que fueron embargadas en ese primer asunto, superaban la suma de $100.000.000.00, esto es, el valor del crédito objeto de cobro.
2.1.10. La mala fe con que actuó la entidad aquí demandada en el memorado proceso ordinario (acción pauliana) se desprende, con total claridad, de las diversas consideraciones de la sentencia de segunda instancia que el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Civil, dictó el 8 de marzo de 1993 en esa controversia, que se reprodujo en parte, por lo que es pertinente concluir que “la inscripción de la demanda (…) en los folios de las matrículas inmobiliarias de los inmuebles donde la sociedad comanditaria IVÁN TARUD S. EN C., (…), tenía proyectado construir las tres (3) torres -TEQUENDAMA I, II Y III-, hecho conocido plenamente por el BANCO DE BOGOTÁ”, así como la dilación del trámite de ese litigio, tuvo el propósito “de f r u s t r a r el proyecto arquitectónico y, de esta manera, doblegar la capacidad de lucha de los [allí] demandados”.
2.2. Hechos relacionados con “la PÉRDIDA TOTAL DE LA OPORTUNIDAD que tenía la sociedad comanditaria IVÁN TARUD S. EN C., (…), de construir las tres (3) torres de las que se trató en los hechos anteriores”.
2.2.1. La citada sociedad, desde cuando compró los inmuebles mencionados, tuvo el propósito de construir “las TRES (3) TORRES -TEQUENDAMA I, II y III-”.
2.2.2. Luego de quedar en firme el memorado fallo de segunda instancia, dicha persona jurídica “se dedicó a preparar y a actualizar los planos y la documentación” del proyecto.
2.2.3. El 24 de marzo de 1993 solicitó a la Oficina de Planeación Municipal de Barranquilla “la REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANOS de la obra tipo comercial que pensaba ejecutar en los inmuebles mencionados (…)”, que constaba de tres torres, cada una con “parqueaderos subterráneos, locales comerciales (…) y oficinas en DIEZ PISOS DE ALTURA a partir del nivel del suelo”, para lo que aportó “todos los planos, fotocopias auténticas de la Escrituras Públicas, plano de localización, cuadros generales de área, plantas tipo, fachadas y corte de las mismas, en un total de VEINTRÉS PLANOS, que fueron radicados bajo el número RN-31”.
2.2.4. Con misiva del 30 de junio siguiente, el Director de Planeación Municipal de Barranquilla respondió que “(…) ‘la filial del Consejo de Monumentos Seccional Atlántico, en sesión efectuada el 15 de junio de 1993 y de acuerdo con lo consignado en el Acta N° 3 de dicha filial, NO APROBÓ SU SOLICITUD POR LO QUE DEBERÁ SOMETERSE A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 298/93…’ (…)”, es decir, según voces de su artículo 6º, a que “(…) ‘La altura máxima para las nuevas edificaciones, cuyos predios están listados en el artículo 4° de este Decreto, será el resultante de retomar la altura mayor de las edificaciones de valor patrimonial contiguo. En el caso de no existir tales edificaciones en los predios vecinos, LOS NUEVOS INMUEBLES DEBERÁN PRESENTAR UNA ALTURA NO MAYOR DE CUATRO PISOS’ (…)”, previsión ésta que posteriormente fue ratificada por el Decreto 654 también de 1993.
2.2.5. “Se puede apreciar y comprobar el SEGUNDO DAÑO QUE POR CULPA ÚNICA DEL BANCO DE BOGOTÁ con su acción temeraria y de mala fe, con su acción dañosa y gravosa, además de d i l a t o r i a y a CONCIENCIA durante el proceso ordinario de Acción Pauliana contra IVÁN PEDRO TARUD MARÍA e IVÁN TARUD S. EN C., ITAR (…), por medio del cual trabaron y sacaron del comercio estos inmuebles ubicados en la Carrera 52 entre calles 74 y 75 donde se iba a desarrollar en los años 1987 y 1988 la construcción de las tres (3) torres llamadas TEQUENDAMA I, II y III, obras que desde ese momento -Noviembre 12/87- fueron F R U S T R A D A S por C U L P A del BANCO DE BOGOTÁ y seis (6) años después de vencido el demandante en SENTENCIA DEFINITIVA, éste LE I M P I D I Ó, LE F R U S T R Ó, AHORA SÍ EN FORMA TOTAL, LA REALIZACIÓN DE DICHO PROYECTO TEQUENDAMA I, II y III, AL NO PODERSE CONSTRUIR EDIFICIOS DE MÁS DE C U A T R O (4) PISOS, CAUSÁNDOLE INMENSOS Y MULTIMILLONARIOS DAÑOS ECONÓMICIOS A IVÁN TARUD S. EN C., ITAR (…)”.
2.2.6. “Las ventas proyectadas generarían una utilidad neta de OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($880.648.698.00)” que, aplicados los intereses comerciales, con observancia de las limitaciones consagradas en el artículo 235 del Código Penal, se incrementó a la suma de $20.725.178.792.00, conforme la liquidación explicitada en el libelo introductorio.
2.3. Hechos relacionados “CON LAS ACCIONES (…) QUE CAUSARON DAÑO[S] Y PERJUICIOS MORALES A LA PERSONA NATURAL DE IVÁN PEDRO TARUD MARÍA Y A IVÁN TARUD S. EN C. ITAR (…) POR CULPA DEL BANCO DE BOGOTÁ”:
2.3.1. El pagaré que dio lugar al posterior ejercicio de la acción pauliana promovida por el Banco de Bogotá en contra de los aquí demandantes, fue “adulterado en cuanto a su cuantía y su fecha de emisión”, como se estableció en las sentencias, de segunda instancia, que el 16 de enero de 1992 dictó el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Penal, y de casación, que el 24 de agosto de 1993 emitió la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en el correspondiente proceso, proveídos de los que se reprodujeron extensos apartes.
2.3.2. Luego de memorar que en los hechos de la demanda con la que se ejercitó la referida acción pauliana, su gestor aseveró que el señor Tarud María “(…) ‘se colocó en un estado grave de insolvencia económica que le impide pagar sus obligaciones”; y que el precio comercial de los bienes que fueron objeto de la venta celebrada por los aquí demandantes, cuya revocatoria se solicitó en la precitada controversia, “super[ó] los TREINTA MILLONES DE PESOS’ (…)”, los aquí accionantes pusieron de presente que el valor de los bienes embargados y secuestrados en el proceso ejecutivo promovido por el Banco de Bogotá, superaron en mucho el valor del crédito en ese asunto exigido, así:
a) Local comercial 2-223 del centro comercial “Gran Centro” de Barranquilla, avaluado en $15.000.000.00.
b) La mercancía consistente en “Aguardiente Tapa Roja” de propiedad de Dislicores Ltda., estimada en $28.069.499.00.
c) La participación de Iván Pedro Tarud María en la sociedad “Supermercado Extra Limitada”, cuantificada en $113.180.000.00.
d) Los bienes puestos a disposición por el Juzgado Once Civil del Circuito de Barranquilla, avaluados en $2.093.815.00.
2.3.3. Como de la afectación cautelar de esos bienes en el proceso ejecutivo tuvo conocimiento el Banco de Bogotá, la acción pauliana que promovió, desde su formulación, “fue temeraria”, en la medida que tuvo como “único fin” el de “causar daño”, provocar “desequilibrio económico” y “hacer gravosa la situación de IVÁN PEDRO TARUD MARÍA”, habida cuenta que no era cierto el estado de insolvencia que a él se le atribuyó, lo que se constató al acreditarse que en cabeza suya se encontraban “embargados bienes por valor de $157.296.406.00 en el proceso ejecutivo con base en un documento apócrifo que contraía la suma fraudulenta de $21.385.291.12”.
2.3.4. Pese a la plena verificación por parte del aquí demandado de los hechos señalados precedentemente y de que en la sentencia de primera instancia con la que se desestimó la acción pauliana de que se trata se admitió, con total claridad, ese estado de cosas, el Banco apeló dicho fallo, impugnación que ratifica su “excesiva temeridad y mala fe”, así como su “inten[c]ión, (…), de causar daño, como efectivamente lo causó”, conforme lo señaló la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla al desatar la memorada alzada, según se infiere de los pasajes de ese pronunciamiento que se reprodujeron.
2.3.5. “El tratamiento por el BANCO DE BOGOTÁ de ‘insolvente’, ‘de defraudador’, para IVÁN PEDRO TARUD MARÍA y de ‘cómplice de fraude’ y de ‘hacer traspasos fraudulentos’ a la sociedad comanditaria IVÁN TARUD S. EN C., ITAR (…), han lesionado gravemente el BUEN NOMBRE COMERCIAL Y SOCIAL de que han gozado en la ciudad de Barranquilla”, perjuicios que en cada caso ascienden a la suma de $1.000.000.000.00.
2.4. Finalmente se expusieron los “HECHOS RELACIONADOS CON EL RENDIMIENTO DEL DINERO (…)” que los actores debieron emplear para defenderse de las acciones que en su contra promovió el Banco de Bogotá y para constituirse como parte civil en el proceso penal que por falsedad documental y fraude procesal se adelantó contra empleados de ese establecimiento bancario, en los que se especificaron cada uno de los valores que por honorarios profesionales sufragaron y las cuentas para calcular los correspondientes intereses causados hasta el 30 de septiembre de 1994.
3. Admitida que fue la demanda por auto del 13 de octubre de 1994, según mención contenida en la audiencia de reconstrucción del expediente verificada el 13 de mayo de 2003 (fls. 283 y 284, cd. 27), se surtió su notificación personal y se corrió traslado de dicho escrito al banco accionado, a través de comisionado, en diligencia cumplida el 11 de enero de 1995 (fl. 72, cd. 3).
4. El Banco de Bogotá, por intermedio de apoderado judicial, al contestar la demanda, hizo oposición a sus pretensiones, se pronunció expresamente sobre cada uno de sus hechos y formuló las excepciones de fondo que denominó “PRETENSIONES EXTEMPORANEAS E IMPROCEDENTES (CADUCIDAD)”; “FALTA DE LEGITIMA-CIÓN EN CAUSA DE UNA SUPUESTA SOCIEDAD IVÁN TARUD Y COMPAÑÍA S. EN C. ITAR LTDA. (sic)”; “INEXISTENCIA DE CULPA DEL BANCO DE BOGOTÁ Y DE RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE LAS ACTUACIONES DEL BANCO Y LOS DAÑOS ALEGADOS POR LOS DEMANDANTES”; “INEXISTENCIA DE DAÑO”; “FUERZA MAYOR POR ACTO DE AUTORIDAD”; “BUENA FE DEL BANCO Y SUS FUNCIONARIOS”; “INEXISTENCIA DE LOS ELEMENTOS QUE ESTRUCTURAN RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL”; “CULPA EXCLUSIVA DE LOS DEMANDANTES”; “INEXISTENCIA DE CAUSA PARA PEDIR POR LAS ACTUACIONES DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO”; “INEXISTENCIA DE CAUSA PARA PEDIR POR INEXISTENCIA DE FALSEDAD DEL PAGARÉ QUE SE COBRA EN EL EJECUTIVO”; “IMPROCEDENCIA DEL COBRO EN ESTE SEGUNDO PROCESO ORDINARIO DE LAS COSTAS POR EL PRIMER PROCESO ORDINARIO (ACCIÓN PAULIANA)”; “IMPROCEDENCIA DEL COBRO DE GASTOS POR EL PROCESO PENAL QUE SE ADELANTÓ CONTRA FUNCIONARIOS DEL BANCO”; “ENRIQUE-CIMIENTO SIN CAUSA: COBRO DE LO NO DEBIDO”; y “PRESCRIPCIÓN” (fls. 18 a 64, cd. 3).
5. Agotada la tramitación de la instancia, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Descongestión para Fallos de Barranquilla, le puso fin con sentencia del 16 de diciembre de 1999, en la que declaró al Banco de Bogotá civilmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes “con motivo de la Acción Pauliana que adelantó en su contra”; lo condenó a pagarles, como indemnización, “la suma de OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($880.648.698.oo) los (sic) que deberán liquidarse a partir de diciembre de 1987 hasta cuando se efectúe su pago”; ordenó “dar aplicación a la ALTERNATIVA No. 1 presentada por los peritos contables, en su DICTAMEN PERICIAL ACLARATORIO de fecha abril 28 de 1997 (obrante a folio 433 del cuaderno No. 3) para efecto de la LIQUIDACIÓN DE INTERESES”; negó tanto el reconocimiento de perjuicios morales, como los patrimoniales relacionados con los “honorarios cancelados a profesionales del derecho” por parte de los actores; declaró no probadas las excepciones de mérito propuestas por el demandado; y le impuso a éste la cancelación de las costas (fls. 379 a 413, cd. 8).
6. En virtud del recurso de apelación que la entidad accionada interpuso contra el comentado pronunciamiento, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil - Familia, mediante el suyo, fechado el 2 de junio de 2009, resolvió “REVOCAR los numerales primero, segundo, quinto y sexto” del fallo de primera instancia y, en defecto de ellos, optó por “[a]bsolver al Banco de Bogotá de la responsabilidad civil extracontractual”, así como “de todos los daños y perjuicios sufridos por IVÁN PEDRO TARUD MARÍA E IVÁN TARUD S. EN C. ITAR (…), con motivo de la acción pauliana que adelantó en su contra y del registro de la demanda que logró”. Por otra parte, confirmó los numerales tercero y cuarto de dicha determinación, condenó en costas de la primera instancia a los demandantes y se abstuvo de hacerlo respecto de la segunda (fls. 870 a 890, cd. 28).
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