Restitución de inmueble por contrato de comodato






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SALA CONSTITUCIONAL

MAGISTRADA PONENTE: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

Mediante escrito presentado ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, el 15 de octubre de 2008, por el abogado Hernán Roy Moreno Ochoa, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 110.234, en representación de la ciudadana ROSA CELESTINA GARCÍA, titular de la cédula de identidad N° 10.943.143, ejerció acción de amparo constitucional contra “las dos (2) sentencias proferidas; la Primera: en fecha 09 de febrero de 2007 por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas; (…) mediante el cual declaró con lugar, la presente acción de RESTITUCIÓN DE INMUEBLE POR CONTRATO DE COMODATO (…) y; Segundo: Sentencia de fecha 07 de agosto de 2008; por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Transito (sic), Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, (…), mediante el cual CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES la decisión de fecha 09 de febrero de 2007 emitida por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas”.

El 20 de octubre de 2008 se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter, suscribe el presente fallo.

El 6 de febrero de 2009, el abogado Hernán Roy Moreno Ochoa, actuando en nombre y representación de la accionante, consignó diligencia solicitando que “la Sala DE OFICIO realice una minuciosa lectura en virtud del ORDEN PÚBLICO INVOLUCRADO; Y SOLICITO QUE SE ESTUDIE LA POSIBILIDAD A ACOGER COMO INSTRUMENTO DE ILUSTRACIÓN, lo decidido por esta misma Sala en fecha veinte (20) de febrero de 2008, expediente N 07-0264, con ponencia de la Magistrado (a) CARMEN ZULETA DE MERCHÁN, lo cual, en obsequio a la Justicia y a la característica de la misma, y a los principios de objetividad e imparcialidad y al debido proceso constitucional, se tome en consideración que esta decisión precedentemente trascrita, fue debidamente remitida a la COMISIÓN JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, ya que se trata de un Juez de instancia, Abogado: ARTURO JOSÉ LUCES TINEO –Juez suplente especial- del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, el mismo Juez que aparece señalado en esta causa que es motivo de la acción extraordinaria de AMPARO CONSTITUCIONAL, que fue quién (sic) de manera divorciada y sin reglas de procedimiento; decide COMPROMETIENDO EL PODER JUDICIAL (…), es así, como solicito a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el “AVOCAMIENTO” DE LA PRESENTE CAUSA 08-1320”.

Realizado el estudio individual del presente expediente, esta Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:

 

I

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO

 

En su escrito libelar, señaló el apoderado judicial de la ciudadana Rosa Celestina García, lo siguiente:

Que “esta acción fue intentada en fecha 27 de noviembre de 2003, mediante demanda innominada de RESTITUCIÓN DE INMUEBLE POR CONTRATO DE COMODATO por lo cual, ´tenía impugnación´ mediante el RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN CIVIL, de conformidad a la Sentencia de fecha 31 de marzo de 2005 (…), no se hizo. Pero [debe] poner en evidencia las razones que justifican la escogencia de la Acción de Amparo Constitucional, en vez de ser recurrida mediante el recurso extraordinario de Casación Civil (…), que entre otras cosas justifico en las razones siguientes: Primero: (…) escritos en manuscrito de Puño y Letra de la ciudadana ROSA CELESTINA –accionante- Y SU HIJA GEILIS DE LOS ANGELES BASTARDO. Que se explican por si (sic) solos, a efectos de que no se configure la causal de inadmisibilidad que establece el Artículo 6, cardinal 5° de la Ley Orgánica de Amparo sobre los Derechos y Garantías Constitucionales sobre [la] acción solicitada. Segundo: que los –otrora- Abogados de su defendida –los cuales identifico- JESUS LEONARDO QUINTERO (…), TANIA ELIZABETH SALAZAR RODRÍGUEZ (…), YANIRA GONZALEZ ORTIZ (…); mediante ‘mala praxis judicial’ y en contravención al Artículo 21 del CÓDIGO DE ÉTICA DEL ABOGADO VENEZOLANO, hicieron que [su] defendida; agotará (sic) una cantidad de Recursos Económicos en su defensa, sin obtener resultados tangibles a su favor – a pesar de asistirle la razón-…”.

Que los mencionados abogados “la asesoraron, de que [hiciera] una consignación necesaria ante el Tribunal del Municipio del Estado Monagas –sabiendo que tenía más de 19 años en la dirección indicada viviendo y omitieron toda la cantidad de elementos probatorios que le favorecen, así como los recursos de tacha incidental y principal, errando, ellos, en la defensa por ‘presuntamente’ desconocimiento de la Ley Civil- consignación que para tal fin, utilizaron el JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS MATURÍN, AGUASAY, SANTA BARBARA Y EZEQUIEL ZAMORA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS (…), -sin necesidad- ténganse en cuenta los requisitos legales para esta consignación, lo cual fue hecho en violación al deber de los abogados supra mencionados…”.

Indicó que “…contratar otro Abogado habilitado de conformidad al Artículo 324 del Código de Procedimiento Civil, Artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y el Artículo 4 de la Ley de Abogados, que pueda actuar como apoderado judicial en esta causa, legalmente instituido, mediante el otorgamiento del mandato judicial, para que presente su concurso como mandatario, lo cual requiere que reúna los requisitos exigidos en el Artículo 324 del Código Adjetivo, a fin de ofrecer eficazmente el trámite del recurso extraordinario de recurrir en Casación, ante la Sala competente, requiere de más de treinta y cinco mil Bolívares Fuerte (Bs.F 35.000,00).

Señaló que “esta defensa definitiva HERNAN ROY MORENO OCHOA, aun no cumple los cinco (5) años requeridos para actuar en la Sala de Casación Civil, por lo que [su] inpreabogado es (110.234), no reúne los requisitos en el tiempo (5 años de graduado) para actuar ante la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, lo que hace que [su] defendida, no posea recursos ante esta situación insostenible…”.

Señaló que “… se distingue claramente que la Ciudadana ROSA CELESTINA, en el punto cuarto del justificativo de testigo (…), indica que la referida casa ubicada en la calle 23, Antigua Junín N° 108-1, tiene dos (2) baños, el cual fue construido por [su] representada, uno de los baños, lo que hace que la casa tenga dos (2) baños. Por otro lado (…), consta INSPECCIÓN JUDICIAL de fecha 09 de enero de 2004, en su particular, CUARTO: ‘el Tribunal deja constancia a que el (sic) mencionado inmueble habita la ciudadana ROSA CELESTINA. A ello (…), se encuentra despacho de amparo intentado por ROSA CELESTINA contra DEL VALLE CRISTOPHER, a los fines de que el Tribunal ejecutor de medidas proceda a dar cumplimiento a lo inserto en el mismo, es decir, decretar el amparo a la posesión. Por tal motivo, decretó medida de amparo a la posesión de [su] representada”.

Que “…se introdujo en fecha 27 de noviembre de 2003, por la apoderada del Actor TERESA PALMARES DE CAFAÑA (…), en su carácter de apoderada judicial de ANTONIA RODRÍGUEZ, demanda de Restitución de inmueble por contrato de comodato, el cual únicamente opuso aparte de sus alegatos (…). Pero al folio 09 al 14 de la pieza 1; se encuentra el justificativo de la única y exclusiva prueba propuesta por el demandante (…), el cual dice lo siguiente: SEGUNDO: ‘si por ese conocimiento que de [ella] dicen tener saben y le consta que [fomentó] a [sus] propias y únicas expensas, una bienechurías (sic) en un área de terreno de los llamados ejidos municipales, cuya parcela tiene como medidas cinco metros con ochenta centímetros (5,80 mts) de frente por dieciocho (18 mts) de largo. Dichas Bienechurías (sic) están compuestas de paredes de bloque, piso de cemento, techo de zinc, tres (3) habitaciones, una (1) sala, una (1) cocina, un (1) comedor, un (1) baño y un (1) lavadero. Dicha Bienchurías (sic) se encuentra ubicada en la antigua Calle Junín N° 23, S7N de Maturín, Estado Monagas…’”.

Indicó que “…este Justificativo de posesión es falso en todo su contenido, y aunque lo [denunció] así, ante el a-quo y el a-quem (sic), ambos le dieron validez para condenar a [su] representada, es decir, que era valido (sic), y aunque [apeló] de manera fundada, mediante recurso de apelación, ante el a-quem (sic), este ratifico (sic) lo sentenciado por el a-quo; sin importar la (sic) cantidades de errores que allí se observan y las pruebas que hacen plena fe a favor de [su] representada, y sin que los jueces de instancia, que las vieron o valoraron, hicieran el más mínimo esfuerzo por corregir los errores delatados en este expediente”.

Que “…ROSA CELESTINA, en fecha 10 de marzo de 2008, obtuvo el Titulo (sic) Supletorio de su casa, Registrándolo por ante el MINISTERIO DEL PODER PUPOLAR (sic) PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA OFICINA DE REGISTRO PÚBLICO PRIMER CIRCUITO DEL MUNICIPIO MATURÍN ESTADO MONAGAS, el cual fue debidamente dado el permiso para su registro por el CONSEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DEL MUNICIPIO MATURÍN, en fecha 12 de mayo de 2008, y Registrado por ante el Primer Circuito del Municipio Maturín (…), evacuado por ante el mismo Tribunal a-quo que le condeno (sic) a Restituir el Inmueble…”.

Que [l]a sentencia del Tribunal a-quo pronunciada en fecha 09 de febrero de 2007 –inmotivada totalmente- ausente de judicialidad y motivación; genérica e imposible de ejecutar (…). El Tribunal a-quem (sic) a pesar de hacerle esta defensa del conocimiento, al a-quem (sic), que haga uso del principio de exhaustividad de los informes de conformidad a la instrucción limitada del Artículo 520 del Código de Procedimiento Civil, de que hay un juicio de tacha principal desde la fecha 16 de abril de 2008 que ataca la única prueba opuesta por al actor del demandante...”.

Que “Ni siquiera ilustró su criterio para decidir con arreglo a lo que conforma el expediente, ni aplico (sic) lealmente el Artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y declara sin lugar el Recurso de Apelación propuesto por esta defensa dejando indefensa a [su] representada y a su familia”

Luego de citar la jurisprudencia de la Sala Constitucional atinente a los errores de juzgamiento sobre la aplicabilidad o interpretación de la normas legales, denunció que [su] representada resultó condenada ‘INCONSTITUCIONALMENTE’ por el ‘JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS’, ante la solicitud, DE UN INTERDICTO DE AMPARO, ya declarado ‘con lugar’ el cual fue solicitado en fecha treinta (30) de octubre de dos mil tres (2003) (…), solicitado por [su] representada, la ciudadana ROSA CELESTINA GARCIA y que posteriormente, el Tribunal Primero de Primera Instancia, en lo Civil y Mercantil del Estado Monagas, a cargo del anterior Juez DR. JOSÉ TOMAS BARRIOS MEDINA –JUEZ PROVISORIO- comisiono (sic) el Juzgado ejecutor de medidas de los municipios Maturín, Piar, Punceres y Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas (…), a los fines de que decrete en (sic) Amparo solicitado por [su] representada ROSA CELESTINA GARCIA. Pero de manera intespectiva (sic), el Tribunal Primero de Primera Instancia Civil y Mercantil del Estado Monagas; en fecha 09 de febrero de 2007, por el ahora Juez Dr. ARTURO JOSÉ LUCES TINEO –JUEZ SUPLENTE ESPECIAL- declara –sin pruebas alguna- ‘SIN LUGAR’ la acción que por INTERDICTO DE AMPARO, solicitara [su] representada: GARCIA ROSA CELESTINA, en contra de la ciudadana: ANTONIA RODRÍGUEZ Y CHRISTOPHER RODRÍGUEZ DEL VALLE COROMOTO…”

Reiteró que “…en fecha nueve (09) de febrero del año dos mil siete (2007) (…). [Su] representada ROSA CELESTINA GARCÍA, resulto (sic) condenada mediante una sentencia genérica, sin juicio y de manera discordante, imprecisa, inmotivada, incongruente, y genérica; y como prueba que inserta la apoderada de la actora, un JUSTIFICATIVO DE POSESIÓN; totalmente discordante y que ninguna de las partes, juez, o apoderada del actor, hayan corregido dicho justificativo (…), por ello, a ‘DIFERENCIA’ del JUSTIFICATIVO DE POSESIÓN; de las ciudadanas: CHRISTOPHER RODRÍGUEZ DEL VALLE COROMOTO y ANTONIA RODRÍGUEZ; anexo y señalo el Mapa Croquis del terreno contenido en este expediente; marcado (T3) el cual demuestra y prueba que esta (sic) ‘FORJADO’ el titulo (sic), con que cometieron perjuicio en contra de [su] defendida, y utilizaron un Tribunal de Primera Instancia: JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS (…) y, ahora, ratificada en alzada: JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, BANCARIO Y DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS en perjuicio de [su] representada; ROSA CELESTINA GARCÍA. las Bienechurías (sic), ha tenido durante muchos años un N° (ciento ocho raya uno 108-1), tres (3) habitaciones con ‘DOS (2) BAÑOS’, Mide un Área de terreno de doscientos ochenta y cuatro coma ochenta y cinco metros cuadrados (284,85 m2).

Que requiere “…la revisión de esta Sentencia en cuanto a solicitar aplicación de la cosa juzgada, porque de esta (sic) manera como esta pronunciada esta sentencia, se hace imposible ejecutarse y pasar a la instancia de la cosa juzgada…”, dado que en su criterio, “toda sentencia pronunciada en los términos antes anotados, es INCONSTITUCIONAL. A ello solicito que se revise los criterios que se utilizaron para ser dictada y pronunciada con tal grado de imprecisión jurídica en desmedro de [su] representada y su familia”.

Que tanto la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, como la del Juzgado Superior, dejaron a su representada “…totalmente INDEFENSA COMO TODA SU FAMILIA INCLUIDO UN NIÑO MENOR DE EDAD ANTE TANTA INJUSTICIA E IRRACIONALIDAD POR PARTE DE QUIENES ESTAN (sic) OBLIGADOS A IMPARTIR JUSTICIA CON TODO ACERVO PROBATORIO VERTIDO EN ESTE EXPEDIENTE 008664 (…), CERCENA EL DERECHO A LA IGUALDAD, EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA, A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, EL DERECHO DE LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD.

Como petitorio, solicitó:

1.1.          “declare ADMISIBLE la Acción de AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta a favor de [su] representada ROSA CELESTINA GARCÍA Y SU FAMILIA, ASÍ COMO DE SUS HIJOS en contra de las dos (2) sentencias proferidas; la Primera: en fecha 09 de febrero de 2007 por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, publicada y registrada a las tres de la tarde (03:00 PM) mediante el cual declaro (sic) con lugar, la presente acción de RESTITUCIÓN DE INMUEBLE POR CONTRATO DE COMODATO (…) y, Segundo: Sentencia de fecha 07 de agosto de 2008; el (sic) cual fue confirmada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito (sic), Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, mediante el (sic) cual CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES la decisión de fecha 09 de febrero de 2007, emitida por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. Y que se restablezca inmediatamente el derecho infringido inminente y presente y que como medida cautelar, se ordene inmediatamente suspender, lapso o términos, y se suspenda la ejecución de la sentencia, de la sentencia confirmada, hasta tanto se resuelva esta Acción de Amparo Constitucional.  

1.2.          Que se ordene la acumulación de los expedientes N° 27.638, 27,795, 30896, 0049-2.003.

1.3.          Que se ordene el reintegro de todo el dinero contenido y consignado por [su] representada, en el expediente 049-2.003 debido a que su representada necesita para mantener a sus hijos, consignación hasta ahora incierta e inventada por los otros abogados de [su] representada.

1.4.          Que se suspenda todo lapso, termino (sic) que pueda correr en el expediente N° 27.795, inserto por ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, así como se ordene suspender el efecto de la sentencia condenatoria en contra de [su] representada y su familia o cualquier situación que se asemeje a criterio de la Sala Constituc ional y oficie urgentemente al mencionado Tribunal de Primera Instancia, para el efecto legal consiguiente y se evite un daño inminente en contra de la familia de [su] defendida y ella.

(…)”. 
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