Dictamen del de la comision provincial por la memoria al proyecto legislativo a-21/09-10 “Código Contravencional de la Provincia de Buenos Aires”






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Artículo 121.- Cuando la causa se iniciare por denuncia y existieren elementos suficientes o indicios vehementes de la comisión de una contravención y motivo bastante para sospechar que una persona ha participado de la misma, el Juez deberá proceder a recibirle declaración. En este caso, se le deberá cursar notificación fehaciente de dicho llamado notificándosele el órgano jurisdiccional competente en el caso.

Comentario: No se fija la obligación del órgano jurisdiccional de hacerle saber al imputado los elementos que obran en su contra y sus derechos.

Ni se le hace saber que al momento de la audiencia deberá ofrecer prueba de su defensa.
Artículo 122.- Si el imputado se hallare detenido por disposición del Juez, éste deberá recibirle declaración dentro de las veinticuatro (24) horas a contarse desde el momento de su detención.

El plazo podrá prorrogarse por veinticuatro (24) horas, si el mismo lo pidiere para nombrar defensor.

Artículo 123.- En oportunidad de la declaración del imputado se procederá a tomarle impresiones digitales, siempre que no se hubiere realizado con anterioridad, ello a los fines de verificar los antecedentes penales y contravencionales que pudiere registrar. Asimismo, el imputado deberá constituir domicilio en el ejido de la sede judicial donde tramitare el proceso, en el que le serán notificadas las resoluciones de la causa, y ofrecer la prueba de que intentare valerse.

Comentario: NO hay en el acto de la audiencia, obligación de notificación de derechos ni elementos de cargo en su contra

La Corte ha establecido, en el caso Juan Humberto Sánchez, que el artículo 7.4 de la Convención, al igual que los artículos 7.5 y 7.6, determina “obligaciones de carácter positivo que imponen exigencias específicas o particulares tanto a agentes del Estado como a terceros que actúen con su tolerancia o anuencia, y que sean responsables de una detención”. A criterio del Tribunal, este derecho “constituye un mecanismo para evitar detenciones ilegales o arbitrarias desde el momento mismo de la privación de libertad y, a su vez, garantiza el derecho de defensa del individuo detenido”. En el caso, la Corte concluyó que tanto la persona detenida como quienes ejercen su representación o custodia legal, tienen derecho a ser informados de los motivos y razones de la detención, así como de los derechos que asisten al detenido. La Corte determinó que se había violado el derecho consagrado en el artículo 7.4 en las dos detenciones que sufrió la víctima. En la primera porque no fue notificada “sobre las conductas delictivas que se le imputaban” y no fue sino hasta el día siguiente que su padre fue informado de los motivos de la detención. La segunda medida incumplió la Convención porque no se informó a la víctima o sus familiares, presentes al momento de la detención, de los motivos de la misma.

En el caso Maritza Urrutia, ni la víctima ni sus familiares habían sido informados, al momento de producirse la detención, de las conductas delictivas que se le imputaban ni los motivos de ésta, como tampoco los derechos individuales que le asistían como detenida, con lo cual se determinó la violación del derecho establecido en el artículo 7.4 de la Convención.

La Corte Interamericana estableció que el derecho del detenido a ser informado de las razones de su detención y notificado, sin demora, de los cargos formulados en su contra, es un derecho que “no distingue entre la detención efectuada por orden judicial y la practicada in fraganti”, por lo que “el arrestado en flagrante delito conserva aquel derecho”. Más aún, concretó que, considerando que el derecho a ser informado de los motivos de su detención permite al detenido el adecuado derecho de defensa, tal obligación de informar no admite excepciones y debe ser observado independientemente de la forma en que ocurra la detención. Por lo anterior, el Tribunal determinó que se había violado el derecho consagrado en el artículo 7.4 de la Convención.

En el caso Palamara Iribarne, la Corte declaró violado el derecho consagrado en el artículo 7.4 de la Convención, por cuanto al momento de su detención no se le notificó a la víctima las razones de la misma ni los cargos formulados en su contra.
Artículo 124.- En el mismo acto de la declaración, el Juez analizará la pertinencia y utilidad de la prueba ofrecida, pudiendo rechazar fundadamente aquella que de forma manifiesta resulte improcedente o superflua. Su decisión será irrecurrible.

La prueba a la que se hubiere hecho lugar deberá ser sustanciada dentro de los tres (3) días. Para el caso que hubiere imposibilidad material en la obtención de la misma el Juez podrá prorrogarlo por un plazo igual.

Comentario: Aquí se destaca la arbitrariedad del juez instructor y de sentencia por cuanto puede rechazar la prueba de la defensa sin que esta pueda recurrir tal decisorio.

La defensa queda a merced de la voluntad del juez que formula la acusación y dicta condena.
ARTÍCULO 130.- El acta de constatación policial o la confeccionada por los funcionarios legalmente autorizados, labrada en legal forma, hará fe de las afirmaciones en ella contenidas y podrá invocarse por el Juez como plena prueba, siempre que no se probare lo contrario.

Comentario: “Las actas que realizan las autoridades policiales, generalmente realizadas de manera unilateral y sin testigos, o con testigos que en el mejor de los casos acreditan la observación y constancia del escenario ya montado por la policía, será plena prueba para la valoración del juez, con lo que el imputado se encontraría en una vulnerabilidad muy grande. En el Informe 2009 sobre Derechos Humanos en Argentina del CELS, en el capítulo que analiza las “dificultades para lograr una investigación eficaz; medidas de prueba practicadas por personal de las comisarías involucradas”, marca que la existencia de versiones falsas consignadas en las actas iniciales del proceso, dificulta la obtención de pruebas clave para desvirtuar las versiones que los policías dan a fiscales y jueces” Informe Anual 2010 del CELS.
Artículo 131.- En todos los casos en que sea necesaria, conveniente o fuera ofrecida por las partes una prueba pericial el Juez podrá ordenarla, debiendo en tal caso designar a los profesionales o personas entendidas en la materia de que se trate.

Cuando se dispusiere esta diligencia se hará saber al imputado el derecho que tiene de designar perito a su costa, quien deberá pronunciarse por separado del perito oficial.

Comentario: La producción de prueba pericial es facultad del juez no obligación del mismo, vulnerando el derecho a la defensa en juicio y el principio de juez imparcial

No se comprende además, porque deberá pronunciarse por separado del perito oficial si ambos coinciden en los resultados?
Artículo 133.- La sentencia deberá contener:

a) Lugar y fecha en que se dicta.

b) Nombre y apellido de los imputados, documento de identidad, todo otro dato que permitiere su identificación y domicilio constituido.

c) Detalle sintético de la contravención y pruebas aportadas.

d) Disposiciones legales aplicables.

e) El fallo fundado, condenando o absolviendo. En caso de condena se indicará la sanción aplicada, las costas y, de corresponder, el lugar donde deberá cumplirse la sentencia.

Comentario: En estos términos la sentencia solo puede ser condenatoria puesto que en el punto C se requiere “un detalle sintético de la contravención” dando por sentado que el hecho fue una contravención y por ende si fue una contravención solo puede haber condena nunca absolución.

En todo caso debería decir un relato sintético del hecho y luego determinar si ese hecho es o no un acto típico.
Artículo 136.- Contra la sentencia del Juez de Faltas podrá interponerse, dentro del plazo de tres (3) días contados a partir de su notificación, recurso de apelación que tramitará por ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, rigiendo en lo pertinente lo prescripto en el Título III del Libro IV del Código de Procedimiento Penal.

Comentario: En ningún momento del proceso se le hace saber al imputado el derecho de recurrir la sentencia. Por otra parte si el recurso debe cumplir supletoriamente con los requisitos del CPP, esto es expresión de agravios y fundamentación, cuestiones que no surgen de la presente ley ni son de conocimiento del común de los habitantes va de suyo que el recurso se transforma en una mera ficción carente de efectividad no susceptible de ser llevado adelante por legos en el derecho.

3.- Contradicciones con el Código Penal.

Por otra parte la lectura de las diversas conductas que se pretenden tipificar, (de las cuales muchas no requieren resultado ni afectación de bien jurídico alguno, sino la potencial o probable afectación), surgen claras contradicciones con el CP. Afectaciones mucho más leves o tan solo la posibilidad potencial de alguna afectación, puede implicar penas más graves que las que implicarían afectaciones de bienes jurídicos más valiosos protegidos en el Código Penal.

El art. sobre inimputabilidad resulta sumamente más gravoso que el normado en el CP de forma tal que una persona considerada inimputable para ser sancionado por el delito de homicidio si puede serlo para una contravención.

Las condiciones para el cumplimiento de la pena de arresto son de cumplimiento real imposible frente al estado de las comisarías bonaerenses.

Esto puede observarse en los artículos 37, 46, 49, 6, 26 y 27:
Artículo 37.- Será sancionado el que golpeare o maltratare a otro sin causarle lesión.

La presente falta depende de instancia privada. Si las vías de hecho fueren cometidas por tres (3) o más personas que actúen en grupo accidental o habitualmente, se aplicará, junto con la sanción impuesta, la sanción de trabajo de utilidad pública a cada uno de sus integrantes. La misma agravante se aplicará si la falta fuese cometida por motivos discriminatorios, por cuestiones de raza, género, orientación sexual, religión, nacionalidad o condición física, social o económica.

Comentario: El golpear a otro y no ocasionar lesiones puede conllevar hasta 120 días de arresto mientras que si efectivamente se provocare lesiones leves, graves o gravísimas (art. 89, 90, 91 del CP) puede implicar una pena de cumplimiento condicional sin cumplir ningún día de privación de libertad.

Asimismo igual situación pudiere ocurrir si en dicha pelea se da el hecho tipificado en el art. 81 inciso B, el denominado homicidio preterintencional
Artículo 46- Será sancionado:

e) El que descuide la demolición o reparación de construcciones que amenacen ruina, con peligro para la seguridad de las personas.

Comentario: Misma situación que en el comentario anterior puesto quien infrinja este art. podrá ser condenado hasta 120 días de arresto sin perjuicio de no provocar lesión a persona alguna, sin embargo si tal descuido provocare daño en el cuerpo o la salud (lesiones) la pena será de cumplimiento condicional conforme el art. 94 del CP.
Artículo 49.- Será sancionado:

a) El que arrojare, colocare o dejare caer en calles, sitios públicos o edificios, cualquier objeto destinado a causar daños a las personas o cosas.

b) El que arrojare o dejare caer proyectiles u otros objetos, agua o otras sustancias químicas desde edificios o vehículos hacia la vía pública o lugar de reunión de personas, pudiendo causar daño.

c) El que arrojase o dejase caer proyectiles u otros objetos, agua u otras sustancias químicas desde edificios o vehículos contra vehículos en tránsito.

Será considerada agravante si el hecho fuera cometido por tres o más personas actuando en grupo, accidental o habitualmente.

Comentario: Estas figuras susceptibles de sanción con 120 días de arresto podrían ser de cumplimiento condicional o probation si los resultados fueran más gravosos, como ser lesiones en las personas ó daños en las cosas que prevé el Código Penal.

Artículo 6.- No son punibles las personas que, al momento de cometer la falta, resulten menores de dieciséis (16) años y las comprendidas en el artículo 34 del Código Penal, excepto los que cometan faltas en estado de ebriedad o de intoxicación por alcaloides, narcóticos o estupefacientes.

Comentario: Con este desarrollo de la norma una persona puede ser inimputable para ser juzgado y/o penado por el delito de homicidio pero no para ser juzgado ó penado por una contravención

La inimputabilidad es la incapacidad del sujeto para ser culpable siendo determinante la falta de conocimiento de la ilicitud y/o la alteración de la voluntad, siempre y cuando ocurran en el sujeto al momento de ejecutar el hecho legalmente descrito.

La razón por la cual el inimputable no es capaz de actuar culpablemente es que presenta fallas de carácter sicosomático o sociocultural que le impiden valorar adecuadamente la juricidad y la antijuridicidad de sus acciones y moderar sus acciones y moderar su conducta conforme tal valoración .

La calidad de inimputable se deriva del hecho de que el sujeto no puede, en razón de tales diferencias, comprender la ilicitud de su actuar, o de que pudiendo comprenderla no es capaz de comportarse diversamente

Las causas de inimputabilidad son aquellas que si bien el hecho es intrínsecamente malo, antijurídico, no se encuentra sujeto a delito, por no concurrir en él el desarrollo y la salud mental, la conciencia o la espontaneidad.

Las causas de la inimputabilidad serán pues todas aquellas capaces de anular o neutralizar, ya sea en el desarrollo o salud de la mente, en cuyo caso el sujeto carece de la aptitud psicológica para la delictuosidad.

Para la escuela clásica serán imputables los alienados, los semialienados, los que han procedido de un estado de inconsciencia y los que no pueden invocar una causa de invocación.

Para todas las escuelas de la ciencia médica no cabe duda que el estado de ebriedad o intoxicación por alcaloides, narcóticos o estupefacientes, de acuerdo al grado, puede provocar afectación en la capacidad del sujeto y con ello llevarlo al estado de inimputabilidad por alteración de sus facultades. La clasificación seguida habitualmente por nuestra psiquiatría es la proveniente del la Asociación Americana de Psiquiatría que reconoce al consumo del alcohol o drogas como causa de trastorno de la personalidad y afectación de la voluntad

Artículo 26.- Arresto. El arresto se cumplirá en establecimientos adecuados a tal fin. En su defecto se cumplirá en comisarías u otras dependencias de la policía que reúnan condiciones adecuadas de habitabilidad

En ningún caso los contraventores podrán estar en contacto con personas que se encuentren allí detenidas imputadas de la comisión de delitos.

Las mujeres cumplirán el arresto en lugares distintos de los demás contraventores.

En caso de falta de establecimientos destinados a alojar contraventores o a falta de disponibilidad de vacantes en condiciones adecuadas de habitabilidad, la sanción se sustituirá por arresto domiciliario.

Comentario: No existen establecimientos para la detención de contraventores. En la realidad los contraventores son alojados en comisarías como único ámbito existente. Para respetar esto la provincia tendría que construir cárceles o establecimientos establecimientos adecuados para tal fin. La provincia no tiene proyectada la construcción de cárceles para contraventores. Entonces la pena de arresto será de cumplimiento imposible?. Por otro lado a tres años del inicio de esta gestión (y a pesar de haberse comprometido a los 30 días de asumir la gestión) aun no se construyeron las alcaidías proyectadas y que tenían por función alojar los detenidos que actualmente se alojan en las comisarías en condiciones inhumanas. Mas de 3.600 detenidos se alojan hoy en comisarías que registran sobrepoblación y hacinamiento (en muchas de ellas de mas del 300 % de su capacidad).

Por otro lado avanza más allá del CP estableciendo únicamente penas de cumplimiento efectivo violentando los principios de progresividad y transformándose en un código más sancionatorio que el CP, que tipifica hechos muchos más graves. Si por cuestiones de política criminal las penas menores a tres años receptan su cumplimiento condicional no existe fundamento para que penas menores sean de cumplimiento efectivo.
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