Dictamen del de la comision provincial por la memoria al proyecto legislativo a-21/09-10 “Código Contravencional de la Provincia de Buenos Aires”






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Atento los montos y especies de pena establecidos en el código, la prisión preventiva no encuentra sustento salvo que sea un adelanto de pena que incluso puede ser superior a la pena misma.

El artículo 7 de la CADH contiene como garantías específicas, descritas en sus incisos 2 y 3, la prohibición de detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, respectivamente. En el segundo supuesto, se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que —aun calificados de legales— puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad.

En el caso Gangaram Panday, la Corte Interamericana estableció que el concepto de arbitrariedad contenido en el artículo 7.3 prohibe detenciones “por causas y métodos que —aun calificados de legales— puedan reputarse incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad”. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (en adelante “Comité” o “Comité de Derechos Humanos”), por otra parte, entre esas “otras cosas” ha considerado arbitrarias las detenciones injustas, inadecuadas o realizadas violando el debido proceso.
Así, es evidente que el concepto de “detención arbitraria” no es un concepto cerrado, sino, por el contrario, es un principio que opera cuando, a pesar de estar cumplidos los requisitos constitucionales y legales, se verifica alguna circunstancia incompatible con los derechos y garantías protegidos en la Convención Americana.


Tampoco se recepta el derecho de avisar a terceras personas su detención.

La CoDH ha considerado que el deber del Estado de informar incluye a los familiares del detenido.

En este sentido, ha resuelto: 44. Observa la Corte, de manera preliminar, que no existen en autos evidencias suficientes que permitan dar por ciertas determinadas afirmaciones contenidas en la memoria de la Comisión y al tenor de las cuales, a la víctima y a la familia de la víctima se los mantuvo ignorantes de las razones de la detención, en abierta violación a la previsión del artículo 7.4 de la Convención.

En el caso Hermanos Gómez Paquiyauri reiteró que el derecho recogido en el artículo 7.4 incluye el derecho del detenido “a notificar lo ocurrido a una tercera persona, por ejemplo un familiar o un abogado”, cobrando este derecho una especial importancia en los casos de detenciones de menores de edad. Por ello, a criterio de la Corte la “notificación debe ser llevada a cabo inmediatamente por la autoridad que practica la detención… y, cuando se trate de menores de edad, deben adoptarse, además, las providencias necesarias para que efectivamente se haga la notificación”.

La Corte concluyó que se había violado el derecho consagrado en el artículo 7.4 de la Convención, ya que al momento de la captura, ni las víctimas ni sus familiares habían sido informados de los motivos de ésta, de las conductas que se les imputaban y de sus derechos como detenidos.

Por otra parte si el CPP recepta la excarcelación de personas imputadas de delitos que tengan una pena no mayor a 8 años cual seria el motivo de gravedad que pudiera justificar la prisión preventiva por faltas que pueden alcanzar un máximo de 120 días de arresto?
Artículo 118.- Cuando se dispusiere la libertad, se le hará saber al imputado mediante acta de estilo que deberá comparecer a prestar declaración ante el Juez en la fecha establecida, notificándosele el órgano jurisdiccional competente en el caso…

Comentario: Conforme la redacción de este artículo se le hará saber al imputado al momento de disponerse su libertad cual es el órgano jurisdiccional competente en su proceso. De allí se desprende que no hay obligación de poner en conocimiento del detenido quien es el juez que entiende en su arresto y/o los motivos de este antes de disponer su libertad, pudiendo en consecuencia estar arrestado sin tener conocimiento de las causas ni la autoridad responsable de ello.

El artículo 7.4 de la Convención dispone: “Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella”.

Esta disposición no sólo constituye un mecanismo para evitar detenciones ilegales o arbitrarias desde el momento mismo de la privación de la libertad sino que tiene como finalidad central posibilitar el ejercicio efectivo del derecho de defensa de la persona detenida. Ello así queda claro que el Estado debe cumplir con sus dos deberes, el de informar y, también, el de notificar al imputado en dos supuestos: a) cuando el imputado se encuentra detenido; y b) cuando el imputado es simplemente “retenido”, aun si tal restricción es breve.
Esto es especialmente importante porque, en realidad, el artículo 7 sólo puede ser respetado si se aplica en el ámbito interno para toda restricción que reduzca sustancialmente la libertad personal garantizada en la Convención, a pesar del nombre técnico o vulgar que pueda ser usado para determinar restricciones a la libertad personal.

Si una persona es “arrestada” en un Estado Parte, éste no puede invocar el hecho de que la denominación local de la restricción a la libertad personal, “arresto”, no coincide con las reglas de la Convención.
En este sentido, los principios 1 y 4 del “Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión” establecen, respectivamente: “Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano” (Principio 1). “Toda forma de detención o prisión y todas las medidas que afectan a los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión deberán ser ordenadas por un juez u otra autoridad, o quedar sujetas a la fiscalización efectiva de un juez u otra autoridad” (Principio 2).

En segundo término, también es claro que el artículo 7.4 impone dos exigencias diferentes y autónomas en cuanto al deber de informar a la persona que resulta retenida, arrestada o detenida: a) el deber de informar en el acto de restricción de la libertad de las razones de la limitación de su libertad personal; y b) el deber de notificar inmediatamente de la imputación que existe en su contra.

El sentido natural del texto de la regla prevista en el artículo 7.4 distingue ambas exigencias en cuanto a su contenido, formalidades, y oportunidad en que deben ser cumplidas.

La primera exigencia constituye un deber jurídico para el agente estatal que personalmente ejecuta la medida que restringe la libertad ambulatoria de alguna persona. El contenido de la obligación de informar consiste en explicar al sujeto de la medida, las razones —de hecho y de derecho— que justifican la restricción de su libertad personal.

Así, por ejemplo, el agente policial que arresta a una persona deberá explicarle que ha sido arrestada en virtud de haber sido sorprendida en un supuesto de delito flagrante; o porque un tribunal competente ha librado orden de captura en su contra; o porque ha sido citado al proceso por autoridad competente con autorización, en caso de incomparecencia, de ser conducido por la fuerza pública.

Con esta información, la persona detenida estará en condiciones de dar explicaciones o acreditar circunstancias que le permitan no ser detenido, en el caso, por ejemplo, de que se trate de un error, tal como la existencia de una orden judicial de captura librada contra un homónimo.

A diferencia de lo que sucede con la segunda exigencia prevista en el artículo 7.4, este deber de informar no necesita el cumplimiento de requisitos formales.

Sin embargo, la Corte no ha realizado esta distinción, pues en casos tales como Cantoral Benavides, señaló que se había violado el deber de informar al peticionario las “razones de su detención”, y la “imputación en su contra” debido a que éste pudo acceder a esa información varios días después de haber sido detenido.

Este retraso que la Corte consideró ilegítimo significó la violación del artículo 7.4 de la CADH.
La regla analizada impone el deber de notificar “sin demora, del cargo o cargos formulados” contra la persona detenida o arrestada. Ello significa dos cosas. Por un lado, se trata de un acto formal mediante el cual el tribunal competente que está a cargo del caso comunica a la persona detenida, a través de una “notificación”, “del cargo o cargos formulados” en su contra.

Este acto reviste mayores formalidades pues la correcta notificación de la imputación es una cuestión especialmente determinante del ejercicio efectivo del derecho de defensa, ya que establece el objeto del procedimiento. En este supuesto, se impone el deber de notificar “sin demora” pues, con seguridad, no habrá de ser el juez quien lleve a cabo la detención.

Por último, debemos señalar que la expresión “sin demora” reconoce que la notificación no debe realizarse en el mismo momento de la detención o arresto, esto es, que el juez cuenta con cierto margen temporal para cumplir con la notificación. Al mismo tiempo, la misma expresión distingue este supuesto del anterior, en el cual, precisamente, se impone el deber de informar en el acto mismo del arresto, o detención, los motivos que dan sustento a la restricción de la libertad.

En el caso Juan Humberto Sánchez la Corte comprobó que conforme a la Constitución hondureña solamente podía arrestarse a una persona en virtud de escrito de autoridad competente, o por haber sido sorprendido in fraganti. Además, el arrestado debía ser informado en el acto con toda claridad de sus derechos y de los hechos que se le imputaban y, por último, el allanamiento de domicilio no se podía realizar de seis de la tarde a seis de la mañana. Con base en esto, concluyó que: “las detenciones practicadas en dos oportunidades al señor Juan Humberto Sánchez [no] se configuraron dentro del marco normativo de la Convención: en primera instancia, se llevaron a cabo por agentes militares y no por la policía […]; la presunta víctima no fue sorprendida in fraganti, sino que fue detenida en la casa de sus padres en un horario nocturno, esto último, asimismo, contravenía las disposiciones internas del allanamiento de morada; el señor Juan Humberto Sánchez no fue puesto inmediatamente a la orden de un juez […]; no se le informó a él ni a sus familiares presentes los hechos por los que se le consideraba responsable de determinado delito. […]. A la luz de lo anterior, las detenciones del señor Juan Humberto Sánchez configuran una violación al artículo 7.2 de la Convención Americana”.
En el caso Tibi, la Corte avanzó en el análisis de este punto y fijó que el detenido, antes de que rinda la primera declaración ante la autoridad, debe ser notificado de su derecho de establecer contacto con una tercera persona, por ejemplo, un familiar, un abogado, o un funcionario consular, según corresponda, para informarle que se halla bajo custodia del Estado. La notificación a un familiar o allegado tiene del inculpado y pueda proveerle la asistencia y protección debidas. En el caso de la notificación a un abogado tiene especial importancia la posibilidad de que el detenido se reúna en privado con aquél, lo cual es inherente a su derecho a beneficiarse de una verdadera defensa. En el caso de la notificación consular, la Corte ha señalado que el cónsul “podrá asistir al detenido en diversos actos de defensa, como el otorgamiento o contratación de patrocinio letrado, la obtención de pruebas en el país de origen, la verificación de las condiciones en que se ejerce la asistencia legal y la observación de la situación que guarda el procesado mientras se halla en prisión”.
…(continua art. 118)…Asimismo, el imputado quedará obligado a notificar cualquier cambio de domicilio, así como también a presentarse ante el Juez siempre que fuere llamado a hacerlo.

El Juez podrá fijar caución; imponerle la obligación de comparecer al Juzgado o a la dependencia policial de su residencia en días señalados; y establecer la prohibición de presentarse en determinados sitios o ausentarse de su domicilio por más de veinticuatro (24) horas sin su consentimiento.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto precedentemente el Juez podrá elevar la caución fijada, o eventualmente revocarle al imputado la libertad concedida.
Artículo 120.- La causa contravencional es de carácter sumario y deberá formarse con:

I.- La denuncia o el acta de constatación. Esta última contendrá bajo sanción de nulidad:

a) Lugar, fecha y hora de la comisión de la falta.

b) Determinación de la norma presuntamente infringida, y circunstancias del hecho.

c) Nombre, documento, domicilio del imputado y todo otro dato que permita su identificación, cuando fuere posible aportarlos.

d) Nombre, cargo y firma del funcionario que constató la infracción.

e) Nombre, documento de identidad y domicilio de los testigos si los hubiere.

f) Inventario de los objetos secuestrados, si los hubiere.

II.- Declaración del imputado previa notificación de la norma típica cuya violación se le imputare, y ofrecimiento de las pruebas que intentare hacer valer.

Comentario: Lo que se debe notificar al imputado es el hecho que se le endilga y no la norma típica puesto que nuestro derecho recepta la imputación de un hecho que podrá o no ser contravención.

La correcta notificación de la imputación es una cuestión especialmente determinante del ejercicio efectivo del derecho de defensa, ya que establece el objeto del procedimiento.

No se registra en la redacción del proceso obligación de hacer saber los derechos constitucionales que le asisten al imputado, ni el derecho constitucional a negarse a declarar sin que implique presunción en su contra.

La Corte Interamericana estableció que el derecho del detenido a ser informado de las razones de su detención y notificado, sin demora, de los cargos formulados en su contra, es un derecho que “no distingue entre la detención efectuada por orden judicial y la practicada in fraganti”, por lo que “el arrestado en flagrante delito conserva aquel derecho”. Más aún, concretó que, considerando que el derecho a ser informado de los motivos de su detención permite al detenido el adecuado derecho de defensa, tal obligación de informar no admite excepciones y debe ser observado independientemente de la forma en que ocurra la detención. Por lo anterior, el Tribunal determinó que se había violado el derecho consagrado en el artículo 7.4 de la Convención.

En el caso Palamara Iribarne, la Corte declaró violado el derecho consagrado en el artículo 7.4 de la Convención, por cuanto al momento de su detención no se le notificó a la víctima las razones de la misma ni los cargos formulados en su contra.
III.- Declaración de los testigos del hecho o los propuestos por el inculpado

Comentario: No surge del texto, la necesidad de producción de la prueba que hubiere ofrecido el imputado.
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