Dictamen del de la comision provincial por la memoria al proyecto legislativo a-21/09-10 “Código Contravencional de la Provincia de Buenos Aires”






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Artículo 84.- Será sancionado el testigo o perito que, sin causa justificada, no compareciere ante la autoridad competente a prestar declaración o informe en procedimiento administrativo o contravencional.

Comentario: Legislado en el art. 243 del CP cuando se tipifica como delito el abstenerse de comparecer o de prestar declaración o exposición respectiva.

En definitiva que el testigo o perito sin causa justificada “no compareciere” o “se abstenga de comparecer” incurre en la misma conducta.
Artículo 85.- Será sancionado: 

b) El que se finja funcionario público;

Comentario: Esta legislado en el Art. 246 inc. 1 del CP cuando se tipifica la conducta del que asumiere o ejerciere sin título o nombramiento.
Artículo 89.- Será sancionado con el que sin la autorización correspondiente vendiere, confeccionare, modificare o imprimiere sellos, credenciales, tarjetas o impresos en general que contengan logotipo oficial y/o membrete de igual naturaleza, chapas y/o patentes oficiales.

Comentario: Algunas de estas conductas están tipificadas en los arts. 282 al 298 bis del CP puesto que falsificar o confeccionar sin autorización son conductas equiparables puesto que solo realiza la confección autentica quien tiene autorización para ello.
2.- Retroceso jurídico en el procedimiento contravencional que será pasible de inconstitucionalidad y sanciones del Sistema Interamericano.
La desacertada redacción en relación al procedimiento contravencional o la ausencia de redacción del mismo, genera manifiestas violaciones a derechos consagrados en la Constitución Nacional, jurisprudencia del SCJN, recomendaciones de la CIDH y sentencias de la CoDH poniendo al Estado argentino en situación de resultar pasible de sanciones del sistema regional de protección de DDHH atento la violación de derechos consagrados en la Convención Americana de DDHH.

Conceptualmente en muchos artículos se establece un claro y notorio retroceso jurídico a etapas ya superadas en nuestra normativa, a saber:

a.- Se vuelve al proceso inquisitorial donde el mismo juez que instruye es el que dicta sentencia,

b.- Se retoman conceptos perimidos de criminalización de la pobreza y la exclusión social e incluso del estado de gravidez dando intervención al juez correccional en lugar de organismos de carácter asistencial o de integración social,

c.- Se retrocede a situaciones anteriores a los Tratados Internacionales de DDHH incorporados en la CN a través del art. 75 inc. 22 y las sentencias de la Corte Interamericana (Bulacio y otras),

d.- La normativa analizada no solo resulta violatoria de la Constitución Nacional sino también de la Convención Americana de DDHH con lo cual el Estado Federal deberá asumir las responsabilidades internacionales que se desprendan de la aplicación de este código,

e.- En cuanto a las pena hay que señalar que ninguna falta tiene pena específica, ni mínima ni máximo, en concreto. Se determina una aplicación progresiva de menor a mayor como si las penas fueran de la misma especie pero al momento de leer las mismas resulta evidente que las penas no son susceptibles de aplicación por igual para todas las faltas. Hay faltas sobre las cuales no se puede aplicar sanción de decomiso o clausura resultando así imposible de aplicar la progresividad, al menos en el orden que establece el código.

La pena de arresto no tiene mínimo ni máximo, aunque se podría entender que no podría superar un máximo de 120 días conforme la regla para concursos que fija el art. 18.

No obstante ello uno podría señalar que si 120 días es la máxima prevista para el arresto como sumatoria de varias faltas, una falta individual debería tener penas notoriamente inferiores atento que se aplicaría el criterio del art. 55 del CP (la sumatoria de las penas correspondientes a todas las faltas)

f.- La prisión preventiva carece de fundamentación suficiente, sumado al hecho de que se autoriza la misma cuando la falta contemple la pena de arresto, ello así se podría afirmar que ninguna falta contempla en principio dicha pena puesto que la misma se debe aplicar en forma progresiva, dilucidando esa progresividad recién al momento de saber si el imputado tiene o no antecedentes ó en sentido contrario que todas las faltas contemplan la pena de arresto, con lo cual todas son susceptibles de prisión preventiva.

g.- El proceso contravencional es poco claro no solo en cuanto a las facultades de la defensa, sino también en cuanto a los derechos que le asisten al imputado y en que instancias puede hacerlos valer, tampoco se registra instancia en la cual se le habría de hacer saber tales derechos.

h.- No se registra acto procesal alguno en el cual se le haga saber al imputado las causas de su detención, ni las pruebas que obran en su contra, ni el hecho que se le imputa, ni el derecho de designar abogado defensor, ni hacer saber a un tercero su detención, ni la posibilidad de ofrecer prueba y en que instancia, ni el derecho a negarse a declarar (no contemplado en el código).

i.- Conforme la redacción pareciera que el imputado tiene obligación de declarar dado que siempre se habla de la declaración en sentido afirmativo: .- se le hará saber que debe comparecer a declarar……- se hará constar la declaración del imputado…

j.- No hay instancia de juicio o debate ni cierre del sumario, ni se prevé instancia en que la defensa podrá formular su descargo que en los hechos solo queda plasmado en el recurso de apelación una vez condenado.

k.- La mera invocación genérica a la aplicación supletoria del CPP no reúne los requisitos constitucionales para garantizar el derecho a la defensa en juicio y por lo tanto la norma deviene inconstitucional (fallo N, J. G sobre infracción al art. 15 inc. 4º LCP s/ incidente de inconstitucionalidad. SCJN. 5 de octubre de 2010).
Esto puede observarse en los artículos: 24, 106, 109, 114, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 131, 133 y 136:

Artículo 24.- Multa. La multa es la sanción pecuniaria a pagar por el infractor, en moneda de curso legal. No se impondrá la sanción de multa a quien acredite no poseer capacidad de pago.

Comentario: No es claro en cuanto a que sanción se le impondrá a quien no acredite capacidad de pago. En párrafos siguientes establece la sustitución de multa por trabajo comunitario pero al que acredite carecer de fondos por causas sobrevinientes a la sentencia. ¿Y si las causas eran anteriores?.
El juez puede autorizar al infractor a pagar la multa en cuotas, fijando el importe y la fecha de los pagos.

Si por causas sobrevinientes a la sentencia condenatoria, el infractor demuestra carecer totalmente de bienes, el juez puede reemplazar la multa no cumplida por la sanción de trabajo de utilidad pública.

En caso de incumplimiento de la sanción de multa se procederá a la ejecución forzada de la misma. A estos efectos se considerará al importe de la multa como un crédito a favor del fisco.

Si no fuere posible efectivizar el cumplimiento de la multa impuesta, la misma será sustituida por arresto, en razón de un (1) día de arresto por el equivalente del cincuenta (50) por ciento de la unidad de multa. En cualquier tiempo que se satisficiere la multa; se extinguirá el arresto impuesto por su falta de pago, descontándose de aquélla los días de arresto cumplidos, en la proporción establecida. No se computarán fracciones de tiempo menores a doce (12) horas. El mismo procedimiento se adoptará para el caso en que se hubiera satisfecho parte de la pena de multa.

Comentario: Al establecer el arresto ante la imposibilidad de cobrar la multa se re- establece la prisión por deudas prohibida en la Constitución Nacional.

La constitución prohíbe la prisión por deudas (abolida por la ley 514 de 1872 y la convención americana art.7.7: nadie será detenido por deudas. Única excepción deuda alimentaria) con lo cual la opción constitucional frente a la falta de pago debería ser la ejecución de la multa no su cambio por pena privativa de la libertad.

La multa deberá se satisfecha en el plazo de tres (3) días desde que quede firme la sentencia.

Fijase como unidad de multa, el importe cuyo valor monetario móvil representará el veinte (20) por ciento del salario básico del personal de la administración pública provincial, agrupamiento Administrativo, categoría 5, régimen de 30 horas semanales de labor, de la Ley 10.430 y sus modificatorias o la que en el futuro la reemplace.
Artículo 106.- Toda persona imputada en un proceso contravencional tendrá derecho a hacerse defender por un abogado de la matrícula de su confianza o a pedir que se le designe uno de oficio. Podrá también defenderse personalmente, siempre que no perjudicare la eficacia de la defensa o no obstaculizare la normal sustanciación del proceso, o no se tratare de una contravención reprimida con sanción de arresto, supuestos en que el órgano interviniente lo invitará a elegir defensor de su confianza bajo apercibimiento de designarle uno de oficio.

Comentario: El código no recepta una falta reprimida con sanción de arresto per se, sino la aplicación de distintas penas en forma progresiva con lo cual resulta imposible determinar ab initio si se esta frente a una contravención reprimida con sanción de arresto.

Ergo ¿cuando el órgano lo invitará a elegir defensor sino sabe al momento de la audiencia que pena corresponde aplicar?

Las atribuciones de la defensa, aquí no detalladas, deben buscarse en el CPP de aplicación supletoria conforme establece el Código.

No se fija audiencia de debate oral ni de producción de prueba, con lo cual queda claro que es un proceso escrito donde la defensa no tendrá oportunidad de materializar los derechos consagrados en el art. 8 inc 2 de la Convención Americana de DDHH. Máxime si la instrucción se delega en personal policial que no tiene obligación de hacer saber al defensor de la citación a los testigos.

¿Cual es el acto de defensa? No se prevé traslado de la prueba ni cierre del sumario, ni alegatos antes de la sentencia. En definitiva no hay acto concreto de defensa más allá de la declaración del imputado ni se prevén instancias para realizarlo.

En definitiva el proceso no garantiza la existencia de juez imparcial ni el debido proceso puesto que estos derechos no dependen de reglas generales sino que deben ser establecidas concretamente según las modalidades de cada situación.

Resulta imperativo según reiterada jurisprudencia de nuestra SCJN asegurar la intervención de un letrado, sea particular o de oficio en ocasión de llevar adelante el proceso, hacerle saber la imputación y las pruebas que existen en su contra, así como al notificar el decisorio garantizando el derecho de recurrir ante el superior.

El estado es quien debe proveer los medios para que el juicio se desarrolle en paridad de condiciones entre quien ejerce la acción pública y quien debe soportar la imputación.
Artículo 109.- Los Jueces podrán delegar en el titular de la comisaría que por jurisdicción corresponda la realización de las medidas y/o diligencias que estos dispusieren en el marco de la instrucción, siempre que no fueren aquellas de exclusivo resorte jurisdiccional.

Comentario: Este artículo marca cabalmente que el juez contravencional es juez de instrucción y a la vez juez de sentencia y ejecución pudiendo delegar en la policía la realización de medidas instructorias, dejando a la defensa al margen de la producción de la prueba y de participar en la misma.
Artículo 114.- El personal policial que previniere en la comisión de una contravención, deberá proceder a la aprehensión del imputado y al secuestro de los efectos en infracción, si los hubiere. En el mismo acto se procurará tomar los nombres y domicilios de los testigos, emplazándolos a concurrir ante el instructor dentro del día hábil siguiente, bajo apercibimiento de lo que por ley pudiere corresponder en caso de incomparecencia injustificada. Sin perjuicio de ello, el Juez podrá disponer la comparecencia de los testigos en un plazo menor aún con habilitación de días y horas.

Asimismo, el imputado deberá ser conducido inmediatamente a la dependencia competente para la iniciación del sumario contravencional y para tomarle impresiones digitales, aún cuando acreditare fehacientemente su identidad.

Todo ello deberá ser puesto en inmediato conocimiento del Juez, quien en dicho acto deberá impartir las instrucciones del caso.

Salvo en los casos en que el Juez dispusiere que se ordene la detención preventiva en los términos de los artículos siguientes, se emplazará al imputado a comparecer al primer día hábil siguiente ante el Juez para prestar declaración, excepto que éste hubiere dispuesto un plazo mayor para ello el que no podrá exceder de tres (3) días.

Comentario: No se garantiza el derecho del imputado a hacer saber a terceras personas de su detención.

No se garantiza el derecho del imputado a conocer los motivos de su detención ni los derechos con los que cuenta.

Esto es violatorio no solo de la sentencia del Caso Bulacio, sino que no cumple con los requisitos del art. 7 de la Convención Americana de DDHH.

Si el personal policial debe notificar a los testigos su obligación de comparecer al día siguiente ante el instructor esto implica que al día siguiente el juzgado tomará audiencia a los mismos?

Y cuando se le notifica a la defensa dicha audiencia?
Artículo 115.- En caso de ebriedad o intoxicación, si la conducción a la dependencia correspondiente pudiere ocasionar al inculpado un daño mayor en su salud, previamente deberá ser trasladado al puesto sanitario más próximo debiendo requerirse del médico de guardia la certificación sobre el estado del imputado, todo lo cual será comunicado al Juez quien deberá impartir las instrucciones del caso.

Comentario: El personal policial no esta capacitado para determinar cuestiones de salud con lo cual el traslado a unidad sanitaria debe ser requisito previo obligatorio para que sea un profesional de la salud el que tome la determinación médica adecuada.
Artículo 116.- La detención preventiva del imputado no podrá durar más de doce (12) horas, salvo que se tratare de faltas reprimidas con arresto, supuesto en el cual el Juez podrá disponer que se lo mantenga en tal carácter siempre que la gravedad del hecho y las demás circunstancias que lo rodeen lo ameriten, o pudiere presumir fundadamente que su libertad implique la existencia de peligro de fuga y/o entorpecimiento del proceso.

Comentario: Si tomamos la redacción del Código veremos que no hay ninguna falta que se reprima con arresto per se sino que el arresto es una pena que se aplica progresivamente previo aplicar las anteriores.

En este sentido, la Comisión Interamericana, “[...] entiende [con razón] que el requisito de tipicidad contenido en la obligación de ‘fijar de antemano’ las condiciones de detención, requiere que la ley defina las causas y condiciones en que una detención puede llevarse a cabo, en forma pormenorizada y precisa”. Esta exigencia, entonces, define la primera forma de violar el artículo 7.2 de la Convención: el incumplimiento de la obligación de regular de manera anticipada y por vía legislativa las “causas” y las “condiciones” que autorizan a privar de la libertad física a una persona sometida a la jurisdicción del Estado Parte.

Que las faltas tipificadas en este código no tengan expresamente establecidas las penas que le pudieren corresponder implica una clara violación a la CADH, conforme los criterios de la CoDH.

Así en el caso Chaparro Álvarez que tramito ante la Corte Interamericana, se ampliaron los criterios ya establecidos en Gangaram Panday y se realizó un análisis minucioso y diferenciado de cada numeral del artículo 7 de la Convención. En concreto, en cuanto al artículo 7.2, la Corte determinó que reconoce la garantía primaria del derecho a la libertad física: la reserva de ley, según la cual, únicamente a través de una ley puede afectarse el derecho a la libertad personal.

La reserva de ley debe forzosamente ir acompañada del principio de tipicidad, que obliga a los Estados a establecer, tan concretamente como sea posible y “de antemano”, las “causas” y “condiciones” de la privación de la libertad física. De este modo, el artículo 7.2 de la Convención remite automáticamente a la normativa interna. Por ello, cualquier requisito establecido en la ley nacional que no sea cumplido al privar a una persona de su libertad, generará que tal privación sea ilegal y contraria a la Convención Americana.

Por consiguiente no hay falta reprimida por arresto en forma directa, con ello no puede haber detención preventiva hasta tanto el juez acredite que antes se han aplicado las penas menos lesivas conforme el art. 19 del código.

La Comisión Interamericana de DDHH entiende que debe fijarse claramente y de antemano aquellas figuras cuya violación conlleve pena privativa de la libertad caso contrario esta norma estará en contradicción con la Convención, ya que permitiría que una detención dependa de la apreciación subjetiva del agente de policía que la ejecuta. La Comisión entiende que el requisito de tipicidad contenido en la obligación de ‘fijar de antemano’ las condiciones de detención, requiere que la ley defina las causas y condiciones en que una detención puede llevarse a cabo, en forma pormenorizada y precisa.

Según la CIDH y la CoDH hay violación del artículo 7.2 de la CADH cuando el Estado Parte no cumple con su obligación de “fijar de antemano” las “causas” materiales y las “condiciones” formales que autorizan a privar de la libertad física a las personas bajo su jurisdicción,

En torno a la prisión preventiva también se pronunció el Tribunal en el caso Palamara Iribarne. En esta decisión se señala explícitamente el carácter de medida cautelar que reviste la prisión preventiva, además de la índole excepcional que debe revestir su aplicación.

Respecto de los requisitos necesarios para decretarla, se determinó que procede cuando existan indicios suficientes que permitan suponer razonablemente la culpabilidad de la persona sometida a un proceso y que sea estrictamente necesaria para asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá la acción de la justicia.

De esta forma, para que se respete la presunción de inocencia al ordenarse medidas restrictivas de la libertad es preciso que el Estado fundamente y acredite la existencia, en el caso concreto, de los referidos requisitos exigidos por la Convención.

¿A que efectos se lo detiene preventivamente durante dicho plazo?

¿Qué medidas se pretenden realizar durante dicho período?.

Como las faltas no tienen establecidas penas concretas en mínimo de días de arresto

¿la detención preventiva mas allá de 12 horas cuanto tiempo puede durar?

Si alguien puede ser condenado a un día de arresto (plazo mínimo por razones de tiempo) ¿cuantos días de prisión preventiva puede cumplir?
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