La consulta póstuma y el secreto del tipnis






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fecha de publicación08.09.2015
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La consulta póstuma y el secreto del TIPNIS

Los pensadores gubernamentales se ha tomado casi un año en articular lo que intenta ser una versión completa que sirva de banco argumental para responder a los continuos cuestionamientos sobre la política oficial respecto a los pueblos indígenas de tierras bajas, a la preservación del medio ambiente y al TIPNIS y a los aspectos que comprometen esos temas.

Su tardanza no se debe a holgazanería, desidia o descuido, porque quienes han armado la “gran respuesta” – incluyendo el enredo de la intangibilidad y de la consulta póstuma, las justificaciones de la represión de Yucumo, las historias sobre los siete diseños alternativos, etc., etc.- han sido actores protagónicos de los enfrentamientos y han experimentado más que otros la necesidad de terminar con las lagunas, omisiones, contradicciones y absurdos sentidos que han caracterizado las explicaciones estatales sobre la carretera rompe TIPNIS, como la principal y más estratégica de todas las obras camineras (y tal vez también no camineras) del estado plurinacional.

La síntesis de tan prolongados esfuerzos es decepcionante en términos conceptuales y prácticos, como permite ver el análisis de la entrevista concedida al periodista Luis Hernández N.1por el Vicepresidente, quien desarrolla sus explicaciones sobre el tema, dentro de una contextualización referida a las reformas económicas, sociales y políticas y al proceso.

Se reitera allá que las tres razones principales para tratar de imponer, a cualquier costo y pese a quien pese, la construcción de una carretera que atraviese, rompa y a la larga liquide el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure serían: 1) geopolítica “Una carretera que vincule directamente la Amazonia con los valles y el altiplano reconfiguraría radicalmente la estructura de poder económico regional, derrumbando la base material final de los separatistas y dando lugar a un nuevo eje geoeconómico al Estado” 2, 2) económica, “vincular por primera vez la Amazonia, con los valles y altiplano3 y 3) social, “para garantizar a la población indígena del parque el acceso a los derechos y garantías constitucionales: agua potable para que los niños no se mueran de infecciones estomacales4.
En la entrevista lo social aparece como primer argumento, pero los hechos alteran esa jerarquía porque ciertamente ni este, ni otro gobierno pueden invertir 40 a 50 mil dólares por habitante para disminuir el precio de la sal que consume una determinada población; en todo caso lo que se conoce del diseño gubernamental del camino este no atraviesa las zonas donde está la mayor cantidad de pobladores del Parque.
Las dos otras justificaciones podrían ayudar a respaldar la noción de la importancia de construir una carretera entre el Beni y Cochabamba, pero son completamente inútiles para demostrar que se debe liquidar el núcleo del bosque5, cosa que podría intentar conectarse con la anterior, si se dijese que ese es el costo que tendríamos que pagar por la ruta más corta y “más barata”.

Pero si los voceros oficiales no sacan a relucir esos últimos temas es debido a que conducirían a considerar otros aspectos, ahora escondidos por su enfoque y retórica, que al considerarse permitirían ver que los intereses del conjunto del pueblo boliviano, desde lo económico, social, ambiental y cultural imponen que la carretera no rompa el bosque y, además, conducirían a probar que necesitamos definir y poner en marcha una profunda transformación productiva, imponer la vigencia de la Constitución y las leyes y garantizar el cumplimiento de las medidas de protección del TIPNIS, de los territorios indígenas y de todas nuestras otras áreas de reserva natural.
Geopolítica de ocasión.
El principal argumento- geopolítico- resulta, planteado como está, esencialmente falso como se puede ver gráficamente en el mapa 1:
Mapa 1

Red caminera (parcial) de Bolivia


Fuente: CAF (modificado por el autor)
El mapa del que se han quitado otras rutas para mostrar lo esencial del problema, enseña que el tramo que quiere construirse (en azul, atravesando el círculo central) conectaría el eje transoceánico Puerto Suarez-Tambo Quemado con un ramal secundario del otro corredor transoceánico Guayaramerín-Tambo Quemado. Ese corredor, completamente postergado en su ampliación y mantenimiento es el que actualmente conecta con nuestras regiones amazónicas con el Altiplano y otras regiones (por lo que es falso aquello de que el camino por el TIPNIS vincularía “por primera vez la Amazonia” con las otras regiones).
Una mínima congruencia “geopolítica” tendría que expresarse en destinar los 400 millones de dólares que se han comprometido para romper el bosque, en hacer del tramo Santa Bárbara-Riberalta una carretera consolidada, pavimentada en todos sus tramos, incluyendo el ramal que conecta Yucumo-San Borja-San Ignacio-Trinidad.
La conexión entre Beni y Cochabamba, debe realizarse por medio de una ruta externa al TIPNIS y lo que es más importante, esa carretera debe ser parte de una gran inversión que apuntale un salto productivo del Beni y de infraestructura productiva en Cochabamba y otros Departamentos6, para que puedan atender los flujos de producción originados en el Beni.
Fuera de un plan de esas características, la ruta que intenta imponer el Gobierno no modificará la realidad económica, ni del Beni ni de Cochabamba y no pasará de ser una vía para la depredación, la economía ilegal y las migraciones más desesperadas y desprotegidas.
Nadie “destronará” a esa oligarquía, a la cual el Gobierno se aproxima económicamente cada día más, ni en esa ni en ninguna otra región, si no se encara el cambio del patrón de acumulación vigente, uniendo y movilizando a los productores del país y haciendo que el estado cumpla sus obligaciones de impulsar y respaldar el cambio de matriz productiva.
A la caza de la renta de la tierra.
Si el Gobierno ha pasado de ser bloqueador de la consulta “previa, obligatoria, informada, de buena fe, libre y en consenso” a propagandista de una consulta forzada, tramposa y maliciosa, eso se debe a que oculta los motivos que lo mueven. Por eso también lo que está tratando de imponer no es la consulta previa considerada en las leyes, sino una consulta póstuma, que viene después de la del abandono de todos sus principios y de la muerte de la verdad, de la violación de la voluntad expresada por los afectados, además de los decesos de marchistas o sus hijos en los últimos meses.
Si funcionarios, militantes y activistas oficiales tienen la voz embargada y no atinan a responder a las preguntas más simples cuando se pide que expliquen la obcecación de sus medidas y acciones, estso se debe a que ignoran, o prefieren callar, las verdaderas razones que han hecho que el estado se enrede en esta guerra.
La causa más importante es la irrefrenable pulsión de acumular excedente económico y poder político. La obstinación por romper el bosque –sin apoyo de ningún tipo de estudio social, económico, financiero, geológico o ambiental que la respalde- proviene del inmenso apetito de beneficiarse de la especulación de tierras para extender la frontera agrícola y ganadera, sin importar que las tierras del TIPNIS sean altamente frágiles y sucumban en pocos años si se explotan para esas actividades.
La venta y principalmente el alquiler de tierras es un negocio floreciente en Santa Cruz, en parte del Beni y está beneficiando a nuevos grupos de especuladores que a través de conexiones con el poder político aspiran a incrementar ganancias que han empezado a percibir en los últimos años. Los altos precios de granos como la soya han extendido esta corriente a través de todo el continente y países con superficies tan extensas como el Brasil y la Argentina no se dan abasto para atender esta verdadera fiebre por tierras.
Los nuevos especuladores en Bolivia han invertido una fracción de sus capitales, provenientes del comercio formal, informal y también ilícito, en la adquisición de tierras y se están empleando a fondo para que el aparato estatal satisfaga sus presiones para acceder a esa fuente de instantánea y masiva acumulación que es la renta de la tierra, con el aliciente adicional que representa el saqueo de la fauna y los recursos del bosque arrasado.
Las redes que arman estos intereses son muy poderosas y discretas y su fortalecimiento armoniza perfectamente con los hábitos y conductas de una administración y un partido que hacen del acatamiento a los jefes la línea matriz de su acción.
Una concluyente demostración de la perversa manera en que operan estos mecanismos es la versión, brindada por el máximo ejecutivo de la Administradora de Carreteras (ABC), el ex ministro de Obras y varios otros voceros y jerarcas respecto a que existirían “siete alternativas de diseño”, para el tramo II (Villa Tunari-San Ignacio). Tantas patrañas que se revelan obscenamente como tales, cuando el jefe de jefes sentencia que “no existe alternativa que no pase por el centro de la selva”. Ninguno de quienes lo rodean, arropan y dependen de él se anima a preguntarle ¿Cómo sabe eso? ¿Cómo se atreve a decir algo que carece de cualquier otro respaldo que no provenga de la obsecuencia?
Muchos de los críticos al proyecto rompe bosque enfatizan que el ensanchamiento de la superficie de cocales sería la primera razón de la obstinación oficial, pero esa interpretación omite considerar que no se necesitan centenares de miles de hectáreas para este negocio que depende de un cierto equilibrio de la oferta7, sin el que el precio se derrumbaría; además, en muchos casos, la ausencia de caminos protege los cultivos ilegales antes que estimularlos.
La insistencia en ese enfoque lleva a satanizar a unos actores sociales y a enturbiar la búsqueda de factores y fuerzas reales8.
IOC: trípode de la confusión.
Si en lo económico los presuntos negociados en torno un contrato aprobado de la manera más opaca y secretista, o la expansión de cocales son factores que no deben omitirse, no parecen ser más significativos que la búsqueda réditos especulativos con tierra para agricultura y ganadería.
En el plano político, la obsesión presidencial con la carretera que liquidará al TIPNIS en menos de dos décadas parece más relacionada con la necesidad de compensar el persistente incumplimiento de compromisos con los cocaleros, en temas cruciales como los estudios científicos para despenalizar e industrializar la coca, que con la “subordinación a transnacionales o imperios”, como pretenden algunas críticas.
Desde el Gobierno se pretende conseguir el olvido de esa y otras defecciones, creando la ilusión de haber extendido la “soberanía chapareña” a un millón adicional de hectáreas, buenas para realizar todo tipo de negocios y para garantizar la adhesión de una de las organizaciones sociales más leales con las que cuenta, ya que ello favorece que otras como las de colonizadores y campesinos se mantengan igualmente próximas. Ese designio político enlaza con las prácticas de culto a la personalidad (con subordinación y constancia) que caracterizan al régimen y con la necesidad de someter a todas las organizaciones y movimientos rebeldes, además de abrir espacio a un ya anunciado proyecto para recortar o desmantelar algunos territorios indígenas.
Es aquí donde radica una de las fuentes más oscuras y complicadas de las pugnas por el TIPNIS. Las tensiones que se han dado entre las organizaciones indígenas (CIDOB y CONAMAQ) y las campesinas prueban que el intento de confundir y mezclar forzadamente identidades, culturas y tradiciones como se pretende con la introducción de la tríada Indígena-Originario-Campesino (IOC) tiene consecuencias, cada vez más deleznables y riesgosas.
Me he ocupado antes de estos problemas9 y en un trabajo previo he planteado que:
“Lo IOC intenta fusionar lo clasista y lo étnico (sin reparar en que) lo indígena y lo campesino, aluden a conglomerados con intereses y prácticas propias y diferenciadas. En nuestra realidad concreta es posible establecer particularidades económicas que distinguen a cada una de estas categorías en cuatro aspectos centrales:

      • el tipo de propiedad predominante entre cada una de ellas,

      • su relación con el mercado del trabajo,

      • la división técnica del trabajo y

      • su vinculación con corrientes migratorias y de urbanización.


Los campesinos son propietarios individuales de parcelas dedicadas principalmente a la agricultura o ganadería, compra-vendedores de fuerza de trabajo, que residen una parte del año en áreas urbanas, que combinan sus actividades agropecuarias con otras (comercio, transporte las más frecuentes, pero no las únicas) y que tienen origen indígena.

Los hoy llamados indígenas, residen en TCO, reconocidas o no legalmente como tales; tienen una vinculación esporádica con el salario (casi siempre como vendedores de fuerza de trabajo) lo mismo que con actividades económicas ajenas a las que practican en su comunidad.

En términos demográficos los indígenas representan una minoría neta del total de la población “campesina” y su peso económico es indetectable en la actual composición del PBI. En contrapartida, en sus territorios se encuentra la práctica totalidad de reservas hidrocarburíferas nacionales, probadas y probables, yacimientos minerales, acuíferos y gran parte de las reservas de bio diversidad.

La clase social campesina, cuya existencia se remonta a la Revolución Nacional de 1952 (y en ese sentido “no originaria”), ha seguido una trayectoria que la conduce del mercantilismo al capitalismo, cuando exitosa, o a la migración urbana que a la postre tiene un resultado similar en la mayoría de los casos.

El proyecto político que ha ido decantando el MAS se basa en ignorar y negar las trayectorias divergentes de campesinos e indígenas, caracterizándolas ahora como “tensiones creativas”. Se plantea aquí como hipótesis que ese ocultamiento de las contradicciones favorece a las fracciones campesinas más competitivas desde el punto de vista capitalista”10.
IX marcha y III movilización social.
Algunas personas e instituciones han empezado a manifestar que ante la decisión de llevar adelante una consulta (póstuma) no cabe más que aceptarlo; equivale a decir “hay que resignar derechos, libertades y garantías, en beneficio de la imposición”.
No puede existir la consulta a la que se refiere la Constitución habiéndose negado todas las condiciones para ejercerla.
Ni siquiera puede considerarse la posibilidad de llevarla a cabo sin la inmediata y efectiva resolución del contrato con OAS y la investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de los crímenes cometidos en la represión contra los marchistas en Chaparina y el procesamiento y sanción de los culpables. Quien no lo reconozca, contribuirá a que se imponga la arbitrariedad y a que prospere un clima de violencia e intolerancia.
Ha empezado la preparación de la IX marcha como parte de una gran movilización social, como las que enfrentaron el gasolinazo en 2010 y el intento de materializar el contrato con OAS a través del TIPNIS. Sus objetivos abarcan la defensa de la Constitución, en todo lo relacionado a los nuevos derechos sociales, a salvaguardar el equilibrio ambiental, a llevar adelante una transformación productiva y a recuperar un camino de transformaciones, enajenado hoy por nuevos y miopes grupos dominantes.


1 Ver http://www.vicepresidencia.gob.bo/Entrevista-de-La-Jornada-de-Mexico

2 Textual, ídem.

3 Textual, ídem.

4 Textual, ídem.

5 “Una proyección, realizada con base en una veintena de indicadores biofísicos y socioeconómicos, muestra que en 18 años podría ser deforestado el 64,5% de la cobertura vegetal del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), lo que implica 610.848 hectáreas”. Ver http://www.pieb.com.bo/sipieb_nota.php?idn=5541

6 Por ejemplo mataderos y frigoríficos, si se trata de industrializar la carne, o de plantas procesadoras para otros productos.

7 Se olvida con excesiva frecuencia que pese a todo, nuestro país es el más exitoso en haber logrado una reducción de superficie (unas 32.000 HAS, muy lejos por debajo de Colombia y Perú). Ocurre lo mismo cuando se explica el crecimiento de la economía del país al “narcotráfico”, cerrando los ojos al salto que han experimentado las ventas de exportables tradicionales por incremento de sus precios, ya que no por aumento de la producción que va más bien en reversa.

8 No es menos riesgoso que favorecer el enfrentamiento entre sectores populares, siguiendo la tónica gubernamental, buscar los argumentos más cómodos para enfrentar la discusión, tal como hace el Vicepresidente cuando afirma que la defensa de los derechos indígenas, del equilibrio ambiental y la resistencia a dejarse arrastrar por las peores versiones del desarrollismo serían simplemente una excusa “para reservar el agua y otros recursos de la selva para el imperialismo”. Los supuestos de los que parten esas afirmaciones exhiben un desconocimiento – o una fingida ignorancia- sobre la crisis ambiental, el creciente valor de los bosques, enmascarado todo ello con presuntuosas y falsas disquisiciones sobre el valor de uso y el de cambio.

9 Autonomías indígenas y estado plurinacional”. Ficha constitucional 30. Prisma, diciembre de 2010.

10Nuevos mapas políticos y sociales” en “Balance de la gestión de gobierno” (2011). PNUD/FBDM, septiembre 2011. Ver en http://www.fbdm.org.bo/fbdm/index.php?opt=front&mod=documento&pag=1

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