La revuelta de los suburbios franceses: una sociología de la actualidad






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Fragmento de La revuelta de los suburbios franceses: una sociología de la actualidad

Gérard Mauger
2. “LA REVUELTA DE PAPEL”

Cuando uno quiere reprender con utilidad y mostrar a otro que se equivoca, es menester fijarse por qué lado enfoca este la cosa, porque ordinariamente es verdadera de ese lado, y confesarle esta verdad, pero descubriéndole el lado en el que es falso.”
Pascal

(Pensamientos)

Un repertorio de tomas de posición

Muchos son los que expresaron su sorpresa (en general para criticarlo) ante el “silencio de los participantes”, pero con excepción de algunas declaraciones estruendosas de Nicolas Sarkozy, quien era apoyado por los diputados UMP1 y, más discretamente, por Dominique de Villepin y Jean-Louis Borloo [ministro de Trabajo], el personal político también se distinguió por su relativo mutismo. Los abogados de las familias de las víctimas señalaron la “afasia de la oposición democrática” frente a los participantes de la revuelta de noviembre de 2005: “en su vida cotidiana, nadie parece querer escucharlos ni prestarles atención. Ningún partido, sindicato, ningún sector del entramado político y social de este país, sean cuales sean las tendencias, ha hecho algo para otorgarles algún medio de expresión. No tienen defensores naturales”, declaran los abogados2. La soledad institucional de estos jóvenes es particularmente visible si se la compara con los apoyos que recibieron en su momento quienes participaron en la revuelta del Este de Lyon, a principios de los años 1980. En un clima de xenofobia ascendente (los resultados obtenidos por el Frente Nacional fueron excepcionalmente altos en las elecciones municipales de 1983), cuatro asesinatos con connotaciones racistas se produjeron en octubre de 1982. Hubo enfrentamientos con la policía en el barrio de las Minguettes tras un allanamiento en el barrio Montmousseau. Muy rápidamente, una huelga de hambre se opuso a los actos de violencia policial. Los jóvenes de los barrios populares se organizaron y por entonces fue creado un colectivo por el desarrollo de los derechos cívicos. Partiendo desde Marsella el 15 de octubre de 1983, la “marcha por la igualdad” llegó a París el 3 de diciembre y fue recibida por 100.000 personas. Una serie de iniciativas culturales y políticas se cristalizaron bajo este impulso: SOS Racisme, France Plus, Convergence 19843. Según Hugues Lagrange, “las revueltas de los años 1980 firmaron el acta de nacimiento de los movimientos colectivos de inmigrantes que anudaron lazos más o menos estrechos con los partidos políticos clásicos, particularmente con los de izquierda”4.

En su estudio sobre las reacciones de la clase política francesa ante la revuelta de noviembre 2005, Véronique Le Goaziou distingue tres períodos5: del 28 al 31 de octubre, del 1ero al 8 de noviembre y después del 9 de noviembre. En un primer momento, el Partido Socialista (PS) critica el comportamiento de Nicolas Sarkozy (un comunicado denuncia sus “declaraciones insultantes” y Dominique Strauss-Kahn denosta sus “bravuconadas” y su “agitación”) y la política llevada a cabo por la derecha en “los barrios sensibles”, denunciando la desaparición de la “policía de proximidad”, la disminución de los medios otorgados a las asociaciones y, más puntualmente, la desestructuración de las políticas de prevención. El Partido Comunista (PC) francés realiza declaraciones muy similares y la extrema izquierda “brilla por su ausencia”. Tanto en los sectores de derecha como en los de izquierda, según Véronique Le Goaziou, se opera una distinción entre una minoría de participantes de la revuelta y la mayoría de los habitantes de los suburbios. En un segundo momento, el PS adopta prácticamente “un pacto de no agresión” hacia el gobierno mientras sigue invocando la necesidad de un debate que no tendrá lugar (François Hollande no quiere “participar en la polémica” porque la “situación es difícil y compleja” y no tiene “una fácil solución”). El PC hace un llamado a establecer “otra política” (Patrick Braouze exige un “Grenelle de los barrios”6). Los Verdes cuestionan a Nicolas Sarkozy (Nöel Mamère lo trata de “verdadero pirómano y jefe de guerra”). La extrema izquierda permanece muda. La UMP sube el tono: para unos (Georges Tron) las “violencias urbanas” son producto “de grupos sumamente organizados”, para otros (Éric Raoult) “de cierta cantidad de agitadores y provocadores”; hay quien evoca “pequeños grupos marcados por la hiperactividad islamista o por la extrema izquierda” (Roger Karoutchi), y quien hace referencia a su manipulación por parte de “un pequeño grupo de personas que viven en la economía subterránea, del tráfico de drogas u otros, y que no quieren que el orden, la paz y el respeto de la ley sean restaurados en los barrios” (Michèle Alliot-Marie). Marine Le Pen7 estima que “ya es hora de que cesen las destrucciones, los incendios criminales, los tiros con balas de plomo y las agresiones contra las personas”, y es la primera en exigir (el 4 de noviembre) la instauración del estado de emergencia en el marco de la ley de abril de 1955. Philippe de Villiers8, por su parte, pide el cese de la “invasión migratoria” y la lucha contra “la islamización de la sociedad francesa”. La promulgación del estado de emergencia es la ocasión de la reaparición del presidente de la República, pone fin al silencio de la extrema izquierda (el PC, la Liga Comunista Revolucionaria y los Verdes denuncian el estado de excepción en un comunicado común) y divide al PS: François Hollande y Jean-Marc Ayrault lo aprueban, Laurent Fabius señala los posibles excesos, Jack Lang subraya “la connotación muy particular de esta ley”, otros (entre los cuales se encuentra André Labarrère) lo condenan.

Además de la “afasia de la oposición democrática” que, en lo inmediato, puede ser explicada por las encuestas de opinión favorables a Nicolas Sarkozy, y, durante el último cuarto de siglo, por el declive tanto del PC francés como de la intervención militante en los suburbios populares, por la escalada represiva que involucra a la extrema derecha, la derecha y la izquierda oficialista, así como por el viraje doctrinal del PS en el congreso de Villepinte9, Hugues Lagrange menciona “el declive de las asociaciones laicas que trabajaban en la perspectiva de la educación popular”10 y Yazid Kherfi subraya el desaliento de los “hermanos mayores”11. Es de notar que “cada vez que ellos se hicieron cargo de situaciones vividas como injustas, organizando manifestaciones populares o generando posibilidades de diálogo con los habitantes, especialmente con los jóvenes, no hubo revueltas”, en cambio, ahora, “los mayores del barrio, a menudo desacreditados por la policía, la justicia y los poderes públicos, marginados de las esferas de decisión o vilipendiados –más de una vez han sido considerados como “granujas”, como “cabecillas” o cómplices de quiénes provocan los desórdenes– [..] han abandonado el terreno”12. Por otra parte, como lo subraya Hugues Lagrange, la mayoría de ellos carecía sin duda de la “legitimación necesaria para desempeñar un papel influyente, y no estaba en condiciones de proponer objetivos estratégicos que hubiesen permitido a los participantes de la revuelta cambiar de registro”13. Aunque, según la cartografía de las revueltas establecida por Hugues Lagrange, “no fueron los suburbios del Islam los que tuvieron un papel central en las revueltas de noviembre”14, parece ser que los líderes religiosos no tuvieron mucho más éxito en sus propias tentativas de “contener a los participantes” que los líderes asociativos15. Yazid Kherfi confirma “el desencuentro entre la izquierda y los jóvenes de los barrios populares” estudiado por Olivier Masclet16: “en la mayoría de los casos, los políticos prefirieron darnos la espalda, algunos nos ignoraron y despreciaron abiertamente. El resultado es un gran desperdicio […] Como era de esperar, los jóvenes se sintieron abandonados por los mayores. Progresivamente se fueron quedando solos ante las provocaciones que surgían por doquier, especialmente las policiales, teniendo por única arma su propio sentimiento de injusticia y su cólera.”17 Hugues Lagrange hace una observación similar: “aunque no estén socialmente aislados, los jóvenes participantes de la revuelta están solos políticamente.”18 Esta deserción y a menudo la hostilidad de los partidos políticos, la interrupción de la transmisión de la memoria de las luchas de los obreros inmigrantes (la huelga de los obreros especializados en Renault en 1971 en la que los inmigrantes jugaron un papel importante, las huelgas de hambre de 1972 contra la circular Mercellin-Fontanet, la huelga nacional de los alquileres en los albergues Sonacotra en 1976, etc.), la decepción provocada por “la cooptación” de los líderes de SOS-Racisme por parte de los partidos políticos19 y, a la inversa, los rencores provocados por la salida de los jóvenes de origen inmigrante de los consejos municipales20, explican sin duda, al menos en parte, la aparición de una “politización por vía del derecho” (sin otras arenas disponibles, las confrontaciones judiciales con los policías se convirtieron, con la ayuda de algunos militantes, en “simulacro de espacios públicos”21) y de los “movimientos identitarios” (Mouvement immigration banlieue, Mouvement des indigènes de la République).

Si bien es cierto que la revuelta, descalificada por el gobierno y víctima de “la afasia democrática”, no tuvo ideólogos, ni estrategas, ni consejeros, ni inspiradores, tuvo en cambio atacantes y defensores, procuradores que no dudaron en convertir a los “políticos” en objeto del “derecho común” y protectores (casi todos fuera del campo político o en sus márgenes) que exhortaban a los participantes a la audacia o a la moderación, justificando o disculpando los medios utilizados en función de los fines, unos y otros fingiendo plegarse a la vox populi de la que pretendían ser portavoces, ya sea para condenar, ensalzar o absolver22. En el campo intelectual, relativamente indiferente a la lógica mayoritaria, a menudo se trata de derrotar a los adversarios subiendo la apuesta en “la radicalidad” política y/o moral. Aunque con frecuencia sólo disponen de los datos brindados y escenificados por los profesionales de la política y los medios de comunicación, quienes hacen profesión de producir representaciones del mundo social, o quienes se sienten autorizados a hacerlo, no por eso se abstienen de comunicar instantáneamente interpretaciones de “la actualidad”. Y tanto más si se encuentran confrontados a acontecimientos críticos que implican que se tome la palabra inmediatamente porque la urgencia mediática lo impone23 y, a la vez, porque la preocupación por influir en dicho acontecimiento exige una intervención en el acto y no después de una reflexión (menos aún, después de una investigación), es decir “después de la batalla”24: la actualidad es un desafío intelectual pero también político en la medida en que, bajo pretexto de enunciar “lo que es” y dar cuenta de ello, se trata de influir en los acontecimientos para que sean tal como la representación que se tiene de ellos, es decir para producir también efectos políticos inmediatos. Los conflictos de interpretación de la revuelta de noviembre 2005 trataban de imponer una definición legítima (i. e. reconocida sino por todos al menos por la mayoría) de la revuelta y de sus participantes: la más gratificante posible para algunos, la más estigmatizadora para otros25.

La noción de “pueblo” o de “sectores populares”, de amplitud indeterminada, debe parte de sus virtudes mistificadoras al hecho de que cada cual puede, como sucede en una prueba proyectiva, manipular inconcientemente sus límites para ajustarla a sus propios intereses, a sus propios prejuicios o a sus fantasmas sociales26: en el presente caso ¿había que incluir en ella a los jóvenes de los barrios populares en general y a quienes participaron en la revuelta en particular o se los debía excluir27? Considerando que el “repertorio de acción colectiva”, histórica y socialmente definido, no está dado de una vez para siempre: ¿había que incluir en él la revuelta de noviembre de 2005 o marginarla fuera del campo político?

“Solos, jóvenes, políticamente sin experiencia, los encapuchados […] no enunciaron objetivos explícitamente. No redactaron folletos, evitaron las declaraciones y se contentaron con oponer a la altivez del ministro del Interior una exigencia de respeto, o su renuncia”, observa Hugues Lagrange28. Según Yazid Kherfi, “los jóvenes participantes […] no tenían reivindicaciones explícitas que presentar. Lo que querían principalmente era expresar su indignación.”29

“La calificación de estas jornadas es sumamente compleja, señala Fabien Jobard30. Se puede ver en ellas una simple sucesión de actos delictivos o criminales, lúdicos, aislados, cuya intensidad y propagación dependen de simples factores tácticos. En este caso, se trata de simples violencias urbanas, calificadas penalmente. Se puede ver también en esos actos un movimiento colectivo, políticamente calificado. En este caso, se trata de revueltas.”
Los emprendimientos de descalificación política

Dentro de las diferentes categorías de profesionales de la representación del mundo social, algunos, entonces, se ocuparon de descalificar cualquier pretensión de atribución de un sello “político” a la revuelta y a sus participantes, limitando el acontecimiento a la esfera del “derecho común”: desde esta perspectiva, se trata tan sólo de actos cometidos por grupos de delincuentes. Quienes sostienen esta tesis, desde luego, pueden argumentarla poniendo en evidencia el repertorio de acciones de los participantes (omitiendo, sin embargo, mencionar la notable rareza de los robos): incendios de vehículos de los habitantes del barrio y de bienes públicos que todos señalan como escasos e insuficientes. Esta criminalización de la revuelta y de sus participantes busca explícitamente aumentar la brecha entre “los jóvenes de los barrios populares” y “el pueblo”, aunque sea distinguiendo, en los primeros, “la paja del trigo”. Estas empresas de descalificación son jurídicas, morales, “culturales” y “étnico-religiosas”.
Las descalificaciones jurídicas
Para Nicolas Sarkozy, como hemos visto, el asunto está claro: los participantes son “delincuentes” (son “escoria” que hay que limpiar con “mangueras”). Desmentido por los hechos, mantiene su tesis poniendo de relieve algunos acontecimientos espectaculares, sumamente mediatizados, propensos a provocar la indignación moral: “individuos sin fe ni ley, escribe en Le Monde, ya no vacilan en disparar con balas de plomo contra los representantes de la República, en destruir, robar y quemar escuelas. Un padre de familia fue muerto a patadas y puñetazos en presencia de los suyos. Una persona inválida, atrapada en un bus, fue rociada con combustible antes de ser quemada.”31 Embravecido por una encuesta de opinión que aprueba sus actos, Sarkozy llega a presentar la delincuencia como “la primera causa de la desocupación”. Volviendo a evocar la manguera de alta presión y la escoria (“las palabras, sin duda, son un poco débiles”, sostiene con ironía), presenta una teoría inédita sobre la delincuencia: “la primera causa de la desocupación, de la desesperanza, de la violencia en los suburbios, no son las discriminaciones, no es el fracaso escolar. La primera causa de la desesperanza en los barrios es el tráfico de droga, la ley de las bandas, la dictadura del miedo y la abdicación de la República” declara Nicolas Sarkozy32. Durante su intervención ante el Congreso, el 15 de noviembre, cita, entre otros factores que explican esta revuelta urbana, “un factor central”: “la voluntad, por parte de los que han hecho de la delincuencia su actividad principal, de resistir a la ambición de restaurar el orden, el de las leyes de la República, en su territorio. Al respecto, es necesario señalar que entre el 75% y el 80% de las personas detenidas en estos últimos días por hechos de violencias urbanas es ya conocido por múltiples delitos, que los agitadores pertenecen a los ámbitos de la delincuencia. Lo digo tal como lo pienso: la restauración republicana no es ajena a la agitación de algunos barrios populares, en los que una minoría de individuos se creían únicos amos y señores […] ¡Ha llegado la hora de la verdad! El problema es crucial. Porque si el orden de la República no impera en estos barrios, se impondrá el de las bandas o el de los extremistas.”33 El 28 de noviembre, en el discurso que pronuncia ante los prefectos, reitera la misma tesis: “la realidad de nuestros suburbios está dada por el hecho de que hemos aceptado que la ley de las bandas se imponga por sobre la ley de la República, que la gente conviva con el miedo infundado por los traficantes de droga y los beneficiarios de los tráficos.”34

Pero este registro de descalificación jurídica no es exclusividad del ministro del Interior. Sin pelos en la lengua, un magistrado, Didier Peyrat, establece el siguiente balance de los hechos: “los actos son violentos. Sus objetivos son personas y cosas –y las personas que están detrás de esas cosas. Golpean –dos muertos en diez días–, y los dos muertos no son policías; hay muchos heridos y, entre ellos, muchos policías, queman miles de autos –no queman Rolls Roys sino autos modestos que sólo tienen un seguro mínimo; destruyen escuelas –las que se hallan en los barrios de viviendas sociales–, lugares de la cultura –en Pontoise, fue atacado el Théâtre des Louvrais, situado en el corazón del barrio de vivienda social. En todo esto no se vislumbra la más mínima perspectiva de justicia.”35. La tesis es también retomada en un seminario de la izquierda republicana por una filósofa: según Catherine Kintzler, “las explosiones bárbaras en los barrios no pueden ser asimiladas a un movimiento popular. Son actos cometidos por delincuentes. Es importante […] subrayar la división entre el pueblo y los vándalos, rechazar el proceso de identificación. Por lo tanto hay que hablar de delincuentes, de tentativas de asesinato, de graves infracciones al orden público, de puesta en peligro de la vida de terceros, de destrucción sistemática de bienes y equipamientos públicos y privados […] La palabra "revuelta" no es la apropiada; son explosiones mudas que toman la forma de la barbarie y que avanzan enmascaradas”36. En su condena de la delincuencia, la UFAL (Unión de Familias Laicas) asocia además a los “islamistas”, denunciando “la alianza de hecho entre el ministro del Interior y los delincuentes mafiosos y los cabecillas del Islam político en los suburbios” y llama al gobierno a luchar contra esos “cabecillas de los barrios y del Islam político [que] han sembrado en todos los suburbios las semillas de una guerra organizada contra los sectores populares y el modelo republicano”37.

Sin otorgarle a las encuestas de opinión más crédito que el que se merecen, pero sin ignorar tampoco que éstas influyen –aunque sea por “efecto de oráculo”– en las transformaciones políticas en curso, parece ser que Nicolas Sarkozy ha sumado puntos en su empresa de criminalización de la revuelta y de sus participantes. Según una encuesta del CSA (realizada el 16 de noviembre sobre 957 personas) publicada el 17 en Le Parisien-Dimanche, un 68% de los franceses se declaraba a favor de la “prolongación del estado de emergencia”, 56% a favor de “una definición más rigurosa de las reglas de agrupamiento familiar” y 55% aprobaba las “expulsiones de extranjeros, incluso en situación regular”. En una encuesta de IPSOS realizada para Le Point (encuesta efectuada el 12/11/2005 sobre una muestra de 958 personas) un 64% de las personas entrevistadas declaraba tener confianza en Nicolas Sarkozy respecto a “encontrar soluciones a la situación de los suburbios desfavorecidos” y el 63% aprobaba “la expulsión de extranjeros implicados en las revueltas de los suburbios, estén o no en situación regular38”. Sin embargo, entrevistados el 8 de noviembre por el mismo instituto de encuestas (muestra de 1.007 personas) sobre la adopción de soluciones para resolver la crisis de los suburbios, un 47% predicaba “otorgarle más medios a la educación”, un 45% optaba por asegurar una mayor mixtura social en los barrios populares, un 40% por desarrollar una policía de proximidad y un 28% por luchar contra las discriminaciones.
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