Formación de la clase obrera (1886-1920)






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El reformismo liberal. Surgimiento de la CTC
La coyuntura internacional para 1934 marcaba una lenta recuperación de la economía mundial a través de la aplicación de políticas de sabor keynesiano; como sucedió en Colombia después de 1932, muchos gobiernos lograron estimular la demanda agregada de las economías. Las clases populares encontraban peso económico para plantear sus demandas, produciéndose amplias movilizaciones de masas. Los estados latinoamericanos, al ver debilitados coyunturalrnente los lazos de dependencia con los países metropolitanos, y al contar con instrumentos más adecuados para la intervención económica, actuaron con una relativa autonomía. De ese modo se explican las movilizaciones populistas y las medidas reformistas adoptadas por gobiernos como el de Sánchez Cerro en el Perú; el movimiento de los «tenientes» y el ascenso de Getulio Vargas en el Brasil; la corta existencia de la República socialista y el posterior ascenso del Frente Popular al gobierno en Chile; la revolución contra Machado en Cuba; y especialmente el gobierno del general Lázaro Cárdenas en México (1934-1940), quien llevó la revolución a su mayor grado de radicalización. Colombia, como veremos a continuación, no estuvo exenta de estos vientos renovadores.
El gobierno de Alfonso López (1934-1938) estuvo marcado desde el principio por dos fenómenos internos que determinaron en gran parte su rumbo: 1) el renacimiento de la movilización obrera y campesina; 2) la oposición total del conservatismo y su marginamiento de la gestión estatal.

Como habíamos señalado anteriormente, el movimiento obrero había iniciado una ofensiva huelguística desde mediados del 33. Sólo en 1934, contabilizamos treinta y cinco huelgas, muchas de ellas lanzadas sin gran preparación. La agitación en los campos no se quedaba atrás. Si bien la movilización campesina no tenía una cobertura nacional (más bien se limitaba a las regiones cafeteras y a ciertas comunidades indígenas), ejercía efectiva presión por la transformación de las estructuras agrarias. La movilización popular exigía nuevas políticas de contención. Por otro lado, el conservatismo, después de haber participado tímidamente en el gobierno de Concentración Nacional de Enrique OIaya Herrera, decidió marginarse de la gestión pública. Conducido férreamente por el ingeniero Laureano Gómez, el conservatismo se abstuvo en las elecciones presidenciales, primero, y luego en las parlamentarias. Al liberalismo le quedaba el camino despejado para cristalizar las reformas que venía agitando desde los años veinte. Para 1934 los índices económicos mostraban recuperación, aunque aún quedaba pendiente la consecución de una mayor estabilidad cafetera a través de un pacto internacional que se celebraría en 1940.
En los inicios del gobierno de López, que se designará como la «Revolución en Marcha», se aplicó una ambigua política ante los intereses extranjeros, especialmente norteamericanos, lo que daría un margen de denuncia a los partidos de izquierda. De una parte, el gobierno de la Revolución en Marcha desde sus primeros días no aceptaría ninguna presión para suprimir la moratoria de la deuda externa decretada por Olaya Herrera. Además, amenazó con mayor control de las actividades extractivas en manos de las multinacionales, especialmente en el caso de la explotación petrolera. Sin embargo, la firma de un tratado comercial colombo-americano, por medio del cual se hacía una exención de impuestos de importación a algunos artículos que competían con la incipiente industria nacional, mostraba las ambigüedades del gobierno liberal en materia externa. También era cada vez más evidente el alineamiento internacional con los Estados Unidos en los conflictos internacionales que precedieron el estallido de la segunda guerra mundial (1939).
El proyecto reformista, sin embargo, comienza a cristalizarse más coherentemente. Primero viene la reforma electoral que significa la modernización del sistema de elecciones y especialmente el establecimiento de la cédula de ciudadanía como el instrumento básico de control y racionalización de este proceso. El liberalismo había demostrado un sorprendente crecimiento de su cuota electoral, desplazando la mayoría conservadora en las ciudades. Aunque la violencia partidista no estuvo ausente, indudablemente los procesos de industrialización y urbanización obraban a favor del liberalismo en materia de mayorías electorales. Se hacía necesario legitimar estos avances.

A la reforma electoral sigue otra de gran envergadura: la tributaria (ley 78 de 1935). Allí básicamente se cambió el eje de apoyo de los ingresos estatales: de la actividad arancelaria a la tributación directa. El Estado, de una parte, no era ya tan vulnerable a los ciclos económicos del mercado mundial y, de otra, aumentaba sus ingresos. La disminución de las deudas internas y el aumento de ingresos estatales permitió un cierto superávit fiscal, que en parte posibilitaba la aplicación de políticas de corte social. En el materia educativa, mucho se habló de la necesidad de una reforma de fondo.Aunque ésta no cristalizó como tal, en parte por la fuerte oposición conservadora y de la Iglesia, algo se insinuo tanto en política concreta ante la Universidad Nacional, como en el espíritu de la reforma constitucional de 1936. En el fondo se veía que López buscaba crear un sistema educativo desprendido de la tutela eclesiástica y acorde con las necesidades tecnológicas que la modernización del país exigía. La reestructuración de la Universidad Nacional, en una forma más centralizada, así como su instalación física en los terrenos de la ciudad universitaria, fueron las principales medidas en este aspecto.
Ahora bien, en materia de reformas, el puesto central lo ocuparon la constitucional de 1936 y la ley 200, de tierras, del mismo año. La reforma constitucional giró en torno a tres ejes básicos: a) la consagración, en el cuerpo constitucional, de la intervención estatal en la economía; b) el establecimiento de unas nuevas relaciones entre Iglesia y Estado que, en medio de un respeto mutuo de las partes, permitiera una laicización de la gestión pública, una mayor autonomía de la enseñanza y la efectiva libertad de cultos; y c) la ratificación de que la propiedad privada tenía una función social, que en caso de no cumplirse exigiría una acción decidida del Estado. Al considerar la reforma constitucional, salta a la vista la consistencia del proyecto reformista liberal, cuyo propósito básico era la adecuación del Estado a los nuevos tiempos que vivía el país.
La ley 200 podría considerarse como un corolario de la anterior reforma. Ante la creciente presión agraria, especialmente cafetera, que Olaya Herrera había atendido solucionando caso por caso, la Revolución en Marcha decidió legislar ampliamente. Utilizando las bases jurídicas de la Constitución ahora reformada, en la cual se había consagrado el principio de que la propiedad exigía un eficaz aprovechamiento económico («función social de la propiedad»), López exigió que en un plazo de diez años las tierras incultas o improductivas se adecuaran a las necesidades sociales, de lo contrario serían expropiadas. Por otro lado, se requería una legalización de títulos y el reconocimiento de mejoras allí donde los colonos efectivamente las hubieran hecho. Aunque el trasfoqgo de la ley 200 era propiciar una modernización del campo, y una racionalización de títulos, en la práctica influyó sobre los campesinos desmovilizándolos al crearles la ilusión de ser propietarios en diez años. En un mediano plazo, el efecto fue más negativo para los campesinos, pues menos del 2 % de la tierra disponible fue expropiada y, por el contrario, innumerables trabajadores rurales fueron expulsados de sus parcelas, sin reconocimiento de mejoras en muchos casos, ya que los terratenientes decidieron cortar por lo sano para que no existiera el peligro de ser expropiados.
A pesar de que los efectos de estas reformas no fueron siempre a favor de las clases populares, el gobierno de la Revolución en Marcha contó con numerosos opositores entre las clases dominantes y aun entre las filas de su propio partido. La Iglesia y el conservatismo se opusieron al conjunto de medidas, especialmente aquellas que tocaban los privilegios eclesiásticos. Algunos sectores terratenientes tradicionales no vieron con buenos ojos la ley de tierras. Incluso sectores empresariales, urbanos y rurales, agrupados en la APEN (Acción Patriótica Económica Nacional), que agrupaba conservadores liberales, se opuso también a la política económica del gobierno y miraba con desconfianza la movilización social que acompañaba los primeros años de la Revolución en Marcha. La polarización de bloques (uno que apoyaba y otro que se oponía), se fue haciendo más evidente. Tal vez temiendo que esa polarización se transformara en guerra abierta, López decidió propiciar una distensión nacional proclamando, a fines de 1936, una «pausa» en la marcha reformista que había iniciado dos años antes.
Para ese momento había logrado la adhesión de importantes estamentos organizativos de los sectores populares y, en concreto, de la clase obrera. Veamos con mayor detalle este aspecto.
El proceso de unidad organizativa de la clase obrera se venía impulsado desde los años veinte, sin conseguirse éxitos definitivos. La CON (Confederación Obrera Nacional), que existió entre 1925 y 1929, fue uno de esos intentos. En los años del gobierno de Olaya Herrera, surgieron algunas federaciones regionales y por oficios. Sin embargo, para 1934, la clase obrera no contaba con una organización nacional que céntralizara la lucha reivindicativa. Esta necesidad comenzó a concretarse en 1935, cuando el sindicato del periódico El Tiempo convocó a un congreso sindical nacional para el 7 de agosto en Bogotá. A pesar del rechazo patronal al evento, incluyendo a los dueños del mencionado periódico, numerosos delegados de diversas regiones del país acudieron a la cita. Todos los matices ideológicos del movimiento obrero se expresaron allí: desde anarcosindicalistas y comunistas, hasta liberales y uniristas. Este pluralismo, que fue factor del éxito del congreso en cuanto a representatividad, dio al traste con el evento, pues lo polarizó en las dos fuerzase más poderosas en su seno: el liberalismo y el comunismo. Como resultado del encuentro se eligieron dos comités ejecutivos que reflejaban dicha polarización. El sector liberal se apresuró a inscribir oficialmente el nombre de Confederación Sindical de Colombia, que se constituyó en el antecedente inmediato de la CTC. La unidad organizativa de la clase obrera se veía aún distante. Nuevas circunstancias vinieron a modificar esa situación.
De una parte, el partido liberal, en la cabeza de Alfonso López Pumarejo, da pasos decididos en la implementación del proyecto reformista que hemos reseñado atrás. Esto ciertamente le ganó credibilidad entre sectores de la clase obrera. De otra parte, el PCC transformó su táctica política, y en concreto su concepción de alianza de clases. A raíz del avance del fascismo en Europa (en el poder en Italia desde los años 20, en Alemania desde 1933; Y con gran crecimiento en otros paises como francia, españa,bulgaria, etc., algunos partidos comunistas de ese continente especialmente el francés y el español habían visto en la alianza con los partidos socialistas y de centro, la mejor arma para contener ese avance. Esto indudablemete replanteaba la táctica del Frente Unico Proletario enarbolada por la Internacional Comunista a principios de los años 30. En esas circunstancias se celebró en Moscú el VII Congreso de la IC a mediados de 1935. Allí se planteó la necesidad de impulsar una alianza amplia de clases, incluyendo sectores intelectuales y de clases medias, para detener el avance fascista. Era la táctica de los Frentes Populares, que cristalizaría orgánicamente esa alianza de clases en la lucha por las libertades democráticas en cada país.
Pues bien, los delegados colombianos al VII Congreso de la IC traen confusamente la directriz internacional al país a fines del 35. Después de un análisis de la política reformista de López deciden lanzar la política del Frente Popular en contra del «imperialismo y la reacción», entendiendo por esta última la oposición conservadora. Aunque el Frente Popular en Colombia no estuvo nunca en el poder, a pesar del creciente apoyo decidido a López, sí constituyó la agrupación, en organismos regionales, de las fuerzas progresivas del bloque lopista (el PCC, intelectuales socialistas y algunos liberales de izquierda). Con este viraje táctico del PCC, junto con la incorporación de la UNIR al liberalismo, se posibilitaba la formación de un gran bloque popular de apoyo al gobierno, y de paso se facilitaba la marcha hacia I la unidad sindical. Los primeros pasos en este sentido se perciben en la huelga petrolera de fines de 1935.
La recién constituida Unión Sindical Obrera (USO) solicitó apoyo de los obreros del país para soportar la huelga que se venía encima. Los dos comités ejecutivos surgidos del congreso sindical de 1935 enviaron delegados. El representante comunista fue Gilberto Vieira. La política adoptada en el desarrollo de la huelga fue la unidad de acción. El mismo Vieira, según el periódico El Tiempo del 2 de diciembre, «recalcó la necesidad de prestarle apoyo irrestricto al gobierno actual y prescindir de toda clase de violencia en el reclamo de los derechos». Los petroleros, animados por esa unidad de acción, consiguieron algunas resonantes conquistas en la huelga. Aunque se allanaban los caminos para la unidad social, la oportunidad para su concreción demoraría unos meses más.
El 7 de agosto de 1936 se realizaría el segundo congreso sindical en Medellín. El espíritu era diferente al del año anterior. No sólo los vientos de unidad soplaban con más intensidad, sino que el gobierno, en una jugada astuta, había decidido apoyar decididamente el evento, otorgándole inclusive un aporte económico. Posteriormente, miembros del gabinete asistirán a las sesiones. El evento contó con la participación aproximada del 38 % de los trabajadores sindicalizados, que eran en total cerca de 130.000. Como fue característica del movimiento sindical del momento, los asalariados que mayor peso tuvieron en este congreso fueron los de transportes y servicios públicos. A pesar de realizarse en Medellín, la presencia del proletariado textilero fue relativamente débil. Ahora bien, no todo era un camino de rosas para el movimiento sindical que buscaba organizarse. Bandas de conservadores estuvieron hostilizando permanentemente el evento. La reciente aprobación en el Parlamento de la reforma constitucional había contribuido a exacerbar los ánimos de la oposición. En uno de los múltiples choques con las bandas hostiles al congreso sindical, murieron dos conservadores y quedaron casi cincuenta heridos por bando.
Finalmente, se eligió un comité ejecutivo de unidad para la CTC, constituido por ocho liberales, tres socialistas, un anarcosindicalista y cuatro comunistas. Aunque parece que la distribución de cuotas no correspondía al peso real de los sectores políticos allí participantes, todos estuvieron de acuerdo en esta conformación en aras de la nueva política de unidad. Nacía así en realidad la Confederación de trabajadores de Colombia, aunqpe todavía bajo el nombre oficializado en 1935 (CTC). La coyuntura en la que nació la organización confederal implicaba una estrecha relación con el Estado.
En cierta medida, aquí se inicia una nueva fase en la evolución organizativa de la clase obrera. En contraste con los años 20 y comienzos de los 30, el movimiento sindical ya no estaba al margen de la acción estatal, sino que se integró a ella en aras de una política de apoyo al bloque progresista encabezado por el presidente Alfonso López. Sin embargo, lo que fue una táctica coyuntural tendió a proyectarse en el tiempo; por lo menos mientras estuvo vigente la República Liberal.on cordiales - unrical" ningadoializaci Ahora bien, el hecho de que la nacíente organización sindical tuviera una estrecha relación con el estado liberal no quiere decir que la clase obrera hubiera cesado su resistencia contra el capital. Aunque no hay cálculos para la época sobre la tasa de sindicalización, es de suponer que era baja (no más allá del 25 %). Esto significa que un grueso de asalariados se mantenía al margen de la institucionalización sindical, bien por atraso organizativo, o bien porque explotaban otros mecanismos de resistencia, como fue el caso de muchos trabajadores de los enclaves bananeros y petroleros que combinaban su actividad salarial con la explotación de pequeñas parcelas para aumentar sus ingresos. Desafortunadamente, la investigación histórica poco ha profundizado estos aspectos de resistencia cotidiana no institucionalizada, y por ello es poco lo que podemos decir en este punto.
De otra parte, ya se señalaba que el congreso de Medellín representó cerca del 38% del sector organizado sindicalmente. Es decir, que casi un 60 % del movimiento sindical no estaba inscrito en la ese. Parte de este 60 % estaba organizado bajo la égida ecle-siástica constituyendo el «sindicalismo católico», especialmente fuerte en la industria textil antioqueña y en las actividades agropecuarias. Otro sector, vinculado probablemente a economías artesanales, se marginó por incapacidad organizativa de la naciente confederación. Resta, sin embargo, un sector que no aceptó el proyecto institucionalizador. Es posible que ese sector fuera el responsable de la serie de huelgas lanzadas sin consulta con las directivas confederadas, las llamadas «huelgas locas» presenciadas entre 1936 y 1939. La institucionalización de los movimientos sociales adelantada por la Revolución en Marcha, encontraba de este modo su límite. Así como en el campo el movimiento agrario no depuso sus banderas con la ley 200, a pesar de que indudablemente disminuyó en cobertura y permanencia, las «huelgas locas», y en general el movimiento huelguístico, mostraron la dificultad de encuadrar la desbordante lucha reivindicativa obrera.
Pero aun dentro del sector organizado en la CSC no se puede decir que los obreros hubieran cancelado sus luchas de resistencia. Por el contrario, lo que muestra la experiencia de la FEDENAL (Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Fluvial, Marítimo, Portuario y Aéreo) es que, aun en el seno del proceso institucionalizador, existían posibilidades de conquistas obreras. Desde el congreso de Medellín se habían insinuado los dos sectores que serían los pilares de la CTC: los ferroviarios y los trabajadores del río Magdalena. Los primeros agrupados en Ferrovías desde 1936, y bajo la dirección liberal, se concentraron en una lucha reivindicativa estrecha. Los segundos, se organizaron en la FEDENAL en enero del 37, contando con cerca de cuarenta sindicatos afiliados. La sede de la federación estaba en Barranquilla, siendo ésta una plaza fuerte de los comunistas.

La adhesión al presidente López, sin embargo, se demostró en el paro organizado por la FEDENAL el 28 de mayo del 37 para presionar al congreso para que no aceptara la renuncia de López. En julio del 37, la FEDENAL consiguió lo que otro sindicato nunca ha conquistado en el país: la obligación para las empresas de contratar trabajadores afiliados a FEDENAL. Esto significaba un control sobre el mercado del trabajo en la rama de transportes, lo que otorgaba un poder de negociación increíble a la federación. En la medida en que el río Magdalena seguía siendo la arteria clave del país, los empresarios y el Estado soportaron esta conquista, pero los tiempos cambiarían, como veremos más adelante.
En el mismo año, el movimiento obrero organizado adelantó una serie de huelgas consideradas como victoriosas: la de trabajadores textiles, ferrocarril del Pacífico y choferes de taxis de Bogotá -que culminó con la renuncia del alcalde Jorge Eliécer Gaitán, porque les exigía uniformarse-. En contraste, para 1938, la actividad huelguística disminuyó y tuvo en el fracaso de la huelga petrolera de abril, una de sus grandes derrotas. Como en las épocas de la Hegemonía Conservadora, la Tropical Oil Company se negó a discutir el pliego presentado por los trabajadores. También como en los años aciagos del ministro Ignacio Renjifo ahora, en 1938, Barranca fue totalmente militarizada. La masacre no se hizo esperar. El 12 de abril, cuando se desarrollaba un mitin de huelguistas, el ejército y la policía dispararon sobre los manifestantes dejando un número impreciso de muertos. Ante esta represalia, los obreros volvieron al trabajo. La huelga fracasó ante el silencio cómplice de la confederación creada dos años antes. Nótese que la USO era uno de sus sindicatos y que la mayoría de los trabajadores petroleros, especialmente del distrito de El Centro, eran simpatizantes liberales. Los comunistas tenían influencia en la refinería. Todo esto indica que soplaban nuevos vientos en la política nacional, que no era ajena del todo a la coyuntura internacional. De la euforia de los primeros años de la Revolución en Marcha, se había pasado a la fase de la Pausa que sería sostenida por el siguiente presidente, Eduardo Santos.
Desde el lanzamiento de la candidatura del doctor Eduardo Santos, activo periodista y director de El Tiempo, el movimiento sindical se polarizó nuevamente en una ala liberal y una comunista. Como exponente del «civilismo liberal», Santos había criticado abiertamente cualquier acuerdo entre comunistas y liberales, dejándole a la izquierda la única posibilidad de adhesión incondicional a la política liberal. Las organizaciones del Frente Popular apoyaban entusiásticamente la candidatura de Darío Echandía, a quien se le consideraba «liberal de izquierda». La derrota de esta última candidatura va a dejar desconcertado al Partido Comunista y a la izquierda en general. En esas condiciones se celebró el Tercer Congreso Nacional del Trabajo, de Cali, en enero de 1938. El número de afiliados representados en el congreso de Cali aumentó a 80.000, mientras en el congreso de Medellín del 36 se representaba a 39.000 afiliados. Ello indicaba un crecimiento en la cobertura de la confederación, ahora constituida con el nombre de CTC. Desde la apertura del congreso hubo división en torno a una proposición de saludo al candidato liberal Eduardo Santos.
Esta ruptura marcó la tónica del encuentro, que terminó en una unión formal que pronto estallaría. La táctica de institucionalización sindical se profundizó en dicho evento no sólo por la condena del apoliticismo sindical -que en el contexto del momento no quería decir otra cosa que el apoyo al estado liberal- sino por la oficialización de auxilios al congreso obrero y a la CTC. El Parlamento había aprobado a fines del 37 la ley 140 que autorizaba auxilios económicos para los eventos sindicales, siempre y cuando el Ministerio de Industrias reglamentara dichos encuentros. Se abría así en una peligrosa brecha para controlar la vida sindical. Inteligentemente Eduado Santos había apoyado dicha ley, aduciendo que «con auxilio o sin auxilio ese congreso (el de Cali) va a reunirse, pero si se reúne fuera de control y vigilancia del Estado será una Asamblea Internacional Comunista, y si hay control del Estado, será una junta de sindicatos». En consecuencia, el peso liberal se hizo sentir crecientemente en la confederación: en los cargos directivos tomaron asiento trece liberales, dos socialistas y dos comunistas.
La táctica sindical de apoyo al Estado como medida coyuntural se proyectaba en el tiempo, a pesar de que los aires reformistas del liberalismo habían entrado en «pausa». En esas condiciones, y a regañadientes en algunos sectores, el movimiento obrero presencia el ascenso de Santos al poder.
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