Formación de la clase obrera (1886-1920)






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Bibliografía

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LA CLASE OBRERA COLOMBIANA (1930-1945)
Mauricio Archila
El 10 de diciembre de 1934, seis años después de la masacre de Ciénaga, los trabajadores de la zona bananera se lanzaron nuevamente a la huelga. Tenían el temor de que el recién instalado gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-38) respondiera tan crudamente como lo había hecho el gobierno conservador de Miguel Abadía Méndez. El temor no era gratuito, pues la zona bananera había sido prácticamente zona de guerra por lo menos hasta 1932. No sólo se había reforzado el pie de fuerza militar, sino que cualquier intento de organización era reprimido, aun bajo el gobierno de Enrique Olaya Herrera (1930-1934). Por ello los trabajadores se habían preparado arduamente para el nuevo conflicto laboral, creando una vasta red de sindicatos por toda la zona, incluyendo tanto los trabajadores de la United Fruit Company como los de los productores criollos. El pliego de peticiones presentado con anterioridad a la huelga giraba en torno a tres puntos fundamentales: 50 % de aumento salarial, medicinas gratuitas y servicio médico y hospitalario para todos los trabajadores bananeros y mejoramiento de los campamentos. La petición de reconocimiento de las posesiones de los campesinos-colonos, entre los que se contaban muchos trabajadores asalariados desempleados, también afloraba. La respuesta del gobierno, para tranquilidad de los huelguistas, no fue represiva. Por el contrario el ministro de Guerra, Marco Antonio Aulí, se desplazó a la zona y presidió las reuniones de negociación. Los trabajadores y la empresa lo eligieron como árbitro. En calidad de tal firmó el pacto que puso fin a la huelga el 23 de diciembre, consiguiendo los trabajadores sus reivindicaciones.
Posteriormente, en noviembre de 1937, el gobierno arrestaría al gerente y al abogado de la compañía bananera al descubrirles comprometedoras pruebas de intento de soborno. El contraste con lo sucedido en el 28 se hacía evidente. Se habían producido cambios importantes en seis años. No se trataba solamente de la crisis más evidente de la United Fruit, afectada tanto por fenómenos naturales (huracanes y agotamiento de suelos), como por la gran depresión económica que rebajó los precios del banano. En esascircunstancias, la empresa estaba en condiciones más débiles para enfrentar un conflicto laboral. De hecho, ya se estaba produciendo el desmonte de la explotación bananera, factor que aprovecharon muchos trabajadores desempleados para apoderarse de baldíos reclamados por la multinacional. Por otro lado, los trabajadores estaban mejor preparados para el conflicto a través de una red de sindicatos por fincas. Finalmente, el Estado, ahora en manos liberales, había comenzado a implementar una nueva concepción en el manejo de la «cuestión social». El contexto de las luchas laborales, por tanto, se había modificado. Ello exigía de los obreros nuevas formas de lucha en su resistencia contra el capital y el Estado –que mostraba el rostro conciliador-. Ahora bien, el liberalismo no podría satisfacer totalmente los anhelos de la clase obrera colombiana, así como tampoco de otros sectores populares, con lo que se aumentaría el sentimiento de frustración con la República Liberal (1930-46). El estudio del nuevo contexto laboral y las luchas obreras en este período será el tema del presente ensayo.
Resistencia obrera en un nuevo contexto político
La clase obrera que llega a los años treinta está centrada fundamentalmente en los servicios públicos, y más en particular en transportes. El peso del sector industrial manufacturo tiende a aumentar en la medida en que se consolida el proceso de industrialización, generando un tipo de obrero y sindicalismo diferente. Cuantitativamente, este sector no pasará ,de unos 450.000 integrantes, según datos del censo de 1938, de los cuales el 80 % estaba enmarcado en la producción artesanal.
A partir de 1929, Colombia venía afrontando problemas económicos a raíz del descenso en los precios del café y del cierre del crédito externo, tendencias que se reforzarían con el estallido de la gran crisis mundial, a fines de ese año. La respuesta inicial del gobierno, mantenida hasta 1932 por la administración Olaya Herrera, fue «ortodoxa» o contraccionista. Por evitar una devaluación del peso se contrajo la oferta monetaria. Ello se tradujo en una disminución del gasto público, lo que significó el cierre de muchas obras públicas y el licenciamiento de trabajadores vinculados a este sector. A partir de 1932, el gobierno de Olaya Herrera, apoyado en la crisis del sistema monetario internacional, decidió practicar una eficaz política anticíclica centrada en un aumento de la oferta monetaria, que junto con el aumento del crédito externo y la declaratoria de la moratoria en la deuda externa, contribuyeron a ello. La recuperación económica no se hizo esperar y el Estado reemprendió nuevamente su actividad pública, superándose parcialmente la crisis.
La gran depresión mundial impactó desigualmente a los distintos sectores de la economía. Las áreas más afectadas fueron las de obras públicas, construcción y transporte interno. En la actividad exportadora, la crisis de los productosde enclave (banano y petróleo), se compensó en parte con la salida del oro y el aumento en la cantidad exportada de café, a pesar del descenso en el precio de este último. El sector agrario, a pesar de la crisis de algunos productos, en términos generales aumentó su producción durante los duros años de la depresión mundial. La revocación, en 1931, de la ley de emergencia de 1926 que permitía la libre importación de productos agrícolas, fue útil para el sector agrario. En la industria manufacturera, la crisis mundial impactaría negativamente a las ramas cuyos productos no eran comercializados internacionalmente: cervezas, gaseosas, vidrio, tejas y ladrillos. En las otras ramas, especialmente en textiles, la crisis, por el contrario, permitió su despegue. La conjunción de políticas oficiales, favorables condiciones de demanda interna y necesidad de sustituir importaciones, estimularía un desarrollo industrial que marcaría definitivamente el período abarcado en este trabajo. Se trata obviamente de una industria de bienes de consumo y algunos productos intermedios, especialmente químicos y derivados. Todo ello hace pensar que los efectos de la depresión mundial, si bien fueron fuertes especialmente en la actividad de infraestructura, no fueron tan severos como la literatura tradicional lo sugería.
El manejo decidido dé políticas anticíclicas a partir de 1932, significó además una lenta transformación en la concepción estatal. El viejo dogma liberal del Estado no interventor se iba superando en la práctica. Ante los rigores de la crisis, el ejecutivo se dotó de poderes especiales para enfrentarla. El conflicto surgido por la invasión de un grupo de peruanos a Leticia, agosto de 1932, reforzaría los poderes interventores del ejecutivo. En un clima de guerra por la defensa de las

fronteras, el gobierno de Olaya Herrera recibió el apoyo de casi toda la población, exceptuándose los núcleos más radicales de la clase obrera y la intelectualidad revolucionaria. En estas condiciones, el primer gobierno de la República Liberal pudo implementar a sus anchas el criterio que su partido había levantado en los años veinte ante la llamada «cuestión social».
Desde antes de producirse el ascenso al poder del candidato liberal electo a principios de 1930, se produjo el empalme en la Oficina del Trabajo con el nombramiento de José Mar, uno de los liberales simpatizantes del socialismo. En 1931 vendrían dos actos jurídicos que cristalizarían la aproximación liberal a la «cuestión social»: las leyes 83 y 129. La primera intentava encauzar las luchas reivindicativas y daba legitimidad al sindicalismo. El otorgamiento de, personerías jurídicas a los sindicatos les permitía su existencia legal, pero implicaba también un control estatal sobre las organizaciones obreras La huelga nuevamente se regulaba, estableciendo las condiciones para que fuera considerada «legal» por el Estado. La ley 83 no dijo nada sobre el esquirolaje, lo que dejó a los huelguistas en una situación de debilidad, máxime en un momento de desempleo como el que se vivía. La ley 129 acogía, para el territorio nacional, la disposición internacional sobre la jornada de trabajo de ocho horas. Esta ley, sin embargo, entrará en vigenciasólo hasta 1934 a través del decreto 895. A pesar de estas vacilaciones, el Estado mostraba un rostro más conciliador ante los obreros. Además se vio más decidido a una mayor intervención en los conflictos laborales, en el control de precios y en el conjunto de la actividad económica. Este último aspecto sería el elemento central en la reforma constitucional de 36.
Se superaban, de este modo, los límites que la gestión conservadora había colocado en el manejo de la cuestión social. La acción autónoma de la clase obrera se hacía ahora más difícil, aunque no imposible, como veremos a continuación.
A pesar de notarse un reflujo en la acción huelguística que venía desde fines del 28 y se proyectaría hasta 1933, la clase obrera en articulación con los movimientos agrarios y urbanos, seguía sus luchas de resistencia. Las condiciones no eran fáciles. A la dura represión aplicada por el último gobierno conservador, que no desapareció del todo en los primeros años de la República Liberal, había que agregar las condiciones de desempleo en el sector público. Los conflictos agrarios en las regiones del Sumapaz y Tequendama (Cundinamarca) y de las comunidades indígenas del Tolima, ocuparon páginas destacadas en la prensa del momento. El 2 de mayo de 1931 se produjo una insurrección indígena en Coyaima, que dejó como saldo cien presos.
Pocos meses después se iniciaron las manifestaciones de desempleados en las principales ciudades del país, manifestaciones que se radicalizarían con las marchas de hambre promovidas en 1932 por el Partido Comunista de Colombia recientemente reestructurado. La agitación en las zonas cafeteras tendría como punto máximo la convocatoria por parte de los comunistas de una huelga cafetera para agosto de 1934. Aunque la huelga nunca llegó a realizarse, en parte debido a la represión a sus dirigentes, la propuesta canalizó el descontento de muchos trabajadores de las haciendas cafeteras y las trilladoras.
Además de estas formas abiertas de resistencia, la clase obrera y los sectores populares sobrevivieron a los rigores de la crisis económica a través de distintas estrategias que incluían desde la protesta violenta hasta el regreso a las parcelas para mitigar el desempleo. A mediados de 1933, una vez apaciguado el furor nacionalista generado por el conflicto con el Perú, el movimiento obrero articuló una nueva ofensiva huelguística de proporciones parecidas a las de mediados de lós años veinte. La proliferación de huelgas en 1933 y 1934 (diecinueve y treinta y cinco, respectivamente) así como la amplia solidaridad que provocaron, hablan por sí mismas del renacimiento de la agitación obrera. La huelga iniciada por los braceros de Barranquilla en octubre de 1933, se extendió a la mayoría de las fábricas y establecimientos comerciales de la ciudad y de Puerto Colombia. Los ferroviarios de Cali, en noviembre del mismo año, lograron el apoyo total de la población del valle del Cauca. El paro del ferrocarril de Antioquia, junio de1934, fue un verdadero paro general en Medellín. La huelga de los taxis rojos de Bogotá, agosto de 1934, se convirtió en paro de transportes en la capital del país. La solidaridad observada en los conflictos, así como la radical movilización de los huelguistas, ponían contra la pared las prácticas integradoras del régimen de «concentración nacional» de Olaya Herrera. Urgía para el Estado, por tanto, desarrollar mecanismos más ágiles de contención de los conflictos, bien fuera a través de una represión preventiva o bien a través de una oportuna intervención negociadora. Las pautas iniciadas en la huelga de Tejidos Monserrate (mayo de 1934) se reprodújeron en otros conflictos: mientras el Estado declaraba apresuradamente la ilegalidad del movimiento, los huelguistas buscaban la solidaridad de otros sectores sociales y el respaldo de la base.
Aunque a veces se conseguía algo de ello, no siempre sucedió así. El caso de los trabajadores del ferrocarril del Pacífico fue diciente en este sentido: después de haber ganado una huelga en 1933, como ya hemos señalado, en un segundo conflicto (en septiembre del 34), los huelguistas se encontraban aislados del resto de la población y sin respaldo de los mismos trabajadores de la empresa que habían votado el paro. Al contrario de lo sucedido hastael 33, muchas de las huelgas del '34 culminaron en estruendosos fracasos. ¿Qué había sucedido en tan corto plazo? Ciertamente el endurecimiento coyuntural del Estado ante el auge huelguístico influye, pero no explica todo. Otro tanto se puede decir de la actitud intransigente de la patronal. En varias huelgas del 34 (Cervecería Germania, Zapaterías de Medellín, Minas de Canoas y de Suesca y Sesquilé), los patrones recurrieron al lock-out para presionar en su favor la solución del conflicto.
Tal vez lo más importante había sido el impacto sobre la clase obrera de la nueva actitud del Estado. No es por azar que los observadores de los del fenómenos sociales del momento desde funcionarios oficiales y diplomáticos extranjeros hasta activistas comunistas y dirigentes sindicales, señalan un aparente sometimiento de la clase obrera al marco jurídico elaborado por el liberalismo en el poder. Parecía que el fermento revolucionario hubiese desaparecido. La crisis política del PSR y del anarcosindicalismo, a fines de los años veinte, en parte ayudaba a la generación de este sentimiento. Sin embargo, ésa era la apariencia.La clase obrera seguiría luchando, así no triunfara siempre. Fue bien simbólico lo hecho por lo s ferroviarios de Cali ante el fracaso de la huelga del 34: se reunieron en el patio grande de la estación principal del ferrocarril del Pacífico y allí encendieron una hoguera en la cual quemaron el acta que otorgó, el año anterior, la personería jurídica al flamante Centro Obrero Ferroviario. Era un acto que no podía reversar las políticas oficiales, las cuales tenían acogida entre otros sectores obreros, pero sí ilustraba cómo el movimiento obrero no se sometía pasivamente al nuevo orden. La búsqueda de la personería jurídica y su mantenimiento, la fe en los pliegos de petición «bien elaborados» y en el abogado negociador, y la nueva actitud interventora del Estado, modificaban la forma cómo la clase obrera enfrentaba el conflicto social.
Aunque los obreros entendieron lo que estaba pasando en el plano jurídico, no se sentían lo suficientemente fuertes como para cambiar la situación. Cuando intentaron hacerlo, el Estado y la patronal, que también aprendían de las experiencias pasadas, lanzaron un proyecto más definido, que será desarrollado por Alfonso López Pumarejo con la Revolución en Marcha. Antes de considerar esta nueva fase de las relaciones entre clase obrera y Estado, veamos en qué medida influyeron las organizaciones políticas de izquierda en todo el proceso descrito.
Como se señalaba en el estudio anterior, el Partido Socialista Revolusionario (PSR) había entrado en una profunda crisis a finales del decenio de los veinte. Ante la sensación de fracaso por lo sucedido con la frustrada insurrección de julio de 1929, y presionados por la Internacional Comunista (lC), un puñado de dirigentes socialistas decidieron reestructurar el PSR.
En julio de 1930 nació el PartidoComunista de Colombia (PCC) una organización política enmarcada más ortodoxamente en los moldes de la lC. A pesar de la infatigable labor de los activistas comunistas, tanto entre los trabajadores del campo (cafeteros e indígenas), como entre los de la ciudad, incluyendo a los desempleados, el naciente partido no logró superar el aislamiento en que había caído el PSR en sus últimos días. A ello contribuyó la rigidez doctrinaria de sus pronunciamientos; la lucha intestina que llevó a marginamientos y expulsiones de prestigiosos líderes socialistas como Tomás Oribe M. o Raúl E. Mahecha; y finalmente, la actitud pacifista ante la guerra con Perú. En este último caso, los comunistas denunciaron la posible finalidad distractiva del conflicto así como las supuestas rivalidades interimperialistas allí comprometidas. Sin embargo, el nacionalismo que se desarrolló en el país a raíz del enfrentamiento internacional de esos años condenó a los comunistas al ostracismo. Por último, la consigna de la IC de construir una alianza sólo con elementos obreros y revolucionarios (la política del Frente Unico) fue aplicadapor los comunistas con un criterio tan cerrado que en la práctica eran ellos los exclusivos integrantes de ese frente.
Fue en dicho contexto que el PCC libró batallas ideológicas no sólo contra los partidos tradicionales, sino contra socialistas moderados y la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR) dirigida por Jorge Eliécer Gaitán. Esta situación de aislamiento se expreso en el plano electoral en los escasos 1.974 votos obtenidos por el candidato comunista en 1934, en contraste con los 938.608 obtenidos por el candidato liberal. Sinembargo, la influencia comunista no era despreciable en los sindicatos obreros y en numerosas ligas campesinas. El PCC siguió aferrado a la política de Frente unico durante los primeros meses de la Revolución en Marcha, simbolizando la actitud intransigente de cierta intelectualidad revolucionaria ante la nueva gestión liberal.
Por su parte, la UNIR, nacida en 1933, jugó el papel de aglutinadora de sectores sociales inconformes con el régimen de «concentración nacional» y que no querían militar en el comunismo. El programa de la UNIR, no siempre bien definido, hablaba de una mayor intervención del Estado en la vida económica y social en favor de las clases desfavorecidas, de una reforma agraria que atacara el latifundio improductivo, un mayor control a los intereses extranjeros, y unas medidas sociales y laborales orientadas a las clases trabajadoras. Se trataba, por tanto, de un programa democrático con gran inspiración en el APRA peruano. Gaitán y los uniristas, entre los que se contaban algunos socialistas marginados del PCC se lanzaron a una acción tanto entre trabajadores rurales como urbanos, chocando no pocas veces con los comunistas. En el trabajo rural se destacó el apoyo al movimiento de colonos-arrendatarios de la región del Sumapaz, especialmente los de la famosa hacienda El Chocho (en lo que hoy es Silvania). El fuerte de la UNIR, sin embargo, estuvo entre los trabajadores urbanos. Ella controlaba la Federación Local del Trabajo de Bogotá y la naciente Federación Nacional de Transportes, con sede en Cali. Esta última organización, que pretendía reunir los trabajadores vinculados a los transportes, brindó efectiva asesoría y solidaridad a las grandes huelgas de ferroviarios y braceros del 33 y 34. De hecho Gaitán directamente asesoró nueve huelgas entre 1933 y 1934.
Las relaciones entre el PCC y la UNIR no fueron cordiales unos por apoyarse en la rigidez doctrinaria y los otros en una retórica anticomunista lo cual contribuyó a desconcertar más a la clase obrera y a los sectores populares. Parece que ante la imposibilidad de rescatar a los trabajadores de las ilusiones creadas por el gobierno de Revolución en Marcha de López Pumarejo, Gaitán abruptamente abandonó las toldas del proyecto independiente para sumarse nuevamente al oficialismo liberal. Aunque la UNIR había proclamado la abstención electoral en las elecciones de 1935, como lo había hecho en 1934 para las vipresidenciales, Gaitán flamantemente salió elegido como representante a la Cámara por el liberalismo. Moría así, en los brazos del oficialismo liberal, un proyecto democrático e independiente de los partidos tradicionales. Veamos con detenimiento cuál era la razón de esta fuerte atracción que Alfonso López ejerció sobre los trabajadores y sus organizaciones políticas.
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