Resumen: La población de origen mexicano radicada actualmente en los Estados Unidos, alrededor de 23 millones de personas, equivale a cerca de la cuarta parte de la población total de México (104 millones).






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PRIMER COLOQUIO INTERNACIONAL MIGRACIÓN Y DESARROLLO: Transnacionalismo y Nuevas Perspectivas de Integración

23-25 de octubre 2003, Zacatecas, Zac. Mx
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La relación política del Estado mexicano con su diáspora en Estados Unidos.

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Tema: Derechos Humanos, membresía, ciudadanía y participación política extraterritorial
Cecilia Imaz Bayona

Facultad Ciencias Políticas y Sociales,

Universidad Nacional Autónoma de México

celimaz@yahoo.com.mx
Resumen:

La población de origen mexicano radicada actualmente en los Estados Unidos, alrededor de 23 millones de personas, equivale a cerca de la cuarta parte de la población total de México (104 millones). De éstos, cerca de 10 millones son nacidos en México, provienen de casi todo el país y se han asentado a lo largo y ancho de la Unión Americana, generando nuevas pautas de organización territorial y gestando nuevas dinámicas sociales; entre ellas, el reclamo de sus derechos políticos para votar y ser elegidos en su país de origen.

La diáspora mexicana ha cobrado gran importancia para el Estado mexicano. Su inclusión en la agenda del país puede jugar un papel importante en la transición política, así como contribuir a lograr una mayor integración con el país vecino.

Nota biográfica: CECILIA IMAZ BAYONA, Dra. en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México; investigadora visitante en los Institutos de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Estocolmo, Suecia y de la Universidad de Columbia, EE.UU. Actualmente coordinadora del Centro de Estudios Básicos en Teoría Social y profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM , México.


1. Importancia de la migración mexicana hacia Estados Unidos
Desde finales del siglo XIX la migración de trabajadores mexicanos a Estados Unidos ha sido una constante. Además de la disparidad en el desarrollo económico de estos países vecinos, la escasez de empleo bien remunerado en México, la demanda de mano de obra barata en el dinámico mercado de trabajo norteamericano y el compartir una larga frontera de cerca de 3000 Km. han inducido esta migración, y ha generado con el tiempo factores socioculturales que explican su permanencia e institucionalización.

De acuerdo a cifras del censo del año 2000, la población nacida en México y radicada en Estados Unidos era de 8.9 millones, entre los cuales se estimaba que más de 3.5 millones eran indocumentados. A mediados de 2001 los mexicanos emigrados representaban el 3% de la población de la Unión Americana (284.8 millones) y alrededor del 9% de la población de México (101 millones). Si a los datos anteriores sumamos los cerca de 14.4 millones de norteamericanos de origen mexicano, obtenemos una cifra de más de 23 millones de personas con vínculos consanguíneos con nuestro país, lo cual equivaldría a alrededor de la cuarta parte de la población total del país.1

El aumento en los flujos migratorios ocurrió en los últimos treinta años, cuando se multiplicó el flujo neto anual en términos absolutos en más de diez veces.


Entre 1960 y 1970 de 260 mil a 290 mil

Entre 1970 y 1980 de 1.20 a 1.55 millones

Entre 1980 y 1990 de 2.10 a 2.60 millones

Entre 1990 y 2000 alrededor de 3 millones

Fuente: Información Sociodemográfica 2002, CONAPO, México.


En los últimos años se registraron importantes transformaciones en la migración mexicana a Estados Unidos, reflejadas en una mayor complejidad y heterogeneidad, basada en una creciente diversificación regional, ocupacional y sectorial, mayor procedencia de zonas urbanas y propensión a prolongar la estancia o establecer residencia en Estados Unidos, y un creciente riesgo al cruzar la frontera sin la visa correspondiente.

Estos cambios se reflejaron en diversos grados de intensidad migratoria en casi la totalidad del territorio mexicano, como podemos apreciar en el siguiente cuadro, en el que destaca el alto porcentaje de municipios expulsores ( 96.2%) que, no obstante el diferente grado de interrelación que tengan los emigrados con las instituciones y comunidades de origen, indica una nueva pauta de organización territorial y la gestación de nuevas dinámicas económicas y sociales.

Cuadro 2

Porcentaje de Municipios Expulsores








Porcentaje

Total de municipios de México

2443




Total de municipios expulsores registrados

2350

96.2 %

Municipios de alta intensidad migratoria

492

21%

Municipios de intensidad migratoria media

392

16%

Municipios de baja intensidad migratoria

1466

60%

Municipios con nula intensidad migratoria

93

3.8%


Fuente: Información Sociodemográfica 2002, CONAPO, México

Las categorías corresponden a índices elaborados de acuerdo a cuatro indicadores: % de hogares que reciben remesas; con emigrantes permanentes; circulares; y de retorno en el quinquenio anterior a la encuesta.
De acuerdo a datos de CONAPO (2002) las cinco entidades federativas con mayor intensidad migratoria a Estados Unidos son: Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Zacatecas, en las que en conjunto se encuentran establecidos más del 12% del total de hogares mexicanos.

Con el creciente y cuantioso volumen migratorio, en la pasada década se reconoció finalmente la importancia de las remesas de dinero enviadas por los trabajadores migrantes como un aporte importante para la economía familiar de bajos recursos.

Las remesas de dinero es el impacto económico más directo de la migración. Se trata de recursos que han crecido en los últimos años y que benefician a más de 1.402 millones de hogares mexicanos (CONAPO 2002) (de un total de 24. 650 millones en el país)

En 2001 ingresaron a México más de 8, 895 millones de dólares, lo que equivalió a 24 millones de dólares diarios. En 2002 la cifra ascendió a 9 600 millones de dólares, ubicando a México en el segundo lugar después de la India como país receptor de remesas (INEGI, 2002).

Los últimos datos de mediados del 2003 señalan que en junio de ese año ingresaron 1,000 millones de dlls. beneficiando a 3 millones de familias. De mantenerse esa tendencia ingresarían alrededor de 12 mil millones de dlls. en el presente año. Para México es un ingreso considerable, pero lo es también la pérdida de población económicamente activa.

Recientemente las remesas de dinero fueron reconocidas como elemento contribuyente a disminuir la pobreza en México, sobre todo en las regiones de donde provienen la mayoría de los emigrados. En la Encuesta Bianual sobre Ingresos y Gastos de los Hogares (INEGI, 2002) los resultados presentados en 2003 señalan por primera vez la “labor de los paisanos” en la contribución del desarrollo del país (CONAPO, 2002).

El volumen migratorio experimentado es en gran medida resultado de políticas económicas anti-inflacionarias recesivas que provocan desocupación y estimulan la emigración, además de los cambios estructurales de la última década, como el adelgazamiento del aparato estatal, disminución del petróleo en las exportaciones, la apertura económica y el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que preveía un aumento en la emigración del sector rural por un periodo de 15 años (Calva, 1992; Cornelius, 1993) debido a que las reformas comerciales dan lugar a desplazamientos de fuerza de trabajo en los sectores más vulnerables.

Otro efecto de la reciente migración ha sido el fortalecimiento y expansión de las redes de migrantes, provocando cambios en las relaciones de las organizaciones de éstos con el Estado y con sus comunidades de origen, en un contexto de institucionalización de la migración y apertura y cambio de régimen político, tema que trataremos más adelante.

2. La desapercibida integración de los mexicanos en los Estados Unidos

La población latina, en los últimos dos años, creció cuatro veces más que la población general y sus efectos son visibles en el mercado, la cultura y en la política interior y exterior de Estados Unidos, ya que reubica el peso de los intereses norteamericanos en América Latina y cambia la actitud de los miembros del Congreso al obligarlos a interesarse cada vez más en atender los intereses de quienes representan.

La población de origen mexicano residente en Estados Unidos constituye una presencia en esa nación. Representa el 66.9% de la población de origen hispánico, que es actualmente la primera minoría de Estados Unidos con 38.8 millones de personas (Censo 2000)

En el ámbito internacional, la agenda política bilateral entre México y Estados Unidos se ha vuelto más compleja, pero ha logrado separar los temas de discusión sin que afecten al conjunto. Sin embargo, uno de los que ha generado más polémica es el migratorio.

La política migratoria de Estados Unidos hacia México ha sido contradictoria, ya que por un lado ha instrumentado severas medidas de control en su afán por detener los flujos migratorios irregulares, y por el otro ha promovido la apertura económica y política del país vecino, así como una mayor integración regional.

Estados Unidos ha seguido una política incompatible, ya que ha avanzado en la integración regional, pero a la vez se ha insistido en la separación.

En 1998, a cuatro años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y a doce de la firma del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) el total del comercio entre México y Estados Unidos se sextuplicó, el número de mexicanos que ingresaron en EE.UU. con visa de negocios casi se triplicó (de 128 000 a 373 000) y el número de inversionistas mexicanos admitidos en EEUU se disparó de 73 en 1986 a casi 1,700 en 1998 (Massey, 2003). A esto habría que añadir el numero creciente de propiedades y cuentas bancarias de los sectores mexicanos de altos ingresos.

El crecimiento del comercio entre los dos países promovió a la vez las actividades transfronterizas. En 1986 el número de cruces fronterizos legales con motivo de negocios y esparcimiento fue aproximadamente de 114 millones y para 1998 llegó a 213 millones de personas. La cifra de visitas de intercambio oficial pasó en esos años de 3 000 a 6 500 y el número de trabajadores con contrato pasó de aproximadamente 9,400 a 66,000 (Massey, 2003)

El tope de visas de trabajo sigue siendo a la fecha de 70,000, pero se estima que cruzan la frontera anualmente más de 300 000 indocumentados mexicanos que son empleados en las manufacturas, servicios y en la agricultura (INEGI,CONAPO, 2002)

Allá, la opinión pública ha sido menos favorable a la autorización de la migración indocumentada que el Congreso y ha demandado la adopción de medidas rigurosas para disuadirla. Los que están a favor de que aumente la migración son los empleadores de las empresas medianas y pequeñas y los cultivadores de frutas y verduras del sur norteamericano, que constituyen la principal demanda de mano de obra barata.

En los últimos años se han instrumentado diversas operaciones (Bloqueo, Guardián) para disuadir a los migrantes indocumentados de cruzar la frontera, lo que ha causado más de 2 300 muertes en los últimos ocho años (Bustamante 2002; Reyes 2002) y ha convertido el tráfico de indocumentados de las zonas más pobres de México y Centroamérica en negocio del crimen organizado.

Otra consecuencia negativa de este régimen de vigilancia fronteriza que no ha disuadido a muchas personas de cruzar la frontera ilegalmente, es que logró transformar la circulación de migrantes de corto plazo que se dirigían a 3 estados (California, Illinois y Texas) en una diáspora que ahora abarca todo el país con residentes de plazo largo. Es decir, que la migración tradicional mexicana que era circular y en su mayoría de regreso, se volvió permanente. Lo cual evidencia el fracaso de una política migratoria restrictiva que muestra la falta de disposición de Estados Unidos para aceptar la realidad de la integración norteamericana.

A principio de los actuales gobiernos de México y Estados Unidos (2000) se avanzó sustantivamente en un proyecto de acuerdo migratorio, pero los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001 lo pospusieron. La política migratoria estadounidense se volvió más restrictiva, centrando los esfuerzos en mejorar el control de las fronteras. Sin embargo, se espera que una vez asimilados los cambios que ha representado la creación del nuevo Departamento de Seguridad Interna, haya algunos avances que humanicen las medidas regulatorias de la población emigrada indocumentada y se implementen programas de integración de la misma, subordinando el concepto de “alien” (extranjero) al de derechos humanos, pues la permanencia de esta población en la sociedad norteamericana es un hecho consumado, y la opinión pública, aunque dividida, ha presionado para tratar de detener las muertes ocurridas en el intento de cruzar la frontera.

A mediados de 2003 se percibe una disposición en el Congreso norteamericano de discutir un acuerdo migratorio con México2. En las elecciones norteamericanas del 2004, son materia de consideración varios millones de votos de origen mexicano.

3. La relación del gobierno mexicano con su diáspora

Mucho antes que México, varios países latinoamericanos (El Salvador, Colombia, República Dominicana) adoptaron medidas de atención y protección respecto a su población emigrada en Estados Unidos, debido a que vieron las ventajas prácticas de mantener la relación con ellas. Asimismo, las actividades políticas de los migrantes fueron aceptadas y se convirtieron en tema de interés y preocupación para políticos y científicos sociales.

De parte de México cabe señalar que tradicionalmente ha habido una política de protección a los nacionales en el extranjero. Paralelamente, mediados de los años sesenta (1964) al terminar los Convenios de Braceros entre los gobiernos de México y Estados Unidos, los subsecuentes gobiernos mexicanos decidieron desarrollar la zona fronteriza y absorber la mano de obra que regresaba del último programa de trabajadores. Para ello se facilitó la instalación de plantas ensambladoras (maquiladoras) en varios puntos de la frontera. Sin embargo, no hubo una política para controlar la migración que en la siguiente década empezó a infiltrarse en grandes volúmenes hacia el territorio norteamericano.

El cambio de actitud del Estado hacia los migrantes se transformó en la década de los noventa, cuando finalmente el gobierno mexicano dio importancia a la población del país emigrada a Estados Unidos.

El tamaño de la emigración mexicana asentada en Estados Unidos había provocado cambios en ambas sociedades y uno de estos cambios fue la forma de percibir a los emigrados en México.

Los datos censales de 1990 arrojaban números alarmantes de emigración y en Estados Unidos se había creado la Comisión para el Estudio de la Migración Internacional y el Desarrollo Económico Cooperativo (Congreso de los Estados Unidos 1990). La contraparte en México fue la creación del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y en 1993 del Instituto Nacional de Migración (INM) dependiente de la Secretaría de Gobernación.

En los últimos años ha habido un mayor interés sobre los sucesos en la frontera y sobre la situación de los inmigrantes. Diversas ONGs están atentas y mantienen una posición crítica sobre la manera en que los dos gobiernos responden a este fenómeno. Los hay anti-inmigrantes, pro-inmigrantes, y de protección de sus derechos civiles y humanos3.

Para proteger a los migrantes que intentan cruzar la frontera ilegalmente y son víctimas de atracos y maltrato por los agentes migratorios y aduanales, el gobierno mexicano puso en operación grupos de protección encubierta llamados “Betas”. Anteriormente, con la intención de proteger a los migrantes en su retorno se había creado el programa “Paisano”, que disminuyó la extorsión de los agentes aduanales hacia los mexicanos que ingresaban al país. Actualmente la Comisión Intersecretarial del Programa Paisano (intervienen 17 dependencias federales) da facilidades a los trabajadores migratorios que regresan temporalmente a sus lugares de origen para internar temporalmente sus vehículos y otorgarles seguridad social y capacitación y se han capacitado a más de mil agentes migratorios en materia de derechos humanos (CONAPO, 2000)

La experiencia migratoria mexicana ha conducido lentamente a la construcción de una identidad diaspórica en el sentido de “pueblo disperso”, ya que la migración era principalmente circular y la mayoría mantenía una identidad primordialmente local. Con el reciente crecimiento de la población de origen latino en Estados Unidos, la identidad se ha vuelto pan-étnica, pero se mantiene la mexicana por lo que el gobierno mexicano se ha esforzado en lograr la integración de su diáspora, que aún con una identidad diversa (local, nacional y pan-étnica) reclama su origen mexicano en una situación de creciente integración económica entre los dos países que, tiende a borrar la tenue línea que divide el ámbito interno del externo en las relaciones bilaterales (González, 2002)

Al inicio del gobierno de Ernesto Zedillo (1994) el Estado mexicano aceptó a su diáspora como parte de la nación mexicana y desarrolló una relación más formal con ella basada en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en donde se asentó en el capítulo de Soberanía, que: “La Nación Mexicana rebasa el territorio que contiene sus fronteras. Por eso, un elemento esencial del programa Nación Mexicana será promover las reformas constitucionales y legales para que los mexicanos preserven su nacionalidad, independientemente de la ciudadanía o residencia que hayan adoptado”4

Esta declaración fue importante porque sentó las bases de una relación entre Estado, gobierno y emigrados, y se reforzó la idea de la construcción de una comunidad transfronteras, que es imaginada y transnacional por estar asentada en otro territorio, y que ha sido alimentada en la práctica y gestión cotidiana de las múltiples relaciones que forman actualmente esa conexión.

En 1995 se inició la discusión sobre la reforma a la Constitución para que los mexicanos naturalizados americanos pudiesen recuperar la nacionalidad mexicana; se crearon y reforzaron mecanismos de cooperación, atención y protección a los migrantes, pero se rechazó la reforma que posibilitaría el sufragio en el extranjero. La iniciativa para permitir el voto en el extranjero, que veremos más adelante, fue detenida en el Senado ante la coyuntura electoral del año 2000, cuando se presentó por primera vez en setenta años la posibilidad de un cambio de partido en el poder, como finalmente ocurrió.

En este contexto los grupos más politizados de los emigrados recuperaron esa antigua demanda que data de 1929 (Santamaría,1999) y lograron impulsarla hasta formar parte del debate político nacional. Sin embargo, la demanda no prosperó por algunas deficiencias y porque en 1996 había en el Senado mayoría absoluta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en donde predominaba el mito de que los emigrados votarían en contra del PRI y que algunos de éstos eran “traidores a la patria”.

Para entonces el gobierno mexicano había instrumentado una serie de medidas orientadas a atender algunas demandas de la población de origen mexicano. Entre estas medidas sobresale un mayor acercamiento de los consulados con la población mexicana, el acceso al servicio del Seguro Social en México para los familiares de emigrados, y la creación en 1990 del Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior (PCME) (González,1998) que fue el instrumento de cooperación que más penetró entre la población emigrada y construyó múltiples relaciones entre diversos grupos mexicanos, mexico-norteamericanos e hispánicos. A diferencia de cualquier agencia de cooperación internacional, el Programa actuó a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores y de los 42 consulados mexicanos y lograron acercar al gobierno mexicano de una manera sistemática a esa población emigrada, dispersa y desatendida.5

Para impulsar el desarrollo de actividades productivas y empresariales que involucrara a emigrados se creó al inicio del gobierno de Vicente Fox (2000) una Oficina de Representación para Mexicanos en el Exterior y México-Americanos. Dos años después esta oficina y el PCME quedaron integradas en el Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior y en el Instituto para los Mexicanos en el Exterior, éste último con sede en la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Otro programa, más enfocado al desarrollo económico ha sido el llamado “tres por uno” que consiste en que por cada dólar que ingresa para obras comunitarias aplica otro de la federación y otro del municipio. Paralelamente algunos gobiernos de los estados expulsores de mano de obra han fomentado la organización de sus emigrados y han ampliado sus espacios de acción en la política local mexicana. Actualmente 21 estados de la República cuentan con oficinas de atención y promoción a sus emigrados.

Por su parte, los emigrados, sobre todo aquellos con mayor arraigo en sus comunidades natales, se han organizado en clubes y comités por lugar de origen que mantiene ligas con la comunidad natal; aunque las más numerosas son las organizaciones deportivas6. Sin embargo, los clubes y comités sociales son los que más posibilidades tienen de acceder a la actividad política de las pequeñas y medianas comunidades (Imaz, 2003) y a los gobiernos de los estados sobre todo cuando se transforman en Federaciones de Clubes.

En el siguiente cuadro podemos apreciar la distribución por estado de los clubes sociales registrados en los consulados mexicanos en Estados Unidos.
CUADRO 4
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