I. Introducción. Justificación metodológica. II. Definición del sistema de Gobierno presidencial. III. El Poder Ejecutivo y el principio de división de poderes (inicio)






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Derecho Constitucional, Editorial Tecnos, Madrid, 1973, p. 246. El parlamentarismo racionalizado, que la doctrina patentó a través de la pluma del jurista B. Mirkine-Guetzevitch, es un diseño que busca fortalecer al Poder Ejecutivo, solucionando así la falta de estabilidad que el Gobierno tenía en algunos sistemas parlamentarios clásicos de Europa continental, en los cuales la exigencia de responsabilidad por parte de los parlamentos colocaba a los ejecutivos en una situación de desequilibrio que los hacían ver como un Poder bastante débil, con problemas para acometer sus funciones. Sobre el parlamentarismo racionalizado, véase Mirkine-Guetzevitch, Boris: Modernas Tendencias del Derecho Constitucional Moderno, traducción Sabino Álvarez-Gendin, Edit. Reus, Madrid, 1934.

10 En este caso, cuando decimos responsabilidad –en sentido estricto- como contrapartida de la confianza, la entendemos como situación que acarrea la dimisión de aquél al que se le retira dicha confianza. No obstante, en sentido amplio, seguimos al doctor Bustos Gisbert cuando explica que el término responsabilidad no se debe asimilar a dimisión, porque se estaría obviando otras formas de control parlamentario del Gobierno, tales como la obligación de éste a responder las distintas preguntas que le formulen los parlamentarios. Bustos Gisbert, Rafael: La responsabilidad política del Gobierno ¿realidad o ficción? Edit Colex, Madrid, 2003, pp. 15-16.

11 El artículo 153.2 de la Constitución venezolana de 1961 establecía la facultad de la Cámara de Diputados para dar voto de censura a los Ministros, para lo cual exigía una votación calificada de las dos terceras partes de los Diputados presentes.

12 La llamada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) cambió el diseño del Poder Legislativo, de un Congreso bicameral se pasó a una Asamblea unicameral; y además, también creó otro órgano dentro del Poder Ejecutivo: El Vicepresidente Ejecutivo.

13 Otra cosa es que existan una serie de controles que implican el control del Ejecutivo por parte del legislativo, porque esto vendría enmarcado dentro de los checks and balances consubstánciales al principio de división de poderes.

14 Por ejemplo la Constitución Española establece que el Parlamento le otorga la confianza al Presidente y a su programa de Gobierno (artículo 99), de igual manera la cuestión de confianza la presenta el Presidente del Gobierno sobre un planteamiento de política general o sobre su programa (artículo 112); incluso la moción de censura, según el artículo 113 constitucional, se realiza en contra del Gobierno entendido como órgano constitucional pluripersonal, sin embargo obliga a que los diputados que promueven la medida presenten un candidato alternativo sólo para Presidente de Gobierno. Y es que resulta evidente, que si se le retira la confianza al Presidente del Gobierno, los ministros y vicepresidentes deban seguir la misma suerte.

15 Al respecto, véase Linares Benzo, Gustavo: “Las innovaciones de la Constitución de Venezuela” en Revista Iberoamericana de Administración Pública, N° 5, INAP, Madrid, 2000, p. 140. Para un estudio sistemático de la Constitución “Bolivariana” véase Brewer-Carías, Allan: La Constitución de 1999, Editorial Arte, Caracas, 2000.

16 Sobre la evolución de la “Constitución mixta” en la Antigüedad y en la Edad Media, la referencia obligada es el excelente trabajo de Fioravanti, Mauricio: Constitución. De la Antigüedad hasta nuestros días, Editorial Trotta, Madrid, 2001.

17 La Corona, como institución política que sustentaba la monarquía, pasó de representar un orden cósmico o el vicariato de Cristo, a ser explicada con categorías jurídico-políticas. Véase García-Pelayo, Manuel: “La Corona: Estudios sobre un símbolo y un concepto político” en sus Obras Completas, tomo II, CEC, Madrid, 1991. No obstante, la Corona como institución política nunca perdió del todo esa naturaleza de símbolo que es intrínseca a ella. Por supuesto, que la Corona como legitimidad mística del poder, en contraposición de la legitimidad democrática consubstancial al Estado constitucional, no nos interesa. En nuestro caso, nos referimos al principio monárquico como sinónimo de Poder Ejecutivo en razón de su legitimidad institucional, o dicho de otra manera, por sus aptitudes para acometer unos fines inmediatos y unos mediatos (telos).

18 Polibio, Historias, Libros V-XV, traducción de Manuel Balash Recort, Editorial Gredos, Madrid, 1981, pp. 169-170. En su división de poderes, Polibio vuelve a proclamar la Constitución mixta de Aristóteles, pero a través de un modelo que implicaba una división de poderes donde Monarquía, aristocracia y democracia (entendidas como formas institucionales de gobierno), se controlaban entre sí, sin que ninguna de ellas pudiese ser superior a las demás, y siempre a través de la colaboración.

19 Santo Tomás de Aquino, La Monarquía, Estudio preliminar, traducción y notas de Laureano Robles y Ángel Chueca, Tecnos, Madrid, 1995, p. 17.

20 Ciertamente, con el crecimiento de los Burgos y de los reinos de la Baja Edad Media, algunas construcciones teóricas apuntaron a establecer la soberanía del Rey quien no debería reconocer más autoridad que la propia (non superiores recognoscentes), Véase Capella, J. R.: Fruta Prohibida. Una aproximación histórica-teorética del derecho y del estado, Editorial Trotta, Madrid, 1997, p. 115. No obstante, no hay duda de que es con los Estados nacionales modernos, cuando aparece el verdadero concepto de soberanía como summa potestas, véase J. Bodino, Los Seis Libros de la República, traducción y estudio preliminar de Pedro Bravo Gala, Tecnos, Madrid, 1986.

21 Gierke, Otto von: Teorías Políticas de la Edad Media, traducción de Piedad García Escudero y estudio preliminar de Benigno Pendás, CEC, Madrid, pp. 220-221.

22 Véase su obra más conocida, El Príncipe, edición bilingüe, estudio preliminar, notas y apéndice de Luis Arocena, ediciones de la Universidad de Puerto Rico y Revista de Occidente, San Juan de Puerto Rico, 1955.

23 Hobbes, Thomas: Leviatán, Alianza Editorial, Madrid, 1989, p. 146.

24 No olvidemos que Hobbes está pensando en virtud de la experiencia de Inglaterra con los Tudor, donde éstos actuaron de forma despótica pero con la anuencia del pueblo que así se sentía protegido. Y esto se hace más evidente si vemos las monarquías absolutas de la Europa continental, especialmente la francesa. Véase Crossmann, R.H. S.: Biografía del Estado Moderno, Fondo de Cultura Económica, México, pp. 72-80.

25 Ibidem. p. 81.

26 De Lolme, Jean Lois: Constitución de Inglaterra, estudio y edición de Bartolomé Clavero, CEC, Madrid, 1992, p. 246. Sobre las distintas posiciones frete a la Constitución de Inglaterra, resulta muy clarificador el trabajo de Lucas Verdú, Pablo: Alabanza y Menosprecio de la Constitución Inglesa, Facultad de Derecho, Universidad de Oviedo, 1954.

27 Locke, John Dos ensayos sobre el Gobierno civil, colección Austral, Espasa-Calpe, Madrid, 1991, p. 310.

28 Montesquieu: Del Espíritu de las Leyes, introducción de Enrique Tierno Galván, traducción de Mercedes Blázquez y Pedro De Vega, Editorial Tecnos, Madrid, 1985, 111. Insistimos, esta defensa del principio monárquico la hace nuestro ilustre autor cuando ya había diferenciado el Gobierno monárquico y el despótico, donde el primero es el que está sometido al imperio de la ley, y el segundo al capricho de un gobernante.

29 Dice la profesora M. J. Villaverde que los escritores liberales, desde Benjamín Constant en el XIX, a autores contemporáneos como León Duguit, Emile Faguet, o Talmon, sienten un profundo rechazo hacia la argumentación rusoniana, que les parece constituir una amenaza contra la libertad individual. Véase su “Estudio preliminar” en Rousseau, Contrato Social o principios de Derecho Público, traducción M. J. Villaverde, Editorial Tecnos, Madrid, 1988.

30 Rousseau, J. J.: Contrato Social o principios de Derecho Público, traducción M. J. Villaverde, Editorial Tecnos, Madrid, 1988, p. 65.

31 Cuestión que no sucederá hasta que, en el siglo XVIII, el Gabinete Largo de Walpole logre consolidarse como una institución política independiente que lleva el peso de la dirección política. Ya en el siglo XIX, el Gabinete es realmente el Poder Ejecutivo y su conformación ya no va a depender para nada del Rey. Podríamos decir que en Inglaterra encontramos el origen del sistema parlamentario y del sistema presidencial.

32 Hamilton, Madison y Jay, El Federalista, Fondo de Cultura Económica, México, p. 290.

33 Ibidem., p. 297.

34 Lowi, Theodore J.: El Presidente personal, Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p. 73.

35 Esta preponderancia del Presidente de los Estados Unidos, se hace más que evidente, cuando observamos el incremento de la delegación de poderes que le hace el Congreso –sobre todo en materia legislativa-. Dicha delegación se acerca al límite de la inconstitucionalidad. Así, Ferguson y McHenry ya advierten, a mediados del siglo XX, que la regla general es que el Congreso debe fijar patrones principales y luego le puede otorgar al Presidente la facultad de añadir detalles. Al mismo tiempo nos dicen que la Suprema Corte no ha sido constante y la línea que separa la delegación propia de la impropia sólo puede ser adivinada, tras analizar detenidamente los casos citados y juzgar la disposición actual de la Corte. Ferguson, John H. and McHenry, Dean E.: The American system of Government, second edition, McGraw-Hill Book Company, inc., New York-Toronto-London, 1950, pp. 325-326. Esta situación se mantiene en el siglo XXI.

36 Lowi, Theodore J.: El Presidente personal, op. cit., p. 73.

37 Para una visión positivista del fenómeno caudillista es prácticamente obligada la mención del trabajo de Vallenilla Lanz, Laureano: Cesarismo Democrático, Monte Avila Editores, Caracas, 1994. Aquí encontraremos esa posición pesimista que a principios del siglo XX sentenciaba, que en Hispanoamérica la forma de cohesión social no la encontrábamos en los mecanismos institucionales, ni podía encomendarse a las leyes, sino, inexorablemente, a los caudillos prestigiosos y más temibles. Ibid., p. 165.

38 Valadés, Diego: “El presidencialismo latinoamericano en el siglo XIX” en Boletín Mexicano de Derecho comparado, N° 44, UNAM, mayo-agosto, 1982, p. 614.

39 Véase el Discurso de Angostura del Libertador Simón Bolívar, una obra maestra de teoría constitucional. Asimismo, en su conocida carta de Jamaica y en el Manifiesto de Cartagena. Los textos completos pueden verse en Proclamas y Discursos del Libertador, Caracas, 1939.

40 Caldera, Rafael: Bolívar Siempre, Monte Ávila Editores, Caracas, 1993, p. 72.

41 Ibidem. p. 72. Rafael Caldera, cuando comenta acerca del pensamiento político de Bolívar, sostiene: Toda verdadera forma de Gobierno es mixta. El problema es hallar un equilibrio justo para los ingredientes, mezclarlos en una proporción que garantice la autoridad sin tiranía, la libertad sin anarquía, la moderación de las ramas del poder contra posibles excesos, a través de la acción positiva de las otras ramas que lo integran.

42 Es el caso del llamado Poder moderador acuñado en el siglo XIX por B. Constant y que la mayoría de los sistemas parlamentarios europeos – en especial las monarquías parlamentarias- recoge en la figura del Jefe de Estado, que cumple una función de árbitro imparcial de la vida política, con facultades simbólicas, pero con una legitimidad que le viene de la Auctoritas que es consubstancial a este tipo institucional. Sobre este punto, véase el excelente trabajo de De Vega, Pedro: “El Poder Moderador” en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), N° 116, CEC, Madrid, 2002; donde el destacado jurista español deja claro que este tipo de institución no puede ser aprehendida por la dogmática constitucional sólo a través del método técnico jurídico, sino que debe partir de qué se entiende por democracia constitucional y apelar a conceptos como la auctoritas y la potestas. Ibid. p. 24.

43 Quintero, César: “El Poder Ejecutivo en las Constituciones de América Latina” en El Constitucionalismo en las postrimerías del Siglo XX, Tomo III, UNAM, México, p. 316.

44 Hauriou, Maurice: Principios de Derecho Público y Constitucional, traducción y estudio preliminar de Carlos Ruíz del Castillo. Editorial REUS, Madrid, 1927, p. 387.

45 Este fenómeno de la fortaleza del Poder Ejecutivo en razón de la complejidad del Estado Social se observa de forma muy clara en el sistema presidencial, así, D. Wit afirma que en los Estados modernos, dada la mayor capacidad técnica del Poder Ejecutivo con respecto al Poder Legislativo, la tendencia es a que los órganos ejecutivos sean los que puedan resolver, dentro del régimen democrático, diversas situaciones sin caer en el caos político, con una continuidad y eficacia de mando de la cual son incapaces los cuerpos legislativos, Witt, Daniel: Comparative Political Institutiones, Henry Holt and company, New Cork, s.f., pp. 296. Pero este fenómeno no es exclusivo del sistema presidencial, por lo que se puede observar perfectamente en el sistema parlamentario. Dice Cazorla Prieto: El ejecutivo es el actor principal de la eficacia, es el instrumento de que se sirve la legitimidad material. El debilitamiento que sufre la legitimidad democrática, que personifica fundamentalmente el Parlamento pierde posiciones en el entramado institucional del Estado asistencial, Cazorla Prieto, Luis María: Las Cortes Generales ¿Parlamento contemporáneo?, Editorial Civitas, Madrid, 1985, p. 29. Pero, en lo que a derechos fundamentales se refiere, sigue siendo el Poder Legislativo el que tiene la preponderancia, dado que es el Parlamento quien puede limitarlos a través de la ley como resultado de un procedimiento público y deliberativo, el mismo que funciona para el control del Poder Ejecutivo. En este proceso deliberativo encontramos la verdadera legitimidad democrática, la cual se verifica en la actuación de la institución política que es supervisada por la opinión pública. Bien dice R. Bustos, refiriéndose al Parlamento, que la legitimidad de ejercicio debe propiciarse a través de la opinión pública, véase Bustos Gisbert, Rafael: “La Función Legislativa” en El Congreso de los Diputados en España: funciones y rendimientos, Antonia Martínez (editora), Editorial Tecnos, 2000, p. 42. Nosotros creemos que esta legitimidad de ejercicio también es predicable de las funciones que cumplen todas las instituciones políticas. Sobre las garantías democráticas que implica la opinión pública dentro del Estado Social, con especial referencia al sistema parlamentario español, y con un importante repertorio bibliográfico sobre el tema, consúltese a nuestra maestra en su excelente trabajo: Figueruelo Burrieza, Ángela:
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