I. Introducción. Justificación metodológica. II. Definición del sistema de Gobierno presidencial. III. El Poder Ejecutivo y el principio de división de poderes (inicio)






descargar 127.93 Kb.
títuloI. Introducción. Justificación metodológica. II. Definición del sistema de Gobierno presidencial. III. El Poder Ejecutivo y el principio de división de poderes (inicio)
página2/5
fecha de publicación06.09.2015
tamaño127.93 Kb.
tipoDocumentos
ley.exam-10.com > Derecho > Documentos
1   2   3   4   5

III.- El Poder Ejecutivo y el principio de división de poderes (inicio):
Ya cuando nos queda claro qué define a un sistema como presidencial podemos analizar la institución política del Poder Ejecutivo, prescindiendo de si se encuentra dentro de un sistema presidencial o parlamentario. Los distintos poderes, entendidos como complejos institucionales, que conforman el sistema de Gobierno, tanto en el sistema presidencial como en el sistema parlamentario, son básicamente los mismos. Sólo cambia su posición dentro del juego político.
Cuando Platón, Aristóteles, Polibio o Santo Tomás de Aquino hablaban de la Constitución mixta, establecían una relación entre instituciones políticas que ellos denominan magistraturas o formas de Gobierno; éstas eran la monarquía, la aristocracia y la democracia. Esta Constitución mixta pretendía solucionar el problema de la legitimidad e idoneidad en el ejercicio de las funciones para alcanzar la felicidad o el bien común, a través de la relación entre las distintas formas de Gobierno, sin que ninguna de ellas pudiese ser sobrepasada por las otras16. Estas formas de Gobierno tenían una legitimidad disímil en tanto las personas que las conformaban accedían a ellas a través de mecanismos, requisitos y justificaciones diferentes; sin embargo, todas tenían la legitimidad institucional que aparece cuando las instituciones políticas están concebidas para alcanzar un fin y desarrollan su actividad en ese sentido17. Tomando en cuenta este contexto, la forma de gobierno monárquico –siempre entendido institucionalmente- correspondería a nuestro actual Poder Ejecutivo. El Rey como poder se legitimaba en la capacidad que tenía para tomar decisiones y lograr garantizar la vida social, con lo cual se fundaba en una característica institucional: su capacidad ejecutoria.
Así, en la División de Poderes de la República Romana, descrita por Polibio en el siglo II a.C., los cónsules representaban el régimen monárquico; y sus facultades, además de dirigir la guerra, se circunscribían, en palabras del historiador griego, a la deliberación sobre asuntos urgentes, en caso de presentarse, y son ellos los que lo ejecutan íntegramente en los decretos. Igualmente, las cuestiones concernientes a tareas del estado que hayan de ser tratadas por el pueblo, corresponde a los cónsules atenderlas, convocar cada vez la asamblea, presentar las proposiciones y ejecutar los decretos votados por la mayoría18. Con lo cual se dejaba claro que la capacidad de decisión recaía en la asamblea (régimen democrático) y en los cónsules (régimen monárquico), pero la ejecutividad sólo la tenían éstos últimos, ya que poseían la capacidad institucional para llevar a cabo las decisiones.
Precisamente, esta ejecutividad es la que hace al Poder Ejecutivo, que en las Edades Antigua, Media, Moderna y hasta Contemporánea se encontraba personalizado en el Rey, la institución política por antonomasia. No obstante, su fuerza puede suponer una propiedad positiva o negativa. Recordemos a Santo Tomás de Aquino cuando dice que como la Monarquía es lo mejor, el régimen de un tirano es lo peor19. Lo anterior se explica en razón del concepto de Constitución de los antiguos y los medievales, el cual, ya hemos dicho que se formaba más con criterios materiales que formales. Esto conllevaba a que, por encima de las diferencias que pudiesen existir entre los antiguos y los medievales, éstos coincidieran en la idea de que la Constitución mixta exigía el reconocimiento de unos poderes con legitimidades y facultades distintas y siempre limitadas.
Al igual que Aristóteles, Santo Tomás se preocupa por cuál es la mejor forma de Gobierno, y aunque se inclina por la Monarquía, comprende que ésta siempre ha de recibir su poder de la comunidad, estando limitada en su ejercicio por el Derecho Natural. Así las cosas, la monarquía de Santo Tomás de Aquino es siempre limitada, quedando la soberanía como un presupuesto de la Constitución de la Edad Moderna que ha perdurado hasta nuestros días20. No se equivocaba Otto von Gierke cuando observó que en la Edad Media, con los defensores de la soberanía popular como límite del poder –especialmente Marsilio de Padua-, podíamos encontrar la semilla del principio de división de los poderes legislativo y ejecutivo, de inagotable fertilidad para el desarrollo de la idea de Estado de Derecho21.
Es en el Renacimiento cuando Maquiavelo va a definir al Estado como un poder libre de sujeciones axiológicas22. De manera que la búsqueda por ver quién era el “soberano” implicaba saber quién podía legislar sin límites y sustrayéndose de sus propios mandatos. Así, con el monopolio del Poder se justifica el Estado Absoluto. Basta con citar la visión contractual de Estado que encontramos en el “Leviatán” de Thomas Hobbes, que en este punto es paradigmático: Se dice que un Estado ha sido “instituido” cuando una multitud de hombres establece un “convenio entre todos y cada uno de sus miembros”, según el cual se le da a un hombre o, a una asamblea de hombres, por mayoría, el derecho de personificar a todos, es decir de “representarlos”. Cada individuo de esa multitud, tanto el que haya “votado a favor”, como el que haya “votado en contra” autorizará, todas las acciones y juicios de ese hombre o asamblea de hombres, igual que si se tratara de los suyos propios, a fin de vivir pacíficamente en comunidad, y de encontrar protección contra otros hombres23.
Se confirma así, el reconocimiento teórico de la soberanía estatal y por consiguiente la negación del principio de división de poderes, toda vez que según Hobbes, el Poder del Estado -al cual los hombres le daban ese derecho a representarlos- lo podía todo, sin que se tuviese que aceptar una verdadera limitación. Evidentemente, aunque Hobbes admite que podría ser una asamblea de hombres la que gozara de esa legitimación, era claro que al constituir el Rey la institución política más poderosa fuese la que a la postre aprovechara mejor la idea de poder absoluto24. Por eso, la idea de Hobbes debe ser tomada como una justificación del Estado absoluto con el fin de mantener la seguridad aún a costa de la libertad. En este sentido, las palabras de Crossmann son contundentes: El Leviatán es el primer ataque democrático que sufrió la democracia25. Es en contra de este absolutismo, expresado en el poder omnímodo del Rey, que se va a pronunciar el pensamiento liberal del siglo XVIII.
IV.- El Poder Ejecutivo y el principio de división de poderes (continuación):
¿Hacia donde gira el pensamiento liberal? Precisamente a impedir que existan poderes ilimitados dentro del Estado, con lo cual se va a regresar a la idea de Constitución mixta, esta vez claramente expresada en el principio de división de poderes. Esto se aprecia fácilmente en el caso inglés, donde la Revolución Gloriosa en el siglo XVII no supuso el fin de la Monarquía, sino que, al contrario, significó su ratificación como poder justificado por el common law y limitado por la soberanía parlamentaria. Ciertamente, la idea de que el Parlamento era soberano parecía tirar al traste las ideas del Juez Coke acerca de la superioridad del common law; sin embargo, bien decía Jean Lois De Lolme que en Inglaterra, más allá de las importantes precauciones que la Ley establecía, la libertad y seguridad del vasallo se aseguraban realmente a través de la ejecución que se hacía de ésta26.
Cuando Locke explica su división de poderes dice claramente que el Poder Legislativo es aquél que tiene el derecho de dirigir la fuerza de la República hacia la preservación de la comunidad y la de cada uno de sus miembros27. No obstante, cuando habla del Poder Federativo (poder exterior) lo sustrae de la dependencia de las normas generales y abstractas que expide el Poder Legislativo, ya que aquél requería de una capacidad ejecutiva para emprender las tareas de la política exterior. Es decir, que si por la legitimidad democrática quien preserva la República es el Poder Legislativo, una vez que ésta estaba garantizada, los fines específicos signaban, según la morfología de cada institución política, la legitimidad institucional de todos los poderes.
De igual manera, Montesquieu acuña el diseño de división de poderes que hoy se sigue en prácticamente todos los países donde impera un Estado Constitucional: Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El mismo supone un sistema de control del poder por el poder a través de la participación de unos en las funciones de los otros, bien con actos que estatuyan o bien con actos que impidan dichas funciones. Pero, aquí Montesquieu, luego de que ha garantizado que no existen poderes ilimitados y reconocido la superioridad del Poder Legislativo como garante de la libertad, vuelve a confiar en el principio monárquico desde un punto de vista institucional cuando dice que el poder ejecutivo debe estar en manos de un monarca, porque esta parte del Gobierno, que necesita siempre de una acción rápida, está mejor administrada por una sola persona que por varias; al contrario, las cosas concernientes al Poder legislativo se ordenan mejor por varios que por uno sólo28. Montesquieu vuelve a tomar en consideración las funciones y la morfología institucional para decidir qué institución política responde más a las demandas de la vida política y social.

El caso de Rousseau es muy sugerente. El ginebrino proclamó el principio democrático como forma de legitimar el poder en sí. Parece regresar a la idea de soberanía como poder ilimitado, sólo que ésta vez el soberano va a ser un ente colectivo, por lo cual llama voluntad general al ejercicio de la soberanía, constituyéndose de esta manera como el paladín liberal del principio democrático, al cual, irónicamente, los propios liberales individualistas le terminan por temer29. Sin embargo, es claro que Rousseau no dejo de lado la legitimidad institucional cuando admitía: el gobierno democrático conviene a los pequeños Estados, el aristocrático a los medianos y la monarquía a los grandes30. Esto significa que la monarquía es, según nuestro autor, propicia a los estados grandes; pero no por la legitimidad dinástica de quien accede a la Corona, ya que nuestro autor ha dejado claro que apuesta por la democrática, sino por las características intrínsecas de esta institución política: la ejecutividad necesaria para poder enfrentar una realidad más compleja.
Más sugestivo todavía es el caso de la Constitución estadounidense. La idea de una Constitución escrita, estatuida a través de un pacto democrático fundamental, terminó por imponerse en Estados Unidos. Es bien sabido por todos que la Constitución de Filadelfia de 1776 marca el comienzo del constitucionalismo moderno. De igual forma es conocido el peso que sobre ella tuvo el pensamiento liberal. Esto se evidencia del principio de supremacía constitucional, que se desprende primero de los trabajos de los founding fathers, para luego confirmarse con la audaz jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia surgida desde comienzos del siglo XIX. Pero, también es revelador de esa influencia liberal, el hecho de que se haya establecido un diseño institucional conforme al principio de división de poderes, siguiendo así, las lecciones de Locke y Montesquieu. Justamente, cuando Estados Unidos consagra el principio de división de poderes, los colonos están pensando en el diseño institucional que dejaron atrás en la Inglaterra de la Monarquía limitada, cuando sus antepasados habían comenzado a llegar a América, en el cual el Rey era titular del Poder Ejecutivo y el Parlamento lo era del Poder Legislativo, y en donde el Consejo Privado del Rey todavía no había evolucionado para convertirse en el Gabinete del sistema parlamentario31.
En este orden de ideas, los founding fathers creen que es importante que el Presidente sea un hombre virtuoso porque conocen que esta institución política de la presidencia es sensible al potencial mal ejercicio que se pueda hacer de sus funciones. Por eso, en “El Federalista”, Hamilton dice: podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la verdadera prueba de un buen Gobierno es su aptitud y tendencia a producir una buena Administración32. Y luego sostiene más adelante que al definir un buen Gobierno, uno de los elementos salientes debe ser la energía por parte del Ejecutivo33. En otras palabras, el Poder Ejecutivo tiene un fin –buena administración- y en este sentido requiere de una capacidad ejecutoria, pero todo sujeto siempre a la Constitución y las leyes.
Siguiendo con el ejemplo estadounidense. Aquí, el sistema presidencial estuvo centrado, durante la mayor parte del siglo XIX, en el Congreso y se justificaba en razón de un Estado de patrocinio que llevó al Presidente de la Nación a un segundo plano dentro del juego político. Ya en el siglo XX, a partir del Gobierno de Rooselvelt y su “New Deal”, el Presidente pasó a ser la institución política central de todo el sistema de pesos y contrapesos que implica la división de poderes; lo cual supuso, en palabras de Lowi, una revolución institucional34. El mismo Lowi recuerda que por una parte el Congreso delegó “poderes” al Presidente para que éste pudiera resolver la gran depresión de la década de los años treinta, a pesar de la oposición mantenida por la Suprema Corte que sólo al final aceptó el viraje institucional35. Y por otra parte, la legitimidad del sistema político, que se basaba en la “representación”, tuvo que aceptar también el nuevo criterio: la “prestación de servicios”, que es igual a decir que se regresaba a la idea clásica del “Buen Gobierno”36. Nuevamente, en este caso el Estado de Bienestar aparece como una cláusula institucional que justifica la morfología y las funciones del Poder Ejecutivo. El Congreso destaca por su capacidad de deliberar, el Presidente por su ejecutividad, y el sistema de Gobierno por la posibilidad de que en virtud del juego político se puedan acometer los fines del Estado Constitucional.
V.- El Poder Ejecutivo y el principio de división de poderes (fin):
En el caso de Latinoamérica, el diseño constitucional sigue siendo mayoritariamente presidencialista pero falla la operatividad del principio de división de poderes. Las causas no sólo son jurídicas, sino que responden a explicaciones históricas, políticas y hasta sociológicas. En la descripción del constitucionalismo latinoamericano que va desde la independencia de España en el siglo XIX hasta prácticamente la mitad del siglo XX, encontramos la Constitución formal, que evidencia la influencia de la Constitución estadounidense y del pensamiento liberal de la ilustración en los procesos constituyentes, al tiempo que en la Constitución material, nos enfrentamos con instituciones coloniales (el Virrey o el Capitán General), fenómenos socio-económicos (sistemas rurales semejantes a una suerte de estado feudal) y fenómenos políticos (el caudillismo37); todo lo cual supone un problema en la operatividad del sistema institucional de Gobierno. En este punto, el profesor Diego Valadés puso de manifiesto una serie de causas que en su opinión explican las características autoritarias del sistema presidencial decimonónico latinoamericano; entre las más importantes señalaba: tradición indígena, afirmación del Poder nacional, las tendencias federalistas y centralistas, poder de la Iglesia, incultura política e inestabilidad institucional38. Pero, es esta última, la inexistencia de instituciones sólidas, la que implica la causa de que el sistema presidencial no haya sido verdaderamente conforme al Estado de Derecho. La actuación del Poder Ejecutivo dentro de un Estado de Derecho se hace a través de instituciones, y no de caudillos ni por tensiones ideológicas o políticas.
El Libertador se nos presenta en este punto con un claro enfoque liberal, puesto que apela a la libertad de los ciudadanos como límite al Poder, y en el diseño institucional que propone proclama la división de poderes con un Ejecutivo fuerte pero controlado39. Coincidimos con el profesor Caldera cuando encuentra en el pensamiento de Bolívar -como en el de Andrés Bello- la influencia aristotélica-tomista evidenciada en su idea de un Gobierno mixto40, y en este sentido, el Libertador confía en que las instituciones tomen en cuenta la realidad para alcanzar la felicidad social41. La claridad del pensamiento de Bolívar no sería suficiente para solventar el problema que implicaban, por un lado, los liberales que querían importar textos legales foráneos sin ninguna posibilidad de aplicación en la vida social, y por el otro, los caudillos cuya legitimidad se fundaba en su fuerza y carisma al tiempo que se alejaba de la razón.
Si en la Europa decimonónica de la restauración, el dilema estribó en ver quien tenía la legitimidad para ser soberano entre el Rey y la Nación; en Hispanoamérica el debate fue entre el Idealismo dogmático expresado en una suerte de formalismo y el realismo autoritario que a su vez se afirmaba con tinte plebiscitario. Si quisiésemos utilizar la terminología de Max Webber, diríamos que mientras en Europa continental la legitimidad racional se enfrentaba a la histórico-tradicional, en Hispanoamérica la lucha era en contra de la legitimidad carismática. Y es claro que sólo la legitimidad racional puede servir de soporte a un verdadero Estado Constitucional, que a pesar de que requiere atender factores históricos y sociológicos, éstos siempre tienen que ser susceptibles de ser racionalizados en la Constitución42.
Ahora en el siglo XXI, en el caso de estos países que están tratando de consolidar sus regímenes democráticos, la adopción de instituciones de control típicas del sistema parlamentario ha tenido distintos resultados según haya sido el grado de institucionalización del sistema de Gobierno dentro del ordenamiento constitucional que queramos estudiar. Pero, aquí volvemos a los diseños en razón de la idoneidad institucional para hacer frente a las necesidades que se desprenden de la Constitución económica y social. Por ejemplo, Quintero apunta muy bien la tendencia a restringir constitucionalmente la iniciativa parlamentaria, en lo que se refiere al presupuesto y en general a los temas económicos, recordándonos que la actitud prevaleciente a este respecto es la de que el Parlamento debe cumplir una función contralora, fiscalizadora43.
Definitivamente, la constante que encontramos en esta dogmática constitucional es la necesidad de una interpretación institucional del sistema. En la división de poderes que traza Maurice Hauriou, establece un Poder de asentimiento, a través de la institución de democracia directa conocida por todos: el sufragio; y luego explica el Poder de decisión a través de dos poderes: el Ejecutivo y el Deliberativo (éste último en la división de poderes clásica sería el Legislativo). Y partiendo de este diseño, Hauriou sostiene que si la esencia de una decisión consiste en que ésta sea ejecutoria, el primero de los poderes es aquél que tiene la virtud de hacer ejecutoria sus decisiones44. Podríamos concluir enumerando las dos exigencias del principio de división de poderes: en primer lugar, que no se verifiquen ningún poder ilimitado. Esto lleva al establecimiento de controles, dentro de los cuales el Poder Legislativo tiene la preeminencia en tanto que logra, como ningún otro poder, manifestar la “voluntad general” que resulta de la decisión mayoritaria frente a la minoritaria, a través del ordenamiento jurídico. En segundo lugar, que los poderes tengan la morfología institucional para llevar a cabo la dirección política y así acometer los fines inmediatos, que en la actualidad se deducen de la cláusula institucional Estado Social. En este caso, lo que opera es la colaboración de poderes, y no cabe duda de que el Poder Ejecutivo, con su Administración Pública, tiene la preeminencia institucional para asumir esta función45.
1   2   3   4   5

similar:

I. Introducción. Justificación metodológica. II. Definición del sistema de Gobierno presidencial. III. El Poder Ejecutivo y el principio de división de poderes (inicio) iconLa Municipalidad debe gozar de un mínimo nivel de autonomía respecto...

I. Introducción. Justificación metodológica. II. Definición del sistema de Gobierno presidencial. III. El Poder Ejecutivo y el principio de división de poderes (inicio) iconLa República Presidencial Robustece el Poder Ejecutivo

I. Introducción. Justificación metodológica. II. Definición del sistema de Gobierno presidencial. III. El Poder Ejecutivo y el principio de división de poderes (inicio) iconDivisión de poderes, algunas libertades individuales y deberes de los funcionarios de gobierno

I. Introducción. Justificación metodológica. II. Definición del sistema de Gobierno presidencial. III. El Poder Ejecutivo y el principio de división de poderes (inicio) iconDivisión de poderes, algunas libertades individuales y deberes de los funcionarios de gobierno

I. Introducción. Justificación metodológica. II. Definición del sistema de Gobierno presidencial. III. El Poder Ejecutivo y el principio de división de poderes (inicio) iconEl art. 92 de la ley 11. 683 que autoriza a la A. F. I. P. a disponer...

I. Introducción. Justificación metodológica. II. Definición del sistema de Gobierno presidencial. III. El Poder Ejecutivo y el principio de división de poderes (inicio) iconSumario: I. Introducción. II. Objeto. III. El poder de policía y...

I. Introducción. Justificación metodológica. II. Definición del sistema de Gobierno presidencial. III. El Poder Ejecutivo y el principio de división de poderes (inicio) iconAl margen un sello que dice: Gobierno de Jalisco. Poder Ejecutivo....

I. Introducción. Justificación metodológica. II. Definición del sistema de Gobierno presidencial. III. El Poder Ejecutivo y el principio de división de poderes (inicio) iconKant enuncia las características de lo que denomina constitución...

I. Introducción. Justificación metodológica. II. Definición del sistema de Gobierno presidencial. III. El Poder Ejecutivo y el principio de división de poderes (inicio) iconSumario: I. Introducción. II. La noción de poder de policía en la...

I. Introducción. Justificación metodológica. II. Definición del sistema de Gobierno presidencial. III. El Poder Ejecutivo y el principio de división de poderes (inicio) iconSantiago de Cali marzo 31 2014
«estructura de gobierno» o es la forma en la que se estructura dicho poder, sin embargo el término «sistema político» define al sistema...






© 2015
contactos
ley.exam-10.com