Al XVI encuentro del Foro Permanente de Institutos de Derecho del Trabajo






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MARCO GENERAL REGULATORIO DE INTERESES EN MATERIA LABORAL

-urgente necesidad de su sanción mediante ley nacional-
Ponencia de Beltrán Jorge Laguyás

al XVI Encuentro del Foro Permanente de Institutos de Derecho del Trabajo

de los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires

La Matanza, 24 al 26 de abril de 2014



MARCO GENERAL REGULATORIO DE INTERESES

EN MATERIA LABORAL

por Beltrán Jorge Laguyás

"Todo lo que no se legisla explícitamente en favor del más débil,

queda implícitamente legislado en favor del más fuerte".

Raúl Scalabrini Ortiz
Si el “tomador compulsivo de crédito” en ámbito comercial/ financiero

paga una tasa activa específica (llamada “descubierto no autorizado”),

el “tomador compulsivo de crédito” en materia laboral/alimentaria,

debería pagar igual rango de tasa (art. 16 Const. Nac.).

Beltrán Jorge Laguyás

Colegas/Amigos:

Este mismo "Foro Permanente de Institutos de Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires" (aprobando una ponencia del suscripto), durante el XII Encuentro llevado a cabo en la ciudad de Necochea del 22 al 24 de abril de 2010, declaró de impostergable necesidad, que el Estado Nacional -con fundamento en los artículos 14 bis de la Constitución Nacional y 622 del Código Civil- implementara la regulación de intereses compensatorios en materia laboral, mediante una cláusula legal que hiciera pié en la denominada Tasa Activa. De igual modo se pronunció el Cuarto Congreso Entrerriano de Derecho del Trabajo, reunido en la ciudad de Paraná del 3 al 5 de junio de 2010.

La fundamentación de la propuesta es que frente a una suerte de diáspora que se observa en el fuero laboral en nuestro país, donde a diario vemos muchas sentencias que aplican tasa pasiva, pocas tasa activa y hasta hay las que actualizan los créditos laborales en mora, con diversos mecanismos; es necesario que el Estado Nacional se haga presente arbitrando una solución que ofrezca seguridad jurídica a todas las partes involucradas (empleadores y trabajadores), pero protegiendo los créditos de éstos acreedores como lo hace en otros casos (vgr. consumidores) y brinde a los jueces, herramientas sólidas mediante las cuales arbitren soluciones que se compadezcan con los principios generales del derecho laboral, la normativa constitucional y el sentido común.

Hace cuatro años -como Asesor de la Diputada Claudia Rucci- impulse un proyecto por expte. 2693-D-2010 propiciando la aplicación de intereses a tasa activa en materia laboral que la Comisión de Legislación del Trabajo -HCDN- despachó favorablemente (Orden del Día 2065 del 04/05/11) aprobando el “Marco Regulatorio De Intereses En Materia Laboral” con la adhesión de los Diputados: Héctor P. Recalde (FpV, Bs. As.), Roberto M. Mouillerón (PF, Bs. As.), Alicia M. Ciciliani (P.S., Sta. Fe), Nora G. Iturraspe (SI por la Unidad Popular, Bs. As.), Francisco O. Plaini (FpV, Bs.As.), Antonio A. Alizegui (FpV, ER), Sergio A. Basteiro (Nvo. Encuentro, Bs. As.), Elisa B. Carca (CC, Bs. As.), Miguel A. Giubergia (UCR, Jujuy), Ana Z. Luna de Marcos (Frente Cívico por Santiago, SdE), Pablo E. Orsolini (UCR, Chaco), Juan M. Pais (FpV, Chubut), Roberto R. Robledo (PJ, La Pampa), Gustavo E. Serebrinsky (UCR, Bs. As.) y Mariana A. Veaute (UCR, Catamarca).

De tal modo el citado proyecto, tratado junto a los de los Diputados Héctor Recalde, Elisa Carca y otros sumó, la adhesión de (por orden alfabético): Coalición Cívica, Frente para la Victoria, Nuevo Encuentro, Socialismo, Unidad Popular, Unión Cívica Radical y Peronismo Federal, entre otros. Por falta de tratamiento, la iniciativa perdió Estado Parlamentario al finalizar el año 2011. (www.4diputados.gov.ar/dependencias/dcomisiones/periodo-128/128-2065.pdf).

En consecuencia de lo anterior, dos años mas tarde, como expte. 1003-D-2012 reingresó el proyecto con la textualidad del dictamen antes citado; pero como nunca fue tratado, siquiera en comisión, perdió Estado Parlamentario.

En tanto la injusticia sistémica no se altera, en muestra de perseverancia, ni bien iniciado el actual período legislativo, presenté en la Cámara de Diuputados, el proyecto de ley que hoy vengo a exponer (005-P-2014).

El art. 622 del Código Civil, textualmente reza: "El deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe abonar".

De ello surge claramente que primero es la autonómica voluntad de las partes la que impera, luego -a falta de previsiones- es una ley quien resuelve el punto y en defecto de lo anterior, se delega en los jueces la determinación de la tasa aplicable.

En materia laboral, es obvio que, por las particularidades del vínculo, no existan previsiones sobre intereses frente a una eventual mora por parte del deudor; cuestión lógica en tanto quien se posiciona como parte fuerte en el sinalagma, es el empleador y la parte débil (dependiente) no está en condiciones de negociar y menos aún de imponer una cláusula que le sea favorable en el supuesto caso de falta de pago de acreencias.

A ello se suma que, como tampoco hay previsiones legales al respecto, en la práctica pasamos directamente a conferir a los jueces la determinación del accesorio en tratamiento.

La obvia libertad de criterio de los magistrados lleva a éstos a elegir las normas aplicables al caso; siempre a la sombra de principios tales como: favor débilis, intangibilidad salarial y prevalencia constitucional, entre otros.

Pese a ello, se lesionan derechos de los trabajadores/acreedores, al amparo de elipsis y circunloquios insostenibles. Me refiero concretamente a la lamentable adhesión al concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer mecánicamente las órdenes dadas por los superiores. Curiosamente descalifican a la tasa pasiva (en lo discursivo/argumental) pero igual la aplican por “obediencia debida” hacia la Corte Provincial, escudándose en carencia de norma específica. Dejan “a salvo” su opinión, pero “no salvan” al trabajador/acreedor.

En este estado de cosas, en 1994 la C.S.J.N. al pronunciarse en: "Banco Sudameris c/ Belcam", dejó en claro que: "... La determinación de la tasa de interés [...] queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dichos ordenamientos sin lesionar garantías constitucionales,…". Esto no es más que otorgar vigencia plena a la interpretación más elemental y literal que pueda hacerse tanto del primer párrafo del art. 622 del Cód. Civ., como de la doctrina creada en derredor de la norma.

Pero la vigencia del Principio Protectorio (art. 14 bis de la Constitución Nacional), impide que el trabajador quede expuesto a la fijación de un interés que licue su crédito; por eso se hace necesaria la participación del Estado Nacional, para que fije por ley la tasa de interés moratorio; que obviamente no puede ser la pasiva.

Según nuestro criterio, debería fijarse la Tasa Activa como medio de defensa de la intangibilidad salarial e indemnizatoria que tiñe a todo nuestro accionar desde los mentados Principios Generales del Derecho del Trabajo.

No es un pensamiento simplista que lleve a la aplicación de la tasa activa (porque sea mayor que la pasiva); las razones están en la naturaleza jurídica de los créditos involucrados, en las circunstancias que rodean tanto al deudor como al acreedor laboral y todo ello sujeto a una conveniente ponderación axiológica.

En suma, procuro seguir el curso natural de las cosas a la luz del derecho argentino vigente. Bien dice desde hace cuatro décadas Rodolfo Capón Filas: "El Mundo Jurídico no es un sistema encerrado en sí mismo, como pretende el formalismo; es una estructura dialécticamente abierta al sistema social y al sistema axiológico" ("La depreciación monetaria" Edit. Plus Ultra/1974, pág. 7)

El fundamento más elemental del planteo es que, mientras la "Tasa pasiva" es la que paga una entidad financiera al "ahorrista", la "Tasa activa" es para quien recurre al crédito: el llamado "tomador". Ante tan esquemática sinopsis, por el carácter alimentario de los rubros comprendidos (haberes e indemnizaciones), al trabajador postergado en el cobro no se lo puede ubicar en el lugar de un "ahorrista".

La privación en la disponibilidad y goce de su indemnización y/o salario es contra su voluntad, no media acto deliberado del trabajador, la posición de supuesto inversor no puede sostenerse ni aún a costa de mucha imaginación y esfuerzo dialéctico. "Ahorrista" es quien libremente dispone usar parte de su efectivo (dinero) colocándolo a interés en pos de una ganancia y ello supone que sus necesidades básicas estén obviamente satisfechas. En realidad, el trabajador postergado en el pago, no ha tenido el dinero en sus manos, sólo es titular de un crédito que no puede efectivizar, pese a su voluntad de cobro, fruto del diferente poder negocial de las partes. Entonces, la figura que analizamos, no puede ser la del inversor.

En la mayor parte de los supuestos quien se ve obligado a pleitear tiene sus necesidades personales y familiares IN/satisfechas, por lo cual, la falta de pago de haberes e indemnizaciones suele acarrear la privación de servicios tan elementales como la energía eléctrica o el gas para consumo domiciliario. Con estos datos, corroborados por nuestra percepción cotidiana de la realidad, podemos asegurar que quien llega a pleito para percibir un crédito laboral no es un inversionista.

El trabajador/acreedor no es un ahorrista, no posee una suma de dinero ociosa, tampoco tiene ocasión de decidir, no pone dinero a interés, no tiene afán de lucro (ni especula con hipotéticas utilidades); simplemente: no puede cobrar, eso es todo.

El trabajador/acreedor, frente a la decisión unilateral y ajena a su voluntad (falta de pago del empleador), sólo tiene "... derecho para emplear los medios legales, a fin de que el deudor le procure aquello a que se ha obligado..." (art. 505 inc. 1º del Código Civil).

Por su parte, con su negativa al pago, el empleador/deudor se coloca en la posición de "tomador compulsivo de crédito", ya que su actitud omisiva, priva al trabajador/acreedor de la libre disposición de su "crédito alimentario"; por eso, debe aplicarse la tasa activa. Lo contrario, sería "premiar al moroso" con la "tasa mas baja" a su disposición.

Si el “tomador compulsivo de crédito” en ámbito comercial/financiero paga la tasa activa específica (llamada “descubierto no autorizado”); yo les pregunto: ¿porque no aplicar igual tasa al “tomador compulsivo de crédito” en ámbito laboral/alimentario?

En el proyecto, a título de excepción, se contempla que, si previo a recibir emplazamiento fehaciente del acreedor, el deudor abona directamente o consigna judicialmente el pago cancelatorio de las acreencias, los intereses descriptos en el párrafo anterior se reducen al nivel de lo que dichos bancos cobran en operaciones de descubierto previamente autorizado. Esta vía busca favorecer el cumplimiento de obligaciones en tiempo y forma, evitando condiciones que pudieran llevar a la morosidad.

En esto debemos ser claros y equilibrados. Un cliente bancario que solicita un “acuerdo para sobregiro en cuenta corriente”, se somete “contractualmente” a una tasa parecida al préstamo personal (llegado el caso, negocia el porcentaje); pero, para quien “gira en descubierto NO autorizado” la tasa supera el 35%,

porque lo dispone unilateralmente el prestamista. El primer caso es “de derecho” (negociación) y el segundo “de hecho” (imposición).

Según el concepto que manejamos de igualdad, se trata de “tratamiento igual entre iguales” o si se prefiere no discriminar con diferente tratamiento a los que están en pié de igualdad (art. 16 Const. Nac.).

Frente a estas reflexiones –fruto de la contemplación de la realidad- es inadmisible aplicar intereses a Tasa Pasiva porque quien así procede, esta emitiendo una tan clara como pérfida señal a la sociedad, impulsando a los empleadores para que adopten una actitud altamente corrosiva, como es dejar de pagar a sus trabajadores y dar a "ese" dinero cualquier otro destino (en contra del carácter alimentario de los rubros en juego).

Recurrir a una entidad bancaria para que "financie" el pago de remuneraciones e indemnizaciones obliga a la previa presentación de avales y garantías, demostrar un puntilloso cumplimiento fiscal y a veces garantizar la operatoria mediante la constitución de hipoteca ó prenda; para devolver el préstamo con una tasa de interés siempre superior a la de los bancos oficiales. En cambio, omitiendo el pago de créditos laborales se eluden las exigencias crediticias (administrativas, contables y fiscales), y directamente, sin trámite ni intermediario alguno, se "AUTO-acuerda" financiamiento a la tasa de interés mas baja que existe.

Si para pagar al trabajador/acreedor el obligado recurría a un banco ó financiera, el empleador/deudor tenía que aceptar obligadamente la "tasa activa" (sin discusión alguna).

Entonces ¿Que razones jurídicas hay para relegar al trabajador/acreedor a cobrar menos que la "Tasa Activa"? El mismo trabajador que no cobra, para atender necesidades primarias, se ve obligado a financiar la morosidad del deudor acatando sin alternativas la "tasa activa" (ó lo que su acreedor le imponga).

Mientras la morosidad salarial devenga tasa pasiva, la falta de pago de energía eléctrica ó de gas devenga una vez y media la tasa activa (sin perjuicio que a los pocos días -además- se interrumpe el servicio).

En ese mismo orden de ideas si el trabajador compró un electrodoméstico mediante crédito de la casa vendedora, es el Código de Comercio el que rige la negociación, disponiendo (art. 565) que a falta de estipulación entre las partes, se le aplican los intereses que "cobra" el Banco Nación; otro tanto sucede si suscribe uno o varios pagaré (art. 52 inc. 2° del Decreto Ley 5965/63) o si opera con cheques (art. 41, inc. 2 de la Ley 24.452). Si utiliza Tarjeta de Crédito la tasa superará el 43.75% ya que el interés podrá llegar (art. 16 de la Ley 25.065) al 125% de la que el banco emisor "aplique a las operaciones de préstamos personales en moneda corriente para clientes" (por lo general al 35%).

Según datos oficiales de la S.C.B.A., mientras el interés a Tasa Activa desde el 06/08/08 se ubicó en el 35.00% (entre noviembre/03 y agosto/08 fue de 17%), la Tasa Pasiva desde el 02/08/13 apenas llegó al 09.00% (anteriormente, desde 2006 había fluctuado entre 02.50% y 06.50%).

Con todo ello, a modo de ejemplo, si entre 2009 y 2013 el trabajador se endeudó por $ 100 tuvo que devolver entre $ 228 y $ 260 (en crédito personal o tarjeta de crédito); en cambio, por igual suma y mismo plazo el empleador pagó $ 123 o $ 198 (según que la sentencia fuera con tasa pasiva o activa promedio). Está claro que al tiempo que el trabajador "perdió", simultáneamente el empleador "ganó".

Con esa alquimia, al final del pleito el trabajador/acreedor recibe solo parte de su crédito. No solo se lo priva de intereses por "su dinero", sino que cobra menos capital. Aritméticamente "aparenta" cobrar intereses, pero -en realidad- accede a menos bienes que al generarse su crédito; ciertamente: se empobreció. Todo ello induce a los empleadores/deudores a postergar cuanto mas sea posible los pleitos, para licuar sus deudas, ya que para pagar la condena judicial hará falta solo una porción del capital.

Pero, además, hay otra cuestión principal, que no podemos omitir considerar y es que producida la mora, la posición del deudor se agrava en tanto no solo omite demostrar "IN-imputabilidad" (art. 509 Código Civil), sino que -además- obliga al acreedor a recurrir a la Justicia. Tiene "culpa" por la mora (art. 511 y 512 Código Civil) ya que solo la sentencia lo ha de vencer.

Cuando fijamos intereses a tasa pasiva, transferimos patrimonio (riqueza) del dependiente (acreedor) en beneficio del empleador (deudor) incurriendo en enriquecimiento sin causa, en contra del derecho vigente (art. 499 Código Civil). En esos términos es concederle al deudor moroso, el equivalente a la utilidad bancaria, el llamado "spread" (diferencia entre tasas activa y pasiva). Si el empleador/deudor se incautó del crédito del trabajador (por la fuerza de los hechos), es justo que se le ordene restituir (por la fuerza del derecho) condenándolo al pago de intereses a "Tasa Activa" y no "premiarlo" regalándole el "spread". Así, no tiene sentido que se prive de aplicar la tasa activa para no otorgar al trabajador/acreedor el "spread", mientras que -en los hechos- se le regala al empleador/deudor incumpliente la diferencia entre activa y pasiva.

Entonces ¿Qué motivo hay para que los créditos emergentes de una relación de trabajo se vean privados de la Tasa Activa? Hasta hoy no encontramos respuesta en el derecho vigente ni en el sentido común.

Es absurdo y discriminatorio fijar Tasa Pasiva al acreedor/trabajador (parte débil en la relación laboral) y a un mismo tiempo aplicar Tasa Activa cuando éste, asume el carácter de consumidor/deudor frente a una corporación, a un banco o a un grupo financiero (parte fuerte en la relación comercial).

Conforme lo expuesto, por tratarse de créditos alimentarios, es razonable aplicar intereses a Tasa Activa a los créditos de los cuales sean titulares un trabajador (o sus derechohabientes). En su defecto, se estaría vulnerando el derecho a la propiedad del trabajador/acreedor (art. 17 Constitución Nacional), al privarlo de su integral justa remuneración y/o DES/protegiéndolo contra el despido arbitrario (art. 14 bis Constitución Nacional).

La ley, concebida en esos términos, es abarcativa de todos los créditos dinerarios devengados por los dependientes en una relación individual de trabajo subordinado, con prescindencia del régimen legal al cual esté sometido su vínculo y se aplica en forma automática, sin petición de parte, desde que cada suma es debida y hasta su total cancelación.

En esta ocasión, sumo el valioso apoyo de un prestigioso catedrático y honorable ex magistrado de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo: el Dr. Rodolfo Capón Filas quien suscribió el proyecto legislativo, en prueba de adhesión tanto a los fundamentos como al texto legal propuesto; resultando casi ocioso referir que el mentado tiene una larga y elocuente trayectoria en la defensa de los derechos humanos del “Hombre que Trabaja” -tanto en ámbito académico, como en el judicial- de todo lo cual dan cuenta innúmeras publicaciones con sus trabajos. De entre ellos cabe mencionar la autoría de la “Teoría Sistémica del Derecho” y la conformación del “Equipo Federal del Trabajo”, del cual es su Presidente Honorario.

Específicamente cito como un hito (que me marcó en la defensa de la intangibilidad salarial) la tesis doctoral del nombrado (“La Depreciación Monetaria y las Deudas Laborales”, Editorial Plus Ultra, 1974) que de algún modo primero seguimos con el Dr. Luis Roberto Coronel (“Actualización monetaria de los créditos laborales” Derecho del Trabajo, 1977, pág. 1089) y luego desarrollé a título personal –con variantes- (“Intereses en materia laboral” Derecho del Trabajo, 2003, pág. 325 y “Tasa activa en el fuero laboral de la Prov. de Bs. As.” Derecho del Trabajo, 2013, pág. 472).

Brevemente debo aclarar que abandoné el camino de la “actualización” para tomar el de los “intereses bancarios” frente a la imposibilidad de contar con índices fiables para la correcta aplicación de la primera herramienta desde hace prácticamente una década.

Respecto a quienes proponen indexar, me permito recordar que toda referencia a la actualización monetaria se remite a índices oficiales (cuestionados hasta por mis nietos), los demás son privados y el Estado, como tal, no los puede tomar sin más. Veamos que el crédito sumaría un 10% por todo el año 2013 (más o menos como la pasiva que rondó el 9%). Jurídicamente hay razones para abogar por la llamada indexación, es cierto; pero, los registros a los cuales hay que atender para aplicarla están lejos de la realidad que percibimos a diario.

Como lo digo unos párrafos mas arriba, hace casi 40 años, abogué por la actualización tanto en pleitos a mi cargo como en Derecho del Trabajo (1977-p. 1089) pero como la realidad ha cambiado, también cambio yo. En este sentido les transfiero unas reflexiones y algunas preguntas: si los bancos no impulsan la actualización monetaria para continuar aplicando las diferentes tasas activas que tienen a su disposición –sin que nadie cuestione- ¿Será realmente mejor la propuesta de indexación?, ¿Los banqueros, acaso, no se dieron cuenta que los laboralistas tenemos algo mejor? ¿No caeremos en una trampa sin salida, pidiendo indexar? Si durante todo el año 2013 actualizamos (10%), a lo que le sumamos los intereses “puros” (6%), ¿Cómo se explica que la tasa que cobraron los bancos fue del 35% o superior? Por eso, mi planteo también tiene aristas económico-financieras, para alejarme de la actualización monetaria.

Finalmente, imagino que con una tasa de interés competitiva en términos reales, muchos empleadores/deudores preferirán pagar obligaciones laborales a los trabajadores/acreedores, antes que dar otro destino al dinero; todo ello con un adicional significativo: los tribunales tramitarían muchísimos menos expedientes. Pero estas cuestiones forman parte de una ocurrencia mía, nada más.

Con lo dicho se explica que al inicio, como mejor anticipo haya transcripto una frase de Raúl Scalabrini Ortiz: "... Todo lo que no se legisla explícitamente en favor del más débil, queda implícitamente legislado en favor del más fuerte...".

Igualmente, hasta que el proyecto se convierta en ley, las razones dadas bien podrían ser base de reflexión para que los jueces que hasta ahora aplican Tasa Pasiva -invocando “objeción de conciencia”- abandonen su alineamiento incondicional a la Corte (desuetudo de la “obediencia debida”), decidan aplicar una tasa de interés que no perjudique al trabajador/acreedor por ejercicio abusivo de posición dominante del empleador/deudor.
Beltrán Jorge LAGUYÁS

laguyasbj@yahoo.com.ar

Celular 223-15-560-8699


CONCRETA PONENCIA:
Propongo que el XVI Encuentro del Foro Permanente de Institutos de Derecho del Trabajo de los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires:

1.- Adhiera explícitamente tanto a los fundamentos como al texto de la propuesta concretada en el expediente HCDN 005-P-2014, tendiente al establecimiento de un “Marco General Regulatorio de Intereses en Materia Laboral”.

2.- Entrevistar a legisladores y asesores de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación (de todas las corrientes de opinión) en la búsqueda de apoyo al proyecto antes citado.

3.- En el mismo sentido visitar a las autoridades de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados (Presidente Dr. Héctor Recalde y Vice Sr. Víctor De Genaro), invitándolos a acompañar la iniciativa.

Proyecto de Ley (exp. HCDN 005-P-2014)

Marco General Regulatorio de Intereses en Materia Laboral
Artículo 1°: Todos los créditos generados como consecuencia de relaciones individuales de trabajo subordinado -que no se abonaren en tiempo y forma- desde el nacimiento de la obligación y hasta su total cancelación, devengarán intereses moratorios en el equivalente a la tasa que percibe -para operaciones en descubierto no autorizado- el banco oficial de la provincia o distrito del lugar de cumplimiento de la obligación; o si resultare mas beneficiosa para el acreedor la fijada por el Banco de la Nación Argentina.

Excepcionalmente, si previo a recibir emplazamiento fehaciente del acreedor, el deudor abona directamente o consigna judicialmente el pago cancelatorio de acreencias, los intereses descriptos en el párrafo anterior, se reducen al nivel de lo que esos bancos perciben en operaciones de descubierto previamente autorizado.
Artículo 2º: La presente ley, entrará en vigencia el siguiente día hábil posterior a su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará aún a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, incluyendo a las actuaciones administrativas y juicios en trámite, los que estuvieran en proceso de ejecución y cualquiera sea la etapa en que se encuentren, no obstante la eventual falta de reserva de los beneficiarios.

Los créditos que al momento de la entrada en vigencia de la presente ley hubieran sido reconocidos en sentencia firme y no se hubieran satisfecho, podrán ser cancelados con la tasa de interés fijada en la sentencia dentro de los quince días de publicada esta ley en el Boletín Oficial. Transcurrido dicho plazo sin mediar pago total de la acreencia, deberá practicarse nueva liquidación de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.
Artículo 3º: Esta ley es de orden público y regirá en todo el territorio nacional por aplicación de los artículos 14 bis y 75 incisos 12 y 32 de la Constitución Nacional.
Artículo 4º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.



Marco General Regulatorio de Intereses en Materia Laboral”

Proyecto de Ley (exp. 05-P-2014 ingresado en la HCDN el 07/03/14)


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