I introduccion. II alcance del estado de derecho






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ESTADO DE DERECHO Y OCUPACIONES

Carlos E. Delpiazzo

Profesor de Derecho Público II, Universidad de la República

Profesor de Derecho Administrativo, Universidad de Montevideo

Director del Master de Derecho Administrativo Económico, Universidad de Montevideo
Andrés Robaina Raggio

Aspirante a Profesor Adscripto de Derecho Constitucional, Universidad de Montevideo

Miembro del Área Académica de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, Universidad Católica del Uruguay


SUMARIO:
I) INTRODUCCION. II) ALCANCE DEL ESTADO DE DERECHO. A) Noción. B) Bases constitucionales. C) Equilibrio de derechos. III) REALIDAD DE LAS OCUPACIONES. A) Noción. B) Derechos en juego. C) El equilibrio de derechos aboga en contra de las ocupaciones. IV) CONCLUSIONES.


I) INTRODUCCION
La reciente proliferación de ocupaciones por los trabajadores de sus lugares de trabajo, tanto en el ámbito público como en el privado, ha planteado la cuestión de la regularidad jurídica de tal modo de proceder.
En efecto, en todo Estado de Derecho, es valor entendido que, en palabras del dicho popular, “el derecho de uno termina donde empieza el de los demás”.
Siendo así, corresponde examinar si existe un derecho a ocupar el lugar de trabajo y, en su caso, si el mismo puede ser reconocido por una norma de rango legislativo o reglamentario teniendo en cuenta la limitación -o aún conculcación- que ello puede significar respecto a otros derechos reconocidos y garantizados por la Constitución.
A partir de la constatación de que la situación no presenta igual encuadramiento jurídico cuando es llevada adelante por trabajadores del sector privado y del sector público, se pondrá la atención preferentemente en el primer caso sin perjuicio de algunas referencias al segundo, en el que imperan distintos fundamentos.

II) ALCANCE DEL ESTADO DE DERECHO
A) Noción
El punto de partida para el análisis de la cuestión debe ser la noción misma de Estado de Derecho.
Al respecto, bien se ha dicho que “El origen de los conceptos y principios capitales que se concretan en la fórmula literal germánica Estado de Derecho (sumisión de la Administración a la ley y a los Tribunales de Justicia) no es fruto de la creación doctrinal de los juristas alemanes, sino, en gran parte, de la evolución liberal del Derecho público ingles, inspirador de las doctrinas de la separación de poderes y la tutela de los derechos individuales, que fueron consagradas en las Constituciones revolucionarias americanas y francesas, de fines del siglo XVIII y en las que se inspiraron en ellas como modelo”1.
“La vinculación existente entre las bases ideológicas y el desarrollo histórico del Estado Constitucional contemporáneo, protector de los derechos del hombre, de raíz anglo-franco-americana y el desenvolvimiento paralelo y efectivo del Estado de Derecho, constituye una verdad generalmente comprobada y afirmada por la doctrina”2.
Entre nosotros, Real caracterizó al Estado de Derecho como “aquel que en sus relaciones con sus súbditos y para garantía de los derechos de éstos, se somete él mismo a un régimen de Derecho, y está sujeto en su acción a reglas que, primero, determinan los derechos que se reservan los ciudadanos (los habitantes en general) y segundo, fijan las vías y medios por los cuales las autoridades públicas pueden lograr los fines del Estado”3, agregando que “el Estado de Derecho, supone, esencialmente, la finalidad estatal tutelar de los derechos humanos”.
Más recientemente, se han señalado como componentes básicos del Estado de Derecho: la sumisión del Estado al Derecho, la existencia de un sistema de control razonablemente efectivo y la regulación de los derechos humanos4.
En cuanto a la sumisión del Estado al Derecho, la misma se manifiesta en los principios de constitucionalidad, de legalidad, de jerarquía normativa, de descentralización, de publicidad, de irretroactividad y de responsabilidad5.
Es que para que el Estado de Derecho sea realmente tal no alcanza con que se proclame el sometimiento del Estado al ordenamiento jurídico sino que es necesario que se aseguren medios eficaces de que los actos del poder público no se excederán de su cauce, sea llamando a responsabilidad a los gobernantes, sea corrigiendo los actos que hayan sido dictados con apartamiento de la regla de Derecho.
De ahí que la existencia de un sistema de control apropiado y efectivo sea básico en todo Estado de Derecho, a fin de evitar que no se traicionen sus fines últimos y el respeto de los derechos fundamentales.
En cuanto a la regulación de los derechos humanos, destaca Risso Ferrand que “es preciso que encontremos una regulación constitucional de determinados derechos básicos, normalmente denominados derechos fundamentales o derechos humanos” ya que “no cualquier reconocimiento constitucional de estos derechos es suficiente para coincidir en que estamos frente a un Estado de Derecho, sino que la regulación debe presentar un contenido positivo y operativo”6.
Es que el Estado de Derecho no es una obra acabada ni ha permanecido inalterada7 sino en construcción para la procura de la finalidad que lo configura: “concurrir a la realización del hombre en plenitud mediante la función estatal protectora de la persona humana. Es regla paradigmática del Estado de Derecho la aceptación de una sustancia impenetrable para el Estado: la dignidad personal del hombre, que en su interioridad se desenvuelve y cuya proyección necesaria (la libertad exterior) plantea el reclamo de tutela”8.
El hoy del Estado de Derecho se caracteriza por las notas de democrático y social, en que no sólo se respetan sino que se garantizan los derechos fundamentales -todos- en equilibrio entre sí9.
B) Bases constitucionales
Es valor unánimemente aceptado -tanto por nuestra doctrina constitucional10 como administrativa11- que la Constitución uruguaya consagra la existencia de un verdadero Estado de Derecho, democrático y social.
Aún cuando la Carta no utiliza tales expresiones -como, en cambio, lo hacen textos comparados más modernos- es evidente que incorpora los rasgos definitorios de tales atributos.
En primer lugar, configura un Estado de Derecho porque todos los actos del poder público están sometidos al Derecho y se reconocen ampliamente los derechos fundamentales en el marco de un sistema de control efectivo.
Al respecto, en cuanto a la referida sumisión del Estado a Derecho, la Constitución consagra un amplio régimen de responsabilidad, tanto patrimonial como política, penal y disciplinaria (arts. 24, 25, 93, 147, 148, 174 y 296), a la vez que contempla la desaplicación de los actos legislativos declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia (arts. 256 a 261) y la anulación de los actos administrativos contrarios a la regla de Derecho por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (arts. 309 a 313)12.
Otro tanto ocurre con el reconocimiento de los derechos fundamentales, a cuya tutela efectiva la Carta dedica la Sección II, titulada “Derechos, deberes y garantías”.
La disposición que la encabeza, que es el art. 7º, establece que “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad”. Quiere decir que la Constitución reconoce como preexistentes dichos derechos y se limita a consagrar el derecho a la protección en el goce de los mismos.
Complementariamente, el art. 72, que cierra dicha Sección II, prevé que “La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno”. Por lo tanto, confirma que hay derechos que son tales no porque lo diga la Constitución, sino por su condición de inherentes a la personalidad humana13.
En materia de control, además de la separación de poderes que surge de los arts. 83, 149 y 233, la Constitución regula otras formas de control, tanto jurisdiccional como administrativo14.
En segundo lugar, que se está ante un Estado democrático surge nítidamente del pluralismo social y político (institucionalizado a través de los partidos políticos), de la amplia participación ciudadana a través de la elección periódica de autoridades y de multiplicidad de institutos de gobierno directo (tales como la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito), y del explícito reconocimiento de que “La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación” (art. 4º), la cual “adopta para su gobierno la forma democrática republicana” (art. 82).
En tercer lugar, es posible catalogar al nuestro como un Estado social -por oposición al individualista plasmado en la Constitución de 183015- en la medida que, a partir de la reforma constitucional de 1934, se reconocen los derechos fundamentales de segunda generación, que implican la protección de bienes tales como la familia, los menores, el trabajo, la salud, la enseñanza y la vivienda (especialmente en los arts. 40 a 71), que implican una reformulación del concepto de igualdad y del rol del Estado.
C) Equilibrio de derechos
La noción de Estado de Derecho se caracteriza no sólo por el respeto y la garantía del conjunto de los derechos fundamentales, sino por el armónico relacionamiento de éstos, en atención a la unidad del sujeto humano y en orden a su realización.
En efecto, los derechos humanos no admiten ser considerados exclusivamente como limitación al poder estatal, erigiéndose también frente a los demás particulares. Como se ha señalado, “es claro que es el hombre, con su dignidad, con su naturaleza, con su personalidad, el que propone la materia de los derechos humanos, pero la proporciona porque es aquella misma naturaleza la que está inserta esencial y existencialmente en un orbe de relaciones sociales, en una sociedad”16.
Tal circunstancia de la limitación frente a los demás no puede llevar a pensar en la inexistencia de la pretendida armonía entre derechos, afirmando la constante colisión de los mismos, en el marco de las relaciones sociales en que está inserto el hombre.
Es que, “los derechos, a diferencia de los intereses de las personas, son armónicos (…). Los seres humanos tenemos pretensiones y somos capaces de advertir que los demás también las tienen, y que para cada uno la propia pretensión constituye una verdad incontestable. Un orden jurídico se construye al advertir esta igualdad de los diferentes individuos, que es precisamente lo que origina la concurrencia o el conflicto potencial. Si el otro es tratado como un obstáculo, como una cosa, no hay orden jurídico, sino violencia; pero si es reconocido como un igual, se podrá tratar de armonizar la propia aspiración con las ajenas y, sobre la base de una verdad común, construir una regla de convivencia, esto es, un orden jurídico”17.
La armonización de los derechos se impone asimismo como consecuencia de una adecuada hermenéutica constitucional, que parte de la necesaria unidad de la Constitución, haciendo compatible internamente su contenido, y evitando la supresión recíproca de disposiciones, al menos en los casos concretos. Como se ha destacado, “se trata, en definitiva, de no admitir más interpretaciones de cada disposición constitucional que aquellas que resultan compatibles con las restantes disposiciones”18.
Lo antedicho conduce a la constatación de que salvo respecto a la vida -supuesto de todos los demás derechos humanos- no hay jerarquías rígidas entre los derechos ya que no hay fundamento alguno de Derecho positivo para atribuir diferente peso a los derechos, pretendiendo dar solución, por esta vía, a los supuestos casos de conflictos o colisiones entre ellos.
Según se ha destacado, “las diferentes jerarquizaciones propuestas suelen depender de criterios y baremos que, aunque gozan de cierta justificabilidad en términos constitucionales, se encuentran fuertemente marcados por condicionamientos ideológicos”19.
En todo caso, puede ser un método alternativo de interpretación constitucional empleado en la resolución de los supuestos conflictos entre derechos, el denominado balancing test o ponderación de los derechos aparentemente enfrentados.
“Los expositores de esta tesis procuran sopesar los derechos en juego. El punto de partida radica en considerar que todos los derechos y bienes son iguales y equivalentes entre sí, por lo que se impone una necesaria y casuística ponderación. Por regla general, los partidarios de esta tesis no proporcionan criterios para realizar la ponderación”20.
El problema de los métodos referidos es que llevan implícito “que los dos derechos alegados existen en el caso concreto, pero uno de ellos (…) debe sacrificarse en aras de un contrincante superior en abstracto y a priori -tal es el caso de la categorización o jerarquización- o superior en concreto -como ocurre con el método del balance-”21, es la “multiplicación de las falsas oposiciones: derecho de información o derecho al honor…, libertad de empresa o justicia social, ecología o desarrollo. No hay matices ni complementariedad…”22.
Por eso, partiendo de la necesaria interpretación armónica de los derechos, impuesta no sólo por la unidad del sujeto humano, sino también por la regla general de interpretación constitucional sistemática, en casos de concurrencia de derechos, la labor del intérprete se centrará en pensar cada uno de los derechos en juego desde su contenido esencial, a efectos de determinar, no el “peso” concreto de los mismos, para determinar cual es más importante o cuál debe rendirse, sino, cual de ellos comparece y cuál no”23.
Determinar el contenido esencial de un derecho es “mirar hacia los límites internos de cada derecho en litigio, hacia su naturaleza, hacia el bien que protegen, hacia su finalidad y su ejercicio funcional; es atender a sus respectivos contornos y a sus esferas de funcionamiento razonable”. El contenido esencial no es la última valla, que defiende un pequeño reducto inexpugnable para que aún pueda decirse que existe el derecho, sino que implica el amplio ámbito de ejercicio razonable de un derecho que, una vez definido en general y determinado en las circunstancias concretas, es absoluto, inexcepcionable, y no puede ser dejado de lado por razones utilitarias”24.

III) REALIDAD DE LAS OCUPACIONES
A) Noción
A partir de la realidad, puede decirse que la ocupación de los lugares de trabajo aparece como una medida gremial, de naturaleza colectiva, que se presenta habitualmente como una “modalidad atípica” o “prolongación” del derecho de huelga.
Según se ha señalado, “los móviles que están presentes en el origen de la ocupación de los establecimientos de trabajo son la intención de preservar la fuente de trabajo, el interés de poner obstáculos al empleador para continuar la actividad, el deseo de impedir la contratación de reemplazantes y la oportunidad de agravar la misma acción de protesta”25.
En la práctica se traduce en el ingreso no permitido a los lugares de trabajo, impidiendo el acceso del empleador, proveedores y otros trabajadores con voluntad de trabajar, paralizando el equipamiento disponible o usándolo según pautas propias.
B) Derechos en juego
Siendo que no existe en nuestro Derecho positivo norma expresa que haga referencia a un supuesto derecho a ocupar bienes ajenos, corresponde analizar los derechos que se invocan para fundar y para rechazar tal modo fáctico de proceder, actualmente de moda.
Por un lado, además del derecho de huelga, para la adopción de tal medida se suele invocar el derecho de reunión y la libertad de pensamiento por parte de los ocupantes.
Por otro lado, quienes reaccionan contra dicha práctica, argumentan la afectación de otros derechos, tales como el derecho de propiedad del titular del establecimiento, la libertad de comercio, industria y actividades lícitas, el derecho al trabajo de los trabajadores no ocupantes y del empleador, y el derecho a la seguridad jurídica.
Ante la improcedencia de afirmar la existencia de una solución constitucional que establezca una determinada jerarquización entre los distintos derechos, tomando como pauta hermenéutica la compatibilidad y armonía de los derechos antes que su oposición, la labor del intérprete debe consistir en perfilar hasta dónde, y en qué medida, puede argumentarse el ejercicio de los derechos referidos, a la hora de fundar jurídicamente la ocupación o la oposición a la misma.
Por una parte, comenzando por el derecho de huelga, es de ver que, tal como destacaran Couture y Plá, “no hay en el ordenamiento jurídico uruguayo ninguna definición ni caracterización legal, por lo que debemos atenernos al fenómeno de la huelga, tal como se nos presenta en la realidad”26, afirmando que, para que exista huelga, a su entender, se requieren tres elementos:
a) la omisión de prestar el trabajo;
b) la voluntad de dar, a esa omisión, significado de reclamación o protesta; y
c) el carácter colectivo del hecho.
Señalan ambos maestros que “La huelga es, antes que nada, una omisión de trabajo: el dejar de realizar la prestación de tareas a que estaría obligado cada empleado u obrero en virtud del contrato de trabajo. La omisión es el elemento más aparente, más notorio de la huelga. Esta siempre se presenta como una inejecución de la labor”27.
Aún cuando en la huelga no todo es omisión (ya que suele ir acompañada de una actividad demostrativa o exteriorizante de la voluntad inherente a la resistencia), es de ver que se opone conceptualmente a la ocupación que, en esencia, es acción sobre los bienes del empleador.
El art. 57 de la Constitución, incorporado en la reforma constitucional de 193428, en una redacción que se mantiene inmodificada hasta el día de hoy, dispone que “La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. Promoverá, asimismo, la creación de tribunales de conciliación y arbitraje. Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad”.
La discusión del texto en la Convención Constituyente no fue muy extensa ni muy ordenada, desarrollándose el debate en dos planos: en un plano general, discutiéndose la procedencia o no del reconocimiento del derecho de huelga; y en un plano particular, en referencia a algunas cuestiones vinculadas con el alcance de la disposición29.
La declaración constitucional de la huelga como derecho gremial significa no sólo que el Estado no puede prohibir las huelgas castigándolas penalmente, sino también que, producidas las huelgas, ellas importan una simple suspensión del contrato de trabajo y no la ruptura del mismo, superándose anteriores etapas verificadas en el marco de la evolución del enfoque jurídico del fenómeno30.
Por lo que refiere al derecho de reunión, el mismo se encuentra garantizado por el art. 38 de la Constitución vigente, según el cual “queda arantido el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República sino en virtud de una ley; y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos”.
Conforme lo definiera Jiménez de Aréchaga, “reunión es el concurso temporario de un conjunto de personas en un mismo lugar, que tiene por finalidad la exposición de ideas, el debate o la exhibición de una fuerza social”31.
Asimismo, se ha destacado que la reunión, para ser tal, requiere de tres elementos básicos: a) agrupamiento organizado (o con un mínimo de organización); b) discontinuo; y c) destinado al intercambio de ideas32.
En cuanto a la libertad de pensamiento, debe destacarse que la misma se encuentra aludida por la Constitución como forma específica de la libertad y garantizada concretamente por la Carta.
Como se ha señalado, “cuando el pensamiento trasciende al mundo exterior, posee consecuencias sociales y jurídicas. Aparece entonces el derecho de expresión o comunicación de pensamientos. De esta manera, la libertad de pensamiento, válidamente entendida, incluye la libertad de exteriorizar creencias y opiniones, como complemento indispensable del librepensador”33.
Según dispone su art. 29, “es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieren”.
Analizando la referida disposición, y luego de destacar que es el único caso del texto constitucional en donde se califica a la libertad de “entera”, y se usa una fórmula, que permite enmarcar a los futuros medios de comunicación que pudieren irse creando, Cassinelli Muñoz señala que la norma, al hablar de “comunicación” de pensamientos y no solamente de “expresión”, está protegiendo a los dos polos de la relación comunicativa: a quien expresa y a quien percibe el pensamiento comunicado. “Y el que expresa el pensamiento, el que ejerce la libertad de expresión lo hace con un alcance que llega hasta la comunicación al otro, de manera que se viola su libertad si no se permite o se obstaculiza el acceso de sus pensamiento al destinatario”34.
Por otra parte, el ejercicio del derecho de propiedad se concreta en la posibilidad de apropiarse y disponer de determinado bien. Según define el art. 486 de nuestro Código Civil, “el dominio, que se llama también propiedad, es el derecho de gozar y disponer de una cosa arbitrariamente, no siendo contra la ley ni contra derecho ajeno”.
Aún cuando el uso “arbitrario” de lo propio debe considerarse vedado por la superación de la concepción individualista de la propiedad35, nuestra doctrina define este derecho señalando que “consiste en usar, gozar y disponer libremente de una cosa, con tal de que no sea contra Derecho”36.
Así, a partir de la reforma constitucional de 1934, el referido derecho deja de calificarse como “sagrado” y se regulan en el art. 32 de la Carta dos grandes cuestiones: las limitaciones del derecho de propiedad, y el régimen para la privación de ese derecho37.
Según dispone el inc. 1º de esta disposición, “la propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general”.
Tal como destaca Cassinelli Muñoz, luego de referir a que la fórmula transcripta muestra la transacción entre la concepción clásica y la conceptualización moderna del derecho en cuestión, “el ejercicio del derecho de propiedad se puede regular por las leyes siempre que se funden en razones de interés general, pero no puede por esta vía llegarse a quitar el derecho de propiedad. La posibilidad de que se quite efectivamente, que se prive de la propiedad sobre determinado bien está rodeada de más garantías que la simple regulación por ley del ejercicio del derecho de propiedad”38.
En efecto, el propio art. 32 establece, en su inc. 2º que “nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una previa y justa compensación”, regulándose posteriormente el procedimiento expropiatorio39.
Como destaca Risso Ferrand, “en la hipótesis de privación ya no estamos frente a limitaciones generales en cuanto a la forma de ejercicio del derecho de propiedad, sino que nos encontramos con casos en los que un bien que forma parte del patrimonio de uno o varios sujetos es sustraído del mismo por la acción estatal”40, dándose en consecuencia garantías diferentes y fijándose límites más precisos a favor del derecho41.

La Constitución también reconoce y garantiza la libertad de industria, comercio y cualquier otra actividad lícita cuando dispone en el art. 36 que “toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes”.
También en este caso nos encontramos ante un derecho de amplio espectro, sólo limitable mediante ley -no siendo suficiente otro tipo de acto jurídico y menos aún las vías de hecho, aún cuando pretendan fundarse en otros derechos- y por razones de interés general.
Esto significa que la limitación no puede fundarse en cualquier interés sino únicamente en el interés general -que no puede ser el interés de un grupo o parte del colectivo social42- ya que debe ser ampliamente abarcativo, es decir, equivalente al bien común entendido no como la mera suma de bienes particulares sino como “el conjunto de condiciones de la vida social que posibilitan a los individuos y a las comunidades intermedias que ellos forman, el logro más pleno de su perfección”43.
Según se ha dicho, la regulación constitucional del interés general entre nosotros autoriza las siguientes premisas principales44:
a) encierra el reconocimiento de la necesidad propia de la persona humana y de sus comunidades de la acción de la sociedad políticamente estructurada (el Estado) para afirmar las potencialidades de su naturaleza, acción que se traduce primariamente en seguridad;
b) no exonera al hombre y comunidades intermedias de su protagonismo originario;
c) se define negativamente por la conducta de abstención de la acción estatal directa en cuanto hace a la libertad interior, y positivamente por el respeto de ésta y la creación del entorno protector de su intangibilidad;
d) procura asegurar la participación de todos en los bienes del desarrollo;
e) reclama la limitación de la proyección exterior de la libertad a fin de procurar que cada uno obtenga lo suyo;
f) tiene un carácter preeminente; y
g) debe presidir toda la actuación estatal, aunque el Estado no es el único protagonista del mismo.
En cuanto el derecho al trabajo de que son titulares no sólo los trabajadores en conflicto sino también el empleador y los demás trabajadores que no estén de acuerdo o no participen de las medidas gremiales, es preciso tener en cuenta que ellos también son beneficiarios del precepto contenido en el art. 53 de la Constitución.
Cuando dicha disposición establece que “El trabajo está bajo la protección especial de la ley” no realiza distinciones, de modo que no es legítimo hacerlas ni a favor de unos ni en perjuicio de otros.
Finalmente, respecto al derecho a la seguridad jurídica, a partir de la referencia a la seguridad contenida en el art. 7º de nuestra Constitución, el máximo comentarista de la misma ha dicho que "El derecho a la protección de la seguridad es un concepto muy amplio, que abarca el derecho a ser amparado por todas las normas de garantía relativas a los demás derechos constitucionalmente consagrados, y por las disposiciones legales que se dicten con la misma finalidad, en ejecución de los mandatos del constituyente"45.
Según se ha dicho, la seguridad “Es un sustantivo que traduce un estado institucional y/o personal. Proviene del latín securitas que dice de sus propiedades o de los componentes de lo propio, en tanto se refiere a lo cierto, lo confiable, lo indemne, lo conocido, lo indubitable, lo responsable, lo sólido, lo infalible, lo estable, lo continuo, lo transparente, lo tranquilo, lo protegido, lo amparado, de y en la vivencia y la convivencia"46.
La misma se entiende “como la certidumbre del individuo de que su persona, bienes y derechos están a salvo de ataques violentos e indebidos y, en el peor de los casos, de efectuarse, se harán cesar con premura y los daños le serán resarcidos; la seguridad es, por tanto, punto de partida del Estado y puerto de arribo del derecho”47.
Apreciada en sus caracteres, la seguridad como indicativa de la calidad de seguro, es decir, libre y exento de todo peligro, daño o riesgo, busca la salvaguarda de la unicidad de la persona humana, es reclamo de su dignidad inherente, y no halla su razón de ser en el Estado ni en la sociedad sino en el hombre como fin48.
Dentro de tal concepto genérico de seguridad, la seguridad jurídica alude a la certeza, el orden, la firmeza y la confianza en el ordenamiento49, no sólo en las relaciones jurídicas entre particulares sino especialmente en las relaciones entre el ciudadano y la Administración y aún frente al legislador50.
Según se ha dicho, la seguridad jurídica tiene un componente objetivo fincado en la certeza de la positividad del Derecho y su observancia, y en su aspecto subjetivo tiene en cuenta la confianza puesta por la persona en el comportamiento correcto de quienes deben aplicarlo51.
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