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EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA LEY.
Carolina Salas Salazar**

1.- GENERALIDADES
La evolución del pensamiento político fue particularmente distinta a partir del Renacimiento, cuando Maquiavello y su obra “El Príncipe” establecieron por primera vez el concepto de "Stato", lo que influido por las distintas corrientes de pensamiento filosófico fueron dando lugar a la estructuración de los primeros estados modernos.
Posteriormente, las ideas de John Locke y de Montesquieu, dieron lugar a uno de los principios más importantes del constitucionalismo clásico: la libertad y seguridad de los individuos sólo puede ser garantizada a través de un sistema en el que los poderes estatales se encuentren separados.
Como consecuencia de estos dos hechos, verdaderos pilares del pensamiento político contemporáneo, es que hoy podemos hablar del Estado de Derecho, consagrado en la gran mayoría de las Constituciones de occidente, y basado en cinco principios fundamentales, cuales son: 1) existencia de un marco constitucional, 2) soberanía popular, 3) separación de las funciones públicas, 4) reconocimiento, protección y garantía de los derechos fundamentales y 5) responsabilidad de los gobernantes.
Ya a partir de la Constitución de 1833, nuestro país ha reconocido estos axiomas, pudiendo distinguir claramente la existencia de un poder ejecutivo, legislativo y judicial, aunque más bien debiéramos hablar de un verdadero "entramado" de funciones públicas, es decir, de una separación flexible de funciones estatales, regido por el principio de la interdependencia por coordinación, toda vez que el objetivo de éste es obtener, además del resguardo y garantía de los derechos de los individuos, un equilibrio de poderes del Estado.
La Constitución de 1980 acoge ampliamente todas estas ideas en su capítulo 1º, denominado “Bases de la Institucionalidad”, estableciendo un gobierno democrático y republicano para Chile, regido por los principios de supremacía constitucional, legalidad y responsabilidad de sus gobernantes, todo ello enmarcado en el ejercicio de un mandato soberano entregado por la nación chilena a sus autoridades.

Un ejemplo claro de la expresión de la interdependencia de las funciones estatales en nuestro país, lo encontramos en el proceso de formación de las leyes. Allí actúan el poder ejecutivo, entendiendo por tal al Presidente de la República en el ejercicio de las facultades específicas que le confiere la Constitución y a sus Ministros de Estado; y el legislativo, representado por ambas ramas del Congreso Nacional.


2.- LA FUNCIÓN LEGISLATIVA
Las prácticas parlamentarias adoptadas en nuestro país y exacerbadas entre los años 1891 y 1924, y que nos sumieron en un verdadero caos gubernativo, llevó a que el ejecutivo que asumió su conducción en el año 1920, don Arturo Alessandri Palma, estableciera como necesidad urgente el dotar a Chile de un nuevo marco constitucional, para intentar frenar los excesos que había generado nuestro parlamentarismo criollo.
Es así como la Constitución de 1925 entregó amplias facultades al Presidente de la República en materia legislativa, es decir, se visualizó un poder ejecutivo fuerte, intentando dejar atrás la sumisión político-partidista a que estaba expuesto el Gobierno. Sin embargo, esta situación llevó a las Cámaras del Congreso Nacional a vivir un periodo de decadencia en materia legislativa, ya que se reducen las materias de iniciativa parlamentaria, nacen (como una práctica constitucional posteriormente recogida por el Texto Constitucional por Reforma del año 1970) los Decretos con Fuerza de Ley, se establece la participación presidencial ya no sólo en la iniciativa del proceso legislativo, sino también en materia de urgencias, de vetos, etc.
La Constitución de 1980 siguió el camino establecido por su antecesora, y es así como en su articulado entrega expresamente al Presidente de la República las siguientes facultades legislativas, a saber:
a. Artículo 32 Nº 1: Es atribución del Presidente de la República: “Concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, sancionarlas y promulgarlas”.

Lo que se manifiesta de la siguiente forma:

  • Iniciativa de Ley

  • Iniciativa exclusiva en determinadas materias de Ley (art. 62, inciso tercero)

  • Intervención en el debate parlamentario a través de sus Ministros (art.37)

  • Requerir de urgencia en el despacho de las Leyes (art.71)

  • Derecho a veto frente a un proyecto de Ley (art.70)

  • Sancionar las Leyes (darles su aprobación y adhesión al texto elaborado por las cámaras legislativas)

  • Promulgación de la Ley (dar existencia a la ley y fijar su texto)

  • Publicación de la Ley (dar a conocer la ley)

b. Artículo 32 Nº 2: Es atribución del Presidente de la República: “Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria y clausurarla”.
c. Artículo 61, relacionado con el artículo 32 Nº 3: Es atribución del Presidente de la República: “Dictar, previa delegación de facultades del Congreso, decretos con fuerza de ley sobre materias que señala la Constitución”.


3. TRAMITACIÓN DE LA LEY
El Capítulo V de la Constitución Política de 1980, en su acápite séptimo se encarga de regular de modo general el proceso de formación de la ley, el cual se complementa además con las normas de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, Ley Nº 18.918 y por los Reglamentos Internos de ambas cámaras legislativas.
En el proceso de formación de la ley, podemos distinguir distintas etapas por las que atraviesa un determinado proyecto de ley, y así tenemos:
3.a.- INICIATIVA
La iniciativa dice relación con la autoridad que pone en movimiento el proceso legislativo. Es quien propone el proyecto de ley para su discusión.
La iniciativa puede ser parlamentaria o presidencial. En el primer caso denominaremos a la iniciativa como MOCION; y en el segundo MENSAJE.
La iniciativa es un acto político importante, ya que quien cuenta con tal facultad tiene el poder de predeterminar las normas que regirán a la sociedad, dado que dispone del poder de elegir qué valores e intereses sociales van a ser tutelados por el Ordenamiento Jurídico.
Tanto las mociones , como los mensajes constan básicamente de dos partes: una primera parte en la cual se realiza una exposición de los motivos que originan la iniciativa, es decir, se contemplan tanto los antecedentes de hecho, como de derecho que la fundamentan y que forman parte de la historia fidedigna del establecimiento de la Ley, que, junto a los antecedentes producidos durante su tramitación, son de gran importancia al momento de interpretarla.; y una segunda parte que contiene el articulado o proyecto de ley.
El artículo 62 señala que en el caso de las mociones parlamentarias, no podrán ser firmadas por más de 10 Diputados, ni por más de 5 Senadores respectivamente. Esta norma repite un precepto ya establecido en la Constitución de 1925 y que tiene por finalidad que la presentación sea cuidadosamente analizada, ya que si fuera firmada por una gran cantidad de Diputados y Senadores se estaría produciendo, antes de su estudio, su aprobación, pues resultaría ilógico que quienes presentaron un proyecto de ley, posteriormente lo rechacen.

3.a.1 INICIATIVA EXCLUSIVA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Desde el año 1943, por reforma introducida a la Constitución de 1925, podemos hablar de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República sobre determinadas materias de ley. Antes de esta reforma los parlamentarios tenían libre facultad para presentar mociones que decían relación con el gasto público, los que no le dieron un uso acorde con la intención del Constituyente del '25, sino que más bien abusaron de ellas. En 1970, nuevamente por reforma, se aumentaron las materias entregadas a iniciativa exclusiva al Presidente de la República.
El Constituyente del '80 recogió el precepto ya señalado, lo amplió y definió aún más, reforzando la posición del Ejecutivo frente al Legislativo. Es así como hoy día, el Presidente de la República tiene la iniciativa exclusiva de formación de ley en las siguientes materias:


  • Alteración de la división política y administrativa del país.

  • Administración financiera y presupuestaria del país (incluye modificaciones a la Ley de Presupuestos).

  • Materias señaladas en artículo 60 Nº 10 (normas legales que fijan las reglas sobre enajenación de bienes del Estado o de las municipalidades y sobre su arrendamiento o concesión) y Nº 13 (normas legales que fijen las fuerzas de aire, mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paz o de guerra, y las normas para permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República, como, asimismo, la salida de tropas nacionales fuera de él).

  • Materias tributarias (establecimiento, supresión, reducción, condonación de impuestos), cualquiera sea su clase o naturaleza. Establecimiento de exenciones o su modificación, determinación de su forma, proporcionalidad y progresión.

  • Creación de nuevos servicios públicos o empleos rentados (creación de plazas y plantas de personal) dentro de la administración pública (fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado); suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones.

  • Contratación de empréstitos o cualquiera otra operación que pueda comprometer el crédito o responsabilidad financiera del Estado (incluye las entidades semifiscales, autónomas, gobiernos regionales y municipalidades) y condonar, reducir o modificar obligaciones, intereses u otras cargas financieras de cualquier naturaleza establecida en favor del Fisco o sus organismos.

  • Fijar, modificar, conceder o aumentar las remuneraciones, jubilaciones, pensiones, montepíos, rentas y cualquier otra clase de emolumentos, préstamos o beneficios al personal en servicio o en retiro de la Administración Pública y demás organismos estatales.

  • Fijar las remuneraciones mínimas para trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos.

  • Establecer modalidades y procedimientos de negociación colectiva. Determinar los casos en que se puede negociar.

  • Establecer o modificar las normas sobre seguridad social (sector público y privado).


Básicamente se trata de materias relacionadas con el gasto e inversión públicas, las cuales están revestidas de una enorme tecnicidad, conocimientos que, sin perjuicio de los órganos asesores, las Cámaras del Congreso Nacional no manejan. Además permite al Ejecutivo la planificación del desarrollo y el control del proceso económico.
En razón de lo anterior, las Cámaras Legislativas, tratándose de un proyecto de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, SOLO podrán, en el transcurso de su discusión, aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos y demás iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente de la República1.
En este tipo de materias, de gran relevancia para la marcha y funcionamiento del país, y el Congreso resulta bastante limitado al momento de discutirlas, ya que no hay posibilidad de presentar indicaciones o modificaciones a estos proyectos, ni siquiera, precisa la L.O.C del Congreso Nacional, para el mero efecto de ponerlas en conocimiento del Gobierno. Es por ello que a modo de contrapartida, sobretodo tratándose de la Cámara de Diputados, resalta la función fiscalizadora de ésta, consagrada en el artículo 48 Nº 1 de la Constitución de 1980.

3.b.- INGRESO DEL PROYECTO DE LEY AL CONGRESO (ORIGEN)
El origen dice relación con la Cámara en donde se inicia el estudio del proyecto de ley. La Constitución en su artículo 62, establece que las leyes pueden tener origen indistinto, tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado. La decisión dependerá de quien pone en marcha el proceso legislativo. De conformidad a lo prescrito en el artículo 12 de la L.O.C del Congreso Nacional “Todo proyecto de ley deberá presentarse en la cámara donde pueda tener origen con arreglo a la Constitución Política y, en el caso de las mociones, en la corporación a la que pertenezca su autor”.
A pesar de la regla general anterior, el inciso segundo del artículo 62 de la C.P.R establece como cámara de origen obligatoria a la Cámara de Diputados, en los casos de:

1.- Leyes sobre tributos de cualquier naturaleza

2.- Leyes sobre presupuesto de la Administración Pública

3.- Ley de reclutamiento
Ello se entiende en el contexto de que esta Corporación es un ente eminentemente representativo, por ello el constituyente estimó conveniente establecer esta limitación al origen de los proyectos.
Y será necesariamente cámara de origen el Senado, en caso de leyes de amnistía y sobre indultos generales. Ello lo entendemos, porque esta rama del Congreso Nacional es una cámara eminentemente conservadora, reflexiva en cuanto a discusión y asesora del Presidente de la República.

3.c.- DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE LEY EN EL CONGRESO NACIONAL
Una vez ingresado un proyecto de ley, sea por mensaje o moción, a la Oficina de Partes de cualquiera de las Cámaras, se procede a estamparle un cargo con la fecha de ingreso2, se sacan las copias correspondientes para cada parlamentario y se ponen a su disposición. Luego se incorpora a la Tabla de la respectiva Corporación (Orden del Día) y se da cuenta de su ingreso en sesión de sala de la respectiva cámara, en forma previa a su estudio por cualquier órgano de la corporación.3
En ningún caso se dará cuenta de mociones que no cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución, ello quiere decir se realiza un examen previo de admisibilidad. La declaración de admisibilidad o inadmisibilidad la efectúa el Presidente de la corporación respectiva.
Una sesión de sala de una corporación o rama del Congreso Nacional, consta de varios periodos, cada uno de ellos regulado por los Reglamentos Internos de cada cámara, así nos encontramos con:

1.- El periodo de “Cuenta”, la que realiza el Presidente de la Corporación, quien da cuenta de todo lo que ingresa a la respectiva cámara: mensajes, mociones, proyectos de acuerdo, proyectos de ley que pasan a su estudio particular en comisión, informes presentados por las comisiones, oficios enviados, oficios recibidos, etc. En general de toda comunicación hecha a la corporación.

2.- El periodo del “Fácil Despacho”, que dura 30 minutos. Durante este periodo los proyectos de ley se discuten en general y particular a la vez. Generalmente se trata de proyectos breves, de artículo único. Sin perjuicio de ello, se pueden solicitar por algún parlamentario que se excluya del fácil despacho algún proyecto de ley.

3.- El periodo destinado a la “Orden del Día”, es la tabla ordinaria, compuesta por los proyectos de ley de conformidad a su orden de ingreso a la cámara. Salvo aquellos que han sido objeto del decreto de urgencia.

4.- El periodo de “Incidentes”, que es el tiempo de la sesión destinado a promover el debate sobre cualquier asunto de interés público.


El inicio del proceso de formación de las leyes, exige además algunos requisitos formales especiales, a saber:
- Cada proyecto de ley debe ser presentado conjuntamente con los antecedentes que expliquen los gastos que pudiere importar la aplicación de sus normas, la fuente de los recursos que la iniciativa demanda y la estimación de su posible monto.

- No se admiten a tramitación ningún proyecto que proponga conjuntamente normas legales y normas de reforma constitucional o, que se trate de un proyecto que no reúna los requisitos formales previos que exige la Constitución y la L.O.C..

  • Los proyectos de ley que contengan preceptos relativos a la organización y atribuciones de los Tribunales de Justicia, deberán ser puestos en conocimiento de la Corte Suprema (artículo 74, inciso segundo)4.


PRIMER TRAMITE CONSTITUCIONAL:
La tramitación del proyecto se inicia con su discusión general en la Cámara de Origen. Esta discusión general dice relación sólo con las ideas matrices o fundamentales del proyecto (contenidas en el mensaje o moción) y que tiene por objeto admitirlo o desecharlo en su totalidad.
Luego de que se ha rendido cuenta a la Sala del ingreso del proyecto de ley, éste pasa a la Comisión de estudio pertinente, la que elabora un primer informe, basándose solamente en el estudio general del proyecto, el que posteriormente es sometido a votación de la Sala.
Esta discusión general puede producir dos consecuencias:
1.- Que el proyecto sea rechazado en general. En cuyo caso éste no podrá renovarse sino después de un año. Sin embargo, si el proyecto de ley es de iniciativa del Presidente de la República, éste podrá solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara.

En este caso, para que el proyecto de ley continúe en tramitación, deberá ser aprobado en general, por los dos tercios de sus miembros presentes. En ese evento, el proyecto volverá a la Cámara de Origen y seguirá su proceso de formación.
A su vez, si en la Cámara de Origen el proyecto vuelve a ser rechazado, esta vez por los dos tercios de sus miembros presentes, éste se considera desechado y se vuelve a la regla general (no podrá ser presentado sino después de un año).
2.- Que el proyecto sea aprobado en general. En este evento el proyecto sigue al "Trámite de Comisión". Es decir, le son asignadas la o las comisiones que deberán abocarse a su estudio particular. De conformidad al artículo 118 de la L.O.C, todo proyecto de ley sometido a la consideración de la Cámara, deberá ser informado por la comisión competente.
Con relación a este punto, el Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, señala en su artículo 118, que el Presidente de la Sala, a petición de un Diputado podrá solicitar el acuerdo unánime de la Cámara para omitir el trámite de comisión cuando se trate de un asunto obvio y sencillo o de tan perentoria urgencia, que no admita demora, excepto en los casos de los asuntos que deben ser informados por la Comisión de Hacienda, de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional.
La L.O.C del Congreso Nacional distingue dos tipos de comisiones:

- Las Comisiones Permanentes, reguladas por el Reglamento Interno de cada Cámara, pudiendo establecer tantas como fuere necesario para informar los proyectos sometidos a su consideración. Es el órgano de trabajo por excelencia, verdaderos “laboratorios legislativos” según los denomina don Carlos Andrade Geywitz5.
Cada Comisión está integrada por un número proporcional de parlamentarios de las distintas bancadas.
Entre las más importantes tenemos a la Comisión de Hacienda, que se encuentra establecida por la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Además de las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia, de Gobierno Interior, de Relaciones Exteriores, de Educación, de Defensa Nacional, de Obras Públicas, de Agricultura, de Salud, de Trabajo y Seguridad Social, de Minería, de Economía, de Vivienda y Urbanismo, de Familia, de Derechos Humanos, entre otras.
- Las Comisiones Especiales, nombradas por cada Cámara para el estudio de temas específicos o que se consideren importantes en determinado momento, y tienen la vigencia que determine la Cámara al momento de acordar su generación.
Además la Ley Orgánica Constitucional establece expresamente como Comisión especial a la Comisión de Presupuestos, formada por igual número de Diputados y Senadores (miembros de las Comisiones de Hacienda), siendo presidida por un Senador.
De acuerdo al artículo 66 de la Constitución de 1980, todo proyecto de ley puede ser objeto de adiciones o modificaciones, denominadas INDICACIONES, las que pueden ser hechas por uno o varios parlamentarios, pertenezcan o no a la Comisión de estudio.
Los Presidentes de cada comisión cuentan con la facultad (que tiene consagración constitucional) de desechar de plano aquellas indicaciones que no tengan directa relación con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. Además, la ley precisa que no podrán admitirse a tramitación indicaciones contrarias a la Constitución Política, ni que importen nuevos gastos con cargo a los fondos del Estado o de sus organismos, o de empresas de que sea dueño o en que tenga participación, sin crear o indicar, al mismo tiempo, las fuentes de recursos necesarios para atender a tales gastos.
Mientras el proyecto se encuentra en comisión se pone en funcionamiento todo un sistema de asesorías e información para los parlamentarios. Es así como cada comisión tiene la facultad de citar a determinadas personalidades (Ministros de Estado, Subsecretarios, jefes de servicio, autoridades, académicos, expertos en un tema) para que expongan acerca del proyecto, presenten sus críticas y pongan en conocimiento de la comisión las omisiones que observa al proyecto, en definitiva que ayuden a ilustrar el debate; también tienen la facultad de realizar visitas inspectivas a determinados lugares para observar en terreno alguna situación considerada importante por la misma comisión; pueden solicitar informes a determinados organismos, centros de investigación, Universidades chilenas y extranjeras, etc.
Aparte de las facultades contenidas en la Ley Orgánica Constitucional y el Reglamento de cada Cámara, tanto la Biblioteca del Congreso Nacional, como la Oficina de Informaciones de cada Cámara, cumple labores de asesoría en determinados temas, sin perjuicio del equipo de colaboración con que cuente cada parlamentario.
Las indicaciones son presentadas al secretario de la comisión, el cual las incorpora en un dossier especial que será discutido cuando el proyecto de ley esté en tabla de la comisión. Durante la discusión del proyecto, sea en primer o segundo trámite constitucional o en el estudio de las observaciones del Presidente de la República, la comisión elabora un informe con todos los antecedentes recopilados más las indicaciones realizadas, sean éstas aprobadas o rechazadas. Luego del debate y análisis del articulado de un proyecto de ley, se llega a un nuevo cuerpo normativo que se presenta a discusión particular a la Sala, es decir, el debate se realizará artículo por artículo.
En la Sala el proyecto es presentado por un parlamentario informante, el cual expone brevemente acerca de las conclusiones a que llegó la comisión y exhorta a sus colegas a aprobar el informe y nuevo texto propuesto por la comisión de estudios.
Durante el debate en Sala, el Presidente de la República se hace representar por sus Ministros de Estado, los que defenderán la posición del Gobierno en los respectivos temas a examinar.
Finalizada la discusión, se procede a su votación, con los quórum establecidos en la Constitución:

- Leyes Interpretativas de la Constitución: tres quintos de los miembros en ejercicio

- Leyes Orgánicas Constitucionales: cuatro séptimos de los miembros en ejercicio

- Leyes de Quórum Calificado: mayoría absoluta de los miembros en ejercicio

- Leyes Ordinarias: mayoría simple de los miembros presentes.
Las votaciones son públicas o secretas. Las públicas, a su vez, son nominales o económicas (mediante sistema electrónico o a mano alzada). Las secretas serán por balotas o por cédula.
De conformidad al artículo 5º B de la L.O.C, los miembros de cada una de las cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Esta norma se enmarca dentro del principio de probidad parlamentaria y transparencia de la gestión pública6.

SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL:
Una vez aprobado un proyecto de ley por su Cámara de Origen, éste se envía a la Cámara Revisora7.
En la Cámara Revisora se siguen inicialmente los mismos pasos reseñados anteriormente, es decir: estudio en comisión, discusión y votación.
Sin embargo pueden ocurrir situaciones especiales:
1. El proyecto es aprobado por la Cámara Revisora, se remite al Presidente de la República, quien, si lo aprueba, lo promulgará y publicará, convirtiéndose en ley de la República8.
2. La Cámara Revisora rechaza en su totalidad el proyecto de ley, se inicia un TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL y será discutido por una COMISIÓN MIXTA, integrada por el mismo número de diputados y senadores, la cual emite un nuevo informe, el que, si es favorable, será devuelto a la cámara de origen, requiriéndose para ser aprobado la mayoría de los miembros presentes. Y lo mismo deberá suceder en la cámara revisora.
En el evento que la comisión mixta no llegue a un acuerdo; o emita un informe desfavorable; o sea rechazado el informe por la Cámara de Origen: el Presidente de la República podrá pedir a la Cámara de Origen que se pronuncie sobre su insistencia (en el texto que aprobó en primer trámite), requiriendo para ello dos tercios de los miembros presentes.
Si se acuerda la insistencia, el proyecto pasa a la Cámara Revisora que lo desechó y sólo si ésta reúne un voto conforme de los dos tercios de sus miembros presentes, se entenderá que lo vuelve a rechazar.
3. La Cámara Revisora realiza adiciones o enmiendas. El proyecto vuelve a la Cámara de Origen, para que éstas sean votadas y se entenderán aprobadas con el voto conforme de la mayoría de los miembros presentes.
Si las adiciones o enmiendas son reprobadas, se inicia un tercer trámite, formándose una Comisión Mixta, que procede de la forma ya señalada.
Si la Comisión Mixta no llega a un acuerdo o alguna de las Cámaras rechaza la posición de ésta, el Presidente de la República puede solicitar a la Cámara de Origen que considere nuevamente el proyecto aprobado en segundo trámite por la Cámara revisora.
Si la Cámara de Origen nuevamente rechaza las adiciones o modificaciones por los dos tercios de sus miembros presentes, no habrá ley en esa parte o totalidad. Si hay una mayoría para el rechazo, pero menor a los dos tercios requeridos, el proyecto pasa a la cámara revisora y se entenderá aprobado con el voto conforme de los dos tercios de los miembros presentes9.

3.d.- VETO PRESIDENCIAL
Una vez terminada la tramitación de un proyecto ante el Congreso Nacional, éste debe ser enviado al Presidente de la República, para que la sancione, promulgue y publique.
La promulgación debe ser hecha dentro de los 10 días, contados desde que ello es procedente.
La publicación debe ser hecha dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio.
Ahora bien, en el estudio que realiza el Ejecutivo, pueden nacer ciertas objeciones al resultado obtenido en el Congreso Nacional. En dicho caso, se devuelve el proyecto a la Cámara de Origen con las observaciones convenientes dentro de 30 días.
En esta materia también rige el principio de carácter constitucional el que señala que en ningún caso se admitirán observaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubiesen sido consideradas en el mensaje presidencial respectivo.
Las observaciones se tramitan siguiendo los mismos pasos ya indicado para el estudio de un proyecto de ley, pudiendo producirse dos casos:
1. Las dos Cámaras aprueban las observaciones. El proyecto adquiere fuerza de ley y se devuelve al Ejecutivo para su promulgación.
2. Las dos Cámaras desechan todas o algunas de las observaciones del Presidente de la República e insisten por los dos tercios de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas. El texto se devuelve para su promulgación. Es decir, el Presidente requerirá el tercio más uno de los miembros de una Cámara para imponer su criterio.
En caso de que el Presidente de la República no devuelva el proyecto con sus observaciones dentro de los 30 días señalados, contados desde la fecha de su remisión por parte del Congreso Nacional, se entiende que lo aprueba y se promulga.
Si el Congreso cierra sus sesiones antes de dichos 30 días, el Presidente deberá hacerlo dentro de los diez primeros días de legislatura, ordinaria o extraordinaria siguiente.
Este sistema de veto, lo podemos calificar de suspensivo y parcial, ya que sólo suspende el proceso de aprobación de una ley hasta que las Ramas del Congreso Nacional se pronuncien sobre las observaciones formuladas por el Ejecutivo. En ningún caso se trata de un veto total, ya que se establece que podrá observar algunas disposiciones contempladas en el proyecto de ley aprobado por ambas Cámaras, no debiendo vetar necesariamente la totalidad del proyecto, como ocurre en el caso estadounidense.
También el veto puede ser clasificado como veto supresivo, cuando las observaciones del Presidente de la República tienden a eliminar algunas normas del proyecto aprobado por el Congreso; será veto sustitutivo cuando el Jefe de Estado a través de sus observaciones busca alterar el contenido de algunas normas aprobadas por el Congreso o incorporar en ellas ideas o criterios distintos a los aprobados en el Parlamento. Y por último, será veto aditivo cuando a través de sus observaciones el Presidente de la República desea agregar algunas disposiciones nuevas no consideradas en el proyecto aprobado.

3.e.- LAS URGENCIAS
El artículo 71 de la Constitución de 1980 y el artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, establecen que el Presidente de la República podrá hacer presente la urgencia en el despacho de un proyecto, en uno o en todos sus trámites, en el correspondiente mensaje o mediante oficio que dirigirá al Presidente de la Cámara en que se encuentre el proyecto; o al del Senado si éste se encuentra en Comisión Mixta.
También deberá calificar la urgencia, la cual puede ser: simple, suma o de discusión inmediata. Si la urgencia no es calificada, se entenderá que es simple.
El establecimiento de la urgencia hecha presente por el Ejecutivo, lleva envuelta un tratamiento especial en cuanto al plazo que tendrá el Congreso Nacional para despachar un proyecto, el cual es variable dependiendo de la calificación de la respectiva urgencia.
Cuando un proyecto es calificado de simple urgencia, quiere decir que su discusión y votación en la Cámara requerida, deberá quedar terminada en el plazo de 30 días. Si la calificación fuere de suma urgencia, este plazo será de 10 días; y si se solicita discusión inmediata, será de 3 días, caso en el cual el proyecto se discute en general y particular a la vez.
Los plazos de la urgencia comienzan a correr desde el momento en que se da cuenta de ellas a la Cámara respectiva.
En caso de que el proyecto se encuentre en Comisión Mixta, la simple urgencia será de 10 días para informar, contando cada Cámara con el mismo plazo para pronunciarse. Si es calificado de suma urgencia, el plazo es de 4 días para la Comisión y de 3 días para cada Cámara. Si la calificación es de discusión inmediata, el plazo es de 1 día, tanto para la Comisión Mixta, como para las Cámaras.
El término de la legislatura ordinaria o la clausura de la legislatura extraordinaria, darán lugar a la caducidad de las urgencias.
Bajo el imperio de la Constitución de 1925, se entregaba a la Cámara la posibilidad de suspender la urgencia mientras estuviere pendientes en la Comisión el estudio del proyecto, facultad no contemplada en la Constitución de 1980, lo que puede generar una situación de atochamiento de proyectos de ley calificados de urgentes, los que se despacharán sin el debido análisis y debate necesarios.
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