Mexico: La Comisión de Gobernación la recibirá. Avanza la propuesta para las radios comunitarias. (Fuente: La Jornada Michoacán). Michoacán






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REGIONES INDIAS

SEPTIEMBRE 9, 2009

Una producción de la

Agencia Internacional de Prensa Indígena

(AIPIN)

http://www.aipin.info
PRINCIPALES
MEXICO: La Comisión de Gobernación la recibirá. Avanza la propuesta para las radios comunitarias. (Fuente: La Jornada Michoacán). Michoacán. La propuesta que enviará el mandatario estatal Leonel Godoy al Congreso estatal para regularizar la actividad de las radios comunitarias en el ámbito estatal, tendrá como vía de recepción a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el aparato legislativo michoacano, informó el presidente de la Asociación de Radios Comunitarias de Michoacán, José Valencia Oseguera, al explicar el proceso para simplificar el aspecto administrativo que convertiría a las emisoras en sujetos de derecho público.
El promotor radiofónico dijo que la reunión pactada entre el mandatario estatal y los locutores comunitarios que se desarrollaría a propuesta del primero para definir la propuesta al Congreso, debió ser postergada tras el atentado que truncó de la vida a tras funcionarios del gobierno estatal el pasado miércoles en la ciudad de Morelia, aunque quedó el compromiso de reactivarla a la brevedad posible.
Valencia Oseguera señaló que los argumentos que presentarán al Congreso del Estado para dotar de seguridad jurídica a las radios comunitarias michoacanas y detener los decomisos de equipo a manos de las fuerzas del orden, se basan en el artículo primero constitucional, que establece el principio de no discriminación en el país; el artículo 27, relativo a los bienes de la nación y en donde se expondrá que el espacio radioeléctrico el propiedad comunal que puede ser utilizado por el sector indígena, así como en el artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, en donde se especifica que además de los legisladores y el gobernador del estado, los ciudadanos cuentan con el derecho de hacer propuestas al aparato legislativo para su análisis y eventual aprobación.
El entrevistado se refirió también a la negativa del diputado local Jesús Lucas Ángel, presidente de la Comisión de Cultura Indígena en el Congreso del Estado, para abordar el tema de las radios comunitarias, para mostrar estupor ante esa postura, aunque definió también que la propuesta legal que surgirá del Poder Ejecutivo se entregará a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales como vía de acceso para su discusión en el pleno.
Luego de señalar esa alternativa legal en el proceso de reconocimiento a las radios comunitarias, José Valencia Oseguera dijo que el tema no sólo engloba a un sistema de comunicación entre las comunidades indígenas, sino que “se trata de un asunto comunicación comunitaria en todo el estado de Michoacán, ya que en nuestro grupo están integradas radios comunitarias de poblaciones que no son indígenas, como Tepalcatepec, Los Reyes, Tingüidín y esto nosotros lo estamos viendo con una visión mucho más amplia”.
José Oseguera reconoció los deberes que las radios comunitarias deben respetar al ser reconocidas como instrumentos de desarrollo social: “como radios comunitarias, nosotros nunca hemos eludido la responsabilidad de colaborar en la difusión de los programas de desarrollo rural que emprenden los gobiernos municipales, estatal y federal, y solicitamos ser considerados como sujetos de derecho, lo que implica que si estás prestando un servicio a la comunidad no hay interés de hacer negocio, sino fuera así, hubiéramos pedido concesiones”.
Informó que en este momento se construye el documento base sobre el que girará la propuesta final, “y después le pediremos al gobernador el aval para que nos presente con el presidente de la Comisión de Gobernación y con quien tiene qué ver con estos asuntos de comunicación social”, y aunque el asunto se dirime también en el ámbito federal, Oseguera Valencia aseguró que “éste es el momento para crear las condiciones de mejoría en Michoacán”.
MEXICO: ¿APPO?... ¿APPO?... ¿Cuál APPO? Gustavo Esteva. (Fuente: La Jornada). Sigue corriendo la sangre en Oaxaca. El incidente en San Pedro Jicayán, una agresión priísta a maestros de la sección 22, puso a flor de piel la indignación y aparecieron de nuevo marchas y barricadas para desafiar la impunidad, la represión, la destrucción sistemática del estado de derecho. En el papel, se ganó esta baza. Traicionando a los suyos, el gobierno devolverá 58 escuelas a la sección 22, librará órdenes de aprehensión contra los agresores y desaparecerá poderes en los municipios involucrados.
Todo esto es expresión de la normalidad nacional. Prosigue el dominó invertido, la hipótesis que resolvería el supuesto enigma de la permanencia de Ulises Ruiz. Varios gobernadores y el propio Felipe Calderón se estarían diciendo: si fue posible sostener al impresentable Ulises, cerrando filas con él, será igualmente posible sostenerme…
Nada de eso es novedad. Pero la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), ¿qué hay de la APPO? ¿Cuál APPO salió de nuevo a la calle?
Se discute aún si lo ocurrido en 2006 fue mera revuelta popular, que se extinguió, o un movimiento de movimientos que podría reactivarse en cualquier momento.
Fueron las dos cosas. En 2006 estalló el descontento en una erupción espectacular. La represión apagó la erupción, pero el magma volcánico sigue hirviendo en las entrañas sociales y quedan las huellas de la lava que se desbordó en el estallido y se extendió ampliamente.

La revuelta fue expresión de diversos movimientos sociales (los que emergen del tejido social oaxaqueño y las manifestaciones locales de movimientos nacionales e internacionales). Estos movimientos se articulan y desarticulan continuamente, por una variedad de motivos y circunstancias. La de 2006 habría sido una de sus articulaciones más extensas y espectaculares.
Caracterizar a la APPO no es asunto teórico, sino práctico. Desde que nació transcurre en el conflicto entre dos corrientes políticas e ideológicas que se expresan vigorosamente en su seno. Ambas intentan dar a la APPO la configuración y orientación que a su entender son las apropiadas. Y así disputan y conciertan interminablemente acuerdos inestables.
Por éste y otros motivos, la APPO no ha llegado a existir. No es organización ni movimiento. No “somos todos”: ni están todos los que son ni son todos los que están. Tampoco cabe reducirla a sus mecanismos de articulación.
La corriente orientada de forma convencional a la “toma del poder” se enfrentó a cada paso a otra, sumamente heterogénea. Emanada de la experiencia de los pueblos indios, no de un grupo de iluminados, una ideología, un líder o un partido, la unificaban la desconfianza hacia los esquemas cupulares de acción política y las estructuras organizativas verticales y centralizadas, así como un gran desencanto con los procesos electorales, la democracia formal y las instituciones existentes. Intentaba proyectar al conjunto de la sociedad la forma de existencia social y organización política de las comunidades indígenas. Se articuló en torno a la asamblea, la figura que dio nombre a la APPO, pero no la veía sólo como mecanismo de toma de decisiones o ejercicio ritual, sino como componente central de la lucha misma y del régimen político que surgiría de ella: era un dispositivo que evitaba la separación de medios y fines y mantenía el ejercicio autónomo en todo el proceso. Esto planteaba un requerimiento de innovación que no ha podido resolverse, pero ha dado lugar a continua experimentación, particularmente en lo relativo a la tensión y contradicción entre presencia y representación.
La APPO ha sido hasta hoy una posibilidad, un intento. No tiene aún existencia ni realidad. Pero no es un fantasma. A su manera atropellada y dispersa, lo que seguimos llamando APPO expresa el vigor y la vitalidad de una manera de ser y pensar que forma una tendencia política profundamente enraizada en los pueblos de Oaxaca.
Por su origen, como intención y esperanza, la APPO tiende a ser una asamblea de asambleas. Para que lo sea realmente, se necesita primero que las comunidades indígenas, los barrios mestizos y todos los grupos que forman el abigarrado tejido social actual de Oaxaca se constituyan en asambleas capaces de expresar apropiadamente la voluntad colectiva, y que todas esas asambleas se aglutinen en una que las articule democráticamente a todas, conforme al principio del Congreso Nacional Indígena: ser red cuando estamos separados y asamblea cuando estamos juntos, no conforme al principio de representación. En ese camino podrá desaparecer el membrete tautológico, entre otras cosas para contribuir a la reconciliación en una sociedad agudamente polarizada.

Se requerirán aún grandes esfuerzos para que todos los empeños que avanzan en esa dirección se generalicen y para que todos confluyan en la APPO, es decir, que decidan conjunta y simultáneamente darle realidad plena a ese sueño ampliamente compartido.
MEXICO: Devuelven curul a mujer indígena. (Fuente: Reforma, La Jornada). Toluca, Estado de México. El PAN devolvió a la indígena Florentina Salamanca su curul en el Congreso mexiquense que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le quitó. Daniel Alvarado, el diputado que la 'despojó' de esta posición tras una impugnación por la asignación de las plurinominales, acordó pedir licencia definitiva para que la mazahua se convierta en la primera mujer indígena panista a ocupar un espacio legislativo. "En un gesto de enorme generosidad, en un gesto ejemplo, Daniel Alvarado ha decidido renunciar a esta diputación, pedir licencia y separarse en forma definitiva de este cargo para dar paso a la toma de posesión de nuestra compañera Florentina", anunció el dirigente nacional del PAN, César Nava. En conferencia de prensa en el que estuvieron presentes Florentina, Alvarado y el presidente del Congreso local, Gustavo Parra, Nava celebró que llegara la primera indígena diputada de Acción Nacional en toda su historia.
MEXICO: Devolverá el PAN curul a mazahua. (Fuente: La Jornada). Toluca. “Tarde, pero se hizo justicia”, dijo la indígena mazahua Florentina Salamanca Arellano luego que el líder del Partido Acción Nacional (PAN), César Nava, anunció que su correligionario Daniel Oswaldo Alvarado solicitará licencia para devolverle la diputación local del estado de México, que le fue arrebatada el primero de septiembre por decisión de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder de la Judicial de la Federación (TEPJF).
Trascendió que Alvarado llamó ayer a Salamanca para informarle que dejaría la curul plurinominal. Minutos después Nava la convocó al Comité Ejecutivo Nacional del PAN para confirmárselo, y desde Los Pinos le ofrecieron que “su asunto estaría resuelto” antes de este martes, con la intervención de Marcelina Castillo de la Cruz, otra indígena mazahua, relacionada con el presidente Felipe Calderón.
El coordinador del PAN en el Congreso local, Óscar Sánchez, y el diputado Gustavo Parra, a quien Salamanca acusó de maniobrar para impedir que llegara a la legislatura, dijeron hoy en conferencia de prensa que Alvarado pediría licencia este miércoles; sin embargo, personas cercanas a la indígena señalan que aún hay “resistencias” en el panismo mexiquense a cederle la curul. Empero, Salamanca dijo confiar en la palabra de su dirigente nacional.
El viernes pasado –cuando se instaló la legislatura y personal de seguridad le impidió entrar– Salamanca declaró a los reporteros que regresaría a trabajar al campo, “decepcionada” no del PAN, sino de sus líderes. “En todos los partidos hay gente buena y mala, pero aquí los indecentes fueron los dirigentes”, afirmó.
Salamanca fue candidata propietaria en el distrito 12 del estado de México y perdió el 5 de julio contra el Partido Revolucionario Institucional, pero también estaba en la lista de plurinominales y por esa vía obtuvo la diputación; sin embargo Alvarado se inconformó, pues en el distrito 30 –donde él compitió como suplente– el PAN obtuvo 37 por ciento de los votos contra 33 por ciento de la indígena, y el tribunal falló en su favor.
La afectada presentó el 4 de septiembre un recurso de reconsideración que fue “desechado de plano” por el tribunal y, tras el escándalo en medios mexiquenses y la intervención de su paisana Marcelina Castillo, el lunes César Nava dijo que legalmente la diputación le correspondía a Alvarado, pero decidió solicitar licencia, “en un gesto de enorme generosidad”.
MEXICO: Defienden a indígenas. (Fuente: Reforma, La Jornada). Todos somos Jacinta, Teresa y Alberta: ésa fue la consigna a cuyo tono una Cámara de Diputados unánime exhortó a la Procuraduría General de la República a presentar "a la brevedad posible" las conclusiones no acusatorias para que esas tres mujeres, pobres e indígenas, salgan de la cárcel en que sin causa están recluidas desde hace tres años. Sensible a deshoras a ese drama, la Junta de Coordinación Política pidió modificar el orden del día para introducir ese planteamiento, que suscitó una insólita coincidencia (a la que sólo el Partido Verde no se sumó, pese a que en algún momento su fundador Jorge González Torres se las dio de indigenista). Narcedalia Ramírez Pineda, que durante años ha realizado trabajo de promoción social entre los mixtecos en Oaxaca, a través de la Fundación Ayú, abrió la ronda de apoyos a esa posición de los coordinadores parlamentarios. En nombre de la bancada priista -y en el suyo propio, animada en este caso por su solidaridad de género y de condición étnica- dijo que en el caso de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González "la injusticia es patente". (Reforma; Jornada)
MEXICO: Solicitan diputados a la PGR que indemnice en breve a tres indígenas. (Fuente: La Jornada). La Cámara de Diputados aprobó ayer un punto de acuerdo para exigir a la Procuraduría General de la República (PGR) que “a la brevedad y en estricto apego a la ley y la justicia” presente las conclusiones no acusatorias en favor de las indígenas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, así como la reparación del daño que les causó el Ministerio Público al encarcelarlas sin pruebas contundentes por el presunto secuestro de agentes federales en el estado de Querétaro.
Al presentar la postura del PRI, la diputada Narcedalia Ramírez Pineda manifestó que las tres mujeres fueron detenidas con engaños, luego de que en un operativo, “bajo el pretexto de combatir la piratería”, un grupo de policías de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones esperaron a que compañeros suyos regresaran a pagar los daños causados a tianguistas en la comunidad ñañú de Santiago Mexquititlán, el 26 de marzo de 2006.
“La injusticia en este caso es patente. Todas las evidencias de ese hecho señalan que no hubo secuestro alguno y que Jacinta Francisco Marcial ni siquiera participó en los incidentes y negociaciones generados por los daños del grupo policial. Su error consistió en salir en una foto panorámica publicada en un diario local. Con esa única y endeble prueba fue condenada”, aseveró.
Por ello, dijo, no es suficiente con que sean liberadas, porque “hubo delito policial. Se indujo la justicia con falsos testimonios”. En consecuencia, además de retirar todos los cargos, la PGR debe “indemnizarlas debidamente”.
La diputada por el PRD Teresa Incháustegui reprochó que los agentes encargados de cumplir las leyes “se convierten en criminales, en infractores de la población, sobre todo contra los grupos más pobres y discriminados, en este caso mujeres indígenas que fueron incriminadas por policías corruptos y encarceladas por jueces omisos”. Además, expresó, en los casos de las tres indígenas “se exacerban todas las formas de discriminación: clase, pertenencia étnica y género”, pero refirió que no son los únicos casos, pues en todo el país indígenas o personas de grupos vulnerables o marginados están en la misma situación.
Su compañera de grupo Leticia Quezada aseguró que existe reprobación social a la impartición de justicia, que en el juicio a las tres mujeres violó el debido proceso, y también exigió su inmediata liberación y que se les repare el daño. “Jacinta, Alberta y Teresa han sido víctimas de discriminación racial y violencia institucional”, resaltó.
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