Coadyuvancia concepto / coadyuvante requisito: debe demostrar un interés legítimo en el resultado del proceso / accion de tutela oportunidad para presentar solicitud de coadyuvancia / tercero legitimidad para actuar como coadyuvante






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COADYUVANCIA - Concepto / COADYUVANTE - Requisito: debe demostrar un interés legítimo en el resultado del proceso / ACCION DE TUTELA - Oportunidad para presentar solicitud de coadyuvancia / TERCERO - Legitimidad para actuar como coadyuvante

Sobre la coadyuvancia en la acción de tutela, se resalta que está expresamente prevista en el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, y que frente a la misma la Corte Constitucional ha precisado lo siguiente: El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 consagra que quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud. Para actuar como coadyuvante, la jurisprudencia ha interpretado que la disposición antes transcrita contiene solo una exigencia: demostrar un interés legítimo en el resultado del proceso. Luego, si el juez de tutela haya acreditado el interés del tercero o terceros intervinientes para actuar dentro del proceso, se les debe permitir su vinculación sin que para el efecto se señale una forma específica para hacerlo…Además, esta Corporación ha considerado que permitir la participación de la persona o personas dentro del proceso de tutela cuando la decisión que se adopte dentro del mismo pueden afectarlos, realiza el contenido del artículo 2 Superior que establece como fin esencial del Estado: facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, como también la efectividad del artículo 29 de la Constitución, en lo atinente a la garantía del derecho al debido proceso…de conformidad con el 71 del Código General del Proceso, la solicitud de coadyuvancia puede realizarse mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia, y en el caso de autos dicha petición se realizó después del fallo de primera instancia, esto es, en un momento procesal en el que no se ha proferido una decisión definitiva… se observa que la impugnación de la sentencia de primera instancia fue realizada por Mario Manuel León Pulido, María Esther Verano Chacón y Blanca Ofelia Muñoz Pulgarín. Frente a los ciudadanos Mario Manuel León Pulido y María Esther Verano Chacón, se reitera en los términos antes expuestos, que los mismos en el presente trámite actúan como coadyuvantes, razón por la están facultados para efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayudan, entre ellos apelar la sentencia de primera instancia que es contraria a los intereses de ésta…Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud. La Corte ha considerado que la intervención permite al tercero el derecho a impugnar siempre que se mantenga un interés legítimo en la decisión. Por otro lado, el interés en la decisión judicial viene a ser elemento relevante para configurar la legitimidad de quien impugna, ya que sería injusto y contrario a toda lógica que el tercero afectado con aquélla, pese a no haber sido parte, tuviera que sufrir las consecuencias negativas de la misma sin poder acudir al superior jerárquico, en ejercicio de la impugnación, para obtener que en el caso se examinen sus circunstancias y su situación jurídica a la luz del Derecho que aplica el juez de tutela. Negar la impugnación en tales circunstancias habría representado flagrante desfiguración del derecho a impugnar consagrado en el artículo 86 de la Carta, violación abierta de los artículos 29 y 31 ibídem e inconcebible obstrucción del acceso a la administración de justicia. (Artículo 229 de la Constitución).

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 2 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 29 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 31 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 86 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 229 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTICULO 13 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTICULO 31 / CODIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTICULO 71
NOTA DE RELATORIA: En lo atinente a la coadyuvancia, ver: Corte Constitucional, sentencia T-533 del 30 de septiembre de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara; sentencia T-435 de 2006 y sentencia T-349 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Sobre la legitimación de un tercero para impugnar, ver: Corte Constitucional, sentencia T-403 de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y auto del 24 de julio de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION - Naturaleza / DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION - Requisitos para su limitación

La libertad de expresión, a semejanza de los demás derechos, no es un derecho absoluto, en ninguna de sus manifestaciones específicas (libertad de expresión stricto senso, libertad de información o libertad de prensa); puede eventualmente estar sujeta a limitaciones, adoptadas legalmente para preservar otros derechos, valores e intereses constitucionalmente protegidos con los cuales puede llegar a entrar en conflicto. Sin embargo, como se ha enfatizado en los apartes precedentes, el carácter privilegiado de la libertad de expresión tiene como efecto directo la generación de una serie de presunciones constitucionales la presunción de cobertura de toda expresión por el ámbito de protección constitucional, la sospecha de inconstitucionalidad de toda limitación de la libertad de expresión, la presunción de primacía de la libertad de expresión sobre otros derechos, valores o intereses constitucionales con los cuales pueda llegar a entrar en conflicto y la presunción de que los controles al contenido de las expresiones constituyen censura. Se tiene, pues, que toda limitación a través de actos jurídicos de alcance particular o general, proferidos en ejercicio de la función legislativa, administrativa, jurisdiccional, de policía u otra cualquiera desempeñada por el Estado de la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones (libertad de expresión en sentido estricto, libertad de información o libertad de prensa) ha de presumirse, en principio, constitucionalmente sospechosa, como una invasión del derecho protegido. Esta presunción es de hecho, y admite prueba en contrario; sin embargo, compete a la autoridad que establece la limitación la carga de demostrar que están dados los exigentes requisitos constitucionales para poder fijar una limitación en este ámbito. Dada la trascendencia de la libertad de expresión en el ordenamiento constitucional, las limitaciones de las que es susceptible, según están plasmadas en los tratados internacionales aplicables, deben interpretarse de manera restrictiva, en forma tal que se preserve el máximo campo posible de expresión libre de interferencias estatales. Por su parte, el juez constitucional al considerar toda limitación de la libertad de expresión como una actuación sospechosa, debe someterla en consecuencia a un juicio estricto de revisión constitucional, verificando que estén rigurosamente satisfechos los requisitos que la Corte pasará a explicar a continuación. La Corte considera necesario enfatizar que cualquier acto jurídico o actuación de hecho, de carácter general o particular, que de manera directa o indirecta limite el ejercicio de la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones, realizado por cualquier autoridad estatal colombiana independientemente de su jerarquía o su posición dentro de la estructura del Estado, ha de considerarse como una invasión sospechosa del ejercicio de este derecho y, por ende, someterse a revisión constitucional estricta para efectos de determinar si están dados los requisitos que hacen admisible una limitación estatal al ejercicio de esta importante libertad. El marco general de las limitaciones admisibles a la libertad de expresión, lo proveen los artículos 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que orientan la interpretación del artículo 20 de la Carta y demás normas concordantes. Una lectura detenida de estas disposiciones revela que las limitaciones a las libertades de expresión (en sentido estricto), información y prensa, para ser constitucionales, deben cumplir con los siguientes requisitos básicos: (1) estar previstas de manera precisa y taxativa por la ley, (2) perseguir el logro de ciertas finalidades imperiosas, (3) ser necesarias para el logro de dichas finalidades, (4) ser posteriores y no previas a la expresión, (5) no constituir censura en ninguna de sus formas, lo cual incluye el requisito de guardar neutralidad frente al contenido de la expresión que se limita, y (6) no incidir de manera excesiva en el ejercicio de este derecho fundamental. Entre los requisitos para la limitación de la libertad de expresión, para el caso de autos se resalta el de guardar neutralidad, en virtud del cual la autoridad que debe analizar la posibilidad de restringir dicho derecho, no le está permitido evaluar, modificar o recortar el contenido de lo expresado, so pena de incurrir en la prohibición de censura…La regla de neutralidad frente al contenido de las expresiones no impide que las autoridades establezcan limitaciones razonables que se refieran, no al contenido de la expresión, sino al modo, tiempo y lugar en que ésta se realiza, siempre y cuando estas limitaciones cumplan con los demás requisitos constitucionalmente exigibles… estima la Sala necesario resaltar que la neutralidad a la que se ha hecho referencia frente a la libertad de expresión, también se predica del Estado respecto a libertad religiosa y de cultos, por lo que éste en manera alguna le está permitido favorecer determinada confesión religiosa, y por el contrario debe asegurar el pluralismo y la coexistencia igualitaria y la autonomía de las distintas confesiones.

NOTA DE RELATORIA: Sobre el requisito de neutralidad y censura, ver: Corte Constitucional, sentencia T-391de 2007. En lo atinente a la libertad religiosa y de cultos, ver: sentencia T-332 de 2004 y C-766 de 2010.

DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION - Comprende el derecho a la libertad de expresión artística / LIBERTAD DE EXPRESION ARTISTICA - Noción. Componentes. Restricciones / CENSURA - Concepto

La libertad de expresión, consagrada genéricamente en el artículo 20 constitucional, y la libertad de expresión artística implícita en la primera como especie de aquél género comprende el derecho de toda persona a expresar y difundir su pensamiento y opiniones. Así mismo, el Constituyente de 1991 dispuso, con claridad meridiana, que la búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres (art. 71 de la C.P). La Corte Constitucional en pleno, en la sentencia SU 056/95, reconoció este doble carácter del derecho fundamental a la libre expresión. Dijo entonces: La libertad de expresión tiene una concreción y manifestación efectivas en el derecho que tiene toda persona de plasmar ... la narración de sus experiencias, concepciones intelectuales y creaciones espirituales que pueden asumir la forma de obras literarias, artísticas, científicas y técnicas, y difundirlos o darlos a la publicidad. En consecuencia, y al tenor del artículo 85 de la Constitución, la libertad de expresión artística es un derecho fundamental de aplicación inmediata, susceptible de ser amparado mediante la acción de tutela. Y es razonable que así sea, pues la expresión artística constituye el medio por excelencia para la realización del potencial creador de todo ser humano, resultando así corolario obligado del libre desarrollo de la personalidad, amparado en el artículo 16 Superior. Por esta vía se hace efectivo el deber impuesto al Estado, de promover y fomentar la creación de la identidad nacional a través de la cultura (art. 70 supra). La libertad de expresión artística comporta, de acuerdo con la normatividad y la jurisprudencia citadas, dos aspectos claramente diferenciables: el derecho de las personas a crear o proyectar artísticamente su pensamiento, y el derecho a difundir y dar a conocer sus obras al público. El primero de ellos, dado su alcance netamente íntimo, no admite restricción alguna, aparte de las limitaciones naturales que la técnica escogida le imponga al artista, y las fronteras de su propia capacidad para convertir en realidad material (pintura, escultura, cuento, canción, etc.) lo que previamente existe sólo en su imaginación. Cualquier acto, particular o de autoridad, que pretendiese poner freno al desarrollo del impulso vital del hombre creador, constituiría una afrenta a su dignidad humana. Así, la libertad para proyectar en objetos materiales una idea, en tanto pertenece a la esfera privada del individuo, es absoluta; dicha libertad se predica respecto del contenido, significado o mensaje de la obra, así como del medio para su manifestación plástica, es decir, de la técnica. Las autoridades de la República, entonces, no están llamadas a imponer restricciones en la elección que el artista haga de la técnica a través de la cual pretende expresar su arte, ni pueden legítimamente determinar el contenido de una obra, pues cualquier limitación en estas materias vulneraría la esencia misma del derecho… la segunda libertad ínsita en el derecho a la libre expresión del arte -la de dar a conocer las obras creadas- surge de la aplicación del artículo 20 de la Carta, arriba citado. Es consecuencia necesaria de este precepto, que toda persona tiene derecho a competir en igualdad de condiciones por un acceso a los medios públicos de difusión, para dar a conocer sus obras, así como tiene derecho la comunidad a apreciarlas y a escoger libremente aquellas que considere dignas de su aprobación o rechazo, sin que dicha elección esté viciada por la previa imposición o censura que haga el Estado de determinada concepción estética. En un Estado como el que define la Constitución de 1991, en el que las personas son moralmente autónomas, a nadie puede impedírsele difundir o tener acceso a las obras que quiera, so pretexto de su contenido inmoral o antiestético. El hacerlo, entrañaría un acto de censura, proscrito de nuestro ordenamiento constitucional y violatorio del derecho a la difusión de la expresión artística, contenido en los artículos 20 y 71 de la Carta Política. La censura consiste, precisamente, en prohibir o recortar la difusión de cualquier idea por la sola razón de ser contraria a una ideología determinada, incluso si dicha ideología es la acogida por la mayoría de habitantes de una región o de todo el territorio colombiano. Ello se deriva del carácter pluralista de la Constitución (manifiesto en los artículos 1, 7, 10, 13, 16, 18 y 19, entre otros) que no oficializa ningún credo religioso ni otorga privilegio a ninguna concepción de la moral o a convicción ideológica alguna.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 1 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 7 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 10 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 13 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 16 / CONSTITUCION POLITICA / ARTICULO 18 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 19 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 20 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 70 / CONSTITUCION POLITICA - ARTICULO 71

NOTA DE RELATORIA: En sentido similar al caso objeto de estudio, ver: sentencia T-104 de 1996, de la Corte Constitucional.

DERECHO A LA LIBERTAD DE CULTOS, AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Y A LA DIGNIDAD HUMANA - Exposición Mujeres Ocultas no vulnera los derechos fundamentales / EXPOSICION ARTISTICA - Exhibición artística de partes del cuerpo femenino en Museo Santa Clara, antiguamente, Monasterio de las Hermanas Clarisas

Al analizar la demanda presentada por la señora Martha Daza de Cuestas, y los escritos radicados por quienes actúan como coadyuvantes de la parte demandante, se observa que pretenden mediante la acción constitucional, la cancelación de la exposición Mujeres Ocultas que se realiza en el Museo Santa Clara, argumentando fundamentalmente, que dicha exposición al utilizar símbolos propios de la religión católica (en especial custodias) para exhibir partes del cuerpo femenino, en un lugar que en anteriormente fue un Monasterio de la Hermanas Clarisas de Colombia, agrede directamente a los creyentes católicos, especialmente a las mujeres que han optado por la vida religiosa… Considera la parte demandante que la referida exposición, que fue permitida por el Ministerio de Cultura, vulnera directamente la libertad de culto, el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana de los fieles católicos, en especial de las mujeres… Por su parte, el Ministerio de Cultura, el juez de primera instancia y la ciudadana María Eugenia Trujillo Palacio (la artista de la obra Mujeres Ocultas), afirman que con la mencionada exposición de manera alguna no se afectan los derechos invocados, y que la misma constituye la materialización del ejercicio del derecho a la libertad expresión, particularmente a la libre expresión artística, respecto de los cuales destacan que la Constitución Política indica que no habrá censura… Añádase a lo expuesto, que el lugar en el que se lleva a cabo la mencionada exposición, según indica el Ministerio de Cultura, desde el año 1969 fue desacralizado, no es un templo confesional de la iglesia católica, actualmente es un museo en el que se realizan actividades culturales y pedagógica y no se practican ritos sacramentales desde aquellas épocas, razón por la cual sin perjuicio del valor sentimental e histórico que el mismo tenga para algunas personas que profesan la fe católica, el mismo en la actualidad brinda un espacio cultural, en el que tienen lugar distintas expresiones artísticas, que se reitera no pueden censurarse por parte del Estado, por el hecho de que un sector de la población considere que son contrarias a sus creencias personales y/o estilo de vida.

DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION ARTISTICA - Prohibición de censura / DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESION ARTISTICA - Que lo expresado por la artista no sea compartido o resulte ofensivo para algunos ciudadanos no da lugar a restringir el derecho fundamental / EXPOSICION ARTISTICA - Ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora y sus coadyuvantes

La parte accionante no invoca alguna disposición en virtud de la cual pueda concluirse que no son permitidas las manifestaciones artísticas que puedan ser ofensivas para determinado sector de la población en cuanto a sus creencias religiosas, y por el contrario se tiene, que la Constitución Política en su artículo 20 establece de manera diáfana que no habrá censura, razón por la cual no puede prohibírsele a la referida artista que mediante la mencionada obra exprese su opinión, ni tampoco solicitarle al Estado, como lo hace la accionante y los coadyuvantes en esta oportunidad, que acoja la posición de aquellos que no comparten la mencionada obra porque es contraria a su fe, desconociendo a juicio de la Sala el carácter laico del Estado Colombiano, en virtud del cual hay separación de éste y las iglesias, a fin de garantizar entre otros derechos, el pluralismo, la libertad de cultos, la libertad de conciencia, de expresión y el libre desarrollo de la personalidad. En efecto, ni de las normas invocadas por la parte demandante sobre la dignidad humana, la libertad de cultos y el libre desarrollo de la personalidad, ni de la jurisprudencia constitucional sobre el contenido y alcance de dichos derechos, se desprende la posibilidad de reclamarle al Estado que prohíba las manifestaciones artísticas que se consideren contrarias a determinada confesión religiosa, o incluso, a la ideología predominante en una región o en el territorio colombiano, y por el contrario se tiene, que en garantía de los mencionados derechos entre otros, la Constitución Política ha destacado el carácter laico y pluralista del Estado, en virtud del cual éste debe mantener una estricta neutralidad en materia religiosa y frente al contenido de lo manifestado por los ciudadanos en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, so pena de desconocer la prohibición de censura. En ese orden de ideas, no es válido restringir el derecho a la libertad de expresión de la artista por el hecho de que lo expresado por ésta no sea compartido o resulte ofensivo para algunos ciudadanos… en estricto sentido la referida exposición a juicio de la Sala, y como lo destacó el A quo, no vulnera los derechos fundamentales de la accionante y de quienes coadyuvan la acción de tutela, en tanto con la misma en manera alguna se les está constriñendo para que cambien su ideología religiosa, impidiendo que profesen la misma, o prohibiendo que expongan las razones por las cuales no comparten la referida exposición. Es más, se observa que las manifestaciones de inconformidad que han realizado la demandante y los coadyuvantes, como otros ciudadanos que comparten su posición, y que consideran que la mencionada exposición es contraria a la fe católica y constituye una ofensa a las mujeres que han optado por una vida religiosa, son ejemplo del ejercicio de la libertad de cultos y la libertad de expresión, sin embargo, en virtud de tales derechos no puede solicitársele válidamente al Estado que censure aquellos que tienen una opinión distinta y/o realizan una crítica de determinada confesión religiosa, se reitera, porque una petición en tal sentido es contraria al carácter pluralista del Estado Colombiano. En consecuencia, el Ministerio de Cultura al permitirle a la ciudadana María Eugenia Trujillo llevar a cabo la exposición Mujeres Ocultas en el museo Santa Clara, simplemente está garantizando el derecho a libertad de expresión artística de aquélla, sin que pueda considerase que con el permiso otorgado está vulnerando el derecho a libertad de culto o a la dignidad humana de quienes estiman que la referida obra es contraria a sus creencias religiosas, pues se reitera, no se está imponiendo que deban compartir el contenido de la exposición, ni alguna limitación al ejercicio de sus derechos fundamentales, en virtud de los cuales se insiste, pueden manifestar su inconformidad con aquélla, pero no exigir que el Estado censure a una persona que frente a determinado asunto tiene una perspectiva distinta.

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