Santiago, veintisiete de enero de dos mil once






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Santiago, veintisiete de enero de dos mil once.

V I S T O S:

En estos autos Rol N° 2.182-98, rol de la Corte de Apelaciones de Santiago, episodio “Chihuío”, por sentencia de primera instancia dictada por el Ministro de fuero señor Jorge Zepeda Arancibia, de treinta de noviembre de dos mil siete, que se lee de fojas 3.372 a 3.521, ambas inclusive, y la complementaria de dieciséis de septiembre de dos mil ocho, escrita desde fojas 3.620 a 3.635, ambas inclusive, se condenó a LUIS ALBERTO OSORIO GARDASANICH, a sufrir la pena única de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales pertinentes y al pago de las costas del juicio, ello como autor de los delitos de homicidio calificado que afectaron de Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Rubén Neftalí Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreria, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, Rubén Vargas Quezada y Fernando Adrian Mora Gutiérrez, ilícitos acontecidos el 9 de octubre de 1973, en el sector Termas de Chihuío. En tanto que a LUIS EDUARDO OSSES CHAVARRÍA, se le impuso la de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, accesorias legales correspondientes y al pago de las costas del juicio, por su participación en calidad de cómplice en los delitos de homicidio calificado de Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Juan Walter González Delgado, Rosendo Rebolledo Méndez y Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, ocurridos el 9 de octubre de 1973, en el sector Termas de Chihuío. En la misma se absolvió a BRUNO ESTEBAN OBANDO CÁRDENAS de la acusación de ser cómplice del delito de secuestro calificado en la persona de Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, a partir del 9 de octubre de 1973.

En su parte civil, se hizo lugar, con costas, a las demandas civiles intentadas en el primer otrosí de las presentaciones de fojas 2.550 y 2.566, condenando al Fisco de Chile a título de indemnización por concepto de daño moral, al pago de las sumas que en lo resolutivo se indican respecto de cada uno de los demandantes, con los reajustes e intereses que en ambas resoluciones se consignan.

Apeladas las anteriores decisiones por parte del Programa Continuación de la Ley N° 19.123 (fs. 3.537); por el Consejo de Defensa del Estado (fs. 3.539 y 3.642); por los querellantes particulares y demandantes civiles (fs. 3.564 y 3.566); en tanto que la defensa del enjuiciado Osorio Gardasanich formalizó los de casación en la forma y apelación (fs. 3.572); mientras que Osses Chavarría y Obando Cárdenas se conformaron de ella (fs. 3.562 y 3.602), respectivamente; y evacuado que fue el informe del Ministerio Público Judicial a fojas 3.660 y siguientes, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por decisión de uno de julio de dos mil nueve, que corre de fojas 3.692 a 3.708, ambas inclusive, en primer lugar procedió a rechazar el recurso de casación en la forma interpuesto por la defensa de Osorio Gardasanich, para a continuación resolver confirmar en lo apelado y aprobar en lo consultado, tanto la sentencia como y su complemento posterior.

En contra de la anterior decisión, los abogados Vivian Bullemore Gallardo y Yasna Bentjerodt Poseck, en representación del enjuiciado Osorio Gardasanich, dedujeron sendos recurso de casación en la forma como en el fondo, el primero se fundó en la causal novena del artículo 541, en relación al artículo 500 números 3º y 4º, ambos del Código de Procedimiento Penal; en tanto que el segundo, se construyó al amparo de la causal primera del artículo 546 del texto ya citado. Finalmente, el restante libelo impugnatorio de fojas 3.727 correspondió al Consejo de Defensa del Estado, dirigido exclusivamente a su fracción civil, invocando como motivación de forma la contenida en el numeral sexto del artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, en relación al artículo 768 N° 1 del Código de Procedimiento Civil; en tanto que el de fondo se estructuró en lo dispuesto en el inciso final del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal en relación al 764 y siguientes del de enjuiciamiento civil.

Finalmente, a fojas 3.806, se declaró inadmisible el recurso de casación en la forma interpuesto por el Fisco De Chile, ordenándose traer los autos en relación sólo respecto de los libelos de forma y fondo de la defensa del acusado Osorio, así como el de fondo de la defensa fiscal.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO: Que el inciso primero del artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie por disposición del artículo 535 del Código de Procedimiento Penal, faculta a este tribunal para invalidar de oficio la sentencia cuando del estudio de los antecedentes aparezca que, sea durante el proceso o con motivo de la dictación del fallo, se haya cometido algún vicio que autorice la casación formal de la sentencia.

SEGUNDO: Que, la anomalía detectada surgió luego de la vista de la causa, durante el estudio y análisis del fallo impugnado, sin que haya sido posible invitar a los abogados de las partes a debatir acerca de aquello.

TERCERO: Que, en directa relación a la línea argumental que se viene construyendo, el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal en su numeral cuarto exige que las sentencias definitivas de primera instancia y la de segunda que modifique o revoque la de otro tribunal, deben comprender, “Las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o por no probados los hechos atribuidos a los procesados; o los que éstos alegan en su descargo, ya para negar su participación, ya para eximirse de responsabilidad, ya para atenuar ésta”; para proseguir, en su número quinto con “Las razones legales o doctrinales que sirven para calificar el delito y sus circunstancias, tanto las agravantes como las atenuantes, y para establecer la responsabilidad o la irresponsabilidad civil de los procesados o de terceras personas citadas al juicio.”.

CUARTO: Que, a ese respecto se detecta la falta de exposición necesaria respecto del proceso de determinación de los castigos impuestos a los enjuiciados de autos, toda vez que en el caso de Osorio Gardasanich, éste aparece interviniendo en calidad de autor en un total de diecisiete delitos de homicidio calificado, de forma tal que aún con el reconocimiento de la minorante de su irreprochable conducta anterior, con el carácter de muy calificada, en los términos que reconoce el artículo 68 bis del Código Penal, conforme se lee en el veredicto en análisis, y la del artículo 103 del mismo texto ya citado, no permite explicar el quantum de la pena, a todo lo cual debe agregarse la reiteración de delitos, erradamente aplicada en el veredicto que se analiza, que supone la elevación de al menos un grado, sin que sirva como justificación el grado de participación establecido en el laudo, caso en el cual igualmente se aprecia el mismo yerro.

QUINTO: Que, en la sentencia de primer grado tan sólo se destina su motivo 49° para explicar dicho mecanismo, sin que logre comprenderse de qué forma operaron los factores legales y judiciales de determinación de castigos aludidos en la reflexión anterior, pues si bien dispone, en primer lugar, que se procederá a aplicar el inciso primero del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, producto de la reiteración, afirmando que la aumentará en un grado, luego se expresa contradictoriamente que: “por favorecerle la regla de disminución de la pena del artículo 103 del Código Penal –en virtud del artículo 68 inciso 3° del mismo código- la pena base, en el caso del acusado Osorio que concurre como autor, de tres años y un día, se aumenta en un grado, esto es se llega a la de presidio mayor en su grado mínimo.”

De lo anterior, no aparece de la sentencia que se explique en forma lógica los pasos seguidos para ello, pues se advirtió que preliminarmente correspondía subir la pena en un grado –cabe señalar que el tramo mínimo del castigo designado por la ley al momento de los hechos para el castigo del homicidio calificado, era de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio-, para expresar seguidamente que por favorecerle la minorante de la media prescripción la pena base queda en: “tres años y un día”, para proceder a continuación a un nuevo aumento, quedando en “presidio mayor en su grado mínimo”, lo que evidentemente no parece sensato ni guarda relación con el marco legal de la sanción, y solamente restaría suponer lo que el fallo quiso dar a entender en tan importante aspecto, lo no que es posible, pues pugna con la debida fundamentación que debe contener todo laudo criminal.

SEXTO: Que, similar situación acontece con el otro acusado -Osses-, quien interviene como cómplice en cuatro delitos de homicidio calificado, respecto de quien se extienden los efectos del mismo motivo 49°, conforme se afirma en su párrafo final, no obstante que registra una calidad distinta de partícipe y menor número de ilícitos que el otro enjuiciado –Osorio-. A pesar de ello, su castigo se construye en base a las mismas afirmaciones detectadas como contradictorias respecto del imputado Osorio, las que en el caso de Osses se aprecian absolutamente ajenas a su situación personal, dejando de paso sin sustento alguno la determinación de los tramos, aumentos o rebajas de penas aplicados.

SÉPTIMO: Que, sobre la motivación de una sentencia, como lo ha señalado esta Corte Suprema, se ha resaltado la importancia que todo fallo cumpla con los fundamentos de claridad, congruencia, armonía y lógica en los razonamientos que deben observar los fallos (Revista de Derecho y Jurisprudencia Tomo XXV, Sección 1ª., pág. 156, año 1928). En este contexto surge la distinción racional sobre lo que constituye en efecto el fundamento del fallo por parte de los jueces, distinguiendo lo que son las motivaciones, fundamentaciones, justificaciones y argumentaciones, problema resuelto por la jurisprudencia comparada al señalar que hay ausencia de fundamento tanto cuando este se encuentra ausente, como cuando la ausencia es parcial o son insuficientes los expresados, al igual que en el evento de existir incoherencia interna, arbitrariedad y falta de razonabilidad.

La motivación de las sentencias constituye un elemento esencial en un “justo y racional procedimiento” como exige nuestra carta fundamental, que debe cumplirse, por ser esta la ocasión en que el Estado, por medio del órgano jurisdiccional, responde al derecho de petición y especialmente a la acción intentada en el proceso, lo cual, sin duda, debe tener en consideración el tribunal superior al revisar eventualmente la decisión.

OCTAVO: Que como se advierte en el caso en estudio, la sentencia recurrida, queda incursa en la causal contemplada en el numeral noveno del artículo 541, del Código de Procedimiento Penal, en relación con el artículo 500, números 4 y 5, de la misma recopilación, pues no ha sido extendida en la forma dispuesta por la ley aplicable en la especie, por expresa disposición del inciso final del artículo 541 ya citado, deficiencia que, por otra parte, no puede subsanarse sino con la anulación del fallo que la contiene, por lo que esta Corte procederá a invalidarlo de oficio, dictando en su lugar la sentencia de reemplazo que corresponda, en los términos establecidos en los incisos segundo a cuarto del artículo 544, del Código de Procedimiento Penal.

NOVENO: Que pueden los tribunales, conociendo por la vía del recurso de apelación, consulta o casación o en alguna incidencia, invalidar de oficio las sentencias cuando los antecedentes del recurso manifiesten que ellas adolecen de vicios que dan lugar a la casación en la forma.

DÉCIMO: Que, atendida la existencia del vicio denunciado, y lo dispuesto por los artículos 535 del Código de instrucción Criminal y 808 del Código de Procedimiento Civil, se omitirá pronunciamiento sobre el recurso de casación en la forma, teniéndose por no interpuestos los de fondo.

Vistos, además, lo dispuesto en los artículos 535, 541, y 544 del Código de Procedimiento Penal; 775, 786 y 808 del Código de Procedimiento Civil, SE ANULA DE OFICIO DE FORMA, la sentencia de segunda instancia de fecha uno de julio de dos mil nueve, escrita a fojas 3.692 y siguientes, la que es nula, y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista, pero separadamente.

Se omite por innecesario pronunciamiento sobre los recursos de casación en la forma deducidos y se tienen por no interpuestos los recursos de casación en el fondo.

Regístrese.

Redacción del Ministro señor Ballesteros.

Rol N° 8314-09.


Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C., Hugo Dolmestch U. y el abogado integrante Sr. Alberto Chaigneau del C. No firman el Ministro Sr. Segura y el abogado integrante Sr. Chaigneau, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso y ausente, respectivamente.

Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.

En Santiago, a veintisiete de enero de dos mil once, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente a la señora Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.


SENTENCIA DE REEMPLAZO

Santiago, veintisiete de enero de dos mil once.

En cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de casación precedente y lo previsto en los artículos 535 y 544 del Código de Procedimiento Penal, se dicta a continuación la siguiente sentencia de reemplazo.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia de primera instancia que rola a fojas 3.372 y siguientes, con excepción de sus motivos 47°, 49°, 56°, 57°, 58°, 59°, 60°, 61°, 62°, 63°, 64°, 65°, 66°, 67°, 68°, 69°, 70°, 71° y 72°, que se eliminan.

Se excluye asimismo, la cita efectuada al artículo 2314 del Código Civil.

De la sentencia complementaria de fojas 3.620 y siguientes, se omiten sus motivos 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20°, 21°, 22° y 23°, y de sus citas la del artículo 2314 del Código Civil.

Se mantienen sólo las reflexiones contenidas en lo expositivo, y sus considerandos 1°) a 12°), ambos inclusive, todos de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de uno de julio de dos mil nueve.

Asimismo, se dan por reproducidos, en lo pertinente, los motivos de la sentencia de casación que antecede.

Y TENIENDO, ADEMÁS Y, EN SU LUGAR, PRESENTE:

1°).- Que los hechos de la causa han quedado definitivamente establecidos en el razonamiento 4º de la sentencia de primer grado, que la de segunda asumió como tales, los que no pueden modificarse y, que son los siguientes:

“Que en el territorio nacional, determinadamente, en la comuna de Futrono, sector del fundo Arquilhue; en los caseríos de Curriñe, donde funcionaba la administración y pulpería del Complejo Maderero y Forestal de Panguipulli; poblado de Chabranco, precisamente, en las inmediaciones de las Termas de Chihuío, donde en esa misma época se encontraba la sede del Sindicato "Esperanza del Obrero", al que pertenecían los trabajadores del Complejo Maderero; e internándose unos 16 kilómetros hacia la cordillera se encuentra Chihuío; como resultado de la violencia dirigida en contra de un sector determinado de la población civil, partidaria del régimen depuesto por las fuerzas militares, a contar del 13 de septiembre de 1973, de manera organizada campesinos fueron privados de libertad por funcionarios carabineros. Estableciéndose, además, que el 7 de octubre de 1973, se llevaron a cabo nuevas privaciones de libertad en contra de dicho sector de la población civil, por los mismos motivos. Asimismo, el día 9 del mismo mes y año, personal militar de los Regimientos de Caballería N° 2 "Cazadores" y "Maturana" de Valdivia, salió con rumbo a Futrono, al mando de un oficial; caravana que estaba compuesta por varios vehículos, entre jeeps y camiones y con una dotación aproximada de noventa personas.

Se dirigió dicha caravana militar hacia el sector sur del .Complejo Maderero Panguipulli, con el propósito de privar de libertad y dar muerte a un sector preciso determinado de campesinos, pertenecientes a la población civil.

Es así como en la localidad de Futrono, en un almacén, es privado de libertad por los efectivos militares (1) Luis Arnoldo Ferrada Sandoval, de 22 años de edad, casado, cuatro hijos, dicha víctima trabajaba en el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, como obrero agrícola.

Una vez en el sector de Llifén, los efectivos se dirigen al Retén de Carabineros donde éstos le hacen entrega de los campesinos que mantenían privados de libertad por las razones antes señaladas, entre ellos, se encuentra (2)Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, de 24 años de edad, casado, dos hijos, quien trabajaba en el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, donde se desempeñaba como Jefe de Fábrica, militante del Partido Socialista; dicho civil había sido detenido el 7 de octubre de 1973 en la localidad de Arquilhue por Carabineros de Llifén y trasladado a Futrono el día 8 de octubre.

Dejan privado de libertad también a (3) Rosendo Rebolledo Méndez, de 40 años de edad, casado, ocho hijos, trabajador en el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, dirigente del Sindicato Campesino Esperanza del Obrero, sin tenía militancia política. Esta víctima se había presentado voluntariamente en el Retén de Llifén el día 7 de octubre de 1973, donde quedó privado de libertad y el día 8 fue trasladado al Retén de Futrono;

Mantienen los militares además la privación de libertad del campesino (4) Manuel Jesús Sepúlveda Rebolledo, de 28 años de edad, casado, trabajador del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, sin militancia política conocida. Había sido dejado sin su libertad el día 7 de octubre de 1973, por Carabineros de Llifén, quienes lo entregaron el día 9 a la caravana militar.

El destacamento militar continúa su caravana hasta llegar hasta el sector de Curriñe, donde proceden a reunir a todos los hombres del lugar, los ponen en fila, con las manos en alto. Y privan de libertad a las víctimas cuyos nombres se encontraban en listas que los militares portaban, las que son conducidas al primer piso de un inmueble donde instalan una especie de tribunal, compuesto por quienes estaban a cargo del contingente.

En ese lugar fueron interrogados y golpeados los campesinos que venían señalados en la lista de nombres, entre ellos, (5) José Rosamel Cortés Díaz, 35 años de edad, casado, dos hijas, Trabajador el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, obrero maderero; perteneciente al Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero"; (6) Rubén Neftalí Durán Zúñiga, 22 años de edad, casado, un hijo. Trabajador del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, obrero maderero, perteneciente al Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero"; (7) Eliécer Sigisfredo Freire Caamaño, 20 años de edad, soltero, trabajador del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, obrero maderero; (8) Juan Walter González Delgado, 31 años de edad, casado, seis hijos, el menor de los cuales nació cuando él estaba detenido, empleado administrativo del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli y secretario del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero"; (9) Carlos Vicente Salinas Flores, soltero, 21 años de edad, inválido y trabajador del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, radio operador; afiliado al Sindicato Campesino Esperanza del Obrero"; (10) Pedro Segundo Pedreros Ferreira, de 48 años de edad, viudo, ocho hijos; empleado administrativo del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, donde se desempeñaba como Jefe de Predios.

Que los campesinos son llevados a los camiones militares y se dirigen al sector rural de Chabranco; lugar donde es apresado otro grupo de la población civil; estos son (11) Carlos Maximiliano Acuña Hinostroza, 46 años de edad, casado, dos hijas, trabajador del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli como obrero maderero y pertenecía al Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero"; (12) José Orlando Barriga Soto, 32 años de edad, casado, cuatro hijas, trabajador del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, donde se desempeñaba como oficial herrero, tesorero del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero". (13) Narciso Segundo García Cancino, 31 años de edad, casado, cuatro hijos, trabajador del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, obrero maderero; (14) Daniel Méndez Méndez, 42 años de edad, casado, ocho hijos; trabajador el Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, como obrero maderero; había sido presidente del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero"; (15) Rubén Vargas Quezada, 56 años de edad, casado, 10 hijos, Trabajador del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, obrero maderero; pertenecía al Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero"; (16) Sebastián Mora Osses, 47 años de edad, casado y tenía hijos; trabajador del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, obrero maderero. Fue tesorero del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero";

En este último lugar, los militares también privan de libertad al menor de diecisiete años y meses Fernando Adrián Mora Gutiérrez, de 17 años de edad, trabajador del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, obrero maderero, miembro del Sindicato Campesino "Esperanza del Obrero", al que del mismo modo que a los demás le dan muerte. Este menor era hijo de la víctima Sebastián Mora Osses.

En consecuencia en la relación a los sucesos establecidos en el proceso, puede precisarse que el día 9 de octubre de 1973, el personal militar, en horas de la noche, saca a los maltratados civiles de la casa patronal del Fundo Chíhuío, donde se les mantenía privados de libertad y los trasladan a las inmediaciones, determinadamente, a unos 500 metros de dicha casa patronal, lugar en que se les da muerte sin mediar proceso previo alguno.

Al día siguiente un testigo observa que los cuerpos sin vida de las víctimas presentaban cortes en las manos y en el estómago.

Se ha acreditado, además, que los cuerpos sin vida de las vícitmas permanecieron durante varios días en el lugar de los crímenes cubiertos solamente con ramas y troncos, hasta -que posteriormente son inhumados irregular y clandestinamente por terceros, utilizando para ese propósito tres fosas abiertas en el lugar.

En definitiva, con posterioridad al entierro irregular y clandestino de las víctimas, éstas del mismo modo irregular y clandestino fueron exhumadas por terceros, los que hacen, desaparecer los restos, sin que los familiares hayan tenido hasta el día de hoy el consuelo de recuperar sus cuerpos y darles cristiana sepultura.

Que, por otro orden de cosas, en relación con los civiles ejecutados se practicaron inscripciones de defunción con infracción a las normas de la Ley N° 4.808, sobre Registro Civil, en especial, respecto de los artículos 44, 45, 46 y 50, indicándose como lugar del deceso la localidad de Liquiñe, por "causas no precisadas", y se trató de acreditar los fallecimientos con el testimonio de soldados. En efecto, en las certificaciones relativas a Rosendo Rebolledo y Pedro Segundo Pedreros figura como "requirente" el oficial Luis Rodríguez Rigo-Righi (fojas 1855 y 1856); en las de Eliécer Freire(1870),Carlos Salinas (1871), Fernando Mora(1873),Ricardo Ruiz, (1874), Narciso García (1875), Sebastián Mora (1876), Daniel Méndez(1877), Carlos Acuña(1878), José Cortés(1879), Manuel Sepúlveda(1880), José Barriga (1881), Neftalí Durán(1882), Rubén Vargas 1883) y Juan Walter González (1884), comparecen como -testigos de comprobación de defunción" Arsenio (Zenén) José Cisterna Burgos, quien depone a fojas 1865, y Armando Vallejos Hazeldine, de 19 y 20 años, respectivamente, domiciliados en el "Regimiento "Cazadores".

2°).- Que, acertadamente los hechos se estimaron como constitutivos de los delitos de homicidio calificado en las personas de Carlos Maximiliano Acuña Inostroza, José Orlando Barriga Soto, José Rosamel Cortés Díaz, Rubén Neftalí Durán Zúñiga, Luis Arnaldo Ferrada Sandoval, Eliecer Sigisfredo Freire Caamaño, Narciso Segundo García Cancino, Juan Walter González Delgado, Daniel Méndez Méndez, Sebastián Mora Osses, Pedro Segundo Pedreros Ferreria, Rosendo Rebolledo Méndez, Ricardo Segundo Ruiz Rodríguez, Carlos Vicente Salinas Flores, Manuel Jesús Sepúlveda Sánchez, Rubén Vargas Quezada y Fernando Adrián Mora Gutiérrez, ilícitos acontecidos el 9 de octubre de 1973, en el sector Termas de Chihuío, los que se encuentran previstos y sancionados en el artículo 391, N° 1°, circunstancia primera, del Código Penal, esto es, cometidos con alevosía, por cuanto tal como resolvió el juez a quo, sus muertes fueron causadas en situación de absoluta indefensión provocada por la acción de terceros, los que procuraron obrar sin riesgo y sobre seguro, circunstancia suficientemente acreditada con los elementos de juicio que el mismo veredicto contiene en su motivo 3°).

3°).- Que se comparte la recalificación de los hechos, puesto que, como lo reconoce el juez a quo en el considerando 5º de la sentencia que se revisa, ello ocurrió producto de un mayor y más detenido estudio de los elementos de prueba analizados en esa sentencia. En efecto, constituyen para el Derecho Interno Nacional los delitos reiterados de homicidio calificado en las personas de las mencionadas víctimas, delito previsto y sancionado en el artículo 391 N ° 1 del Código Penal, concurriendo la circunstancia calificada de la alevosía, atendido que en momento alguno los ofendidos tuvieron la más mínima posibilidad de repeler la agresión, habiendo los agentes militares obrado sobre seguro, lo que refleja asimismo no sólo el ánimo de matar, sino que también el de procurar evitarse todo riesgo para lograr dicho propósito, y no dar oportunidad alguna a las víctimas de poder eludir la acción o de repeler la agresión en contra de sus vidas, la forma y circunstancias como se produjeron las muertes encuadran con absoluta facilidad en el concepto de alevosía, entendida ésta como la muerte dada ocultamente a otro, asegurando su ejecución por evitación de todo riesgo o peligro e imposibilitando intencionalmente la defensa de la víctima.

4°).- Que si bien la acusación fiscal de oficio y las adhesiones calificaron las acciones delictivas, en relación con los ofendidos antes singularizados, como constitutivas de los delitos de secuestro calificado y de un delito de sustracción de menores, en su caso, en definitiva, al coordinar los hechos con los tipos legales de ilicitud señalados en la ley, no es menos cierto que la acusación hizo una determinación general sobre tales hechos, en cuanto éstos afectaban a tales desgraciadas personas, procediendo enseguida a hacer cargos sobre el tipo penal a aplicar.

5°).- Que hay certeza absoluta de la muerte de las víctimas provocada por la acción de terceros que procuraron un obrar sin riesgo y sobre seguro, todo lo cual está suficientemente acreditado con los elementos de juicio analizados en dicho veredicto.

6°).- Que, tal como se precisa en la resolución que se analiza, a la luz del tipo penal en cuestión, no se advierte la inconveniencia ni menos la impertinencia de una motivación sustentada en que no sólo la recuperación física e identificación de los cuerpos de las víctimas, el dictamen pericial médico legal, los instrumentos públicos del protocolo de autopsia, examen de restos óseos, actas y certificados de defunción, sean los únicos medios probatorios para demostrar la existencia de los delitos, por cuanto también lo permite el cúmulo de los otros diversos medios probatorios que son idóneos para ello; como las declaraciones de los testigos, los instrumentos públicos y privados agregados a los autos y las graves, precisas y múltiples presunciones e indicios que fluyen de los antecedentes, elementos todos ya analizados pormenorizadamente en esa sentencia al referirse a los hechos punibles.

7°).- Que atendida la naturaleza del suceso investigado, se coincide con la conclusión de que se está en presencia de lo que la conciencia jurídica ha dado en denominar crímenes contra la humanidad.

Efectivamente, el presente ilícito fue efectuado en un contexto de violaciones a los derechos humanos graves, masivas y sistemáticas, verificadas por agentes del Estado, constituyendo la víctima un instrumento dentro de una política a escala general de exclusión, hostigamiento, persecución o exterminio de un grupo de numerosos compatriotas integrado por políticos, trabajadores, estudiantes, profesionales, adolescentes, menores y todo aquel que, en la época inmediata y posterior al once de septiembre de mil novecientos setenta y tres, se les sindicó la calidad de pertenecer ideológicamente al régimen político depuesto o que por cualquier circunstancia fuera considerado sospechoso de oponerse o entorpecer la realización de la construcción social y política ideada por los detentadores del poder. Garantizándoles la impunidad a los ejecutores de dicho programa mediante la no interferencia en sus métodos, tanto con el ocultamiento de la realidad ante la solicitud de los tribunales ordinarios de justicia de informes atingentes, como por la utilización del poder estatal para persuadir a la opinión pública local y extranjera de que las denuncias formuladas al efecto eran falsas y respondían a una campaña orquestada tendiente a desprestigiar al gobierno autoritario. Así, personas que se sirven de medios e instrumentos estatales para perpetrar tan graves crímenes contra los derechos y libertades fundamentales del individuo, se envuelven en un manto de impunidad tejido con recursos propios del Estado.

8°).- Que se denominan crímenes de lesa humanidad aquellos injustos que no sólo contravienen los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del hombre, que se manifiesta, como caso
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