Primera parte normas fundamentales






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Comisión de Estudios de la Constitución

BOLIVIA

PRIMERA PARTE

NORMAS FUNDAMENTALES

I.- Disposiciones Generales


Art. 1º La República de Bolivia es un Estado unitario. Su forma de Gobierno es la democracia representativa y adopta como forma de consulta popular directa el referéndum y el plebiscito.

Art. 2º El poder soberano pertenece al pueblo. El pueblo ejerce el poder directamente cuando concurre al referéndum y al plebiscito, y lo delega a sus representantes y autoridades en los casos previstos por esta Constitución y las leyes.

Art. 3º La República se adhiere a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y a los principios de cooperación y conveniencia internacional establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Participa en los organismos internacionales que no se opongan a las aspiraciones del pueblo boliviano.

Bolivia afirma su autodeterminación nacional, es contraria a todas las formas de opresión colonialista y sustenta la vigencia del principio de non intervención.

Art. 4º La República forma parte de la comunidad histórica de América Latina y aspira a su integración económica y política.

Art. 5º El Estado reconoce y sostiene la religión Católica, Apostólica y Romana. Garantiza el ejercicio público de todo otro culto. Las relaciones con la Iglesia Católica se regirán mediante concordatos y acuerdos entre el Estado Boliviano y la Santa Sede.

Art. 6º El territorio nacional no será transferido, arrendado ni enajenado en forma alguna, ni aún temporal o parcialmente, a potencia extranjera.

Art. 7º El Estado se funda en la unidad del pueblo. La alianza de las clases sociales interesadas en la liberación nacional realizará la integración efectiva en la sociedad y en la cultura de los grupos mayoritarios marginales y asegurará su participación activa en el gobierno.

Art. 8º La Bandera Nacional con los colores rojo, amarillo y verde; el Himno Nacional y el Escudo de Armas de la República, son los símbolos de la Patria.

La Ley determinará sus características y reglamentará su uso.

Art. 9º Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya la soberanía del pueblo comete delito de sedición

II.– Régimen Económico


Art. 10º Son del dominio originario del Estado, además de los bienes a los que la ley da esa calidad, el espacio aéreo dentro de los límites territoriales de la República, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas, los bosques naturales, las aguas lacustre, fluviales y medicinales, las fuentes de energía y todas las fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento económico. La ley establecerá las conveniencias nacionales de su concesión y adjudicación a los particulares.

Art. 11º El Estado reconoce las siguientes formas de propiedad: propiedad pública o estatal propiedad cooperativa, propiedad sindical. propiedad comunaria y propiedad privada. El Estado garantiza estas formas de propiedad y regula por ley su ejercicio.

Art. 12º Pertenecen al patrimonio del Estado y no serán objeto de concesión, las minas nacionalizadas y las que se le incorporen con fines de explotación, los yacimientos de hidrocarburos cualquiera que sea el estado en que se encuentren y la forma en que se presenten. Son inalienables e imprescriptibles, pero el Estado, en función de las necesidades nacionales, podrá otorgar contratos de operación y de servicios. La exploración, explotación, comercialización y transporte de hidrocarburos, sus derivados y la comercialización de los minerales corresponden al Estado.

Art. 13º La promoción y desarrollo de la energía nuclear es función exclusiva del Estado.

Art. 14º Los servicios públicos que también son del dominio originario del Estado, podrán ser concedidos a particulares solamente por causa de necesidad pública. La reversión de estos servicios al dominio estatal es condición implícita en esta clase de concesiones.

Art. 15º La economía nacional de funda en el esfuerzo común de las clases sociales bolivianas dispuestas a consolidar la independencia nacional, la justicia social y la seguridad del Estado mediante la industrialización, y el incremento de la actividad científica y tecnológica y la defensa y el aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio del pueblo.

Art. 16º La actividad económica de la República está sujeta a la planificación fijada por el Estado. Mediante los planes económicos periódicos, el Estado dirige e impulsa la promoción y transformación de la economía nacional para afirmar el progreso de la nación y el bienestar del pueblo. Las regiones menos desarrolladas y los sectores sociales de mayor atraso merecerán la atención del Estado para superar las diferencias sociales y culturales entre los habitantes de las ciudades y el campo.

Art. 17º Las explotaciones, las operaciones comerciales y de fomento a cargo del Estado se realizarán de acuerdo a programas que se ejecutarán preferentemente por entidades autónomas, autárquicas, empresas estatales o sociedades de economía mixta. Los directores de éstas no podrán ejercer otros cargos públicos ni desempeñar actividades industriales, comerciales o profesionales relacionadas con aquellas entidades.

Art. 18º Las entidades descentralizadas, autónomas y autárquicas que cumplan funciones industriales o comerciales, son empresas de promoción y de desarrollo económico, fundadas en la rentabilidad de sus operaciones.

Nadie, ni sus agentes ni empleados tienen derechos privados sobre el patrimonio de estas entidades ni su usufructo.

Dependen del Ministerio de Estado en el Despacho correspondiente. Tienen descentralización funcional. Pero deben cumplir los fines señalados por le Estado.

Art. 19º El Estado promoverá y estimulará el desarrollo de la capacidad creadora de la persona humana. La iniciativa privada tendrá la protección y la asistencia del Estado cuando se desenvuelva dentro de las leyes, del interés nacional y la justicia social.

Art. 20º Se prohíbe la acumulación privada de poder económico que ponga en peligro la independencia económica, la estabilidad política del Estado o su poder de decisión. No se reconocen los monopolios no los consorcios creados dentro o fuera del territorio nacional, para dominar mercados locales, regionales o el mercado nacional, o para imponer técnicas o precios en de trímetro del desarrollo normal de la economía, tecnológica y social en beneficio del país.

Art. 21º El Estado asumirá la dirección superior de la economía nacional cuando la necesidad y la seguridad pública así lo requieran. En ejercicio de esta atribución podrá adoptar las siguientes medidas que no son excluyentes de otras:

  1. Determinar la política económica general y dictar, en su caso, normas de carácter obligatorio;

  2. Establecer, organizar y administrar empresas y cooperativas industriales y comerciales que sean básicas para el desarrollo económico nacional;

  3. Regular la actividad comercial e industrial e instituir el monopolio fiscal de determinadas explotaciones, importaciones y exportaciones;

  4. Determinar la política monetaria, bancaria y crediticia, con objeto de promover el desarrollo ordenado de la economía;

  5. Prestar protección crear incentivos y conceder facilidades y asistencia técnica a toda actividad económica privada que sea útil para el interés colectivo.

Art. 22º Todas las empresas y súbditos extranjeros que ejercen actividad económica o de cualquier naturaleza dentro del país, están sometidos a la soberanía nacional, a las leyes y autoridades de la Nación sin que puedan reclamar protección ni condición diplomática.

Art. 23º Dentro de 100 kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por ningún título, suelo ni subsuelo, directa o indirectamente, individualmente o en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado. La propiedad adquirida.

Art. 24º Las empresas extranjeras establecidas en el país se convertirán en empresas nacionales o mixtas, en forma gradual y progresiva, incorporando accionistas y directores bolivianos o constituyendo empresas mixtas con el Estado. Este podrá asumir progresivamente el control total de esas empresas.

Art. 25º La República alienta y tutela el ahorro en todas sus formas, Favorece el acceso del ahorro popular a la propiedad de la vivienda, a la propiedad agropecuaria y a la directa e indirecta inversión accionaria en las grandes empresas del país. Los bancos nacionales, las cooperativas y las corporaciones financieras constituidas con capitales nacionales y que están legalmente reconocidas serán las únicas que tengan a su cargo el ahorro interno.

Art. 26º El Estado fomentará, mediante legislación adecuada, la organización de cooperativas.

La cooperativa como unión voluntaria de ciudadanos par ala creación de riqueza, la prestación de servicios, la distribución organizada de productos o la extensión de la cultura o como un medio de promoción del ahorro merece la protección del Estado.

Art. 27º Los bienes del patrimonio de la Nación constituyen propiedad pública inviolable e imprescriptible y todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de respetarlos y preservarlos.

Art. 28º Se garantiza la propiedad privada. Toda propiedad debe cumplir una función de utilidad y provecho para la sociedad.

El Estado puede limitar el derecho de propiedad privada y disponer su expropiación por causa de necesidad y utilidad pública, previo pago de indemnización justa conforme a ley.

Puede también disponer la estatización o la nacionalización de la propiedad privada cuando la necesidad social o el interés de la Nación así lo exijan.

Art. 29º El Estado garantiza el derecho de los habitantes de la República a la sucesión hereditaria de la propiedad privada conforme a la ley civil.

Art. 30º El Estado reconoce y protege el derecho de propiedad de los habitantes de la República sobre sus remuneraciones legítimas, sus ahorres, sus casas de vivienda y todos sus bienes.

Art. 31º El taller artesanal y la comercialización de sus productos merecerán la atención del Estado. Toda persona tiene derecho a adquirir medios e instrumentos de trabajo para desarrollar sus actividades, a adquirir inmuebles y otros bienes y ejercer con ellos actividades lucrativas.

Art. 32º La ley reglamentará la participación de los trabajadores en las cooperativas y en empresas de autogestión y cogestión.

Art. 33º Los aeropuertos, carreteras, ferrocarriles y otras vías de comunicación y de transporte construidos por los particulares son de interés social y de uso público, salvas las excepciones que establezca la ley.

Art. 34º Las Asambleas Departamentales, las Prefecturas y los Municipios no podrán crear sistemas protectores ni prohibitivos que afecten a los intereses de otras circunscripciones de la República, ni dictar ordenanzas de favor para los habitantes del Departamento, ni de exclusión para otros bolivianos.

No podrán existir aduanillas, retenes ni trancas de ninguna naturaleza en el territorio de la República, que no hubieran sido creadas pro leyes expresas.

Art. 35º Todo habitante tiene derecho a una vivienda decoroso. El Estado facilitará su adquisición y fomentara la construcción de viviendas pro entidades públicas y privadas.

Art. 36º Todo autor, inventor o investigador es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento científico, por el termino que señala la ley.

Art. 37º El comercio y la banca privada depositarán anualmente, en un fondo social, el saldo no pagado del 25% de sus utilidades que la ley destina a cubrir primas anuales. El fondo se capitalizará con fines de fomento industrial, vivienda y desarrollo social, a favor de los trabajadores de cada empresa de la nación.

Art. 38º Los trabajadores, según su antigüedad y sus funciones, sin perder su condición ni sus derechos de tales, participarán gratuitamente en el 25% del activo de las empresas industriales en que presten servicios, cuando éstas tengan más de veinticinco trabajadores, gocen de la protección del Estado y no hayan renovado su maquinaria y equipo dentro de los últimos quince años. La participación anterior constituye fondo social con fines de reinversión y desarrollo social. Los trabajadores tendrán también participación en sus directorios y consejos.

Art. 39º El comercio minorista y la pequeña empresa industrial calificados por la autoridad competente, reciben la protección del Estado y sólo pueden ser ejercidos por los bolivianos.
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