Magistrada Ponente: luisa estella morales lamuñO






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SALA CONSTITUCIONAL

Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

Expediente Nº 12-1090

            El 2 de octubre de 2012, se recibió ante esta Sala Constitucional, el Oficio N° 277/2012 del 26 de septiembre de 2012, anexo al cual, el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas remitió el expediente contentivo de la demanda de amparo constitucional ejercida por el abogado JOSÉ ENRIQUE MONTES DE OCA, titular de la cédula de identidad            N° 3.401.553 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 42.782, contra “(…) la acción agraviante del organismo público identificado como SENIAT, por haber violado flagrantemente [su] derecho a no ser sujeto del impuesto IVA (sic) en [su] labor de libre ejercicio, como profesional con título de grado universitario en contaduría pública y abogacía (sic)”.

 

            La anterior remisión se efectuó en virtud de la sentencia interlocutoria N° 134, dictada el 25 de septiembre de 2012, mediante la cual el preindicado órgano jurisdiccional declaró su incompetencia para conocer la acción de amparo constitucional ejercida y, en consecuencia, declinó su competencia a esta Sala.

 

            El 8 de octubre de 2012, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien, con tal carácter, suscribe el presente fallo.

 

Realizado el estudio individual de las actas que conforman el presente expediente, esta Sala Constitucional pasa a decidir previas las siguientes consideraciones.

 

I

DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

 

El actor señaló en apoyo a su pretensión de protección constitucional:

 

Que “(…) después de dirigir carta al SENIAT sin recibir la respectiva respuesta sobre la ilegalidad de [considerar] a (…) los abogados y licenciados en contaduría pública [que laboran] en libre ejercicio, sujetos del impuesto IVA (…), fundamentando el Seniat (sic) tal apreciación en el artículo diez seis-16 (sic), ordinal seis-6 (sic) de la Ley del Iva (sic) (Art. 16: No estarán sujetos al impuesto previsto en esta ley: ordinal 6 -sic-: Los servicios prestados bajo relación de dependencia de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo) , por estimar que (…) lo que [trabajan] de acuerdo a la LOT en libre ejercicio no [laboran] bajo una relación de dependencia sino en forma independiente (…)”, ocurre a los fines de ejercer la presente acción de amparo constitucional.

 

Relató que [d]esde hace muchos años y en la actualidad, el SENIAT, en una forma avasallante (…) ha obligado a los egresados con título de grado universitario regidos por la ley de ejercicio, tales como abogados, licenciado (sic) en contaduría pública, economistas, licenciados en administración comercial, licenciado (sic) en educación, laborando en libre ejercicio, los cuales no [tienen] un empleo permanente como profesional (…), a ser sujetos del impuesto IVA (sic), lo que (…) lleva a cobrarle a [sus] usuarios, los honorarios a través de facturas y de igual forma el impuesto del IVA (sic), depositar el IVA (sic), declarar las respectivas planillas, como también llevar los libros de compra y venta correspondientes, y la respectiva contabilidad como si [fueran] unos comerciantes (…)”.

 

Que [al obligarles] a usar factura para cobrar los honorarios a los usuarios se entiende que existe una incongruencia, ya que [ellos] no [son] comerciantes, [su] titulo (sic) no se inscribe en el Registro Mercantil sino en un Registro Civil. La figura de la factura solo es aplicable a los comerciantes, tal como lo establece el Código de Comercio en su artículo ciento cuarenta y siete (art: 147.- El comprador tiene derecho a exigir que el vendedor firme y le entregue factura de las mercancías vendidas………….) (sic). Además en dicha obligación no han considerado el statu (sic) del correspondiente profesional, si el mismo obtiene altos ingresos brutos o bajos ingresos brutos; si después de deducir los gastos y costos, le resulta un ingreso neto (el cual equivale a su sueldo) razonable a su posición económica o solo lo que hace es subsistir con dicho ingreso”.

 

Que [d]entro de la normativa de la Ley de Iva (sic) se encuentra los no sujetos al Iva (sic) en su artículo diez y seis-16 (sic); en el mismo, en el ordinal seis – 6 (sic), el Seniat (sic) no incluye a los profesionales que [tienen] título de grado universitario los cuales [laboran] en libre ejercicio, sino a los que poseen cargos permanentes, quienes son los únicos que ha considerado que si (sic) están bajo una relación de dependencia directa, conceptualizado (sic) los mismos en el artículo ciento trece de la LOT (…), desconociendo de esta forma a los profesionales con titulo (sic) de grado universitario regido por ley (sic) de ejercicio que [laboran]en libre ejercicio los cuales [efectúan] labores equivalentes a los trabajadores temporales y eventuales, quienes también están bajo una relación de dependencia, señalados en la antigua Ley Orgánica del Trabajo en sus artículos ciento catorce-114 (sic) y ciento quince-15 (sic)”.

 

Luego de una serie de consideraciones relativas a la reforma de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, apuntó que “(…) las leyes de abogacía y la contaduría pública, también contemplan en su contenido que los profesionales, abogados y contadores públicos, no [están] sujetos a impuestos comerciales o industriales, donde se encuentran incluido (sic) el impuesto IVA (sic), dispuesto en el artículo dos -2 de la ley de la abogacía y el artículo dos- 2 de la ley de ejercicio de la contaduría pública, con la cual, con tales criterios se fundamenta este amparo (…).”

 

            Con relación a los fundamentos de derecho de su pretensión, expuso algunas consideraciones por la que los profesionales en libre ejercicio no ejecutan actividades mercantiles y, finalmente, el actor pidió que [d]e conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo [se le] ampare en el derecho constitucional referido a las exenciones contemplada (sic) en el artículo trescientos diez y siete (sic) – 317 de la Constitución y en tal sentido ordene a el (sic) ciudadano José David Cabello Rondon (sic), Superintendente Nacional Aduanero y Tributario – Seniat (sic) que en sus respectivos ámbitos de competencia, dicte las instrucciones pertinentes para que no [le] exijan ser sujeto del impuesto IVA (sic) en el libre ejercicio de la profesión de Licenciado en Contaduría Pública y Abogado, regidas por ley de ejercicio, de acuerdo a orden emanada por dichas leyes de ejercicio en sus artículos dos-2 (sic) de la ley de la abogacía (sic) y el artículo dos-2 (sic) de la ley de ejercicio de la contaduría pública (sic) (…)”.

 

II

DE LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA EFECTUADA POR EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL (BIENES) Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA

 

            La pretensión de tutela constitucional fue incoada originalmente ante el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el cual, mediante fallo dictado el 6 de septiembre de 2012, declaró su incompetencia para sustanciarla y decidirla y, en consecuencia, “declinó su conocimiento a los Juzgados Superiores Contencioso Tributarios del Área Metropolitana de Caracas que previa distribución le corresponda (sic), ordenándose la remisión inmediata del presente expediente en original mediante oficio al Juzgado Distribuidor Tributarios (sic) Del (sic) Área Metropolitana De (sic) Caracas”. Su veredicto se fundamentó en el siguiente razonamiento:

 

En el presente caso, se observa que la interposición de la pretensión de amparo se ejerce contra el Ciudadano JOSÉ DAVID CABELLO, en su carácter de SUPERINTENDENTE NACIONAL ADUANERO Y TRIBUTARIO SENIAT (sic), por cuanto en una forma avasalladora nos ha obligado a los egresados con titulo (sic) de grado universitario regidos por ley de ejercicio, los cuales no tenemos empleo permanente como profesional (lo que nos identifica como los que trabajamos por nuestra cuenta) a ser sujeto de impuesto IVA lo que nos lleva a cobrar a nuestro usuarios, los honorarios atreves (sic) de factura y de igual forma el impuesto de IVA depositar el IVA, declarar la respectiva planilla, como también llevar los Libros de compra y venta correspondiente y la respectiva contabilidad como si fuésemos un comercio.

Asimismo, es necesario señalar que mediante Decreto 310 de fecha 10 de agosto de 1994 y con el artículo 14 del Decreto Nº 363 del 28 de septiembre de 1994, el cual establece el Reglamento del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y al Resolución 29 del 20 de Marzo de 1995, por el cual se establece el Reglamento Interno del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)

El Artículo 9º El Superintendente Nacional Tributario, además de sus las funciones que le corresponde en su carácter de Inspector Fiscal General del a (sic) Hacienda Publica (sic) Establece que Seniat (sic) es un Servicio Autónomo de (sic) personalidad Jurídica , dependiente del Ministerio de (sic) Hacienda Nacional, tiene a sus (sic) cargo el ejercicio de todas las funciones y potestades que le corresponde a la administración de los tributos Internos y además de acuerdo al Ordenamiento Jurídico, así como otorgar los contratos y ordenar los gastos inherente a la administración del Servicio profesional de Recurso Humanos y a la autonomía funcional financiera del Servicio .…) (sic).

Aprecia este Tribunal que lo debatido en autos tiene relación directa con la materia tributaria, por cuanto el objeto del recurso es la revisión del impuesto IVA a los profesionales en el Libre (sic) ejercicio, lo que los lleva a cobrar a sus nuestro usuarios, los honorarios atreves de factura y de igual forma el impuesto de IVA depositar el IVA, declarar la respectiva planilla, como también llevar los Libros (sic) de compra y venta correspondiente y la respectiva contabilidad como si fuésemos un comercio.

Siendo así, el recurso interpuesto trata sobre el alcance, interpretación y regulación del impuesto al Valor Agregado (IVA).

Determinado lo anterior es importante considerar que este Tribunal no tiene competencia para conocer de los recursos que se intenten con motivo de aplicación de la potestad tributaria de los Entes públicos, nacionales, estadales o municipales.

Establecido lo anterior, es importante señalar que la competencia en materia de amparo constitucional se encuentra determinada por lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con la sentencia del 20 de enero del año 2000 (caso Emery Mata) dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En este sentido el artículo 7 señala:

Omissis…

Aplicando lo anterior al caso de autos puede apreciarse que la materia afín con los derechos alegados como vulnerados es eminentemente tributaria, por cuanto se solicita la revisión del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La competencia en esta especial materia se encuentra atribuida a los Juzgados Superiores Contencioso Tributario, órganos judiciales especialistas (sic) en materia Tributaria, creados con la finalidad de garantizar a los administrados un juez competente, idóneo y especialista (sic) en esta materia, cumpliendo así con el derecho constitucional del Juez Natural establecido en el artículo 49 ordinal 4° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En este sentido, observa este Juzgador que al ser interpuesta la Acción de Amparo contra el Ciudadano JOSÉ DAVID CABELLO, en su carácter de SUPERINTENDENTE NACIONAL ADUANERO Y TRIBUTARIO (SENIAT) y siendo un entes (sic) u órganos que se encuentren concentrado (sic) funcionalmente y dependientemente (sic) de la Administración Central, quedan sometidos (sic), en virtud del régimen de competencias al control de los Juzgados Superiores Contenciosos Tributarios del Área Metropolitana de Caracas.

Siendo ello así, este Tribunal Superior se considera incompetente para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta y estima que la competencia en atención a las normas atributivas de competencia supra mencionadas, le corresponde a los Juzgados Superiores Contencioso Tributarios del Área Metropolitana de Caracas, que previa distribución le (sic) corresponda. En consecuencia, se declina la competencia en los mencionados Juzgados Superiores Tributarios. Así se decide”.

 

III

DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR PRIMERO DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

 

            Recibido el expediente contentivo de la presente causa, al momento de examinar su competencia, el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, juzgó que era incompetente para el conocimiento de la acción de amparo constitucional ejercida por el ciudadano José Enrique Montes de Oca contra el Superintendente Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y consideró competente a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Para arribar a su conclusión, el juez contencioso tributario plasmó las siguientes consideraciones en su fallo interlocutorio N° 134 del 25 de septiembre de 2012:

 

Entiende este Juzgado Superior que la acción de amparo intentada encuentra su fundamento en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que prevé la figura denominada amparo contra norma y, por ello, resulta conveniente precisar los alcances de dicha figura, en los términos que la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de justicia ha ido delineando (Vid. Sentencias de dicha Sala Nos. 864 del 28 de julio de 2000 [caso: Braulio Sánchez Martínez], 1427 del 10 de agosto de 2001 [caso: ELKEM ASA], 1505 del 05 de junio de 2003 [caso: Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano] y 1313 del 12 de julio de 2004 [caso: Seguros La Seguridad, C.A.]); entre otras).

En tal sentido, se ha señalado que el ‘(…) amparo constitucional contra actos normativos no está dirigido contra el propio texto legal, sino contra los actos que deriven o apliquen el mismo; toda vez que las normas no son capaces de incidir por sí mismas en la esfera jurídica concreta de un sujeto determinado y, en consecuencia, lesionar directamente sus derechos y garantías constitucionales, ni siquiera como simple amenaza, por cuanto no sería inminente, en los términos exigidos por el artículo 2 de la referida Ley Orgánica (…). Siendo ello así, las normas, por su carácter general y abstracto, requieren de un acto de ejecución que las relacione con la situación jurídica concreta del accionante, pues, en definitiva, será tal acto -y no la propia norma- la causa inmediata de la lesión de los derechos y garantías constitucionales. Por ello, se ha concluido que en los casos de amparo contra actos normativos, la norma no es objeto del amparo, sino la causa o motivo en razón de la cual los actos que la apliquen o ejecuten resultan lesivos de derechos o garantías constitucionales (…)’ (Cfr. Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nº 3611 de fecha 01 de noviembre de 2005, caso: FEDEAGRO).

Asimismo, se ha advertido que existen circunstancias particulares en las que se puede prescindir del acto de ejecución de la norma cuestionada, cuando de ésta se desprenda una amenaza inminente de daño real de derechos y garantías constitucionales, o cuando la concreción de la misma está implícita en la propia norma por ser auto-aplicativa, esto es, aquella norma cuya sola promulgación implica una obligatoriedad efectiva y actual para las personas por ella previstas de manera concreta.

Las denominadas normas jurídicas auto-aplicativas, que son aquellas cuya eficacia no está supeditada a la aplicación por acto posterior, su sola entrada en vigencia puede suponer, respecto de un supuesto de hecho determinado, una violación o amenaza de violación de derechos constitucionales susceptible de ser objeto de amparo constitucional. En concreto, la Sala Constitucional mediante Sentencia Nº 282 del 04 de marzo de 2004, caso: Seguros Mercantil, C.A., señaló que por norma auto-aplicativa se entiende “(...) aquella norma cuya sola promulgación implica una obligatoriedad efectiva y actual (rectius, también inminente) para las personas por ella prevista de manera concreta, por lo que no requiere de ejecución por acto posterior (…)”.

Entre las decisiones más relevantes en donde se asienta dicha doctrina, destaca la emitida por la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia del 22 de enero de 1998 (caso: Monarch Minera Suramericana y otras), en la cual se señaló, en relación con las formas de amparo que contiene el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y respecto del tema de la intensidad auto-aplicativa de las normas, lo siguiente:

Omissis…

En aplicación de las anteriores consideraciones al caso de autos, se observa que el ciudadano JOSÉ ENRIQUE MONTES DE OCA CHIRINOS, quien según se desprende de sus propios dichos ejerce libremente las profesiones de licenciado en contaduría pública y abogado, acciona en amparo contra la norma prevista en el ordinal 6º del artículo 16 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto Nº 5.189 con Rango, Valor y Fuerza de Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado, publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.632 del 26 de febrero de 2007, la cual contempla como no sujetos al tributo in commento, los servicios prestados bajo relación de dependencia; no así las denominadas profesiones liberales, lo cual en su criterio, constituye un presunto agravio por parte del ciudadano José David Cabello Rondón, en su condición de Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), órgano competente para la administración, recaudación, fiscalización, liquidación, cobro, inspección y cumplimiento del referido impuesto, a tenor de lo establecido en el artículo 75 eiusdem.

En efecto, la citada norma establece en su artículo 5:

Artículo 5. Son contribuyentes ordinarios de este impuesto, los importadores habituales de bienes, los industriales, los comerciantes, los prestadores habituales de servicios, y, en general, toda persona natural o jurídica que como parte de su giro, objeto u ocupación, realice las actividades, negocios jurídicos u operaciones, que constituyen hechos imponibles, de conformidad con el artículo 3 de esta Ley. (Omissis).’ (Negrillas del Tribunal.)

El referido artículo 3 dispone:

Artículo 3. Constituyen hechos imponibles a los fines de esta Ley, las siguientes actividades, negocios jurídicos u operaciones:

(…)

3. La prestación a título oneroso de servicios independientes ejecutados o aprovechados en el país, incluyendo aquellos que provengan del exterior, en los términos de esta Ley. (Omissis).

(…).’

Ahora, si bien el elemento que define en principio el órgano jurisdiccional competente para conocer esta modalidad de acción de amparo constitucional, es aquel tribunal con competencia para juzgar los actos que deriven o apliquen las normas impugnadas, conforme los criterios atributivos de competencia previstos en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, cuando se trata de normas auto-aplicativas, la competencia no depende, evidentemente del acto de aplicación, sino de conformidad con los artículos 3 y 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a la naturaleza de la actuación supuestamente lesiva, que no es otra que la naturaleza jurídica que atenderá a que se trate de normas de rango legal (dictadas en ejecución directa e inmediata de la Constitución) o bien de rango sublegal (dictadas en ejecución directa de una ley).

Siendo ello así, para este Juzgado Superior visto que las normas anteriormente transcritas, por su carácter general y abstracto, no requieren de un acto de ejecución que las relacione con una situación jurídica concreta, se estima que en el caso de autos estamos en presencia de normas auto-aplicativas, toda vez que la eficacia de las mismas no está supeditada a la aplicación por un acto posterior.

Puntualizado lo anterior, resulta pertinente analizar lo establecido en los artículos 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y 25 numeral 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia:

Omissis…

Ahora bien, en el caso de autos la acción de amparo fue interpuesta contra un acto de rango legal dictado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, en ejercicio de la atribución conferida en el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 1 de la Ley que autoriza al Presidente de la República para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las materias que se delegan, publicada en la Gaceta Oficial Nº 38.617 de fecha 01 de febrero de 2007; una alta autoridad del Poder Público Nacional, que se subsume en los casos enumerados en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, motivo por el cual este Órgano Jurisdiccional se declara incompetente para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta, y conforme a lo establecido en el numeral 18º del artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, estima que la competencia para conocer dicha acción le corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara”.

 
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