Competencia de la corte






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CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO SUÁREZ ROSERO

REPARACIONES

(ART. 63.1 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS)

SENTENCIA DE 20 DE ENERO DE 1999

En el caso Suárez Rosero,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte Interamericana” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces*:
Antônio A. Cançado Trindade, Presidente,

Hernán Salgado Pesantes, Juez;

Máximo Pacheco Gómez, Juez;

Oliver Jackman, Juez;

Alirio Abreu Burelli, Juez;

Sergio García Ramírez, Juez;

Carlos Vicente de Roux Rengifo, Juez;
presentes, además,
Manuel E. Ventura Robles, Secretario; y

Renzo Pomi, Secretario adjunto,
de acuerdo con los artículos 29, 55 y 56 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), en relación con el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención o “la Convención Americana”) y, en cumplimiento de la sentencia de 12 de noviembre de 1997, dicta la siguiente sentencia sobre reparaciones en el presente caso, presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) contra la República del Ecuador (en adelante “el Ecuador” o “el Estado”).
i

Competencia de la corte
1. De acuerdo con los artículos 62 y 63.1 de la Convención, la Corte es competente para decidir sobre las reparaciones en el presente caso, en razón de que el 28 de diciembre de 1977 el Ecuador ratificó la Convención y el 24 de julio de 1984 aceptó la competencia obligatoria de la Corte.

ii

Antecedentes
2. El presente caso fue sometido a la Corte por la Comisión Interamericana mediante demanda de 22 de diciembre de 1995, con la que acompañó el Informe No. 11/95, aprobado el 12 de septiembre de 1995. Se originó en una denuncia (No. 11.273) contra el Ecuador, recibida en la Secretaría de la Comisión el 24 de febrero de 1994.
3. El 12 de noviembre de 1997 la Corte dictó sentencia sobre el fondo del caso en cuya parte resolutiva:
1. Declar[ó] que el Estado del Ecuador violó, en perjuicio de Rafael Iván Suárez Rosero, el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en concordancia con el artículo 1.1 de la misma, en los términos señalados en los párrafos 38 a 66 de la [...] sentencia;
[…]
2. Declar[ó] que el Estado del Ecuador violó, en perjuicio de Rafael Iván Suárez Rosero, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en concordancia con el artículo 1.1 de la misma, en los términos señalados en los párrafos 57 a 83 de la [...] sentencia;
[…]
3. Declar[ó] que el Estado del Ecuador violó, en perjuicio de Rafael Iván Suárez Rosero, el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en concordancia con el artículo 1.1 de la misma, en los términos señalados en los párrafos 84 a 92 de la [...] sentencia;
[…]
4. Declar[ó] que el Estado del Ecuador violó, en perjuicio de Rafael Iván Suárez Rosero, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en concordancia con el artículo 1.1 de la misma, en los términos señalados en los párrafos 61 a 66 de la [...] sentencia;

[…]
5. Declar[ó] que el último párrafo del artículo sin numeración después del artículo 114 del Código Penal del Ecuador es violatorio del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en concordancia con los artículos 7.5 y 1.1 de la misma;
[…]
6. Declar[ó] que el Ecuador debe ordenar una investigación para determinar las personas responsables de las violaciones a los derechos humanos a que se [hizo] referencia en [la] sentencia y, eventualmente sancionarlos;
[…]
7. Declar[ó] que el Ecuador está obligado a pagar una justa indemnización a la víctima y a sus familiares y a resarcirles los gastos en que hubieran incurrido en las gestiones relacionadas con este proceso;
[…]
8. Orden[ó] abrir la etapa de reparaciones, a cuyo efecto comision[ó] a su Presidente para que oportunamente adopte las medidas que fuesen necesarias.

iii

Procedimiento en la etapa de Reparaciones
4. El 10 de diciembre de 1997 el Presidente de la Corte para este caso (en adelante “el Presidente”), de conformidad con el punto resolutivo octavo de la sentencia de 12 de noviembre de 1997, resolvió:
1. Otorgar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos plazo hasta el 10 de febrero de 1998 para que present[ara] un escrito y las pruebas de que disp[usiera] para la determinación de las indemnizaciones y gastos en este caso.
2. Otorgar al señor Rafael Iván Suárez Rosero, víctima en este caso, y a sus familiares o representantes, plazo hasta el 10 de febrero de 1998 para que present[aran] un escrito y las pruebas de que disp[usieran] para la determinación de las indemnizaciones y gastos.
3. Otorgar al Estado del Ecuador plazo hasta el 10 de abril de 1998 para que formul[ara] sus observaciones a los escritos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la víctima y sus familiares o representantes present[aran] de acuerdo con los párrafos anteriores.
5. El 9 de enero de 1998 la organización no gubernamental “Rights International, The Center for International Human Rights Law, Inc.” presentó un escrito en calidad de amicus curiae.
6. El 29 de enero de 1998 la Comisión informó a la Corte que los peticionarios le habían expresado que requerían algún tiempo adicional con el objeto de recabar ciertas pruebas necesarias y que, por su parte, también quería contar con dichos elementos de prueba antes de “finalizar y presentar su escrito”. Por resolución del mismo día, el Presidente amplió hasta el 25 de febrero de 1998 los plazos otorgados a la Comisión y al señor Suárez Rosero para la presentación de sus escritos, y hasta el 11 de mayo de 1998, el plazo otorgado al Estado para presentar las respectivas observaciones.
7. El 25 de febrero de 1998 la Comisión presentó su escrito sobre reparaciones, en el cual incluyó sus argumentos e indicó que, en su opinión, en esta etapa “la víctima y sus representantes son los sujetos idóneos para presentar los argumentos y hechos relacionados al alcance y monto de las indemnizaciones así como los elementos probatorios”. Por la razón mencionada, la Comisión señaló que hacía suyos los montos calculados y los elementos probatorios presentados por el señor Suárez Rosero.
8. El 25 de febrero de 1998 el señor Suárez Rosero presentó su escrito sobre reparaciones en idioma inglés. La traducción al español fue recibida el 20 de marzo del mismo año, y fue transmitida al Estado el mismo día. En su escrito, el señor Suárez Rosero presentó sus pretensiones, y realizó su ofrecimiento de prueba documental y testimonial e indicó que algunos cálculos y pretensiones, relacionados con gastos derivados de la etapa de reparaciones, serían presentados al Tribunal posteriormente. Asimismo, el señor Suárez Rosero informó a la Corte que el 3 de febrero de 1998 nombró a los señores Richard Wilson y Alejandro Ponce Villacís como sus representantes ante la Corte en la presente etapa.
9. Mediante resolución de 7 de marzo de 1998, el Presidente convocó al señor Suárez Rosero y a sus familiares o a sus representantes, a la Comisión Interamericana y al Ecuador a una audiencia pública que se celebraría el 10 de junio de 1998 en la sede del Tribunal.
10. El 6 de mayo de 1998 el Estado solicitó la ampliación del plazo señalado por el Presidente para la presentación de su escrito sobre reparaciones. Al respecto, el 11 de los mismos mes y año, el Presidente otorgó al Estado una prórroga hasta el 22 de mayo de 1998. Sin embargo, el escrito mencionado no fue recibido en la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”).
11. El 14 de mayo de 1998 el señor Suárez Rosero confirmó su ofrecimiento, como prueba testimonial, de las declaraciones de las señoras Magdalena Rosero, Ana Burbano y Cecilia Jaramillo. Por resolución de 26 de los mismos mes y año, el Presidente convocó a las señoras Rosero y Burbano a rendir su testimonio y a la señora Jaramillo a presentar su informe pericial durante la audiencia pública que celebraría el Tribunal en su sede el 10 de junio de 1998.

12. El 28 de mayo de 1998 el señor Suárez Rosero solicitó que la Corte recibiera también su testimonio durante la audiencia pública. El día siguiente el Presidente accedió a dicha solicitud y convocó al señor Suárez Rosero a rendir su declaración.
13. La Corte celebró la audiencia pública sobre reparaciones en el presente caso el 10 de junio de 1998.
Comparecieron
el señor Rafael Iván Suárez Rosero, quien también rindió declaración, y sus representantes:
Richard J. Wilson, abogado y

Alejandro Ponce Villacís, abogado;
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Oscar Luján Fappiano, delegado y

Elizabeth Abi-Mershed, abogada;
por la República del Ecuador:
Laura Donoso de León, agente y

Embajador Francisco Proaño A.;
como perito y testigos:
Cecilia Jaramillo, perito,

Magdalena Rosero, testigo y

Ana Burbano, testigo.
Durante dicha audiencia, el señor Suárez Rosero presentó dos dibujos que había realizado durante su detención (infra 21) y, el Estado, un escrito y algunos documentos (infra 23).
14. Por medio de notas de 21 de septiembre de 1998, la Corte requirió al señor Suárez Rosero la presentación de los elementos probatorios que no se encontraban disponibles en el momento en que presentó su escrito sobre reparaciones (supra 8) y, al Estado, que remitiera la lista con los tipos de cambio oficial del sucre, moneda ecuatoriana, en relación con el dólar de los Estados Unidos de América durante los años 1992 a 1996.
15. El 19 de octubre de 1998 el señor Suárez Rosero presentó un escrito sobre las costas y gastos de uno de sus representantes, el señor Richard Wilson, durante la etapa de reparaciones.
16. El 20 de octubre de 1998 el Estado presentó los cuadros de cotizaciones del dólar de los Estados Unidos de América en el mercado intercambiario ecuatoriano, correspondientes a los años 1992 a 1996, emitidos por el Banco Central y la Junta Monetaria del Ecuador, así como varios documentos del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos del Ecuador, relacionados con las remuneraciones de empleadas domésticas y choferes desde 1992 hasta 1996 (infra 29 y ss.).
17. El 27 de octubre de 1998 el señor Suárez Rosero presentó información referente a su tratamiento psicológico y el de su esposa, la señora Margarita Ramadán Burbano, y sobre los gastos de uno de sus representantes, el señor Alejandro Ponce Villacís.
18. El 24 de noviembre de 1998 el Estado presentó una comunicación, mediante la cual manifestó que “no podr[ía] aceptar las [nuevas] cantidades reclamadas [por el señor Suárez Rosero], más aún cuando el citado señor fue condenado como encubridor por los tribunales ecuatorianos” y agregó que durante la audiencia pública había hecho “un ofrecimiento concreto sobre el monto de la indemnización, monto máximo que […] podría reconocer, tomando en cuenta la grave crisis económica por la que atraviesa”.
19. El 22 de diciembre de 1998 la Corte requirió al señor Suárez Rosero presentar el certificado de su matrimonio con la señora Ramadán Burbano y el acta de nacimiento de su hija, la menor Micaela Suárez Ramadán. Dicho requerimiento fue cumplido el 14 de enero de 1999.
iv

Prueba
a) Prueba Documental
20. Con su escrito sobre reparaciones, el señor Suárez Rosero presentó la siguiente prueba documental:
a. documentos referentes a sus ingresos y ocupación laboral antes de su detención
(cfr. copia del contrato de servicios profesionales celebrado en la ciudad de Quito el 1 de marzo de 1991 entre Rafael Iván Suárez Rosero y la compañía Challenge Air Cargo; 16 comprobantes de egreso de la compañía Challenge Air Cargo, a nombre de Iván Suárez; declaraciones de impuesto a la renta de la compañía Challenge Air Cargo con fechas 26 de abril, 28 de mayo, 27 de junio, 29 de julio, 28 de agosto, 30 de septiembre, 28 de octubre, 28 de noviembre y 30 de diciembre de 1991, 28 de enero, 28 de febrero, 30 de marzo, 28 de abril, 28 de mayo y 26 de junio de 1992; estimación de ingresos (documento sin identificación); documento titulado “Challenge Air Cargo/No. vuelos/UIO”);
b. documento referente a su estado de salud psíquica
(cfr. evaluación psicológica del señor Rafael Iván Suárez Rosero de 4 de agosto de 1997, realizada por la psicóloga Cecilia Jaramillo);
c. documento referente al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria emitida en su contra
(cfr. copia del recurso de apelación interpuesto por Rafael Iván Suárez Rosero ante el Ministro Presidente de la Corte Superior de Justicia el 11 de septiembre de 1996);
d. documentos generales referentes a derechos humanos y a sistemas penales
(cfr. copia de la versión en inglés del documento del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, referencia E/CN.4/1997/104, titulado “Question of the Human Rights of all persons subjected to any form of detention or imprisonment”; copias fotostáticas del documento “Crimes and Criminal Procedure”, en inglés, páginas 486 a 492; copia del documento “Entre sombras y silencios, la violencia intracarcelaria en el Centro de Detención Provisional de Quito”, emitido por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos; copia del oficio 96-293-CG-AJ-PN del Comandante General de la Policía Nacional del Ecuador de 12 de marzo de 1996);
e. documentos referentes a los salarios pagados al servicio doméstico y al chofer de la señora Margarita Ramadán Burbano
(cfr. copia de acta de finiquito suscrita por las señoras Margarita Ramadán y Mercedes Llumiquinga el 24 de noviembre de 1995 ante el Inspector de Trabajo de Pichincha; copia de la carta de renuncia de la señora Mercedes Llumiquinga de 15 de noviembre de 1995; 22 documentos relacionados con el seguro y la planilla de fondo de reserva de servicio doméstico, copias de 24 cheques girados a nombre de la señora Mercedes Llumiquinga; copias de 18 cheques girados a nombre de la señora Luz María Feria, copias de 10 cheques girados a nombre del señor Carlos Saa, declaración jurada de Margarita Ramadán Burbano, rendida en la ciudad de Quito el 16 de febrero de 1998, sobre la contratación de su servicio doméstico y su chofer)
f. documentos referentes a las costas y gastos de sus representantes
(cfr. copia del poder otorgado por el señor Rafael Iván Suárez Rosero a los señores Richard Wilson y Alejandro Ponce Villacís el 3 de febrero de 1998; declaración jurada del señor Alejandro Ponce Villacís de enero de 1998; copia de fórmula de adelanto de gastos 0016523 EXP de la American University, fechada el 22 de abril de 1997; copias de comprobantes de egreso por tarjeta de crédito y llamadas del Hotel Americano del Este; factura número 0011234 del Hotel Americano S.A. de 20 de abril de 1997; recibo número 0041 de la Unidad Editorial del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, fechado el 17 de abril de 1997; copias de tres recibos por servicio de taxi, con fechas 16 y 20 de abril de 1997; copia de boleto aéreo de la Compañía American Airlines; copia de un mensaje de correo electrónico de 23 de febrero de 1998 y hoja de asignación horaria del señor Richard Wilson, que comprende el tiempo asignado al caso del 2 de abril al 15 de junio de 1997 (fase de fondo) y del 6 de enero al 24 de febrero de 1998 (fase de reparaciones)); e
g. información referente al tipo de cambio del sucre con respecto al dólar de los Estados Unidos de América
(cfr. tres documentos en inglés, rotulados “OANDA: 164 Currency converter/Currency Conversion Result; http://www.oanda.com/cgi-bin/ncc”, referentes al tipo de cambio del sucre el día 31 de diciembre de 1993, 1994 y 1995, respectivamente).
21. Durante la audiencia pública sobre reparaciones, el señor Suárez Rosero presentó dos dibujos que había realizado durante su detención.
22. Los documentos presentados por el señor Suárez Rosero no fueron controvertidos ni objetados, ni su autenticidad puesta en duda, por lo que la Corte los tiene como válidos y ordena su incorporación al acervo probatorio del presente caso.
23. Durante la audiencia pública, el Estado aportó un documento sobre la determinación de las reparaciones en el presente caso y otros documentos referentes a reformas legislativas relacionadas con sustancias estupefacientes y psicotrópicas
(cfr. escrito del Estado del Ecuador de 10 de junio de 1998; copia del Registro Oficial del Gobierno del Ecuador de 15 de octubre de 1997, número 173, páginas 1 a 4, que contienen el texto de la Ley No. 25 “Reformatoria al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social y a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos”; copia del Registro Oficial del Gobierno del Ecuador de 18 de diciembre de 1997, número 218, páginas 1 y 3, que contienen el texto de la Ley No. 44 “Reformatoria al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social y a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos”; copia del Suplemento al Registro Oficial del Gobierno del Ecuador de 24 de diciembre de 1997, número 222, páginas 1 a 4, que contiene el texto de la Resolución No. 119-1-97 del Tribunal Constitucional”; copia del Registro Oficial del Gobierno del Ecuador de 26 de marzo de 1998, número 284, páginas 1 a 3, que contienen el texto de la Ley No. 72 “Ley Interpretativa del inciso segundo del Artículo 105 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos”).
24. Durante la misma audiencia el señor Suárez Rosero, a través de sus representantes, manifestó su objeción a los documentos citados, basado en el hecho de que el Estado no presentó su escrito de reparaciones dentro del plazo señalado por el Presidente.
25. La Corte considera que el escrito presentado por el Estado no puede ser incorporado al acervo probatorio del caso, en razón de que contiene alegatos sustantivos y una propuesta para el pago de reparaciones. Por lo tanto, el Tribunal se ocupará posteriormente de definir la naturaleza jurídica de dicho escrito (infra 43 y ss.). En lo que se refiere a las copias de legislación y de una decisión judicial, presentadas por el Ecuador en el mismo acto, la Corte considera que su examen es útil para la determinación de las reparaciones en el presente caso y, por esta razón, ordena su incorporación en el acervo probatorio en ejercicio de las atribuciones que le otorga el artículo 44 del Reglamento, de acuerdo con el cual, en cualquier estado de la causa, el Tribunal podrá “procurar de oficio toda prueba que considere útil”.

*

* *
26. El 21 de septiembre de 1998 la Corte solicitó al señor Suárez Rosero la presentación de los elementos probatorios que, de acuerdo con las manifestaciones de éste, no se encontraban aún disponibles en el momento en que presentó su escrito sobre reparaciones.
27. El 19 de octubre de 1998 el señor Suárez Rosero presentó un escrito sobre las costas y gastos del señor Richard Wilson. Asimismo, presentó copias de la asignación horaria (“Time Sheet”) del señor Wilson para este caso, su boleto de avión a la ciudad sede de la Corte y sus facturas de hotel y gastos en dicha ciudad, derivados de su asistencia a la audiencia pública sobre reparaciones. El 27 de octubre de 1998, el señor Suárez Rosero presentó un escrito referente a su tratamiento psicológico y el de la señora Ramadán Burbano, así como a los gastos del señor Alejandro Ponce Villacís.
28. Los elementos probatorios presentados por el señor Suárez Rosero en los momentos descritos no han sido controvertidos ni objetados, ni su autenticidad puesta en duda, por lo que la Corte los tiene como válidos y ordena su incorporación al acervo probatorio del presente caso.
*

* *
29. El 21 de septiembre de 1998 la Corte solicitó al Estado la presentación de la lista de tipos de cambio oficiales del sucre, moneda ecuatoriana, en relación con el dólar de los Estados Unidos de América, durante los años 1992 a 1996.
30. El 20 de octubre de 1998 el Estado remitió cuadros de la cotización del dólar de los Estados Unidos de América en el mercado intercambiario ecuatoriano, emitidos por el Banco Central y la Junta Monetaria del Ecuador, de los años solicitados por la Corte. Asimismo, presentó copias de varios registros oficiales y documentos del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos de Ecuador, referentes a las remuneraciones mensuales y anuales de las empleadas domésticas y los choferes durante la época pertinente.
31. Los cuadros presentados por el Estado no han sido controvertidos ni objetados, ni su autenticidad puesta en duda, por lo que la Corte los tiene como válidos y ordena su incorporación al acervo probatorio del presente caso.
*

* *
32. El 22 de diciembre de 1998 la Corte requirió al señor Suárez Rosero la presentación de la certificación de su matrimonio con la señora Margarita Ramadán Burbano, así como una copia del acta de nacimiento de su hija, la menor Micaela Suárez Ramadán. Dicho requerimiento fue cumplido el 14 de enero de 1999.
33. Los documentos presentados por el señor Suárez Rosero, a los cuales se refiere el párrafo anterior, fueron requeridos por la Corte en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 44 de su Reglamento por ser considerados como útiles en la determinación de la identidad de los beneficiarios de la reparación. Por lo tanto, el Tribunal ordena su incorporación al acervo probatorio del presente caso.
b) Prueba testimonial
34. El 10 de junio de 1998, la Corte recibió las declaraciones del señor Suárez Rosero y de los testigos en el presente caso. La Corte pasa a resumir las partes relevantes de éstas.
a. Declaración del señor Rafael Iván Suárez Rosero
Antes de su arresto ganaba S/.700.000,00 (setecientos mil sucres) mensuales. Realizó estudios durante un año en una compañía llamada “Special Control Airport”, por los cuales pagaba S/.500.000,00 (quinientos mil sucres) mensuales; su única actividad ha sido como agente de seguridad aeroportuaria. No tiene preparación específica para desarrollar otro oficio. Todavía se encuentra pendiente un recurso de apelación que interpuso contra la sentencia condenatoria en su caso. El mal trato que se le dio durante su encarcelamiento le causó graves consecuencias psíquicas y físicas. Tiene una hija, nacida el 10 de febrero de 1994, que fue concebida durante su encarcelamiento debido a los problemas de salud de su esposa. Su reclusión le produjo una úlcera que fue curada parcialmente gracias a un tratamiento que le costó el equivalente a US$ 500,00 (quinientos dólares de los Estados Unidos de América). También sufrió la ruptura del tabique y la quijada a raíz de una golpiza que le dio la policía el día de su ingreso al Regimiento de Quito. Con respecto a la quijada, le aplicaron una terapia y respecto del tabique le recomendaron una operación, la cual no fue realizada por su elevado costo. Durante todo el período de su detención, sintió confusión, incertidumbre, impotencia y gran sufrimiento. Con el fin de sanear su condición mental ha asistido por once meses a sesiones semanales con una psicóloga. Su esposa también sufrió mucho durante su detención, afrontó sola su embarazo, con el agravante de su discapacidad motriz, crió a su hija sin la presencia del padre durante los dos primeros años de vida, fue humillada en los Tribunales y vivió una situación de angustia y temor permanentes. Ella también recibe tratamiento psicológico, sobre una base quincenal. Durante su encarcelamiento, varios compañeros de trabajo le donaron parte de sus sueldos; además, contaban con el sueldo de su esposa, quien trabajó en un colegio de Quito. También recibían ayuda de sus respectivas familias. Él pintaba y vendía separadores y pan en su pabellón. Sin embargo, sus recursos no les alcanzaban para sufragar las necesidades de su hija recién nacida. Al recuperar su libertad, tuvo que reiniciar su vida. Respecto de la señora Margarita Ramadán Burbano, le fue muy difícil volver a convivir con ella, debido a las situaciones que ambos atravesaron. Tuvo que aprender a ser padre a tiempo completo y su hija tuvo que superar el miedo a que su padre la abandonara. No quiso regresar a su trabajo por temor a ser detenido nuevamente de producirse algún evento relacionado con narcóticos. Trabajó un tiempo en una fábrica de utensilios con gente que conocía su situación y confiaba en él; intenta poner una empresa con un primo y está administrando un conjunto habitacional. A raíz de sus antecedentes, le fue denegada la petición de comprar veinte dólares en el banco del Ecuador, lo cual le produjo gran inseguridad y humillación.
b. Testimonio de Ana Burbano de Ramadán, suegra del señor Rafael Iván Suárez Rosero
Vive en un condominio al lado de la casa del señor Rafael Iván Suárez Rosero. Tiene una relación muy unida con él y toda su familia. Su marido, quien era muy unido al señor Suárez Rosero, falleció dos años y diez meses después del encarcelamiento de éste. Ella visitaba a su yerno una vez por semana y le llevaba comida. Al nacer su nieta, llevaba a su hija al Penal los días martes por la mañana y la retiraba por la tarde, debido a las dificultades generadas por su discapacidad motriz. Desde que su hija quedó embarazada, prácticamente fue a vivir con ella para ayudarle en sus tareas y ocupaciones, lo cual no habría sido necesario si su yerno hubiese estado presente. El señor Suárez Rosero salió de la cárcel muy afectado, estaba agresivo y tuvo problemas en la convivencia con la señora Ramadán Burbano, pero no con los demás miembros de la familia.
c. Testimonio de Magdalena Rosero de Suárez, madre del señor Rafael Iván Suárez Rosero
Reside en Ambato. Su marido, Rafael Suárez, falleció el 24 de mayo de 1998, a raíz de una enfermedad de origen emocional provocada por el sufrimiento que le causó la detención de su hijo. Durante su juventud, su hijo siempre se comportó cariñosamente con sus hermanos y familia y era muy querido por sus amigos y la sociedad de Ambato. Al enterarse del arresto de su hijo se sintió muy angustiada, desesperada e impotente ante la injusticia que se estaba cometiendo contra él. Su marido y ella intentaron por todos los medios conseguir un abogado, pero casi todos se rehusaron. Esto les hizo sentirse humillados. Tardaba más de tres horas en llegar a la cárcel para visitar a su hijo, lo cual podía hacer luego de una revisión personal degradante. Su marido sentía un profundo dolor al tener que visitar a su hijo en el penal y por esta razón no lo visitaba todos los martes, como lo hacía ella. Cierta vez le dio un choque nervioso encontrándose en el Penal. Debido a su reclusión, su hijo sufrió muchos cambios de personalidad.
35. El Estado no ofreció prueba testimonial.
36. La Corte considera que la declaración del señor Suárez Rosero debe ser apreciada en el contexto del conjunto del acervo probatorio del presente caso. Cabe recordar que los hechos del presente caso ya han sido establecidos durante la fase de fondo. En esta etapa, el Tribunal se ocupará de determinar la naturaleza y el monto de la “justa indemnización” y el resarcimiento de gastos que, en cumplimiento del punto resolutivo séptimo de la sentencia de 12 de noviembre de 1997, el Estado está obligado a efectuar a favor del señor Suárez Rosero y de sus familiares.
c) Prueba Pericial
37. Durante la audiencia pública, la Corte también recibió el informe de la perito, Cecilia Jaramillo, en el cual ésta afirmó que
atiende desde el 10 de julio de 1997 al señor Suárez Rosero y a la señora Ramadán Burbano. Al inicio de las sesiones el señor Suárez Rosero estaba muy afectado. Como consecuencia de su detención y las condiciones a que fue sometido, sufría reacciones neuróticas depresivas de angustia, situación diagnosticada como neurosis de tipo asténico, en la cual la persona se siente decaída, sin vitalidad, con temor e inseguridad. El señor Suárez Rosero solía ser una persona segura de sí misma, alegre, lleno de amistades y con grandes proyectos de vida. Lo sustrajeron de su vida normal, fue privado de su libertad, quitándole la posibilidad de desarrollar sus proyectos; se volvió objeto de maltrato y humillación. Si bien la terapia le ha ayudado a superar ciertos temores, él sigue sufriendo. Esto afecta también a su hija y a la señora Margarita Ramadán Burbano, quien también necesita asistencia psicológica. La concepción de su hija en la cárcel constituyó una situación de humillación para ambos, una violación a su intimidad y a sus proyectos. Se les impuso un proyecto de vida distinto al que tenían planeado. A la niña le sustrajeron la posibilidad de tener un padre durante sus primeros años de vida, esto le provocó grandes temores de perder a su padre. La señora Margarita Ramadán Burbano tuvo que enfrentar su embarazo y la crianza de su hija durante dos años sin la presencia de su marido, con el agravante de su discapacidad motriz y bajo muy malas condiciones económicas. La psicoterapia que están recibiendo tiene un corto alcance, insuficiente. Para que todos superen este trauma en forma definitiva, necesitan el reconocimiento, por parte del Estado, de la inocencia del señor Suárez Rosero, para reivindicar su dignidad. El recurso de apelación que se encuentra en trámite ante los tribunales internos, les provoca temor e inseguridad cada vez mayores. Recibe veinte dólares por cada sesión de terapia psicológica, como honorarios.
38. El Estado no ofreció prueba pericial.
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