Otorgamiento de la representación procesal. Los sistemas de designación del Procurador. El poder de representación procesal. Aceptación. El Poder general y el especial. Suficiencia y legalidad. El desaparecido bastanteo del poder






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ESCUELA DE PRACTICA JURÍDICA

-ASIGNATURA: “ RELACIONES ABOGADO PROCURADOR”

TEMARIO :

I.
La postulación procesal. La Figura del Procurador, evolución histórica. Estatuto Orgánico. Requisitos. Prohibiciones e incompatibilidades. El Procurador en el Libro Blanco de la Justicia. Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia. El Pacto de Estado para la Justicia.
II.
Otorgamiento de la representación procesal. Los sistemas de designación del Procurador. El poder de representación procesal. Aceptación. El Poder general y el especial. Suficiencia y legalidad. El desaparecido bastanteo del poder.
III.
Aceptación de la representación. Deberes y derechos. Incumplimiento de deberes. Infracciones y sanciones. La representación activa y pasiva. Renuncia y cese de la representación procesal. Revocación del poder. La Sustitución. El Oficial Habilitado.


IV.
Preceptividad de la representación y defensa. Reglas Generales y Excepciones. Ambito de actuación del Procurador en los ordenes jurisdiccionales. En el Civil, en el Penal, en el Contencioso-Administrativo, en el Laboral, en el Militar, en el Proceso Constitucional, en el procedimiento administrativo.


V.

Prontuario de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. El Registro Central de Rebeldes civiles. Cuestiones generales prácticas y criterios de los Tribunales en su aplicación.
VI
Los honorarios del Procurador. El Arancel. El devengo de derechos y los gastos suplidos. Factura al cliente y Cuenta al contrario en tasación de costas. Aspectos prácticos de la tasación de costas. La Provisión de Fondos. La habilitacion judicial de fondos. La reclamación judicial de la Cuenta de derechos y suplidos

VII.

La oficina judicial. El personal jurisdiccional. Oficiales, auxiliares y agentes judiciales. Secretarios judiciales. Juzgados de Paz. Auxilio jurisdiccional.
VIII

Actuaciones Judiciales: Lugar, tiempo, plazos y términos. Actos de comunicación. Los Oficios y los Exhortos. El computo de los plazos.

IX.
La demanda y los escritos. El Otrosí. La consignación con la demanda. Los actos judiciales de comunicación. Reglas para determinar el proceso correspondiente. SCNE y SERENO Real Decreto sobre la presentación de escritos ante la Administración. Las tasas judiciales.



X.


Aspectos prácticos de las ejecuciones de sentencia y títulos judiciales en la L.E.C. Localización de bienes del deudor. El R E G I N . Localización del paradero. Anotaciones de embargo. El Registro de la Propiedad. La autoliquidación en Consellería de Hacienda.
XI.

El embargo. El Registro de Bienes Muebles: las anotaciones de embargo de vehículos. Actuaciones posteriores al embargo. Actuaciones posteriores a la anotación preventiva de embargo y la subasta.
XII.
Las comunicaciones e instrucciones procesales entre el Abogado y Procurador. Las comunicaciones telemáticas y las nuevas tecnologías. Los libros registro de los Juzgados. La localización de asuntos. Exhibición y consulta de expedientes judiciales.

XIII
La celebración de vistas, juicios y audiencia previa. Usos y práctica forense. Responsabilidad civil, penal, y disciplinaria. Multas y sanciones procesales. El Procurador en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

____________________________________________________________


JOSÉ CÓRDOBA ALMELA

Procurador de los Tribunales
TEMA I

La postulación procesal. La figura del Procurador, evolución histórica. Estatuto Orgánico. Requisitos. Prohibiciones e incompatibilidades. El Procurador en el Libro Blanco de la Justicia. Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia. El Pacto de Estado para la Justicia..
LA POSTULACIÓN PROCESAL

Hoy en día la Administración de Justicia constituye un servicio público del Estado1, y en aras del mismo, velando por los intereses de los ciudadanos tanto en cuanto al éxito de sus pretensiones como a mantener un principio de igualdad entre las partes, se hace necesaria la intervención de profesionales actuantes en el proceso, bien representando a las partes, bien asesorándolas. Esta actuación es conocida en la doctrina procesalista con el nombre genérico de postulación procesal que engloba en ella dos instituciones: la Procuraduría y la Abogacía.

El fundamento y necesidad de la postulación radica principalmente en la complejidad que presentan las leyes y el desconocimiento de ellas y de los trámites procesales por parte de los particulares justiciables.

El Abogado se halla situado entre el justiciable que lo designa y el órgano jurisdiccional. Con ambos ha de estar en constante comunicación para aportación de datos, instrucciones sobre el asunto, notificaciones, actividades que constituyen la gestión no estrictamente defensora pero de gran importancia y que requiere permanente atención y diligencia.

A medida que estos actos de gestión aumentan en número, se plantea el problema de si el abogado, que ha de concentrar su dedicación y preocupación al estudio de los asuntos desde el aspecto sustantivo del derecho, debe asumir aquellos actos o son encomendados a otro profesional con dedicación exclusiva a aquellas funciones, para de esta forma no tener que hallarse sujeto a la eventualidad de abandonar constantemente una labor, que exige continuidad y abstracción, para atender otros menesteres importantes y necesarios.

Por otro lado, y por lo que se refiere a los órganos jurisdiccionales, el entenderse directamente con el justiciable, desconocedor de la técnica procesal, o al entenderse directamente con el abogado, extrayéndole de esos otros menesteres a los que está llamado, habría de constituir un grave obstáculo para el desarrollo normal y despacho de sus asuntos. Evento que el Estado, en aras del buen funcionamiento de la Administración de Justicia como servicio público, ha de tener en cuenta.

De hecho, en los trabajos previos a la elaboración del Libro Blanco de la Justicia2, las distintas fuentes jurídicas consultadas, especialmente los jueces y magistrados, se mostraron partidarios de establecer la preceptiva intervención del procurador en todo tipo de procedimientos o, al menos, en aquellos de mayor entidad, argumentando en apoyo de esta tesis, que en aquellos procedimientos en que no se exige dicha intervención se originan importantes disfunciones y dilaciones en la tramitación de las actuaciones.

En este mismo sentido, el propio Tribunal Constitucional ha puesto de manifiesto la trascendencia de la intervención del procurador en el correcto desarrollo del proceso «sin cuya colaboración no sólo se resentiría gravemente el normal funcionamiento del mismo, sino que resultarían de imposible cumplimiento las garantías de efectividad y defensa que impone la Constitución a la tutela judicial» 3.

De estas razones expuestas, así como de la especialización de funciones que hoy en día preside la vida cotidiana en nuestra sociedad, se desprende la necesidad de la existencia de un postulante profesional, perito en Derecho Procesal, conocedor del funcionamiento de la oficina judicial, que esté en contacto con ésta, velando por los intereses y derechos de sus representado, y en definitiva colaborando a su vez para mejorar el servicio público que constituye la Administración de Justicia.

Este profesional postulante especializado no es otro que el Procurador de los Tribunales, figura que nace en el Derecho Romano, desde el cognitor evoluciona hsta el procurator ad litem en el Derecho Justineano, para ser después en nuestro Derecho Medieval el personero como más adelante brevemente apuntaremos.

En otros países de nuestro entorno herederos y de Latino América encontramos la misma figura con ciertas particularidades que lo diferencian en cierta medida.

LA FIGURA DEL PROCURADOR. EVOLUCIÓN HISTÓRICA.4

Etimológicamente la palabra Procurador proviene de las latinas "curator pro alio", que significan la persona que cuida de otra. Dentro de ese significado literal pueden considerarse comprendidos a todos aquellos que representan o cuidan de cosas ajenas como mandatarios, apoderados, administradores, gestores, agentes, y hasta los propios representantes políticos, conocidos en Castilla con la misma denominación de Procuradores.

Razones históricas avalan igualmente la raigambre de la institución de la procura en nuestro derecho que, a diferencia de los que ha ocurrido en otros países de nuestro entorno ha perdurado con asentamiento, vigor y eficacia.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA.

Para encontrar los orígenes del  Procurador hemos de acudir al Derecho Romano, ya que en Grecia se ignoró esta figura que  ni existió en el ambito del derecho procesal ni el material.

El Procurador no surge espontáneamente ni se creó lesgislativamente en la Antigua Roma, fueron causas de necesidad las que dieron origen al oficio de Cognitor, y posteriormente al de Procurator, versiones antiguas que llegan a nuestros dias con el nombre de Procurador de los Tribunales.

El Cognitor era el representante del dominus en el proceso, y sólo era esa su función. El Procurator, sin embargo tenía otros cometidos más amplios en lo que respecta a su actuación fuera del proceso. Era algo así como un administrador general o particular de patrimonios ajenos. Ambas figuras coincidieron en el tiempo si bien el Cognitor precedió al Procurator Romano.

No fue pacífico el nacimiento de este representante, ya que, como sabemos, en el derecho romano no se admitía la representación directa, ni en el proceso ni fuera de él, en negocios jurídicos, por ejemplo. Las personas que actuaban en representación de otras hacían que los efectos de sus actos recayeran sobre ellas mismas y más tarde los trasladarían a sus representados mediante un negocio jurídico posterior.

Razones de carácter práctico dieron lugar a la regulación excepcional de la representación directa, y así Justiniano, en sus "Instituciones", estableció cuatro supuestos en los que podría tener cabida la representación, antecedente directo del Procurador:

1.- Acciones "pro populo"; lo que actualmente se conoce como acción popular, ya que ante la imposibilidad de que acudiera el pueblo entero a ejercitarla, se posibilitó que un representante procesal actuara.

2.- Acciones "pro libertate"; surgido ante la imposibilidad de que un esclavo compareciera en el proceso para ejercer la acción de reivindicar su libertad, nació así el "adsertor libertatis"

3.- Acciones "pro tutela"; otra razón de carácter práctico que quebró la prohibición de la representación en el Derecho Romano, cual era que los pupilos sometidos a tutela no podían acudir al proceso más que a través de su tutor (representante procesal).

4.- Las acciones “Ex lege Hostilia”. Los casos que amparaban este supuesto de representación son los que podían actuar en nombre del cautivo, del ausente que había sufrido un "furtum", soldados que se encontraban en misión oficial fuera de la cívitas, etc.

Pero poco a poco estas excepciones fueron generalizándose bien por razones socio-económicas impuestas por la propia expansión del Imperio, bien por razones de carácter práctico, para terminar admitiéndose con el paso del tiempo la representación en sus dos modalidades de directa o indirecta según los casos; y en el campo procesal de esa manera tuvo que nacer el oficio del Cognitor y después el del Procurator.

El primer texto romano en el que aparece la figura del Cognitor fue en una obra anónima del 82 a.C. fruto de los apuntes tomados por un alumno de su tutor privado ( Cicerón o Cornificio) "Rethorica ad Herenium", que decía : "Ex aequo et bono ius constat, quod ad veritatem et utilitatem comunem videtur pertinere quod genus ut maior annis LX et cui morbus causa est, cognitorem det. Ex eo vel novum ius constitui convenit ex tempore et ex hominis dignitate.", lo que traducido al castellano significa que: Es bueno y equitativo que el mayor de sesenta y aquel que esté impedido o enfermo pueda nombrar Cognitor.

Necesidades de carácter práctico, evitadoras de indefensión, dieron lugar a esta figura del representante procesal.

El origen del Procurator es bien distinto, pues su nacimiento no está en aquellas razones meramente procesales fruto de las que nació el Cognitor sino en el ámbito de la administración de patrimonios. El Procurator era el "capataz" del dominus que, en ausencia del mismo, se encargaba de alguna o algunas gestiones del patrimonio del dominus, Procurator omnium bonorum o administrador de patrimonios ajenos. De ahí que los investigadores lleguen a la conclusión de que el Procurator era el esclavo de confianza del señor, esclavos de reputada confianza que llagaron a ser manumitidos, adquiriendo el estatus libertatis, por lo que siempre le estarían agradecidos, creándose entre ellos unos lazos de confianza que posibilitaron posteriormente la función del Procurator. Éste era el alter ego del dominus sobre todo cuándo éste se encontraba ausente, y era el que adoptaría las decisiones sobre la administración del patrimonio del señor. Con el paso del tiempo cuando el dominus se encontraba con frecuencia ausente, empieza a existir una preocupación por el legislador por regular esta situación y de ahí surge la Ley Hostilia recogida por Justiniano en sus "Instituciones" admitiendo la representación el juicio del que ausente veía disminuido su patrimonio por un robo.

Así, la primera figura surgida fue la del Procurator omnium bonorum, de carácter general, y luego surgió el Procurator unius rei hasta llegar al Procurator ad litem, que encarna tan sólo la representación procesal.

En el Digesto de Justiniano encontramos una definición del Procurator: "Procurator es el que administra negocios ajenos por mandato del dueño. Más el Procurator puede ser nombrado para todos los negocios o para uno sólo, o estando presente o por medio de mensajero o por carta aunque algunos, como Pomponio, no consideren que es Procurator el que acepta el mandato para un sólo negocio.

Sólo al Procurator ad litem podemos calificarlo como representante procesal en un sentido estricto, pero no dejaba de ser una representación indirecta habida cuenta que en un momento posterior del litigio era cuando el resultado del mismo se traslada al dominus litis.

El Procurator podía actuar sin mandato previo, de ahí que fuera un auténtico representante procesal ab initio con representación directa una vez desaparecida la figura del Cognitor, si bien con el requisito de depositar una cautio de rato, antes de intervenir como representante del dominus, a fin de serle devuelta una vez que el dominus o representado ratificara la actuación de aquel dando por firme y válido lo resuelto en el juicio. Si el dominus no ratificaba lo resuelto por el Procurator, podría ser demandado nuevamente aquel, perdiendo el Procurator la caución depositada. Esta caución sólo procedía en los casos en los que el dominus se encontrara presente " Procurator praesentis" obligándose al dominus a aceptar lo actuado por su Procurator. Igualmente no era exigible la cuatio de rato al representante, cuándo se le había apoderado ante el Escribano (apud acta) ya que no existía duda del consentimiento y por ende de la asunción de lo que se resolviera en el litigio por parte del "poderdante", equiparándose así al Procurator apud acta con el Cognitor.

La tercera excepción a la prestación de fianza por el Procurator, es cuando el nombramiento de éste se efectuaba por carta dirigida al adversario.

En estos tres supuestos se eliminaba la incertidumbre de la parte contraria sobre si el Procurator iba a ser ratificado o no en su actuación por el dominus.

Con la invasión de los pueblos germanos en nuestra península el Derecho visigodo pervive el derecho romano que es más perfecto y evolucionado que éste, permitiendo dicha circunstancia para conseguir su recopilación. Así se hizo con el Código de Eurico, primer monarca legislador, y en el Brevario de Alarico también que llegó a denominarse “Lex Romana Visigothorum” en el que el tiutlo II, del Libro I se refería al Procurador con el rótulo de “De Procuratoribus et Cognitoribus” perviviendo de esta forma el derechos romano y el visigodo sin alterar demasiado la Institución de la Procura más que en aspectos crematisticos.

Comienza nuestro Derecho Histórico con el Fuero Juzgo que no es más que la traducción al romance del Liber Iudiciorum germano, cambiándose la denominación de Procurador por la de “personero”. Mas tarde, en la Edad Media el Fuero Real se ocupa del personero con diecinueve leyes que regulaban pormenorizadamente aspectos de la función del personero en el proceso –que podía serlo cualquier persona mayor de edad-, requiriéndose la carta de personería, y prohibiendo a las mujeres que lo pudieran ser.

Las Partidas de Alfonso X, máxima recopilación de las leyes existentes hasta esa fecha, regula la figura del Personero definiéndolo como que son “aquellos que reciben pleito ajeno para demandar o para defender a otro a través de poder otorgado por aquel que es el señor del pleito.”, definiéndolo otras veces como “ayudadores” de la justicia.

Con la Novísima Recopilación derogando el Ordenamiento de Montalvo, las Leyes de Toro y la Nueva Recopilación se cambia la denominación de personero para ser denominado Procurador como sigue denominándose hoy en día.
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