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fecha de publicación14.08.2015
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ZIMMERMANN – EL PODER JUDICIAL, LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO, Y EL FEDERALISMO: ARGENTINA 1860- 1880
Durante el proceso de la Organización Nacional, la idea de orden público fue delineada en torno a la capacidad del naciente gobierno central para imponerse a esas fuentes alternativas de poder que encarnaban los caudillos provinciales. Existía, en consecuencia una estrecha relación entre las instituciones jurídicas y el problema del orden público y el proceso de construcción del estado- nación.
Formación del Poder Judicial

El gobierno de la Confederación Argentina había tratado infructuosamente de instalar en 1854 el Poder Judicial según el texto de la Constitución de 1853, que consistía en un Poder Judicial compuesto por una Corte suprema y por los tribunales inferiores que fueran creados por el Congreso.

Con la presidencia de Mitre en 1862, y tras la reforma constitucional de 1861, el Congreso Nacional organizó la composición del Poder Judicial de la Nación, formado por la Corte Suprema de Justicia y los juzgados federales llamados juzgados de sección.

La escasa disponibilidad de recursos (materiales y humanos) para enfrentar el establecimiento de estas instituciones resultó uno de los principales obstáculos:

En cuanto a los recursos humanos, el escaso número de abogados ocasionó demoras en cubrir cargos en los juzgados. Esta escasez de hombres se extendía también a un problema más general de superposición entre las funciones judiciales y los cargos políticos. Durante los años de Organización Nacional, y explicado por esta carencia de recursos humanos, los cargos políticos y judiciales continuaron superponiéndose, planteando numerosos interrogantes sobre la vigencia de principios como la independencia de la justicia y división de poderes, y estableciendo rasgos de continuidad tradicional en un contexto de fundación del estado moderno. El permanente movimiento entre posiciones de poder judicial y los cargos políticos, alimentado por la escasez de hombres ilustrados, afectaba a los jueces federales, dado el carácter necesariamente político que marcaba a la justicia federal durante el proceso de organización del estado nacional, cuando los enfrentamientos entre el gobierno nacional y los caudillos provinciales fueron frecuentes.

Respecto a los recursos materiales, frente a la situación de necesidad y enfrentando peligros internos y externos, los escasos recursos disponibles se destinaban al fortalecimiento de la fuerza militar nacional. El crecimiento de fondos destinados al Ministerio de Justicia, Culto e instrucción Pública durante los primero años de las administraciones de Sarmiento y Avellaneda, sin embargo, están lejos de expresar la decisión de estos presidentes de fortalecer el aparato judicial. Implicaba en realidad una creciente postergación del mismo frente al avance de la política educativa que estas dos presidencias llevaron a cabo. Los juzgados federales en las provincias fueron una fuente de reclamos y protestas por la escasez de recursos materiales con la que debían enfrentar su tarea.

Por otra parte existían problemas en cuanto a la existencia de una sola Cámara de Apelación en Buenos Aires, o el escaso número de agentes fiscales en las provinciales que afectaba el funcionamiento de los juzgados. Además, la carencia de medios propios para ejecutar sus resoluciones hacia frecuente que los juzgados quedaran completamente librados a la cooperación que debían, pero no siempre querían o podían, brindar las autoridades provinciales. Pese a estos problemas, tanto la Corte Suprema como los juzgados de sección fueron aumentando el número de causas atendidas año tras año: en Buenos Aires esto justifico la creación de un segundo juzgados. Sin embargo, en otras provincias no parecía justificarse la existencia de un juzgado propio o, bien, se decidió la fusión de dos juzgados en uno solo.
Los jueces federales y el problema del orden público

En periodo que cubre las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda (1862 a 1880) está caracterizado por el conflicto entre la creciente afirmación del gobierno nacional y los intentos de resistencia de las provincias a ese avance. Con la creación de la Justicia Federal se establecieron también los instrumentos legales a través de los cuales podían castigarse estos actos de resistencia al gobierno nacional.

La eficacia de estos instrumentos fue dudosa para frenar los intentos revolucionarios. Los mismos jueces federales reclamaban una modificación en la legislación que impusiera más severas penas a los rebeldes. Ya sea por lo inadecuado del procedimiento criminal, por la levedad de las penas, o por la carencia de medios efectivos en los juzgados para hacer cumplir las condenas, durante los levantamientos provinciales los jueces federales se vieron colocados en posiciones difíciles para hacer sentir el peso del estado nacional frente a los rebeldes.

Por otra parte, la situación de los jueces federales en las provincias podía volverse difícil por sus diferencias con los jueces provinciales y, más frecuentes aún, por los enfrentamientos directos entre los jueces federales como representantes del gobierno nacional y los rebeldes.

En la etapa final del período, la justicia federal fue haciéndose sentir con creciente fuerza como una herramienta del gobierno central contra los levantamientos, rebeliones y sediciones, el proceso de afianzamiento definitivo del gobierno nacional adquirió renovado impulso en 1880 con la federalización de Buenos Aires y la asunción a la presidencia de Roca. Este proceso se caracterizó por una renovación en los procedimientos utilizados para alcanzar dicho afianzamientos: por una parte, la aparición de nuevas herramientas jurídicas (como el Código Penal o el Código de Procesamiento) que permitirían alcanzar la eficacia en la sanción de los delitos; por la otra, la eliminación de las milicias provinciales y la utilización del patronazgo y de la intervención federal como instrumentos para garantizar la estabilidad de las situaciones favorables al gobierno nacional en las provincias.
La justicia federal, el modelo norteamericano y el federalismo argentino

Desde la sanción misma de la Constitución en 1853 había comenzado a debatirse si la fuente inspiradora de la misma era o no la constitución norteamericana. Uno de los redactores del texto constitucional, había declarado al momento de su presentación que el mismo estaba vaciado en el molde de la Constitución de los Estados Unidos. Sarmiento había llegado a la conclusión de que la práctica norteamericana y las decisiones de sus tribunales son antecedente y norma de los nuestros. Alberdi, en cambio, había insistido en la singularidad del texto argentino, sistema mixto de unidad y federalización.

La reforma constitucional de 1860 tuvo entre sus objetivos eliminar del texto constitucional de 1853 una serie de instrumentos centralizadores otorgados al gobierno nacional, realineando de esa forma a la constitución argentina con el modelo norteamericano. Siguiendo esta tendencia, las leyes por las cuales se organizó la justicia nacional y se determinó su jurisdicción ampliaron aún más las facultades de las justicias provinciales respecto a la justicia federal en numerosas materias.

El punto hecho por Alberdi sobre la naturaleza histórica de las provincias argentinas como partes de un solo estado, impulsaría un diálogo fluido entre la teoría constitucional y la historia constitucional argentina. Quienes postulaban la afinidad con el modelo norteamericano, veían a la organización nacional, y a la constitución, como un pacto entre provincias o estados preexistentes; quienes desconfiaban de tan afinidad adherían a una visión del pasado nacional como un estado único, legado de la dominación española, y al federalismo como una concesión a las aspiraciones localistas de las provincias.

El ministro de justicia de Mitre afirmaba que la justicia federal era una especialidad de la Constitución de EE. UU. Y por lo tanto debía ser estudiada en las mismas fuentes en que tuvieron origen. Esta preocupación por seguir las fuentes doctrinarias norteamericanas, inspiró una política oficial de difusión de las mismas. Dentro de este proceso de difusión del modelo norteamericano, sin embargo se encuentran algunas voces disidentes: tanto los cuerpos legislativos de la Confederación como del Estado de Buenos Aires habían coincidido en sendos debates en 1858 en adoptar la doctrina de la interpretación judicial de la Constitución, reconociendo así el carácter unificador de la Justicia Federal. Sin embargo, no faltaron en estos debates opiniones contrarias al otorgamiento de esa facultad de la justicia federal.

Tanto la oposición de Quedada en 1858 al otorgamiento del control de constitucionalidad al poder judicial federal, o la posición de sarmiento en 1863 sobre las facultades de los gobiernos provinciales respecto a su seguridad, revelan que entre los mismos partidarios del modelo norteamericano existían diferentes interpretaciones del mismo.

Desde fines del siglo XIX se desarrolla un intenso debate político, jurídico e historiográfico sobre los orígenes y características del federalismo. Hacia el Centenario estas preocupaciones confluían con otra importante corriente del pensamiento, una corriente reformista liberal que modificaría las bases del régimen a través de la reforma electoral. Estos movimientos estaban de acuerdo que el fortalecimiento de la justicia federal era un necesario primer paso, y que la reforma constitucional de 1860 había debilitado a la justicia federal de varios modos: 1) confiando a los tribunales de provincia la aplicación ordinaria de los códigos nacionales en materia civil, comercial, penal y de minería; 2) excluyendo de la jurisdicción federal la libertad de imprenta y los recursos de fuerza; 3) quitando a la Corte Suprema la decisión de los conflictos entre los distintos poderes públicos de una misma provincia y la de las causas entre una provincia y sus propios vecinos.

De la imitación del modelo norteamericano como garantía del federalismo a la reconsideración de un modelo más centralizador, tal cual había sido postulado por la constitución de 1853, la justicia federal recorrió así entre la Organización Nacional y el Centenario una parábola similar a la de las relaciones entre estado nacional y las provincias.
Conclusiones

La construcción de la justicia federal estuvo condicionada a las mismas limitaciones materiales y humanas que enfrenta toda nueva institución estatal durante su surgimiento. Las limitaciones en cuanto a recursos humanos incidieron en la superposición de funciones políticas y judiciales de los letrados como hombres ilustrados, afectando negativamente el proceso de diferenciación necesario para garantizar la independencia de la justicia.

Los escasos recursos materiales sugieren la necesidad de matizar la imagen del nuevo estado nacional volcado masivamente a la consolidación de un fuerte aparato represivo como forma de asegurar el orden público. Una buena parte de esos recursos se dirigieron a financiar conflictos externos, y no al mantenimiento del orden interno.

Durante la organización nacional, por una parte, la definición del modelo norteamericano al cual se intentaba seguir parecía no advertir que las discusiones sobre lo que se constituía un sistema federal no estaban agotadas ni siquiera en los EE. UU. Durante el Centenario, en cambio, se registra un vuelco hacia la centralización, tomando como símbolo el federalismo, y se fueron eliminando una serie de resortes institucionales con los que contaba el Gobierno Nacional, debilitando exageradamente las facultades de los organismos federales e impulsando una reacción centralizadora.

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