VI. Se anexa la solicitud de información con acuse de recibo, y se exponen los elementos que la justifican, así como los agravios que causa a los recurrentes la resolución impugnada






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EDUARDO MARTÍNEZ PALOMERA, LEONOR MALDONADO MEZA, FRANCISCO JOSÉ PÉREZ TEJADA AGUILERA, FERNANDO GONZÁLEZ REYNOSO, DAVID PÉREZ TEJADA PADILLA, JOSÉ LUIS HUAPE RODRÍGUEZ Y ALEJANDRINA BARAJAS RAMOS.

VS.

UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.

RECURSO DE REVISIÓN.

EXPEDIENTE:


INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

Presente.
EDUARDO MARTÍNEZ PALOMERA, LEONOR MALDONADO MEZA, FRANCISCO JOSÉ PÉREZ TEJADA AGUILERA, FERNANDO GONZÁLEZ REYNOSO, DAVID PÉREZ TEJADA PADILLA, JOSÉ LUIS HUAPE RODRÍGUEZ y ALEJANDRINA BARAJAS RAMOS, mexicanos, ciudadanos, con residencia en Mexicali, Baja California, por derecho propio y como miembros de una colectividad con ideales, fines e interés legítimo en la construcción de un gobierno honrado, eficaz, eficiente, transparente y proactivo a la rendición de cuentas públicas, actuamos bajo la denominación “OBSERVATORIO CIUDADANO DE BAJA CALIFORNIA” o sus abreviaturas OBSERBC; señalamos como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones la oficina ubicada en Calle “E” número 197 Altos, entre Avenidas Reforma y Madero, Colonia Nueva en Mexicali, Baja California, y autorizamos para tal efecto a los C. Licenciados FRANCISCO PATIÑO CASTAÑEDA, EDNA LILIANA HUAPE FAUSTO e ISABEL GUZMÁN GARCÍA, indistintamente, ante ustedes con el debido respeto comparecemos a exponer:
Con fundamento en los artículos 78 fracciones I, III, IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, venimos a interponer recurso de revisión en los términos y bajo las consideraciones siguientes:
I. Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud de acceso: MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA y DER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA y UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL XX AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA.
II. Actos o resoluciones que se recurren:
La respuesta que dio el Jefe de la Unidad Municipal de Acceso a la información de la Secretaría del XX Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, de fecha 18 de noviembre de 2011, en respuesta a la solicitud que presentaron los recurrentes.
V. Fecha en que se notificó la resolución impugnada:
El día 23 de noviembre de 2011; para efecto del cómputo fue inhábil el día 5 de diciembre del año en curso.
VI. Se anexa la solicitud de información con acuse de recibo, y se exponen los elementos que la justifican, así como los agravios que causa a los recurrentes la resolución impugnada.
AGRAVIOS
La resolución impugnada además de ser regresiva, viola el contenido del artículo 1 primero, segundo y tercer párrafos, 6, 7 y 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 24 fracción X, 25, 26, 27, 28 y 29 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California y la jurisprudencia internacional que ha permitido el desarrollo del derecho al acceso a la información pública, por las razones que se expresan a continuación.
Los recurrentes presentamos al Municipio de Mexicali, Baja California, con fecha 4 de noviembre de 2011, solicitud de la información siguiente:
A. El monto mensual desglosado de todas las percepciones, remuneraciones o prerrogativas económicas que el presidente municipal, Secretario del Ayuntamiento, Oficial Mayor, Sindico Procurador, Tesorero, Directores de la Administración Central y paramunicipal tienen asignado con motivo de su nombramiento.
B. Se especifique la clase y monto mensual de impuesto que efectivamente paga o entera al fisco cada servidor público antes mencionado por las percepciones, remuneraciones o prerrogativas económicas que tienen asignadas con motivo de su nombramiento.
C. Se especifique sobre cuál de las percepciones, remuneraciones o prerrogativas económicas que tienen asignadas cada servidor público antes mencionado no se paga, ni entera al fisco impuesto alguno, así como los motivos y fundamentos de ello.
Se solicita que la información requerida se nos entregue por escrito firmada por el responsable del sujeto obligado, y en archivo electrónico en formato Microsoft Office Word en disco compacto, con posibilidad de ser copiado y reproducido.
La solicitud se presentó bajo la convicción de que en las sociedades democráticas, los ciudadanos tenemos el deber y el derecho de participar activamente en la construcción del “espacio público”. Específicamente consideramos que a través del ejercicio del derecho de acceso a la información se fomenta la participación democrática y sobre todo el control ciudadano sobre la gestión gubernamental.
Se pidió información que está bajo la custodia del Municipio de Mexicali, Baja California, con el objeto de saber, si el sujeto obligado cumple con el mandato constitucional de fijar a los servidores públicos mencionados en la solicitud, retribuciones equitativas y congruentes con la situación socioeconómica que guarda el Estado y la Hacienda Pública, y cotejarlas contra lo presupuestado. El artículo 97 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, dispone:
Artículo 97.- ….
Los Servidores Públicos Titulares de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los Ayuntamientos recibirán una retribución adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, misma que será equitativa y congruente con la situación socioeconómica que guarde el Estado y con las condiciones de la Hacienda Pública, determinada en su monto total en el Presupuesto Anual de Egresos y dada a conocer en forma pública con la situación patrimonial de dichos titulares.
Así mismo para saber si cumple con los topes a las remuneraciones que establece el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos independientemente de las simulaciones por denominaciones engañosas que pudieran encubrir ingresos por servicios; queremos saber si el Poder Ejecutivo Local se ajusta a esa disposición constitucional que al efecto establece:
Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:
I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.
V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.
VI. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo.
La pretensión ciudadana es conocer el estado real que guardan las remuneraciones de los servidores públicos mencionados en la solicitud para constatar que estén armonizadas con la norma constitucional y nuestra realidad socioeconómica o en caso contrario, proponer soluciones que supriman privilegios o prerrogativas contrarias al interés colectivo.
Ese propósito se inspira en otras justificaciones de igual naturaleza como aquélla que expresa que ninguna persona o corporación puede gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados en ley; así como en la máxima que acuñó Don Benito Juárez:
“Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad. No pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”.
Además con la información solicitada se pretende saber si los servidores públicos de mérito cumplen con la obligación de contribuir al gasto público mediante el pago de contribuciones que causan las percepciones que reciben con motivo de su nombramiento, de manera proporcional y equitativa como dispone el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes:
Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:
I. …

II. …

III….

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
Consideramos que para afianzar la equidad del sistema impositivo y aumentar la base tributaria, es imprescindible, en su caso, disminuir la brecha de incumplimiento en el entero de impuestos de servidores públicos, por lo que se hace necesario ejercer control sobre ello a fin de construir una sociedad más justa e igualitaria.
Ciertamente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, dispone que la información que posea el sujeto obligado es un bien público que está a disposición de cualquier persona, sin necesidad de acreditar un derecho subjetivo, ni justificar la solicitud, empero los recurrentes consideramos pertinente dar a conocer las razones de nuestra acción para ser congruentes con la naturaleza del OBSERBC del que formamos parte.
Ante la solicitud de información el Jefe de la Unidad Municipal de Acceso a la Información de la Secretaría del XX Ayuntamiento de Mexicali, Baja California1, dio respuesta a la solicitud que presentamos.
En la respuesta que da el Director de la Unidad Concentradora se señala que la información requerida en el inciso “A” de la solicitud, relativa al monto mensual desglosado de todas las percepciones, remuneraciones o prerrogativas económicas del Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Síndico Procurador, Tesorero, Directores de la Administración Central y Paramunicipal tienen asignado con motivo de su nombramiento, es la que se especifica en la respuesta que se da con el folio UMAI-0042/2011 y el anexo al mismo.
Sin embargo, en la respuesta que da el sujeto obligado no precisa que se refiera a todas las percepciones o remuneraciones que tienen los servidores públicos con motivo de su nombramiento, por lo que en la respuesta es incompleta o parcial.
Ahora, en el oficio que suscribe la Unidad Municipal se expresa que, en cuanto a los cuestionamientos realizados en los puntos “B” y “C”, se establece que los datos aparecen en el anexo al oficio UMAI-0042-11, empero no establece los motivos y fundamentos en base a los cuales se deja de tributar el impuesto sobre la renta conforme a lo establecido en el capítulo I, título IV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y demás disposiciones reglamentarias.
La respuesta que da la Unidad Municipal es parcial o incompleta porque en el inciso “C” de la solicitud que presentaron los hoy recurrentes ante el sujeto obligado, requirieron de manera especial información sobre motivos y fundamentos por los que no se paga el impuesto de acuerdo como lo marca la Ley de la materia antes citada, y al no haber dado respuesta completa violaron las disposiciones legales citadas al inicio de este agravio.
Obviamente esa respuesta no reúne los requisitos previstos en el artículo 3 segundo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, ni satisface la petición, porque es deber del sujeto obligado precisar primero el monto desglosado de todas las percepciones que se entregan a los servidores públicos mencionados con motivo de su nombramiento, con independencia del nombre que se le haya dado a esas percepciones.
Así mismo, se debe precisar la clase y monto mensual del impuesto que se entera al fisco por cada percepción económica que el servidor público tiene asignada con motivo de su nombramiento, también sobre aquellas que no entera impuesto alguno y los motivos y fundamentos legales.
Debe quedar claro, las evasivas, engaños y cualquier otro subterfugio empleado por el sujeto obligado para no cumplir con el deber de informar bajo las directrices legales, constituye fraude a la ley, e implica subsunción de su conducta en el artículo 92 fracciones I y III de la Constitución del Estado, que en lo conducente establece:
Artículo 92.- El Congreso del Estado, dentro de los ámbitos de su competencia, expedirá la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:
I.- Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el Artículo 93 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.
II.- …
III.- Se aplicarán las sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
Desde luego, que la información se debe entregar a los solicitantes en la forma requerida, esto es, que se entregue por escrito firmada por el responsable del sujeto obligado, en archivo electrónico en formato Microsoft Office Word en disco compacto, con posibilidad de ser copiado y reproducido, porque ésta también es una garantía ciudadana.
A mayor argumento. La información solicitada se debe considerar accesible a los ciudadanos, porque es el contenido de un derecho humano protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano citados al inicio de este agravio, por la Ley de la Materia y por la jurisprudencia internacional.
De suerte que suponiendo, si conceder, que la información estuviera clasificada como reservada, en un test de proporcionalidad debe primar el derecho humano al acceso a la información ejercido por los recurrentes, sobre la reserva que invoca la autoridad en atención al principio “pro homine” o lo más favorable a las personas, que ya ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis siguiente:
Núm. IUS: 164028

Localización:

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXXII, Agosto de 2010

Página: 464

Tesis: 2a. LXXV/2010

Tesis aislada

Materia (s): Constitucional
Rubro: INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. DEBE INTERPRETAR LAS LEYES DE SU COMPETENCIA CONFORME A LOS DERECHOS DE LA PERSONA. Texto: En ocasiones las autoridades administrativas que realizan un control de la legalidad tienen competencia para resolver asuntos en que están involucrados los derechos de la persona, lo que sucede en el caso del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, cuyas resoluciones guardan relación estrecha con las tensiones que, en algunos casos, se producen entre el derecho a la información, contenido en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho a la vida privada, tutelado en su fracción II, y en los numerales 14 y 16. Desde esa óptica, es posible determinar que dicha autoridad viola los deberes de exacta aplicación del derecho, así como de fundamentación y motivación adecuada, previstos en los artículos 14 y 16 citados, de interpretar las leyes sin considerar los efectos que ello pueda producir en todos y cada uno de los derechos legales, internacionales y constitucionales en conflicto; esto es, en caso de que, en ejercicio del control de legalidad que tiene encomendado aplique las leyes de la materia en forma irrazonable, poniendo en riesgo el goce efectivo de alguno de los derechos de la persona, máxime que el artículo 6o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone que el derecho de acceso a la información pública se interpretará conforme a la Constitución General de la República, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, así como a la interpretación (jurisprudencia) que de ellos hayan realizado los órganos internacionales especializados.
Precedentes: Amparo en revisión 1922/2009. Met-Mex Peñoles, S.A. de C.V. y otra. 30 de junio de 2010. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando Silva García. Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 56/2011 en el Tribunal Pleno.
Incluso el artículo 1 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra ese principio en los términos siguientes:
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Esa forma de proceder en la interpretación del derecho de acceso a la información se impone a todas las autoridades dentro del ámbito de su competencia, de ello se sigue que el Órgano Garante debe interpretar el derecho ejercido por los solicitantes conforme al principio más favorable a la persona y de acuerdo a los principios derivados del tercer párrafo del artículo 1 de la Ley Suprema de la Nación, que dispone:
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
De lo anterior se obtiene que aun suponiendo que la información solicitada estuviera clasificada como reservada, el derecho al acceso a la información prevalecería porque es un derecho de mayor entidad para el interés público y beneficio social, que la exigencia de ocultar datos económicos cuya develación no lastima el derecho a la intimidad de los servidores públicos; más aún, si se toma en cuenta que los servidores públicos están y deben estar cada vez más expuestos a un amplio escrutinio público por la naturaleza de su función.
No se debe soslayar que la información solicitada reviste interés público, porque tales datos pueden revelar un irregular manejo de fondos que son de todos los y las mexicanas, así como una profunda desigualdad e inequidad en la recaudación tributaria.
Es claro que la información relativa a percepciones y entero de contribuciones de los servidores públicos no pone en peligro la seguridad nacional, el orden público, la moral, la salud pública, el honor y la reputación de las personas.
En caso de que se estudien las razones que dio el sujeto obligado al negar la información, el órgano garante debe ejercer control de constitucionalidad y de convencionalidad internacional de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos; en tal caso debe tomar en consideración lo siguiente.
Si bien el derecho de acceso a la información que ejercieron los recurrentes no es absoluto, las limitaciones que invoca el sujeto obligado y las leyes en que se sustentan las restricciones deben dar cumplimiento estricto a los requisitos derivados del artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según las cuales, toda limitación debe ser de: carácter excepcional, de consagración legal, con objetivos legítimos, de rigurosa necesidad y proporcional.
El órgano garante debe advertir que el sujeto obligado no demostró que la reserva y confidencialidad que invocó como limitación al acceso a la información cumplieron con los requisitos antes mencionados, por ello, tanto la resolución que emitió el sujeto obligado como las leyes en que se fundó son discrecionales y arbitrarias, generan en sí un estado de inseguridad jurídica sobre el alcance de las facultades estatales para restringir ese derecho humano.
No proporcionar la información relativa a las percepciones y entero de impuestos de los servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado, de manera alguna protege la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, máxime que en la respuesta del sujeto obligado no se explicó de qué manera la develación de la información podría lesionar esos bienes jurídicos o el derecho a la intimidad de los servidores públicos, mucho menos definió esos conceptos para determinar su alcance en el caso concreto.
En todo caso, el órgano garante de entre varias opciones interpretativas siempre debe escoger la que restrinja en menor medida el derecho de acceso a la información, y cuidar celosamente que la restricción invocada por el sujeto obligado sea conducente para alcanzar su objetivo, debe ser proporcional al interés que justifique su establecimiento, y acotado en cuanto a sus alcances para que interfiera en la menor medida posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información, esto implica que el órgano garante debe hacer un test de proporcionalidad entre el derecho ejercido por los impugnantes y las restricciones invocadas por el sujeto obligado.
Es importante destacar que en la respuesta que dio la Unidad Municipal no se explica con claridad los motivos por los cuales estimó que develar la información sobre percepciones y entero de impuestos de los servidores públicos del gobierno centralizado y descentralizado del Estado implicaría violación al bien jurídico resguardado por los preceptos legales invocados en la contestación, ello por sí mismo constituye violación del derecho al debido proceso protegido por el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque las decisiones adoptadas por las autoridades que afecten Derechos Humanos siempre deben estar debidamente justificadas.
Tampoco tiene la calidad de confidencial la información solicitada porque no está clasificada como tal por el comité técnico, pero sobre todo porque no está en algún supuesto previstos en los artículos 29 y 30 de la Ley de la materia.
Esperamos que el sujeto obligado ajuste su conducta a la proclama que publica en la sección transparencia del portal.
Es exigencia social que las autoridades del gobierno mexicano ajusten su conducta pública al discurso, para que sociedad civil y gobierno construyamos una sociedad congruente.
Por todo lo argumentado se debe condenar al sujeto obligado a entregar de inmediato la información solicitada con los requisitos de claridad, calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.
Con fundamento en el artículo 91 de la ley de la materia se ofrecen como pruebas las siguientes.
PRUEBAS
1. Declaración bajo protesta de decir verdad a cargo de quien tenga la representación legal del Municipio de Mexicali, Baja California: Consistente en las preguntas libres y directas que se formularán a dicho representante legal para que informe al órgano garante sobre la veracidad de las percepciones de los servidores públicos, independientemente del nombre que se le dé a la percepción, tales como compensaciones, ayudas, premios, bonos u otro, así como su desglose.
Esta prueba se relaciona con los hechos contenidos en el único agravio de este escrito.
2. Documental. Consistente en copia de la solicitud de información de fecha 3 de noviembre de 2011 suscrita por los ahora recurrentes y presentada ante la Unidad Municipal de Acceso a la Información en fecha 4 del mismo mes y año.
Esta prueba se relaciona con los hechos contenidos en el único agravio de este escrito.
3. Documental. Consistente en copia del informe que rinde el Jefe de la Unidad Municipal de Acceso a la Información mediante oficio UMAI-0042-11.
Esta prueba se relaciona con los hechos contenidos en el único agravio de este escrito.
Por lo anteriormente expuesto pedimos:
PRIMERO. Se admita este recurso de revisión y las pruebas ofrecidas.
SEGUNDO. Se notifique al sujeto obligado para que dentro de diez días hábiles manifieste lo que a su interés corresponda y ofrezca pruebas de ser el caso.
TERCERO. Se dicte resolución estimatoria.
Atentamente
Mexicali, Baja california a la fecha de su presentación.

EDUARDO MARTÍNEZ PALOMERA

LEONOR MALDONADO MEZA

FRANCISCO JOSÉ PÉREZ TEJADA AGUILERA

FERNANDO GONZÁLEZ REYNOSO

DAVID PÉREZ TEJADA PADILLA

JOSÉ LUIS HUAPE RODRÍGUEZ
ALEJANDRINA BARAJAS RAMOS

1 En lo sucesivo Unidad Municipal.


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