Talleres de promoción de derechos en el Correccional de mujeres de Bouwer”






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Sesión Nº 3- “Profesiones Jurídicas/Abogados Populares”

17 de octubre de 17 hs a 19 hs -Aula de Post-Grado-


Participante: Claudio Guiñazú

Biografía: Docente de Derecho Constitucional y Tutor Académico de Práctica Profesional III -modalidad Alfabetización Jurídica (años 2009, 2010 y 2011)-, Fac. de Dcho. y Cs. Sociales, UNC. Coordinador Docente del proyecto de extensión “Talleres de promoción de derechos en el Correccional de mujeres de Bouwer”, años 2011 y 2012, UNC. Docente de Derecho Constitucional IDES, Río III, años 2008, 2009 y 2010. Maestrando en bioética, UNC

Título: Reflexiones sobre el ejercicio de la abogacía en el contexto jurídico-social actual"

Resumen: América Latina es uno de los subcontinentes mas desigualitarios del mundo; en 2008 existían 180 millones de personas pobres, de las que 71 millones eran indigentes. Argentina registra también grandes asimetrías socioeconómicas, sea que se comparen los niveles de desarrollo entre las distintas provincias, o inclusive dentro de cada provincia.

Este panorama exige reflexionar críticamente acerca del rol desempeñado por el derecho en contextos de pobreza extrema, y sobre las vías y mecanismos a explorar para abordar jurídicamente la pobreza. Y aquí el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, proporciona un vasto arsenal a explotar.

Asimismo, requiere repensar en el rol de los abogados argentinos y latinoamericanos comprometidos con su entorno. La reflexión no puede soslayar las escuelas de derecho, como matrices gestantes de los modelos de derecho, de jueces y de abogados imperantes. Y especialmente en las universidades públicas, solventadas con tributos abonados también por los pobres.

Preguntas Disparadoras:

-¿Cómo han impactado los derechos humanos en el rol del abogado? En su caso ¿cómo deberían hacerlo?

-¿A qué modelo de abogado responde la legislación local que regula el ejercicio de la abogacía? ¿Cómo incide tal modelo en la realidad socioeconómica local?

-¿Qué significa ser abogado en contextos de desigualdad socioeconómica? ¿Qué debe significar?

-¿Es posible pensar una abogacía popular sin abogados? En su caso ¿en qué sentido?

-¿Qué hábitos y destrezas deben poseer los abogados comprometidos con los sectores en condiciones de vulnerabilidad?

-¿Existe una función social del abogado?

-¿Resulta legítimamente exigible un ejercicio popular de la abogacía?

Participante: Esteban Rafael Ortíz

Biografía: Abogado y Master en Administración Pública, docente en derecho constitucional e investigador del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la U.N.C., Asesor Letrado Penal del 22º Turno del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Publicó diversos artículos y capítulos, y los siguientes libros: Los conservadores de Córdoba y el Poder; La Reforma Peronista de la Constitución de Córdoba de 1949; y El derecho contra el poder, el caso del Dr. Alfredo “Cuqui” Curutchet, 1969-1974. erortiz@derecho.unc.edu.ar.

Título: Derecho contra el poder, abogacía comprometida y formación jurídica

Resumen: 1) El derecho precisa de análisis diferentes a los tradicionales, ya que no es sólo el discurso al servicio de la organización y del mantenimiento del poder, también cumple un importante rol en la protección de los sectores perseguidos, y más débiles en la prosecución de sus derechos fundamentales.

La construcción del derecho no es sólo obra de especialistas, comisiones y legisladores, también es fruto de las luchas, la movilización social, los aportes de organismos y ciudadanos. La práctica democrática permite que de distintos puntos de vistas y fuentes fluyan diversos modos de intervención de parte de los sectores populares en la creación y modificación del derecho. Formas a través de las que se disputa lo que debe decir el derecho.

El derecho cumple un rol subversivo cuando cuestiona y logra rebasar los marcos e imposiciones del discurso y la práctica jurídica oficial, ocasionando una molestia inocultable aquellos profesionales que desenmascaran y denuncian a los regímenes dictatoriales y  la represión estatal. De esta manera aportan a la búsqueda de la verdad social en el proceso judicial, rompiendo el secreto y la manipulación por parte de la élite de la cuestión jurídica.

PD: qué ejemplo del derecho como columna vertebral del poder, y cuáles como contra poder pueden extraerse de la realidad?

2)Los abogados comprometidos utilizan las herramientas jurídicas para coadyuvar a la defensa de los derechos de los ciudadanos perseguidos y los grupos de oposición al poder para resguardo de sus garantías fundamentales. En ese camino desarrollan varias actividades y cuestionan jurídicamente la verdad oficial y aportan a proyectos alternativos a los de las élites dominantes.

La especialidad laboralista vinculada con la defensa de los trabajadores, sus organizaciones y dirigentes combativos, resultó un ámbito decisivo dentro de la lucha social que se verificó en el sistema capitalista dependiente argentino. Así como la actividad de defensa de los detenidos políticos, desaparecidos y el amplio campo de los derechos humanos que fue primordial en la última etapa dictatorial.

En la actualidad esa labor es continuada en las causas que se siguen en contra de los represores, así como en la defensa frente a la violencia institucional (torturas, muertes, desapariciones, aplicación del Código de Faltas);   de los campesinos en su lucha por la tierra y sus derechos, así como de los pueblos originarios, de la afectación del medio ambiente y la vida humana afectados por los grandes intereses económicos y sus modos de producción.

P.D.: A raíz de esta labor, los abogados comprometidos pueden ser objeto de diversas medidas de represión estatal?.

3)El cumplimiento de roles comprometidos de los profesionales que se forman en  las Facultades de Derecho, en su actividad de abogados particulares, funcionarios judiciales y políticos, depende en parte de los contenidos y objetivos que se fijen en los programas y planes pedagógicos establecidos. De allí la importancia de infundirles un ideal social, un espíritu de compromiso con los objetivos más sentidos de la justicia social, la libertad y de independencia que anidan en la conciencia y la historia de este pueblo, tal como lo reclamaba entre sus principios la reforma universitaria del 18.

P.D.: Esta tarea jurídica popular, puede ser encarada por cualquier letrado en sus diversas especialidades y funciones ó solamente es tarea de algunos letrados en particular, con una determinada filiación política y aptitudes especiales?

Participante: Mariana Romano

Biografía: abogada (UNC) y Doctora en Estudios Sociales Agrarios (CEA. UNC). Fue becaria CONICET para estudios de Doctorado, desde el año 2007 al 2011. Actualmente integra tres programas de investigación: Conflictividad Territorial y Desarrollo Rural, CIECS- CONICET, Programa de Estudios Socio-antropológicos Agrarios del CEA y del Programa de Investigaciones Educación Rural y de Jóvenes y Adultos” del Centro de Investigaciones María Saleme de Burnichon de la Facultad de Filosofía Humanidades. UNC.

Trabaja desde el año 2003 en el equipo Jurídico del Movimiento Campesino de Córdoba desarrollando tareas de litigio y formación. Es adscripta en la Cátedra B de Sociología Jurídica. Tiene trabajos publicados en revistas con referato, participó en publicaciones de libros sobre la expansión del capital y el campesinado. Desde Diciembre de 2011 a Marzo de 2012 desarrolló estudios postdoctorales en la Universidad Estadual Paulista (UNESP) realizando una misión de estudio en Posgrado de Geografía, así como también participó de experiencias y estudios con el MST en asentamientos y acampamentos de Pontal do Paranapanema, oeste de Sao Paulo. Brasil.

Título: La experiencia del Equipo Jurídico del Movimiento Campesino de Córdoba

Resumen: ¿Cómo una Herramienta hegemónica como el derecho puede usarse para fines contrahegemónicos?

En la presentación desarrollaré cómo se formó el equipo jurídico del Movimiento Campesino de Córdoba y las prácticas de formación y participación en los litigios por conflictos territoriales, desarrolladas durante una década en los parajes rurales del Norte y Oeste provincial. Sus dificultades, vicisitudes y logros.

Se trabajará sobre tres ejes: la relación entre los abogados y los integrantes del MCC. En los parajes rurales las familias campesinas tienen graves obstáculos para el acceso a la justicia, entre las que existen causas de marginalidad objetiva, como las distancias que deben recorrer para realizar presentaciones en Tribunales, las dificultades para conseguir un abogado de confianza, entre las más importantes. También resulta evidente su desconfianza por los operadores jurídicos, la que ha sido expresada en numerosas oportunidades por ellos, y en muchos casos cuentan “que su causa se perdió porque el abogado no hizo nada”, o los defendió mal o simplemente dicen que el abogado “se vendió”. En esta parte se expondrán las formas en que se trabajó para romper con estos estigmas sociales sobre el abogado en los sectores sociales subalternos, lo que posibilitó construir relaciones de confianza y lealtad.

Otro de los ejes será cómo se fueron trabajando en conjunto (entre campesinos, abogados e integrantes de la organización) los juicios. En este punto son importantes las prácticas de formación que se fueron desarrollando a medida que avanzaban los mismos, la división de trabajos entre cada uno de los que participamos, las mesas de tierra, que son espacios de formación que se crearon dentro del MCC para trabajar los juicios, y cómo los campesinos a través de sus experiencias de conflictos y disputas territoriales fueron aprendiendo y formándose, para luego socializar sus experiencias en otros conflictos.

El tercer eje tiene que ver con analizar cómo las prácticas de reclamo y resistencia se fueron instalando en la escena pública, y los conflictos judicializados han sido una de las estrategias que las organizaciones campesinas adoptaron para denunciar, reivindicar y defender sus derechos. De esta forma, las familias campesinas organizadas resignifican los juicios, publicando y difundiendo los mismos como actos de denuncia de la criminalización de la defensa de las tierras, reclamando otra intervención del Estado, con políticas sociales y productivas. En los juicios que han sido acusados integrantes del MCC, los campesinos imputados asisten a las audiencias con sus remeras que dicen en la espalda “NI un metro más, la tierra es nuestra” o “Acusados por defender la tierra”, con banderas, colores, así vemos que la gente puebla los pasillos de los tribunales que se nutren de vida, de ruidos, cantos y denuncia. El clima en estos lugares solemnes y oficiales cambia, los silencios de los pasillos se llenan de niños que gritan, juegan y lloran, mientras esperan. En este punto el gran tema de debate es acerca de cómo puede usarse el derecho (herramienta hegemónica) con fines contrahegemónicos, tal como plantea Boaventura de Sousa Santos (1991, 2009).


Participante: Francisco Vertíz

Biografía: Becario de Perfeccionamiento de la UNLP -Instituto de Cultura Jurídica de la FCJyS-, Docente de Sociología Jurídica de la FCJyS-UNLP, Maestrando en Ciencias Sociales de la FAHCE-UNLP. Mail: francisco.vertiz@yahoo.com.ar>

Título: La perspectiva crítica en los estudios jurídicos. Una mirada sobre los profesionales

Resumen: En esta presentación buscamos reflexionar sobre las intervenciones profesionales de abogados que de alguna manera escapan a la regla, y que podemos llamarlos “no tradicionales”, en el sentido de no adscribir al modelo de abogado hegemónico. Dentro de este universo, nos interesan particularmente aquellos que realizan sus prácticas como miembros de un colectivo u organización social (sea específicamente jurídico o no) y que se identifican como “abogados populares”.

La preocupación en torno a la abogacía popular reconoce sus antecedentes en una pluralidad de miradas y posturas provenientes de diferentes disciplinas científicas, que podemos englobar dentro del movimiento de crítica jurídica desarrollado a partir de los años 60. Más allá de los múltiples y diversos enfoques, este movimiento ha coincidido en dos puntos centrales como ser: la crítica a la concepción dogmática y formalista del derecho hegemonizada por la ciencia jurídica tradicional; y la denuncia de la función que cumple el derecho en las sociedades capitalistas, esto es el mantenimiento y la legitimación de las relaciones de explotación (Wolkmer, 2006).

Sin desmerecer los aportes teóricos realizados por la crítica jurídica, los estudios sobre la abogacía popular se interesan por cuestiones vinculadas a la acción de ciertos profesionales que se apartan del modelo tradicional. Es así, que se produce un cambio en el objeto de investigación, donde lo que interesa ya no son los grandes debates teóricos acerca de las funciones y los efectos del derecho (monopolizado por los teóricos -filósofos, sociólogos y juristas-), sino que se focaliza en las prácticas de abogados comprometidos con los sectores populares. En este sentido visualizan un tipo de profesional –definido como abogado sociopolítico- preocupado por lograr cambios concretos y efectivos que puedan solucionar los problemas revelados por la crítica jurídica (Rojas 1988, Palacio 1989, Cárcova 1993, Wolkmer, 2006).

Las producciones más actuales sobre la temática han encontrado algunos referentes empíricos que permiten hacer más concreta la categoría abogados populares. En este sentido indican que se trata de operadores jurídicos organizados en grupos pequeños integrados por magistrados, fiscales y abogados militantes, que se identifican con las reivindicaciones de los grupos populares menos favorecidos de la sociedad ( Junqueira, 2002; Wolkmer, 2006).

2. Reflexiones sobre las prácticas profesionales

2.1 Advertencias epistemológicas y metodológicas

El interés por cuestiones prácticas, ligadas al hacer de los abogados, no puede hacernos perder de vista que toda práctica se sustenta en una concepción acerca de la realidad que es teórica. Nuestra búsqueda orientada a conocer y comprender las prácticas profesionales de abogados que se apartan del modelo tradicional, exige poder trascender la mera descripción del hacer de estos actores. Es decir que nuestra estrategia metodológica se propone identificar cuáles son -y en qué consisten- las características principales de las prácticas profesionales de los abogados populares, para comprender por qué estos profesionales actúan de esta manera y no de otra, qué presupuestos teóricos y epistemológicos sostienen y orientan sus acciones, cuáles son los motivos que los llevan a realizar una práctica diferente, entre otros interrogantes. Para ello necesitamos recurrir a conceptos y categorías teóricas que sean útiles para buscar respuestas –provisorias- a nuestras preguntas.

Las actividades realizadas hasta este momento para aproximarnos a nuestro objeto de estudio (observaciones participantes, entrevistas a informantes claves, recopilación bibliográfica, análisis de los discursos plasmados en comunicados, revistas y sitios web, etc.) nos han permitido conocer principalmente el discurso de los diferentes actores.
2.2. Las prácticas profesionales de los abogados populares

Un buen punto para comenzar la descripción es dejar en claro que no todas las prácticas profesionales que realizan estos abogados pueden incluirse en la categoría abogacía popular. El término “abogados populares” es una categoría a partir de la cual algunos profesionales del derecho definen y dan sentido a sus actividades que comparten con, y que a su vez los diferencia de, otros abogados. Por lo que, si bien estas actividades forman parte de sus experiencias cotidianas y los constituyen como colectivo, en la mayoría de los casos conviven con otras actividades jurídicas que quedan fuera de la categoría.

Esta separación está presente en las opiniones de nuestros informantes claves, quienes establecen algunas distinciones entre aquellas actividades que les permiten vivir en términos económicos y aquellas que, si bien son actividades profesionales, están vinculadas a la militancia y no suponen remuneración. La diferencia no está acotada solamente a la remuneración o no de sus acciones, sino que abarca un conjunto de aspectos ligados a la manera en que se desarrolla la intervención profesional, que tiene que ver con otros usos del derecho al servicio de otros intereses. Cuando decimos otros, nos referimos al distanciamiento del modelo tradicional hegemónico -profesional liberal-.

En este punto podemos mencionar los aspectos principales de lo que implica una abogacía popular según los dichos de los profesionales:

a- La politicidad del derecho.

Un primer aspecto es que se reconoce el contenido político del derecho y las funciones que cumple en el mantenimiento de las relaciones sociales actuales donde el poder está distribuido de una manera asimétrica. Es decir que confrontan la mirada ingenua sobre el fenómeno jurídico que tienen la mayoría de los abogados, producto de la concepción dogmática y formalista del derecho –caracterizado por su neutralidad, objetividad e imparcialidad- difundida ampliamente por la ciencia jurídica tradicional. En la conformación de esta mirada crítica respecto a qué es el derecho y qué intereses protege en las sociedades actuales, está presente la reflexión sobre el rol que juega la enseñanza formal en el mantenimiento de esta imagen ideológica –en el sentido marxiano- acerca de lo jurídico. Se visualiza a la formación tradicional como una instancia donde se prepara a los futuros profesionales, para defender la propiedad privada de los sectores dominantes.

En este sentido no es la formación en las Facultades la que posibilita un quiebre con el rol tradicional, sino que más bien, pese a ella, y por motivos generalmente externos a los ámbitos formales, algunos profesionales escapan a la regla o se salen del camino. Elegimos estas palabras porque consideramos que las condiciones estructurales –del campo jurídico en particular como del campo social en general- tienen un peso central en el rol social que cumplen los abogados y por ende en el tipo de intervenciones que llevan adelante. Los condicionantes sociales significan una carga demasiado pesada, que solo unos pocos pueden sortear. En nuestra opinión ello explica que los abogados populares sean una porción ínfima y poco significativa en el universo general de los profesionales del derecho.

Entre los motivos aludidos por los entrevistados, y los que surgen de los documentos analizados, cobra peso la participación en colectivos de distinto cuño (organizaciones sociales, movimientos políticos, partidos políticos, grupos culturales, etc.) que en algún sentido desarrollan actividades políticas. Mayoritariamente son cuestiones vinculadas a su socialización extra universitaria, las que llevan a los actores a integrar diferentes colectivos y desde allí a participar en política. Es decir que primero aparece la militancia social y política, y a partir de ese contacto el derecho comienza a ser indagado desde otro punto de vista.
b- El ejercicio colectivo.

Otro de los rasgos principales es el ejercicio colectivo de la práctica profesional. A diferencia del rol tradicional de la abogacía que propone un ejercicio individual, solitario, y construye un modo de ser abogado –el abogado liberal-, los abogados populares son conscientes de los efectos que ello genera en los usos del derecho. En este sentido consideran que es esencial para realizar una práctica distinta –tanto en la forma como en los fines buscados-, que las estrategias sean pensadas y diseñadas en forma colectiva. Por tanto constituyen diferentes grupos –sean específicamente jurídicos o no-, para generar un ámbito que posibilite este tipo de intervenciones.

La reflexión sobre el alcance y los límites de las intervenciones jurídicas para resolver problemas sociales estructurales -producto de relaciones sociales desiguales-, permite a los abogados tomar conciencia de que estas prácticas colectivas, que articulan el trabajo técnico con estrategias más amplias, exigen también otro papel para los abogados, otras actividades que forjen otro tipo de relaciones con los sujetos de derecho. Además de utilizarse los instrumentos jurídicos tradicionales (reclamos administrativos, presentación de escritos judiciales, participación en audiencias, etc.) se introducen nuevas herramientas educativas, tendientes a capacitar a los militantes de organizaciones políticas y sociales para que ellos sean los protagonistas en la defensa de sus derechos.
c- La defensa de los sectores populares.

Un tercer aspecto que observamos es que la profesión se pone al servicio de los sectores populares. En este sentido, más allá de las distintas nominaciones utilizadas por los abogados para definir a los destinatarios de sus intervenciones –clases trabajadoras, sectores oprimidos, grupos sociales vulnerabilizados, entre otras- existen puntos comunes. Sus prácticas profesionales deben orientarse a lograr cambios significativos en aquellos sectores que sufren las consecuencias de las relaciones sociales desiguales establecidas en sociedades capitalistas. Existe una toma de conciencia por parte de estos abogados, de que son las mismas reglas del sistema social las que generan las dificultades, o mejor dicho la imposibilidad, de que los sectores populares puedan efectivizar sus derechos.

De allí que se proponen trabajar con los sectores organizados y no con el individuo aislado. Se puede percibir que es la concepción acerca de la realidad social -o en otros términos de cómo se organiza la sociedad-, la que orienta el tipo de intervención para la resolución del problema. Al entender que las desigualdades sociales son inherentes al sistema de organización de la vida social, las soluciones nunca pueden ser individuales. Por tanto, la búsqueda es aportar -y fortalecer- a las organizaciones del campo popular que tienen estrategias de corto y largo plazo. En lo inmediato, la organización puede ampliar la capacidad de presión y torcer las relaciones de fuerza con respecto a las necesidades materiales más urgentes, lo que puede aumentar las posibilidades de éxito en los reclamos. En un trabajo a mediano y largo plazo, se intenta desnaturalizar las desigualdades sociales y generar conciencia de que es necesario constituir un nuevo sistema de organización social para terminar con las profundas asimetrías sociales.

3. Conclusiones

Por lo dicho hasta aquí, podemos inferir que las prácticas de los abogados populares tienen un alto contenido crítico. Con esta categoría –utilizada tantas veces para significar cosas muy distintas- nos referimos a la acepción marxiana del término crítica, que puede explicarse como aquel conocimiento destinado a transformar la realidad social. Junto con Marx podemos pensar que los abogados populares desarrollan una práctica crítica en dos sentidos. En primer lugar, no se preocupan demasiado en los grandes debates teóricos que venía produciendo la crítica jurídica específicamente en los ámbitos académicos, sino que intervienen en la realidad social, buscando aportar su conocimiento para lograr cambios en las condiciones materiales de los sectores populares. Ello no implica que descarten la teoría, sino todo lo contrario, ya que utilizan los recursos teóricos en tanto y en cuanto les permita pensar y comprender la realidad social. En segundo lugar son conscientes de los límites que tiene el derecho para generar cambios profundos y por ende piensan sus acciones en el marco de estrategias políticas más amplias.

Por lo tanto consideramos que las prácticas analizadas se sostienen en una concepción crítica acerca del derecho y de la realidad social, y como tales pueden significar un aporte en los procesos de transformaciones sociales. Sin embargo, no hay que desconocer que este tipo de profesionales representan un porcentaje muy minoritario del universo total de los abogados, que en nuestra opinión se explica por las dificultades sociales, económicas, políticas y culturales para desarrollar este tipo de abogacía. Por ende, si queremos amplificar estas experiencias debemos problematizar qué tipo de formación se lleva a cabo en las universidades, y en qué medida ello se relaciona con las demandas de los sectores sociales que logran imponer –universalizar- sus intereses. Nos parece que un buen comienzo es conocer con mayor profundidad cuáles son las posibilidades y los límites de la abogacía popular, para pensar en estrategias que minimicen los límites y potencien las posibilidades.
Preguntas disparadoras del debate.

¿Cuáles son las principales dificultades en el desarrollo de una actividad profesional no tradicional?

¿Cuáles son los límites y las posibilidades de la articulación entre derecho y lucha política, para pensar en estrategias jurídico-políticas?

¿Cómo podemos potenciar las experiencias de abogados populares, dentro del sistema social capitalista?


Participante: Mariela Puga

Biografía: Abogada, UNC, Master en Derecho Universidad de Columbia, LawSchool (USA), Master en Derecho de la Universidad de Palermo, Buenos Aires. Profesora Titular por concurso de la Cátedra de Derecho Constitucional, de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Profesora Titular por concurso de la Cátedra de Derecho Público de la FCEA de la Universidad Católica de Córdoba, Adjunta de Derecho y Constitución de las Instituciones en la Escuela de Trabajo Social–FDCS de la Universidad Nacional de Córdoba. Profesora de Derechos Fundamentales en la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta, de Teoría de la Igualdad en la Maestría de Derecho y Argumentación de la Universidad Nacional de Córdoba, de Derecho y Cambio Social en la Maestría de la Universidad de Palermo, y de Litigio de Alto Impacto en la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad de Santo Tomás (Bogotá). Directora Ejecutiva de la Fundación Fondo de Mujeres del Sur (www.mujeresdelsur.org)

Título: Abogacía de Interés Público

Resumen: Esta será una presentación sobre una forma de abogacía que se construyó con una identidad propia partir de los 90 en la Argentina, aunque bajo el paradigma norteamericano del “public interest law” o el llamado derecho de interés público (DIP). Aunque muy emparentada con otras formas de ejercicio, como la abogacía popular y la abogacía de los derechos humanos, el ejercicio del DIP fue impulsado como un proyecto apoyado por varias fundaciones norteamericanas (entre ellas en especial la FORD) y por lo general se desarrollo como un proyecto universitario.

En la actualidad es una práctica extendida entre las organizaciones de la sociedad civil, y en Buenos Aires, también alcanza y se desarrolla desde  el estado y desde el sector privado.

Según la definición de Martín Böhmer “La práctica del DIP es aquella que utiliza conscientemente las formas del derecho para incluir en la deliberación democrática a quienes han quedado excluídos, para mantener los procesos que garantizan esa deliberación y para preservar los acuerdos semánticos en los que se expresa el lenguaje del derecho”

En la presentación de hoy voy a concentrarme en describir la experiencia de las Clínicas de Interés Público Argentina en los últimos 15 años, para desde allí identificar su marco de referencia identitario. Intentaré mostrar como esta experiencia se expandió e impactó sobre la práctica misma de la abogacía estatal y, en algunos casos, privada. Mi evaluación final será crítica, sobre los alcances y limitaciones a los que se enfrenta ese tipo de prácticas actualmente.

Preguntas Críticas

¿El DIP es una forma diferente de ejercicio de la abogacía o sólo tiene una agenda temática diferente?

¿En que medida el DIP es una práctica elitista que se contrapone a la abogacía popular o a la abogacía de derechos humanos?

¿Qué impacto ha tenido el DIP en el ejercicio actual de la abogacía?

¿En qué medida la agenda DIP implica o porta una agenda pedagógica?


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