Escrito de respuesta de la república argentina al escrito de presentación de la república oriental del uruguay






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Violación del principio de especificidad: inclusión en el petitorio de eventuales futuras diferencias.



Con base a lo manifestado anteriormente, cuando URUGUAY solicita al Tribunal que decida que la Argentina debe adoptar las medidas apropiadas para prevenir y hacer cesar en forma inmediata los impedimentos a la libre circulación y garantizar la libre circulación con la República Oriental del Uruguay, está incurriendo en una violación del principio de especificidad.
Este no es el primer caso en que la República Oriental del Uruguay plantea, en una controversia, pretensiones que carecen de especificidad, formulando solicitudes generales, abstractas y puramente eventuales. A continuación, se enunciarán algunas decisiones emanadas de otros Tribunales del MERCOSUR, en circunstancias similares.
En la referida controversia sobre TABACOS8 planteada por Uruguay a Brasil, Uruguay solicitó al Tribunal: “( ... ) 3) un pedido de anulación de toda medida brasileña de efecto similar al que produce ese Decreto; 4) un pedido de que Brasil se abstenga de adoptar en el futuro otras medidas que revistan efectos similares a los que se cuestionan en el presente reclamo”.
El Tribunal sostuvo que, “en cuanto a otros eventuales “actos normativos o medidas similares” genéricamente aludidos pero no especificados en la presentación de Uruguay, el Tribunal entiende que no tienen entidad suficiente para considerarlos como parte autónoma del objeto de la controversia en razón de su grado de abstracción.
El objeto de la presente controversia no puede por lo tanto asimilarse con una potencial e hipotética diferencia entre Uruguay y Brasil respecto al derecho de una de las partes a adoptar a futuro medidas de efectos similares al Decreto impugnado”.
Para que el contenido de una obligación de no repetición pueda conformar el objeto de una controversia deberá existir un posicionamiento contradictorio entre las partes en cuanto al alcance, el contenido y efectos de esa obligación”
En el mismo sentido, en la Controversia sobre Neumáticos planteada por Uruguay a Brasil, el Tribunal afirmó: “En cuanto a otros eventuales “actos normativos o medidas” que directa o indirectamente impidan el acceso al mercado brasileño de neumáticos reformados o recauchutados genéricamente aludidos pero no especificados en la presentación de Uruguay, no pueden integrar el objeto de la controversia en razón de su inespecificidad y grado de abstracción9.
Por su parte, el Tribunal Permanente de Revisión en la controversia de Neumáticos10 planteada por Uruguay a la Argentina, sentó jurisprudencia en el sentido que: “ensanchar con semejante alcance la controversia viola y atenta contra los principios de especificidad y no abstracción que debe primar en toda pretensión litigiosa.

Lo que debe decidir el Tribunal.



Con base en los fundamentos de hecho y de derecho que se presentan a continuación, la República Argentina solicita que el Tribunal Ad Hoc DECIDA:
1.- Que la presente controversia carece de objeto y las solicitudes de Uruguay se fundan en abstracciones.
2.- Que el derecho de libertad de expresión, ejercido por los ciudadanos argentinos, constituye un derecho humano fundamental reconocido en todos los ordenamientos constitucionales y en una importante cantidad de tratados internacionales sobre derechos humanos que gozan, en nuestro país, de jerarquía constitucional, y que, como normas convencionales de derechos humanos, vinculan tanto a Uruguay como a los otros socios del Mercosur.
3.- Que no cabe invocar legítimamente una restricción a la libertad de expresión - derecho humano protegido - en desmedro de otro derecho – libertad de circulación - que está legalmente protegido pero que no reviste esa calidad de derecho humano.
4.- Que las manifestaciones populares de rutas realizadas en forma intermitente entre el 6 de enero y el 2 de mayo de 2006 fueron efectuadas en ejercicio del derecho de protesta y de la libre expresión por ciudadanos que consideraban en peligro su derecho a un medio ambiente sano.
5.- Que dichas manifestaciones populares fueron puestas en conocimiento del público con antelación suficiente y no implicaron, en ningún caso, un impedimento total a la libre circulación de bienes y servicios entre ambos países, ya que siempre hubo pasos alternativos abiertos.
6.- Que el Gobierno argentino ha actuado, a nivel nacional, provincial y municipal, con el objetivo de disuadir a sus ciudadanos de utilizar las manifestaciones populares en las rutas como forma de expresión de su protesta.
7.- Que el Gobierno argentino no ha adoptado medida alguna que constituya una violación de los principios de libre circulación de bienes y servicios, previstos en los artículos 1 y 5 del Tratado de Asunción, en los artículos I y II, III y IV y Anexos del Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios, en el Acuerdo sobre Transporte Terrestre Internacional (ATIT) y en otros principios o disposiciones de derecho internacional aplicables a esta materia.
8.- Que los compromisos asumidos por la Argentina en el contexto en que se desarrolla esta controversia no pueden ser objeto de una interpretación extensiva que suponga reprimir el ejercicio de un derecho humano en una situación claramente no prevista en los tratados de derechos humanos en vigor para ambos países

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