Escrito de respuesta de la república argentina al escrito de presentación de la república oriental del uruguay






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IX.- Petitorio.



Por lo expuesto, la República Argentina solicita al Tribunal Ad Hoc tener a bien:


  1. Tener por presentado en tiempo y forma el Escrito de Contestación de Demanda.




  1. Tener por acreditada la representación y constituido el domicilio procesal indicado.




  1. Tener presente la impugnación efectuada oportunamente por el Gobierno argentino a la integración del Tribunal Arbitral y a la decisión de fijar su sede en la ciudad de Montevideo.




  1. Tener por presentada la prueba documental ofrecida y por efectuada la reserva de presentación de prueba testimonial e informativa.




  1. Hacer lugar a los fundamentos invocados por la República Argentina y, en consecuencia, DECIDIR:




  1. Que la presente controversia carece de objeto y las solicitudes de Uruguay se fundan en abstracciones.




  1. Que el derecho de libertad de expresión, ejercido por los ciudadanos argentinos, constituye un derecho humano fundamental reconocido en todos los ordenamientos constitucionales y en una importante cantidad de tratados internacionales sobre derechos humanos, vinculantes para la Argentina y el Uruguay, y que, además, gozan, en nuestro país, de jerarquía constitucional.




  1. Que no cabe invocar legítimamente una restricción a la libertad de expresión - derecho humano protegido - en desmedro de otro derecho – libertad de circulación - que está legalmente protegido pero que no reviste esa calidad de derecho humano.




  1. Que las manifestaciones en rutas efectuadas en forma intermitente entre el 6 de enero y el 2 de mayo de 2006 constituyen una muestra de la libre expresión ciudadana.




  1. Que dichas manifestaciones populares fueron puestas en conocimiento del público con antelación suficiente y no implicaron, en ningún caso, un impedimento total a la libre circulación de bienes y servicios entre ambos países.




  1. Que el Gobierno argentino ha actuado, a nivel nacional, provincial y municipal, con el objetivo de disuadir a sus ciudadanos de utilizar las manifestaciones en rutas como forma de expresión de su protesta.




  1. Que el Gobierno argentino no ha adoptado medida alguna que constituya una violación de los principios de libre circulación de bienes y servicios, previstos en los artículos 1 y 5 del Tratado de Asunción, en los artículos I y II, III y IV y Anexos del Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios, en el Acuerdo sobre Transporte Terrestre Internacional (ATIT) y en otros principios o disposiciones de derecho internacional aplicables a esta materia.




  1. Que los compromisos asumidos por la Argentina en el contexto en que se desarrolla esta controversia no pueden ser objeto de una interpretación extensiva que suponga reprimir el ejercicio de un derecho humano en una situación claramente no prevista en los tratados de derechos humanos en vigor para ambos países.


Dr. Juan Vicente Sola

Representante Titular

de la República Argentina.

1 El Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el MERCOSUR se refiere en su artículo 14 al “Objeto de la controversia” disponiendo que:

“1. El objeto de la controversia quedará determinado por los escritos de presentación y de respuesta presentados ante el Tribunal Arbitral Ad Hoc, no pudiendo ser ampliado posteriormente.

2. Los planteamientos que las partes realicen en los escritos mencionados en el numeral anterior se basarán en las cuestiones que fueron consideradas en las etapas previas, contempladas en el presente Protocolo y en el Anexo al Protocolo de Ouro Preto.

3. Los Estados partes en la controversia informarán al Tribunal Arbitral Ad Hoc en los escritos mencionados en el numeral 1 del presente artículo sobre las instancias cumplidas con anterioridad al procedimiento arbitral y harán una exposición de los fundamentos de hecho y de derecho de sus respectivas posiciones”.

Asimismo el Reglamento del Protocolo de Olivos, en su Artículo 27, establece que “El objeto de la controversia estará constituido por los hechos, actos, omisiones o medidas cuestionados por la parte demandante por considerarlos incompatibles con la normativa MERCOSUR, y sostenidos por la parte demandada, que hayan sido especificados en los respectivos escritos presentados ante el TAH”.

2 Ver nota URUGUAY 193/2006, del 22 de febrero, que consta como Recaudo 3 del Escrito de la URUGUAY.

3 Ver Nota URUGUAY 423/06, del 4 de mayo, que figura como Recaudo 8 del Escrito de la URUGUAY.

4 Estados Unidos – Exámenes por extinción respecto de los artículos tubulares para campos petrolíferos WT/DS268/AB/R, párr. 162.-

5 Nota SCREI 241/06 del 17 de mayo enviada por Sr. Secretario Chiaradía al Coordinador Nacional del GMC de la URUGUAY, Embajador Carlos Amorin.

6 Laudo Arbitral “Controversia sobre medidas discriminatorias y restrictivas al comercio de tabaco y productos derivados del tabaco”, República Oriental del Uruguay c. República Federativa del Brasil. 5 de Agosto de 2005.

7 EE.UU. – Determinados productos procedentes de la CE, WT/DS165/AB/R, párrafo 81.-

8 Laudo Arbitral “Controversia sobre medidas discriminatorias y restrictivas al comercio de tabaco y productos derivados del tabaco”, República Oriental del Uruguay c. República Federativa del Brasil. 5 de Agosto de 2005.

9 Título II “Considerando”, literal A) “Objeto de la controversia”, último párrafo del Laudo del Tribunal Arbitral Ad Hoc del MERCOSUR constituido para entender en la controversia de la República Oriental del Uruguay a la República Federativa del Brasil sobre “Prohibición de Importación de Neumáticos Remoldeados (Remolded) Procedentes de Uruguay” del 9 de enero de 2002.

10 Laudo del Tribunal Permanente de Revision constituido para entender en el Recurso de Revision presentado por la Republica Oriental del Uruguay contra el Laudo Arbitral del Tribunal Arbitral Ad Hoc de fecha 25 de octubre de 2005 en la controversia “Prohibicion de importacion de neumaticos remoldeados procedentes del Uruguay” Asunción, República del Paraguay, 20 de diciembre de 2005. Parágrafo 5.

11 Presidencia Pro Tempore Argentina (PPTA).-

12 Y en cumplimiento del Capítulo VI numeral 2 del Protocolo de Olivos, en el cual se establece que: “La Secretaría Administrativa del MERCOSUR notificará de inmediato la comunicación a los otros Estados involucrados en la Controversia y al Grupo Mercado Común”.-

13 Gran Bretaña cuenta con el sistema dualista, es decir que los tratados para entrar en vigencia requieren que los incorpore al derecho interno una ley del parlamento, independientemente de la ratificación y deposito previos.

14 Rodríguez Iglesias, G.C. (1993), “Tribunales constitucionales y Derecho comunitario”, en Hacia un nuevo orden internacional y europeo (Estudios en homenaje al profesor don Manuel Díez de Velasco), Tecnos, Madrid.


15 Bert B. Lockwood et al., "Working Paper for the Committee of Experts on Limitation Provisions" Human Rights Quarterly 1985, 35-87, 77-78

16 Charles A.Kiss, "Permissible Limitations on Rights", en The International bill of Rights: The Covenant on Civil and Political Rights, Louis Henkin ed., 1981, 290-310, 296

17 The Siracusa Principles, items 29-32; Bert B. Lockwood et al., "Working Paper for the Committee of Experts on Limitation Provisions" human rights quarterly 1985, 35-87, 71: "The concept of national security is limited to activities which present an inminent threat to the very existence of the nation. An acceptable definition of national security does not allow its use as a pretense for unfettered restrictions on rights".

18 Charles A.Kiss, "Permissible Limitations on Rights", en The International bill of Rights: The Covenant on Civil and Political Rights, Louis Henkin ed., 1981, 290-310, 299

19 The Siracusa Principles, items 22-24

20 Rosalyn Higgins, "Derogation Under Human Rights Treaties", 48 British Yearbook of International Law, 1977, 281, 282: "ordre public seeks an accomodation between the individual rights and freedoms and the rights and freedoms of the community at large".

21 Corte I.D.H., La colegiación obligatoria de periodistas (artículos 13 y 29 Convención Americana sobre derechos humanos), Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985, Serie A Nº5, párrafo 64

22 The Siracusa Principles, items 25-26

23 Idem, items 27-28

24 Corte I.D.H., La colegiación obligatoria de periodistas (artículos 13 y 29 Convención Americana sobre derechos humanos), Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985, Serie A Nº5, párrafo 35

25 Cfr. Caso Ivcher Bronstein, supra nota 85, párr. 155; en el mismo sentido, Eur. Court H.R., Case of Feldek v. Slovakia, Judgment of 12 July, 2001, para. 83; Eur. Court H.R., Case of Sürek and Özdemir v. Turkey, Judgment of 8 July, 1999, para. 60. Caso Herrera Ulloa

26 Corte IDH, Caso Canese vs. Paraguay, Sentencia de , Serie C Nª111, párrafo 72

27 Corte IDH, Caso Herrera Ulloa, supra nota 15, párr. 116.; Caso Ricardo Canese vs. Paraguay, Sentencia de 31 de agosto de 2004 , Serie C Nª111, párrafo 72

28 Corte IDH, Caso Ricardo Baena y otros (270 trabajadores vs. Panamá), Sentencia de 2 de febrero de 2001, Serie C, Nª72, #114

29 Gargarella, Roberto: “Carta abierta sobre la intolerancia. Apuntes sobre derecho y protesta”. Editorial Siglo XXI, abril 2006.

30 Ver Timothy Zick, Space, Place, And Speech: The Expressive Topography. 74 Geo. Wash. L. Rev. 439 George Washington Law Review April, 2006

31 cf. Harry Kalven, Jr., The Concept of the Public Forum: Cox v. Louisiana, 1965 Sup. Ct. Rev. 1, 13

32 cf. Lillian BeVier, Rehabilitating Public Forum Doctrine: In Defense of Categories, 1992 Sup. Ct. Rev. 79, 101

33 Peces Barba, Gregorio, el fundamento de los derechos humanos, Madrid, 1989, Pág. 44

34 Ver Lorenzetti, Ricardo, teoría de la decisión judicial Pág. 429, Buenos Aires 2006.

35 On civil disobedience, Journal of Philosophy, Volumen 58, págs. 661

36 E/CN.4/2002/75/Add.1, # 135

37 E/CN.4/2002/75/add.1 #175

38 Donald Kommers. The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany. Duke University Press. 1997. p.37.

39 Cf. Brownlie, Ian: Principles of Public Inlernational Law,. 3" Edic., Oxford, 1979, pág. 622.

40 artículo 2 inciso 1 de la Constitución Francesa de 1958.

41 cf. FRÍAS, "La Provincia Argentina.", Córdoba. 1976 p.62'


42 Basaldúa, Ricardo Xavier, MERCOSUR y derecho de la integración, Buenos Aires, Abeledo Perrot,, Buenos Aires, 1999, p-30 y 31.

43 IBIDEM, p. 158

44 IBIDEM, p160

45 IBIDEM, p.105

46 Bouzas Roberto, “El MERCOSUR: una evaluación sobre su desarrollo y desafíos actuales”, en Regionalización e Integración Económica, Nuevo Hacer – Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1997, págs 199 a 203.

47 Carreau, Dominique; Juillard Patrick; Flory, Thiébaut; Droit International Economique, 2 ed., LGDJ, Paris, 1980, págs. 295 y 296 em Basaldúa, Ricardo, ob. Cit, p.414.

48 Jouanneau, Daniel, Le G.A.T.T. a la Organización Mundial el Comercio, Madrid, 1996, pág. 122, en Basaldúa, Ricardo, ob. cit, p.414.

49 Díaz Mier, Miguel Angel, Del G.A.T.T. a la Organización Mundial del Comercio, Síntesis, Madrid, 1996, pág. 122.

50 Acosta Estévez, José: “Libre circulación de trabajadores, política social y libre prestación de servicios en la CEE”, Barcelona, Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU), 1988.

51Ibidem, p. 115.

52 Sentencia del 18 de junio de 1991, ERT, C-260/89, Rec.p.I-2925, apartado 41; sentencia del 6 de marzo de 2001, Connolly/Comisión, C-274/99 P, Rec.p.I-1611, apartado 37 y sentencia del 22 de octubre de 2002, Roquete-Fréres, C-94-00; Rec.p.I-9011; apartado 23.

53 CJCE, Asunto 368/95, Vereinigte Familiapress Zeitungsverlags- und vertriebs GMBH y Heinrich Bauer Verlag, Sentencia de 2226 de junio de 1997, #18-19

54 Idem, #24-25

55 Phosphates in Morocco, Preliminary Objections, 1938, P.C.I.J., Series A/B, No. 74, p. 10, at p. 28. See also S.S. .Wimbledon., 1923, P.C.I.J., Series A, No. 1, p. 15, at p. 30; Factory at Chorzów, Jurisdiction, 1927, P.C.I.J., Series A, No. 9, p. 21; Factory at Chorzów, Merits, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17, p. 29.

56 Corfu Channel, Merits, I.C.J., Reports 1949, pág. 4, en la pág. 23.

57 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, I.C.J., Reports 1986, pág. 14, en la pág. 142, párr. 283; en la pág. 149, párr. 292.

58 Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), I.C.J., Reports 1997, pág. 7, en la pág. 38, párr. 47.

59 Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, I.C.J., Reports 1949, pág. 174, en la pág. 184.

60 Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria, Hungary and Romania, Second Phase, I.C.J., Reports 1950, pág. 221.

61 Ibíd., en la pág. 228.

62 UNRIAA, vol. IV, p. 669 (1931), at p. 678.

63 United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, C.I.J., Reports 1980, pág. 3.

64 Ibíd., en la pág. 29, párr. 56, cf. pág. 41, párr. 90. Véase también Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, (Nicaragua v. United States of America), Merits, C.I.J., Reports 1986, pág. 14, en las págs. 117 y 118, párr. 226; Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), C.I.J., Reports 1997, pág. 7, en la pág. 54, párr. 78.

65 Véase, I. Brownlie, System of the Law of Nations: State Responsibility, (Part I) (Oxford, Clarendon Press, 1983), p. 132-166; D.D. Caron, .The Basis of Responsibility: Attribution and Other Trans-Substantive Rules., in R. Lillich & D. Magraw (eds.), The Iran-United States Claims Tribunal: Its Contribution to the Law of State Responsibility (Irvington-on-Hudson, Transnational Publishers, 1998), p. 109; L. Condorelli, .L.imputation à l.Etat d.un fait internationalement illicite: solutions classiques et nouvelles tendances., Recueil des cours ., vol. 189 (1984-VI), p. 9; H. Dipla, La responsabilité de l.Etat pour violation des droits de l.homme - problèmes d.imputation (Paris, Pedone, 1994); A.V. Freeman, .Responsibility of States for Unlawful Acts of Their Armed Forces., Recueil des cours ., vol. 88 (1956), p. 261; F. Przetacznik, .The International Responsibility of States for the Unauthorized Acts of their Organs., Sri Lanka Journal of International Law, vol. 1 (1989), p. 151.

66 Véase, por ejemplo, el asunto Zafiro, U.N.R.I.A.A., vol. VI (1925), pág. 160; el asunto Stephens, ibíd., vol. IV (1927), pág. 267; el asunto Lehigh Valley Railboard Company, andothers (U.S.A.) v. Germany (Sabotage Cases): incidentes "Black Tom" y "Kingsland", U.N.R.I.A.A., vol. VIII (1930), pág. 84; e ibíd., pág. 458.

67 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, I.C.J., Reports 1986, pág. 14.

68 United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, I.C.J., Reports 1980, pág. 3.

69 Corfu Channel, Merits, C.I.J., Reports 1949, pág. 4 en las págs. 22 y 23.

70 Diplomatic and Consular Staff, C.I.J., Reports 1980, pág. 3, en las págs. 31 y 32, párrs. 63 y 67. Véase también Velásquez Rodríguez, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Series C, Nº 4 (1989), párr. 170: "en derecho internacional, el Estado es responsable de los actos realizados por sus agentes en el desempeño de sus funciones oficiales, así como de sus omisiones..."; Affaire relative à l'acquisition de la nationalité polonaise, U.N.R.I.A.A., vol. I, pág. 425 (1924).

71 Entre los principios de la actividad probatoria, se encuentra el principio de igualdad que indica que “en todos los casos, éstos (los litigantes) deben poder controlar su producción y tener la facultad de ofrecer ´contraprueba´ para desvirtuar las conclusiones que puedan arrojar las que se ordenaron de oficio”. Arazi, Roland: Manual de Derecho Procesal Civil y Comercial. Tomo I . Ed. Rubinzal y Culzoni. Bs. As. 1999. Página 384

72 Greenpeace es una organización sin fines lucro, con presencia en 40 países alrededor de Europa, America, Asia y Pacifico. Para mantener su independencia Greenpeace no acepta donaciones por parte de los Estados, www.greenpeace.org/ international



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