Escrito de respuesta de la república argentina al escrito de presentación de la república oriental del uruguay






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Testimonial.



La República Argentina se reserva el derecho de ofrecer prueba testimonial de hecho y de derecho, en momento procesal oportuno.

Informativa.



La República Argentina se reserva el derecho de ofrecer prueba informativa, en momento procesal oportuno.


VIII.- Conclusiones.



La evaluación de los antecedentes, hechos y fundamentos precedentemente realizada permite afirmar que la actuación de la República Argentina en el caso bajo examen ha sido compatible con las normas constitucionales, regionales e internacionales vigentes, no existiendo violación alguna de las obligaciones asumidas en el Tratado de Asunción, en el Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios ni de otros principios o disposiciones del Derecho Internacional aplicables a la materia.

  1. La buena fe en el comportamiento argentino.



Primero, y tal como surge de los antecedentes de la presente controversia, la República Argentina ha cumplido de buena fe todas las etapas procesales previas y necesarias, aún cuando, con relación a algunas de ellas, ha manifestado claramente, y por todas las vías legales disponibles, los cuestionamientos que le han merecido y le merecen los procedimientos utilizados.
Asimismo, ha mantenido, en todo momento, su disposición a resolver esta controversia mediante negociaciones diplomáticas y, en consecuencia, ha llevado a cabo gestiones de carácter político bilateral al más alto nivel, inclusive el de los Mandatarios de ambos países.

  1. La libertad de expresión.



Segundo, la República Argentina ha reconocido al derecho humano de libertad de expresión y manifestación el alcance y la prioridad que las normas constitucionales y de derecho internacional le otorga.
En tal sentido, ha permitido, sin alentar, la manifestación pacífica de sus ciudadanos – y de los ciudadanos uruguayos –, decidida en ejercicio de los derechos de libertad de reunión y democracia directa, en defensa del derecho humano de preservación del medio ambiente actual y para las generaciones futuras, protegido tanto en los textos constitucionales de ambos países como en instrumentos internacionales de derechos humanos.
Consecuentemente con ello, ha reconocido el derecho de los manifestantes a elegir el medio y el lugar que entendieran más convenientes para llevar a cabo su libre ejercicio de la libertad de expresión, entendiendo, como ya lo ha hecho la doctrina y la jurisprudencia, que el objetivo del mismo es poner el reclamo en conocimiento, no sólo de mayoría de la sociedad de los dos países involucrados, sino también de los funcionarios encargados de tomar las decisiones pertinentes, pertenecientes, en este caso, a ambos Gobiernos.
Asimismo, ha reconocido al derecho humano de libertad de expresión la jerarquía y prevalencia que las normas constitucionales e internacionales le otorgan como derecho humano protegido y de rango superior a otro derecho legalmente reconocido, como es el de la libertad de circulación de personas y bienes, que no reviste tal carácter.
A pesar de ello, y consciente de los inconvenientes que esta forma de manifestación popular pudiera ocasionar – como sucede con cualquier tipo de manifestación que, en forma directa o indirecta puede afectar a terceros que no son parte del reclamo -, el Gobierno argentino, ha utilizado, a nivel nacional, provincial y municipal, los medios legítimos disponibles para disuadir a los ciudadanos de elegir esta forma de manifestación y convencerlos de utilizar medios de expresión alternativos.

  1. La libertad de circulación de bienes y servicios




Tercero, y en lo que se refiere a la libertad de circulación de bienes y servicios, prevista en el Tratado de Asunción, el Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios y en otros principios y disposiciones de Derecho Internacional aplicables en esta materia, puede afirmarse que la República Argentina no ha adoptado medida gubernamental alguna que constituya una violación, impedimento o menoscabo de la misma.
Teniendo en cuenta que la obligación asumida en dichos instrumentos se refiere a medidas gubernamentales que pudieran afectar dicho principio de libre circulación de bienes y servicios, el alcance del mismo no puede extenderse a las manifestaciones en rutas resultantes del libre ejercicio de la libertad de expresión llevado a cabo por particulares. Tampoco puede encuadrarse esta actividad como un incumplimiento de una obligación internacional específica derivada del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre.

  1. Relación entre el comercio internacional y la preservación del medio ambiente



Cuarto, y en lo que respecta a la relación entre el comercio internacional y la preservación del medio ambiente - derecho humano cuya posible afectación constituye el motivo central del reclamo de los ciudadanos argentinos que participaron de las manifestaciones en rutas - cabe indicar que la actuación de la República Argentina es compatible con lo previsto en las normas constitucionales de ambos países y en el Tratado de Asunción, que establece, en sus considerandos, que el objetivo de la constitución del mercado común debe ser alcanzado desde el más eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles y la preservación del medio ambiente.
Más aún, a efectos de resguardar la vida y la salud de las personas, los animales y los vegetales, los Estados Parte del Mercosur han establecido excepciones expresas al libre comercio, de forma semejante a lo previsto en el ordenamiento europeo, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en la Organización Mundial del Comercio, circunstancia que se ve reflejada, asimismo, en las decisiones judiciales o cuasi judiciales adoptadas en estos tres ámbitos.

  1. La responsabilidad internacional de los Estados



Quinto, y atendiendo a los principios generales de atribución de responsabilidad internacional de los Estados, es menester indicar que la actuación de la República Argentina no constituye violación de una obligación internacional que le sea atribuible.
Como ya hemos indicado en el cuerpo de esta presentación, la regla general reconocida por la doctrina y la jurisprudencia internacional es que la única conducta atribuible al Estado es la de sus órganos de gobierno, o de otros que hayan actuado bajo la dirección, instigación o control de dichos órganos, como agentes del Estado, excluyéndose la responsabilidad del mismo por los hechos de los particulares. Solo podría existir responsabilidad por falta de diligencia debida, que se ha demostrado que no ocurrió en estas circunstancias.
Resulta, entonces, difícil atribuir a la Argentina la omisión de una conducta que “no es debida” a la luz del orden jurídico internacional vigente.

  1. Vigencia de la libre circulación de bienes, servicios y personas.



Sexto, es de fundamental importancia señalar que, en ningún momento, se ha visto interrumpida la libre circulación de bienes, servicios y personas entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay. En todo momento funcionaron, en forma ininterrumpida, los servicios de Migraciones y Aduanas en todas las vías de comunicación y existieron vías alternativas a los Puentes Internacionales General San Martín y General Artigas, de carácter terrestre, aéreo y fluvial. Por el contrario, como se ha demostrado consta en las estadísticas de ambos países, que el comercio bilateral y el turismo hacia el Uruguay creció en esa época en comparación con el año anterior.
Asimismo, como la misma República Oriental del Uruguay ha reconocido, en forma expresa, las manifestaciones en rutas eran de conocimiento público e informado con la antelación suficiente como para permitir que los particulares y los agentes económicos escogieran las vías de comunicación más convenientes.

Por último, se considera importante señalar que las afirmaciones efectuadas en el presente escrito se encuentran respaldadas por las pruebas ofrecidas por la República Argentina. No es éste el caso de la prueba ofrecida por la República Oriental del Uruguay ya que no surge, de las pruebas aportadas en su Escrito de Demanda, elemento alguno que permita concluir que la República Argentina incurrió en omisión o violación de sus deberes y obligaciones internacionales. Más aún, algunos de los elementos de prueba aportados demuestran exactamente lo contrario de lo se que buscaba sostener.


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