Escrito de respuesta de la república argentina al escrito de presentación de la república oriental del uruguay






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VI. Análisis de la prueba presentada por la República Oriental del Uruguay.



En este punto nos referiremos a los Recaudos acompañados por Uruguay, su suficiencia y pertinencia para demostrar o sustentar las afirmaciones que se realizan en el Escrito de Demanda.
Al respecto, cabe señalar que, sobre los Recaudos 1 a 26, ya se ha efectuado un análisis detenido en el punto II “ANTECEDENTES”, razón por la cual el presente se limita a los Recaudos 27 a 30:

  1. Prueba originada en reparticiones gubernamentales del demandante.



Resulta necesario hacer una salvedad de carácter general para todas las pruebas aportadas que son generadas por reparticiones gubernamentales de la demandante. Tales pruebas no deberían tener fuerza probatoria plena en tanto no se encuentren respaldadas por otras fuentes. Resultaría, entonces, conveniente que los datos e informaciones contenidos en la prueba aportada por Uruguay encuentren correspondencia en fuentes argentinas o sean aceptadas expresamente por la contraparte y provengan de terceros Estados no comprometidos en la controversia, y fueren relevadas por organismos bilaterales o no oficiales de ambos países y por cualquier entidad que no tenga interés directo e indirecto en el resultado de la controversia.
Caso contrario, si se decidiera dotar de valor probatorio pleno a tales documentos, implicaría vulnerar el principio básico de la prueba en cuanto a su valor de convicción, ya que, una prueba no puede ser sustentada únicamente por quien pretende hacerla valer en su favor o se beneficia de su contenido.71.

  1. Recaudo 27:


Este consiste en una nota dirigida al Sr. Canciller del Uruguay por la Sra. Ministra de Defensa Nacional de ese mismo país. Como surge del texto, tal nota responde a una solicitud del primero.

Al respecto, y con las salvedades apuntadas, se pueden realizar las siguientes observaciones a los Anexos del citado Recaudo 27:

  1. Respecto del número de personas que integró las manifestaciones.

Sólo se cuenta con 2 referencias en la primera página, relativa al Área de Control Integrado del Puente Gral. San Martín – Fray Bentos. En dicha oportunidad se habla, primero, de “400 personas” y, luego, de “100.000 personas”, no existiendo otras referencias probatorias respecto del número de participantes en las manifestaciones.
De dicho Recaudo no surge en qué se fundan o en qué datos se sustentan las afirmaciones de Uruguay de los puntos 37 (“pequeño grupo de personas”), 44 (“por particulares en número reducido”), 45 (“10 vecinos”) y 47 (“ello aún cuando el número de personas que participaron en general en éstos era muy reducido”) de su Demanda.

En consecuencia, las afirmaciones de Uruguay no encuentran sustento en la prueba aportada como Recaudo 27.

  1. Respecto de la calidad de las personas que integró las manifestaciones.


Sólo se cuenta con una referencia en la segunda página, que versa sobre el Área de Control Integrado del Puente Gral. Artigas – Paysandú. Allí se habla de “un grupo de la ONG ‘GREANPEACE” (suponemos que se refiere a “GREENPEACE72”), no existiendo otras referencias probatorias respecto de la calidad de las personas.

  1. Respecto de la localización de las manifestaciones populares.


Se hacen sólo tres referencias, dos en la hoja correspondiente al Área de Control Integrado del Puente Gral. San Martín – Fray Bentos, que refieren que los manifestantes subieron al “puente hasta 100 metros del límite” - sólo que no se dice de qué lado del límite estaban -; en cambio, la tercera referencia, en la hoja correspondiente al Área de Control Integrado del Puente Gral. Artigas” – Paysandú, se indica: “Corte transitorio. Camiones demorados, fue simultáneo en el lado argentino y uruguayo”.
Teniendo en cuenta que las manifestaciones populares fueron también realizados dentro de la jurisdicción de la República Oriental del Uruguay – reconocidos expresamente por una autoridad de ese país – se estima conveniente que el Tribunal conozca cuáles fueron las “medidas pertinentes” que tomó Uruguay en estos casos.

  1. Respecto de la calidad de las manifestaciones populares,


Se mencionan los siguientes adjetivos: “Corte Transitorio” dos oportunidades - no obstante, en la mayoría de los casos se mencionan los horarios de las manifestaciones populares -, “Cortes temporales” tres oportunidades - algunos por minutos, otros sin indicación de tiempo -, “Corte ininterrumpido” - dos oportunidades - y “Corte sorpresivo” - en una sola oportunidad - (día 12/02/06 - Área de Control Integrado del Puente “Gral. Artigas” – Paysandú).
Con respecto a esta última mención, cabe preguntarse por qué las manifestaciones populares no sorprendían a la autoridad uruguaya. Si había un programa y esta información se encuentra en poder de la autoridad uruguaya sería bueno ponerla en conocimiento del Tribunal.-
Respecto de la modalidad de las manifestaciones populares. Se menciona únicamente que se detuvo un camión al que los manifestantes “se encadenaron”, no habiendo más referencias sobre el modus operandi de los manifestantes o la actuación de la ONG responsable de tal episodio.

  1. Sobre los efectos de las manifestaciones populares.

Sólo se encuentran dos referencias en el anexo correspondiente al área de Control Integrado del Puente Gral. Artigas – Paysandú. Allí se indica: que se “intercepto un camión”y luego se señala “se toma conocimiento que tres camiones chilenos que transitaban hacia Uruguay se les impidió su viaje”. A continuación (31/01/06) se indica “liberaron los camiones chilenos”.
Ante estas referencias, la República Argentina, estima necesario conocer las pruebas en que la República Oriental del Uruguay fundamenta sus asertos sobre los daños y perjuicios sufridos, citados en el Numeral 57), segundo párrafo, del escrito de presentación de Uruguay, dado que no existe en la prueba ofrecida por Uruguay elementos que acrediten que fueron detenidos otros medios de transporte o mercaderías.

  1. Sobre los horarios de las manifestaciones populares.

Resulta interesante ver que, conforme manifiesta la autoridad uruguaya, la amplia mayoría se produjo en horarios inhábiles aduaneros. Es decir, cuando no pasan mercaderías - claro que es posible habilitar el servicio aduanero pagando un monto superior, por ello, esta posibilidad no es utilizada como regla para el tráfico de mercaderías, salvo en contadas excepciones -.
Cabe señalar que la Resolución GMC Nº 77/99, en su artículo 1, establece “el horario de 07:00 a las 19:00 horas, los días hábiles, de lunes a viernes, como horario hábil de funcionamiento de las reparticiones de los distintos organismos intervinientes en las Áreas de Control Integrado”.
Por otra parte, la Resolución GMC Nº 43/97 establece la “Nómina de Puntos de Frontera de Controles Integrados entre los Estados Partes del MERCOSUR” incluyendo, entre los que corresponden a la frontera entre Argentina y Uruguay, los siguientes:
Control Integrado de Tránsito Vecinal y Turístico

- Fray Bentos (única cabecera)

- Paysandú (única cabecera)

- Concordia (única cabecera)

Control Integrado de Cargas - Transporte Automotor

- Fray Bentos (única cabecera)

- Paysandú (única cabecera)

- Concordia (única cabecera)

Control Integrado de Cargas - Ferrocarril

- Salto (única cabecera experimental)”
El Tribunal debe tener presente que las manifestaciones populares señaladas por la autoridad uruguaya en el Área de Control Integrado “Gral. San Martín”-Fray Bentos no se desarrollaron en horario hábil en ningún momento.

En virtud de las limitaciones, imprecisiones e insuficiencias de información apuntadas en la prueba producida como Recaudo 27 por el Uruguay, que fueron señalados precedentemente, Argentina solicita que la misma sea desestimada como medio para acreditar las sucesivas afirmaciones contenidas en la Demanda respecto de las manifestaciones en ruta y sus características.

  1. Recaudo 28:


Este recaudo consiste en un cuadro fotocopiado sobre una hoja con membrete del Ministerio del Interior del Uruguay y firmado por la Sra. Directora Nacional de Migración. A diferencia del Recaudo 27, no hay texto ni se identifica si tal cuadro responde a una solicitud de la Cancillería uruguaya.

Respecto de la fotocopia adjuntada pueden observarse algunas singularidades en el formato, pareciendo que el cuadro con los datos fue pegado sobre la hoja membretada. En tal sentido, Argentina solicita al Tribunal requerir a Uruguay el original de dicha documentación a efectos de descartar cualquier posibilidad de manipulación de la prueba.

No obstante, y considerando que el contenido del cuadro adjunto contiene escasas referencias, Argentina desconoce tales estadísticas y su valor probatorio, por las siguientes razones.


  1. El mencionado cuadro contiene una nota expresa que indica que “no incluye tránsito zonal”, por lo cual contiene información y datos parciales. Tal exclusión podría tener efectos prácticos sobre las cifras que el mismo contiene.




  1. Asimismo, el cuadro se refiere a “pasajeros ingresados por los puentes de Fray Bentos y Paysandú”, sin especificar el alcance de la expresión pasajeros. Esta cuestión tiene una relevancia primordial, ya que el tránsito peatonal nunca estuvo impedido. Respecto del tránsito de ómnibus, al referirse a pasajeros ingresados, sería conveniente conocer si ingresaron a la República Argentina, a la República Oriental del Uruguay o a ambos países. Argentina considera que, si no se aclaran las cuestiones mencionadas, el Tribunal no debería tomar en cuenta el Recaudo 28, dada la imprecisión existente en la información suministrada.




  1. En lo que se refiere al contenido del cuadro, y suponiendo que contuviese información correcta, es importante resaltar que, en las cifras referentes al puente Paysandú, sólo se demuestra una pequeña merma en el período correspondiente al mes de marzo del 2006, verificándose, en todos los demás meses, un tránsito positivo respecto al año anterior.




  1. Uruguay no ha agregado datos tendientes a demostrar la situación general del tránsito entre ambos países durante el período en cuestión, ni respecto a la situación en otros pasos fronterizos. Esto resulta importante ya que, como se señala en el Escrito de Presentación – numeral 57 – se verificó un incremento proporcional en los otros cruces, razón por la cual no puede alegarse, de manera alguna, una violación a la libre circulación.




  1. Volviendo a la referencia de “pasajeros” que consta en el título, resulta fundamental conocer si se trata de líneas de ómnibus, dado que algunas de las compañías que transportan pasajeros - punto 57 del Escrito de Presentación de la República Oriental del Uruguay - que transitaban por estos pasos, pudieron reprogramar sus rutas, por lo cual todas las cifras enumeradas en el cuadro citado reflejarían una situación completamente irreal.


En definitiva, Argentina solicita que el Tribunal tenga en cuenta que el efecto real de las manifestaciones populares fue insignificante y mucho menor del que parece surgir del cuadro en análisis, pero se vio amplificado, no por la acción de los manifestantes, sino por la decisión de las empresas que cambiaron sus recorridos.

Frente a las limitaciones e insuficiencias señaladas en la prueba producida como Recaudo 28 por el Uruguay Argentina considera que la misma debería ser descartada.

  1. Recaudo 29:


Este recaudo consiste en una nota del Director Nacional de Aduanas de Uruguay, Luís Alberto Salvo, respondiendo una solicitud del Señor Ministro de Relaciones Exteriores, Reynaldo Gargano, relativa a operaciones aduaneras que habrían sido afectadas por las manifestaciones en el puente que une las ciudades de Gualeguaychú y Fray Bentos.

Se reitera que la República Argentina desconoce tal información y su valor probatorio, con base en las siguientes consideraciones:


    1. En el documento se expresa que, “de acuerdo a los registros del Sistema Informático LUCIA, entre los días 1° de diciembre de 2005 y el 2 de mayo, se verificó una anulación de 236 DUAS correspondientes a operaciones de Exportación, Importación y Tránsitos originalmente programadas para ser efectuadas por la Administración de Aduanas de Fray Bentos”. Cabe mencionar que en ninguna parte del mencionado Recaudo, se especifica el significado de DUAs, aunque se estima que significaría “Documento único aduanero”.


Por otra parte, se puede afirmar exactamente lo mismo que respecto del Recaudo anterior, toda vez que, como afirma Uruguay en el punto 57 de su Escrito - algunas de las compañías “de transporte por tierra de pasajeros y de carga” reprogramaron las rutas de sus envíos, razón por lo cual las cifras enumeradas en la nota distarían de representar la situación real.


    1. Finalmente, una observación elemental, pero no por ello menos cierta, es que, del contenido de la nota, no surge que exista algún tipo de desviación, merma, perjuicio, interrupción de flujo o daño concreto, toda vez que no hay punto de comparación con períodos anteriores similares o con otras referencias que permitan calcular el impacto de las manifestaciones populares, si es que lo hubo.


Frente a la escasa información contenida en la nota y las limitaciones e insuficiencias señaladas, Argentina solicita que la misma no sea considerada por carecer de sustancia para fundamentar alguna afirmación.

  1. Recaudo 30:



Este recaudo consiste en un informe sobre el presunto “Impacto del conflicto en la frontera con Argentina sobre algunas empresas que exportan desde Uruguay a dicho país” elaborado por la División de Competitividad Industrial de la Dirección Nacional de Industrias.
El mencionado informe, tal como el mismo indica, tiene por objetivo recoger cómo repercutió negativamente en el comercio de muchas empresas - no de “algunas” como se expresa antes - exportadoras de Uruguay hacia la Argentina, analizando los principales productos afectados y el impacto sobre la actividad y rentabilidad de dichas empresas.
En realidad, el informe sólo parece presentar el caso de cuatro empresas puntuales (Cinter S.A., Montelur S.A., Talesol S.A. y Fábrica Nacional de Cintas de Freno) y desarrolla en tres párrafos cuál habría sido la “metodología” empleada para la selección de las mismas.
Argentina considera que la metodología utilizada no permite, en modo alguno, extraer conclusiones que permitan fundamentar las afirmaciones de Uruguay, ni siquiera en los cuatro casos allí reseñados. En los párrafos dedicados a cada una de las cuatro empresas sólo se reflejan dichos de terceros, que no se sustentan en ningún documento y que son aparentemente “transcriptos” por un funcionario del organismo que elabora el informe.
Finalmente, consideramos que no se puede pretender extender este análisis de impacto a otras empresas no incluidas en estos cuatro casos, ya que tal accionar exhibiría una enorme falta de seriedad por parte de la Demandante.

En adición a lo expuesto, se realizan las siguientes observaciones:


    1. En primer lugar, se cita el caso de la empresa metalúrgica CINTER S.A, abastecedora de tubos y otros productos laminados a empresas automotrices argentinas. En el espacio dedicado a la misma se expresa:


Que la empresa se vio forzada a cambiar “la vía de transporte para realizar sus exportaciones hacia ese país, de terrestre a fluvial”, no adjuntando constancia alguna que permita presumir que ese cambio de vía se ha verificado efectivamente, no documentándose tampoco la imposibilidad de ingresar por vía terrestre.
Que “según fuentes de la empresa, esto provocó un incremento de costos significativo”. No se cuantifican los aparentes “mayores costos” provocados ni se adjunta documentación, por lo cual todo se reduce a una simple afirmación sin sustento alguno.
Que “la empresa tuvo que cambiar de aduana para poder ingresar al territorio argentino”. Esta afirmación no se puede tomar en cuenta en modo alguno, ya que las aduanas continuaron funcionando ininterrumpidamente. Por otra parte, la enunciación indica, con claridad palpable, la existencia de otras múltiples vías de acceso al territorio argentino.


    1. Seguidamente, se cita la empresa MONTELUR S.A, exportadora de caucho mezclado sin vulcanizar, expresando que, en los primeros cinco meses del 2006, la empresa exportó hacia la Argentina 1,4 millones de dólares, cifra 41% superior a la registrada para el mismo período del 2005. Es decir, se utiliza como ejemplo de impacto negativo a una empresa cuyas ganancias crecieron a casi el doble, razón por la cuál no se entiende que daño, perjuicio o “impacto negativo” se pretende acreditar.




    1. Igual reflexión merece la información relativa a la empresa de ventas de autopartes TALESOL S.A, debido que se expresa que “durante los primeros cinco meses del año 2006, las ventas hacia Argentina acumularon cerca de 10 millones de dólares, cifra similar a la registrada para igual período del año anterior




    1. Finalmente, se menciona a la FABRICA NACIONAL DE CINTAS DE FRENO, concentrando sus exportaciones hacia la Argentina en dos productos: guarniciones para frenos y demás guarniciones para frenos montadas. El informe expresa que “según el departamento de comercio exterior de esta empresa, en el caso de las exportaciones hacia Chile sí se encarecieron significativamente, ya que antes se canalizaban por Salto y luego tuvieron que cruzar en ferry.”


Sobre el particular, cabe mencionar que el Puente de Salto Grande no está incluido en el objeto de la controversia y nunca estuvo cerrado, situación reconocida por la República Oriental del Uruguay en su Escrito de Presentación, numeral 46)
En dicho numeral, la demandante utiliza el ejemplo del Puente de Salto para alegar que Argentina habría tratado en “forma diametralmente opuesta” las manifestaciones populares producidas en ese punto respecto de otros de la frontera bilateral.
Evidentemente existe una incongruencia en las afirmaciones de Uruguay del numeral 46 y su relación con la prueba agregada como Recaudo 30, ya que, si la actuación argentina fue efectivamente diferente en el caso de Salto y no hubo impedimentos para la circulación, no existen fundamentos para que una empresa que transita por allí modifique el medio de transporte o la ruta que utiliza.
Frente a las limitaciones de alcance, insuficiencias metodológicas e incongruencias señaladas en la prueba producida como es el caso del Recaudo 30 por el Uruguay, la Argentina solicita que la misma sea rechazada in limine.

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