Escrito de respuesta de la república argentina al escrito de presentación de la república oriental del uruguay






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La Responsabilidad por omisión.



Las conductas atribuibles a un Estado, con el objeto de invocar su responsabilidad internacional, pueden consistir también en omisiones.
En este sentido, resulta pertinente señalar que el principal argumento que esgrime el Uruguay para atribuir responsabilidad internacional a la República Argentina es que una vez producidos las manifestaciones en los pasos transfronterizos, por los particulares de Entre Ríos, el Estado argentino no actuó con la debida diligencia en la represión de tales actos causando un perjuicio al Estado uruguayo.
La CDI entiende que no existen diferencias de principios entre los casos de atribución de responsabilidad por acción u omisión. Además, puede resultar difícil aislar una omisión de las circunstancias generales concurrentes que son relevantes para determinar la responsabilidad de un Estado ante un hecho determinado.
Los casos en que se ha invocado la Responsablidad Internacional de un Estado con base a la omisión son tan numerosos como aquellos en los cuales la responsabilidad se ha atribuido por un accionar del Estado. En el Caso del Canal de Corfú, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia sostuvo que para que surgiera la responsabilidad de Albania, resultaba suficiente que ésta conociera, o al menos que hubiera debido conocer, la presencia de las minas en su territorio marítimo y no hiciera nada para advertir a terceros Estados de su presencia.69
En el Caso del Personal Diplomático y Consular, la Corte concluyó que la responsabilidad de Irán surgía de la inacción de sus autoridades, las cuales fallaron en tomar las medidas pertinentes, en dichas circunstancias.70.
También puede citarse al Tribunal Arbitral en el Asunto Relativo a la Fundición de Trail, en su Decisión del 11 de marzo de 1941, que dictaminó que: con arreglo a los principios del Derecho internacional y asimismo del derecho de los Estados Unidos, ningún Estado tiene el derecho de usar o permitir el uso de su territorio en forma que el territorio de otro Estado o las personas o propiedad que allí se encuentren sufran daños”. Se trataba en ese caso de la construcción de una acería que emitía gases contaminantes a través de la frontera y ese comportamiento fue considerado un ilícito internacional.
Por lo tanto, ante la violación de una obligación internacional por el comportamiento de particulares, que pudiera causar un perjuicio a otro Estado, debe analizarse primordialmente cuál es la actitud del Estado a quien se le imputa la responsabilidad con relación a esos hechos.

  1. La actuación del Gobierno argentino.



La actitud del Gobierno Nacional frente a otros impedimentos a la libre circulación registrados anteriormente en territorio argentino ha sido, sin perjuicio de las diferencias con el caso presente, la de no obstaculizar las manifestaciones espontáneas de la sociedad cuando, en ejercicio del derecho de peticionar ante las autoridades, previsto en el artículo 14 de la Constitución Nacional, persiguen la defensa de lo que consideran sus derechos.
El principio constitucional citado posee una jerarquía, en el ordenamiento jurídico interno, superior a la reconocida a los tratados internacionales. El artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, dispone que los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes. A continuación, este mismo artículo menciona una serie de Tratados a los que reconoce jerarquía constitucional.
Quedan de esta manera planteados los límites jurídicos a los que la República Argentina debe ajustar su accionar, para la vigencia de un principio como el de la libre circulación, cuando están en juego principios constitucionales de jerarquía superior.
En este sentido, dado que nuestro país reconoce a los tratados internacionales una jerarquía superior a la ley ordinaria, el impedimento para actuar de una manera distinta a la elegida por el Gobierno Nacional ante las manifestaciones en ruta, como pretende Uruguay, tiene raigambre constitucional, lo que constituye el respaldo jurídico institucional de la conducta adoptada por el Estado en esta materia.
El fundamento jurídico de la conducta del Estado argentino ante las manifestaciones en ruta cobra especial significación cuando el reclamo proviene de un país en el que los tratados internacionales, incluido el Tratado de Asunción, poseen una jerarquía equiparable a una ley ordinaria. En otras palabras, Uruguay, con su demanda, pretende ignorar la realidad jurídico-institucional de la República Argentina y exige un comportamiento estatal que se vería impedido de observar en su propio territorio, en similares circunstancias.
Por ello, puede afirmarse que la conducta oficial del Estado Argentino no se aparta de lo preceptuado por el Tratado de Asunción en su Artículo 1 que dispone la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países. No ha habido, entonces, violación del citado artículo del Tratado de Asunción porque no existió tipo alguno de acción del Estado Argentino que pueda calificarse como impulsora del bloqueo de rutas y puentes en los pasos fronterizos con el Uruguay, que los pobladores del lugar, en forma espontánea, han emprendido en reclamo de lo que consideran un peligro inminente de degradación de sus condiciones de vida.
El Gobierno de la República Argentina ha realizado diversas gestiones para intentar solucionar este problema, de lo que da cuenta la lista no exhaustiva de artículos de diversos medios de prensa que se adjunta a este escrito.
Toda otra solución, si bien factible, hubiera implicado el riesgo de provocar reacciones difíciles de controlar que podrían haber causado alteraciones más graves para el intercambio entre los dos países, así como el riesgo de alentar confrontaciones entre particulares favorables o contrarios a las protestas, además de actos violentos por parte de los manifestantes que se hubieran considerado lesionados en el ejercicio de sus derechos fundamentales.
En este punto, cabría recordar nuevamente que, en el Caso “Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge v. República de Austria”, el Tribunal de Justicia europeo, al referirse al reclamo de la empresa Schmidberger por la concentración sobre la autopista del Brenner, sostiene que habida cuenta de la amplia facultad de apreciación de que disponen los Estados miembros, procede considerar que, en circunstancias como las del caso de autos, la autoridad nacional competente pudo estimar que una prohibición pura y simple de ésta constituía una interferencia inaceptable en los derechos fundamentales de los manifestantes a reunirse y expresar pacíficamente su opinión en público.”
Este claro razonamiento del tribunal europeo coloca en un justo plano la acción del Estado ante situaciones similares a la enfrentada por el Estado argentino en la que se encuentran en juego derechos fundamentales de la sociedad que manifiesta.
Resulta evidente que el presente tema envuelve una serie de elementos que es conveniente y apropiado destacar, por sus efectos jurídicos.

  1. La actuación debida frente a la protesta.



En un caso como el de corte de una ruta o un puente, las autoridades públicas no tienen habilitado cualquier tipo de argumento, ni cualquier tipo de respuesta. En esta situación, los derechos involucrados son múltiples, y muchos de ellos - por ejemplo, los vinculados con la práctica de presentar quejas frente a las autoridades - resultan prioritarios frente a los también valiosos propósitos de preservar el tránsito o el libre comercio internacional.
Si funcionarios y árbitros asignaran valor sólo a estos últimos propósitos comprometen sus decisiones o sus sentencias a partir de un equilibrio de argumentos jurídicos sesgados y, por lo tanto, difícilmente aceptables. De la misma manera, suponer que sólo existe una respuesta penal o represiva contra los manifestantes no puede ser la primera ni la principal respuesta a la que el estado debe apelar.
Requerir a un gobierno democrático nacional o provincial que resuelva una protesta legítima a través de la represión no sólo es, como hemos dicho, contrario a la Constitución Nacional sino también a los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales son parte la nación Argentina y la República Oriental del Uruguay.
Quienes despreocupada o apresuradamente recurren a este tipo de propuesta represiva comprometen al estado con el tipo de injusticia política que, justamente, una sociedad democrática debiera encargarse de erradicar. La respuesta de un gobierno democrático tanto provincial como nacional frente a este tipo de reclamos debe ser disuasoria. Es decir, el objetivo debe ser buscar, a través de la negociación y de la convicción, que este tipo de medidas de protesta sean levantadas cuando puedan entrar en conflicto con derechos e intereses de otras sociedades.
Por lo tanto, la medida gubernamental que busca la disuasión y la convicción no es inacción frente a este tipo de medidas, sino simplemente una decisión adoptada con el objetivo de buscar la solución mediante la única alternativa que se presenta a los gobernantes.
El problema de la obediencia al derecho es problemático cuando un sector de una sociedad considera que se afectan derechos fundamentales. El desconocimiento de estos derechos “parece amenazar la concordia ciudadana; la responsabilidad no recae en aquellos que protestan, sino en aquellos cuyo abuso de poder y de autoridad, justifica tal oposición, porque emplear el aparato coercitivo del estado para mantener instituciones manifiestamente injustas, es una forma de fuerza ilegítima a la que los hombres tienen el derecho a resistirse” (Rawls, John; Teoría de la Justicia; Fondo de Cultura Económica; México 1978, págs. 396 – 433.-) .
Se presenta, en este caso, un choque de derechos. El choque entre el derecho al tránsito por un lado y los derechos de protesta, libre expresión, petición a las autoridades y derecho de reunión. Frente a esta situación, los gobernantes tienen la obligación de proteger prioritariamente, en tanto como sea posible, los derechos más cercanos a la decisión democrática. En este caso, sin duda, los derechos relacionados con la expresión y la protesta.
Como ha dicho la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso New York Times vs. Sullivan (376 US 254; 1964), los jueces deben tener en cuenta que “si imponen temor y dudas en aquellos que podrían dar voz a las críticas públicas (ellos contribuyen a crear) una atmósfera dentro de la cual (la libertades constitucionales) no pueden sobrevivir”.
Las únicas restricciones aceptadas frente a estos derechos de reclamo, de protesta, de expresión y de reunión son las reglamentaciones “neutrales en cuanto a su contenido, diseñadas del modo más estrecho posible, orientadas a satisfacer intereses abiertamente fundamentales, y capaces de dejar abiertos amplios canales de comunicación alternativos” (Corte Suprema de Estados Unidos, United States vs. Grace, 461 US 171, 1983).
No se trata de justificar cualquier escándalo público ni dar una especie de carta blanca a la protesta permanente. Simplemente, es necesario comprender que hay ciertas situaciones en las cuales una sociedad decide, a través de formas de democracia directa perfectamente comprensibles y reconocidas, establecer una forma de petición enérgica en defensa de sus derechos constitucionales. Es decir, debemos reconocer que forma parte del propio deber cívico de quienes se consideran excluidos por una acción política o, en este caso, por una obra pública que afecta su derecho al medio ambiente limpio el de extremar sus esfuerzos para tornar reconocibles sus demandas y evitar que el poder político siga decidiendo de un modo parcial o miope.
Al mismo tiempo, forma parte del deber cívico de los funcionarios públicos el reconocer esta circunstancias y extremar sus esfuerzos para resolverlas, cualquiera sea la posición de poder que ocupen y cualquiera sea la postura teórica que, en definitiva, defiendan.
En el caso de la libertad de expresión decimos, habitualmente, que el estado violenta la libertad de expresión cuando censura un periódico, prohíbe una obra de teatro o saca del cartel una película por considerarla escandalosa. Todos coincidimos que estos son casos claros de violación de derechos.

  1. La disuasión como única actividad legítima del gobierno.



Ahora bien, un análisis avanzado nos permite reconocer que las violaciones al derecho de la libertad de expresión aparecen también en otros casos menos visibles. La libertad de expresión requiere mucho más que el hecho de que el Estado o el Gobierno no censure. Requiere que el gobierno se involucre en el mantenimiento de lugares públicos abiertos y en la garantía del derecho de acceso a los foros públicos.
Cuando un Estado permite que manifestaciones populares puedan ocasionar inconvenientes al pleno ejercicio de otros derechos por el resto de la sociedad, descartada de plano la hipótesis de la represión por razones que resulta harto detallar, debe elegir entre aceptar la prolongación de la situación o adoptar las medidas que la parte de la sociedad que lleva adelante las manifestaciones reclama.
En el caso que ahora nos ocupa resulta necesario analizar un elemento adicional de la situación creada por los inconvenientes a la circulación en las vías de acceso internacionales entre Argentina y Uruguay, a efectos de permitir una correcta atribución de responsabilidades. Ese elemento esencial radica en la posibilidad fáctica de que el Estado pueda incidir en la situación de base que da origen a las citadas manifestaciones.
La motivación de las manifestaciones en ruta, en el presente caso, radica en una situación cuya modificación el Estado argentino, aunque quisiera, no podría lograr por sí solo, lo que elimina cualquier responsabilidad. No puede dejar de mencionarse la relación causal previa entre una situación de hecho en territorio uruguayo - instalación de plantas de celulosa - y el inicio de las manifestaciones en territorio argentino. Ello demuestra lo erróneo de alegar la existencia de relación causal entre la supuesta falta de acción estatal argentina y la prolongación de las manifestaciones.
La República Argentina no tuvo posibilidad alguna de modificar la situación que diera origen a los manifestaciones populares; esto es, el temor fundado de los habitantes de la zona por las consecuencias, para su calidad de vida, de la instalación de fábricas de pasta de celulosa sobre el río Uruguay. La República Argentina debe defenderse en una controversia iniciada, justamente, por el Estado que mantiene la situación de hecho que da origen a las manifestaciones populares por cuyas consecuencias reclama, lo que no resiste el menor análisis. La pretensión de Uruguay de inculpar al estado en cuyo territorio las protestas tienen lugar no hace sino completar un círculo vicioso.
Lo antes señalado demuestra la incorrecta línea de causalidad estructurada por la República Oriental del Uruguay, que intenta imputar responsabilidad a la República Argentina, como si la relación de causa y efecto pudiera ser arbitrariamente interrumpida, según las consecuencias jurídicas que se pretenda que produzca.
La República Oriental del Uruguay, legitimada para actuar por el Protocolo de Olivos, no puede pretender que dicha legitimación subsane la endeblez jurídica de la base de su reclamo, como si ninguna responsabilidad le cupiera en la génesis de un problema por cuyas consecuencias demanda a la República Argentina.

  1. Las diferencias con otros casos mencionados por el Uruguay.



Difícil resulta comparar la situación de hecho que motiva la presente controversia con otros hechos excepcionales acaecidos en el territorio argentino que Uruguay trae a colación con el objetivo de pretender justificar que la actitud de la República Argentina fue sustancialmente diferente.
Cabe indicar que también los hechos señalados responden a circunstancias sustancialmente diferentes de la que motiva la presente controversia, con características que se repiten en los tres acontecimientos: la existencia de violencia en la manifestación y la posibilidad del Gobierno de ofrecer alternativas de solución al conflicto que daba origen al reclamo, a partir de mecanismos de diálogo entre las partes involucradas en el mismo.
Podemos tomar como ejemplo el caso ocurrido en la localidad de Las Heras, Provincia de Santa Cruz. El mismo artículo periodístico que ofrece como prueba Uruguay indica que la manifestación, pacífica en su mayoría, contaba con integrantes que portaban armas de fuego, palos y barretas de hierro, se enfrentaron con policía desarmada en una lucha que tuvo como resultado un funcionario policial muerto y varios heridos. Cabe señalar que el desalojo de los manifestantes respondía a una orden judicial.
Frente a estos hechos, se conformó una “mesa de diálogo” de la que participaron autoridades nacionales, provinciales y municipales y dirigentes del sindicato de los trabajadores y se enviaron gendarmes con el objetivo de asegurar la tranquilidad de la población, conforme las manifestaciones hechas por el Secretario de Seguridad Interior de la Nación. Este mismo funcionario explicó que el operativo “no tiene como objetivo reprimir ninguna protesta social, ni impedir la libre expresión” y prometió que “no va a haber violencia de nuestra parte” (el Ministerio del Interior). Estas declaraciones, por cierto, fueron efectuadas el mismo día en el mismo medio de prensa que el artículo incluido por Uruguay (Diario Clarín, 8 de febrero de 2006).
El Presidente de la Nación, Dr. Néstor Kirchner, en un discurso efectuado el mismo día 8 de febrero, se pronunció sobre los incidentes y sobre la actuación del Gobierno frente a los mismos. Entre otros párrafos de ese discurso, es posible destacar los siguientes:
Mientras me toque ser Presidente de los argentinos, siempre voy a trabajar por la convivencia, por la no violencia, por la capacidad de poder protestar en pluralidad y en democracia, por el respeto y el derecho de los demás....”. “Cualquier protesta puede ser legítima; a mí no me gusta invalidar la legitimidad de las protestas, el debate y la discusión. Prefiero toda la vida esa Argentina; lo grave es que, para ir a protestar, se dispare contra otros hermanos argentinos”. “En este caso realmente la policía santacruceña, desarmada y democráticamente, tuvo un comportamiento absolutamente correcto”. “En la vida democrática surgen disputas de todo tipo, en los partidos, en los gremios, existen ideas diferentes; la pluralidad es una cuestión constante y permanente. Lo que no se puede hacer, en nombre de esa disputa, es querer imponernos por la violencia”. “No nos van a hacer perder nunca la calma, siempre vamos a tener toda la templanza ante las distintas manifestaciones, ante las distintas acciones que tiene la democracia. Prefiero la vida viva, en democracia, que la gente pueda expresarse, que pueda hablar, a la intemperancia”.
Anexo III.2.
Queda claro, entonces, que la diferencia está dada por la actitud de algunos de los manifestantes, no por la actuación del Gobierno argentino frente a una legítima forma de manifestación popular.


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