Escrito de respuesta de la república argentina al escrito de presentación de la república oriental del uruguay






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D) La actuación del Gobierno argentino y la responsabilidad del Estado.




La República Oriental del Uruguay alega la responsabilidad internacional de la República Argentina a raíz de una supuesta “violación por omisión por parte del Estado argentino de su deber de garantizar la libre circulación entre ambos Estados” como consecuencia de las manifestaciones populares producidas en las rutas de acceso a los Puentes Gral. San Martín y Gral. Artigas. Resulta necesario, entonces, analizar el problema de la responsabilidad de los Estados según el derecho internacional.

La responsabilidad internacional del Estado.



La doctrina mayoritaria sostiene que el estado actual del Derecho Internacional en materia de responsabilidad de los Estados por hechos ilícitos se encuentra, al menos en su mayor parte, reflejado en el Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas (CDI) que fue presentado en segunda lectura a la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual llamó la atención de los Estados miembros respecto de su contenido mediante las Resoluciones 56/83 (2001) y 59/35 (2004).
Cuando se habla de responsabilidad internacional se hace referencia a la obligación jurídica internacional que surge a cargo de un Estado, frente a otro, por un hecho internacionalmente ilícito atribuible al Estado según el Derecho Internacional y que constituye una violación de una obligación internacional en vigor para dicho Estado.
El Proyecto de la CDI establece, en su primer artículo, que todo hecho internacionalmente ilícito del Estado genera responsabilidad internacional. Cabe señalar que la Corte Permanente de Justicia Internacional ya se había expresado en este sentido en varias oportunidades55. Por su parte, la Corte Internacional de Justicia ha aplicado este criterio en varias ocasiones, por ejemplo en el asunto del “Estrecho de Corfu”56, en el asunto relativo a las “Actividades militares y paramilitares”57 y en el caso “Gabčíkovo-Nagymaros”58. La Corte también lo mencionó en sus opiniones consultivas sobre la “Reparación por daños”59, y sobre la “Interpretación de los tratados de paz (Segunda fase)”60, en la que aclaró que la "negativa a cumplir una obligación de un tratado entraña responsabilidad internacional"61.
La CDI afirma en el artículo 2 que hay hecho internacionalmente ilícito cuando un comportamiento, consistente en una acción u omisión, cumple con los siguientes requisitos (elementos constitutivos):


  1. Que sea atribuible al Estado según el derecho internacional; y

  2. Que constituya una violación de una obligación internacional exigible de dicho Estado.


En el asunto Dickson Car Wheel Company, la Comisión General de Reclamaciones Estados Unidos de América/México observó que la condición para que un Estado incurra en responsabilidad internacional es "que un hecho ilícito internacional le sea imputado, es decir, que exista violación de una obligación impuesta por una norma jurídica internacional".62 La Corte Internacional de Justicia también se ha referido a estos dos elementos en varias oportunidades. En el “Asunto Relativo al Personal diplomático y consular en Teherán”63 señaló que, para atribuir la responsabilidad al Irán: "[e]n primer lugar, debe determinar en qué medida los hechos de que se trata pueden considerarse jurídicamente imputables al Estado iraní. En segundo lugar, debe considerar si son compatibles o no con las obligaciones que incumben al Irán en virtud de los tratados vigentes o de cualquier otra norma de derecho internacional aplicable."64

  1. El comportamiento de los particulares



En teoría, la conducta de todas las personas, corporaciones o grupos de personas vinculadas al Estado por nacionalidad, residencia habitual o incorporación debería ser atribuible al Estado, tengan o no una conexión con el gobierno. En el Derecho Internacional, ese punto de vista es dejado de lado, con el doble objetivo de limitar la responsabilidad que conduce al involucramiento del Estado como organización y de reconocer la autonomía de las personas actuando en su propio nombre y no bajo la instigación de la autoridad pública.
En consecuencia, la regla general reconocida por la jurisprudencia y doctrina internacional65 es que la única conducta atribuible al Estado es la de sus órganos de gobierno, o de otros que hayan actuado bajo su dirección, instigación o control de dichos órganos, como agentes del Estado.
En este sentido, la CDI excluye la responsabilidad del Estado por los hechos de los particulares
El principio que establece que la conducta de las personas privadas no es atribuible al Estado fue establecido en el caso Tellini de 1923. El Consejo de la Sociedad de las Naciones sometió a un comité especial de juristas varias cuestiones suscitadas por un incidente entre Italia y Grecia. Se trataba del asesinato en territorio griego del presidente y de varios miembros de una comisión internacional encargada de delimitar la frontera grecoalbanesa. En respuesta a la cuestión quinta, el Comité declaró que “un Estado sólo incurre en responsabilidad por un delito político cometido en su territorio contra la persona de extranjeros si no ha adoptado todas las medidas razonables para prevenir el delito y para perseguir, detener y juzgar al delincuente.”

  1. La atribución de una conducta al Estado.



Para que una conducta sea caracterizada como un hecho internacionalmente ilícito, debe ser, en primer lugar, atribuible al Estado. El Estado es un sujeto con personalidad plena para actuar en el ámbito del Derecho Internacional. No obstante, esto no implica desconocer el hecho de que el Estado no puede actuar por si mismo. En consecuencia, un hecho del Estado incluirá, en realidad, acciones y omisiones de personas o grupo de personas. El problema es determinar qué personas o grupos de personas actúan en nombre del Estado, esto es, establecer qué constituye un “hecho del Estado” con el objeto de atribuir responsabilidad internacional.
Según la propia terminología de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas (CDI), la atribución de una conducta al Estado es necesariamente una operación normativa. Por lo tanto, lo que es realmente crucial es que un hecho dado se encuentre lo suficientemente conectado con la conducta (sea una acción u omisión) que se intenta atribuir al Estado.
A tal efecto, se enumeran taxativamente los supuestos en que tal atribución de responsabilidad es justificada desde el punto de vista del Derecho Internacional.


  • El artículo 4, primer párrafo del proyecto, establece que: se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de todo órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole, cualquiera que sea su posición en la organización del Estado y tanto si pertenece al gobierno central como a una división territorial del Estado”. Luego, el segundo párrafo agrega que “se entenderá que órgano incluye toda persona o entidad que tenga esa condición según el derecho interno del Estado.” No es este el supuesto bajo análisis.




  • El artículo 5 afirma que se considerará hecho del Estado según el derecho internacional, “el comportamiento de una persona o entidad que no sea órgano del Estado según el artículo 4, pero esté facultada por el derecho de ese Estado para ejercer atribuciones del poder público, siempre que, en el caso de que se trate, la persona o entidad actúe en esa capacidad.” Tampoco es este el supuesto que motiva la presente controversia.




  • El artículo 8 del proyecto de la Comisión introduce el principio por el cual “se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de una persona o de un grupo de personas si esa persona o ese grupo de personas actúa de hecho por instrucciones o bajo la dirección o el control de ese Estado al observar ese comportamiento.”


Conforme se sostuvo previamente, el principio general en derecho internacional es que el comportamiento de sujetos particulares o entidades no es atribuible al Estado. Sin embargo, puede haber circunstancias en que ese comportamiento es atribuible al Estado porque existe una relación de hecho específica entre la persona o la entidad que observa el comportamiento y el Estado. En este punto se fundamenta el contenido del artículo 8, el cual introduce dos supuestos diferenciados:
El primero se refiere a particulares que actúan por instrucciones del Estado al realizar el comportamiento ilícito.
El segundo, corresponde a una situación más general: el particular actúa bajo la dirección o el control del Estado. Sobre este particular, la CDI agrega que debe tenerse presente la importante función que desempeña el principio de efectividad en el Derecho Internacional, por lo que debe verificarse en ambos casos la existencia de un vínculo real entre la persona o el grupo que realiza el acto y el aparato del Estado.
En primer lugar corresponde señalar que la atribución al Estado de un comportamiento efectivamente autorizado por él ha tenido una amplia aceptación en la jurisprudencia internacional66. En dicha circunstancia, no carece de importancia que la persona o las personas que hayan intervenido sean particulares o que su comportamiento corresponda a una actividad pública. En efecto, la CDI aclara que casi siempre se trata de situaciones en las que los órganos del Estado complementan su propia acción contratando o instigando a personas privadas o a grupos que actúen como “auxiliares”, pero sin pertenecer a la estructura oficial del Estado. No es claramente este el supuesto que se configuraría en el caso bajo examen.
Tampoco lo es el segundo supuesto. No es posible entender que el comportamiento de los manifestantes ha tenido lugar “bajo la dirección o el control” del Estado argentino.
Al respecto, este comportamiento sólo sería atribuible al Estado si éste dirigió o controló la operación y si el comportamiento denunciado era una parte integrante de esa operación. Además, la CDI sostiene que este principio no es extensivo al comportamiento relacionado sólo incidental o periféricamente con la operación y que haya escapado a la dirección o al control del Estado.
En el asunto concerniente a las “Actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua”67, la Corte Internacional de Justicia se ocupó del grado de control que ha de ejercer el Estado sobre la conducta de los particulares para que un comportamiento le sea atribuible. La Corte, que analizó la cuestión basándose en la noción de “control”, sostuvo que los Estados Unidos eran responsables de la “planificación, dirección y apoyo” que Estados Unidos habían proporcionado a los operativos nicaragüenses. Rechazó, en cambio, la acusación más amplia de Nicaragua de que todo el comportamiento de los contras era atribuible a los Estados Unidos de América en razón de su control sobre ellos. En consecuencia, aunque se consideró responsable a Estados Unidos por su apoyo a los contras, sólo en algunos casos particulares se le atribuyeron los propios actos de los contras sobre la base de la participación efectiva y de las instrucciones dadas por ese Estado. La Corte confirmó que una situación general de dependencia y apoyo no bastaría para justificar la atribución del comportamiento al Estado.


  • El artículo 9 del proyecto de la CDI establece que: “Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el comportamiento de una persona o de un grupo de personas si esa persona o ese grupo de personas ejerce de hecho atribuciones del poder público en ausencia o en defecto de las autoridades oficiales y en circunstancias tales que requieren el ejercicio de esas atribuciones.”


Tal supuesto, de carácter excepcional, surge, generalmente, en caso de revoluciones, conflicto armado u ocupación extranjera, cuando la autoridad legítima se disuelve, se desagrega, ha sido aniquilada o es temporalmente inoperante. También abarca los casos en que la autoridad legítima está siendo restablecida gradualmente, por ejemplo, después de una ocupación extranjera.


  • Así, el artículo 11 prevé la atribución al Estado de un comportamiento que no le era atribuible, o podía no haberlo sido, en el momento de la comisión del hecho por los otros criterios enunciados, pero que ulteriormente el Estado reconoce y adopta como propia. El artículo 11 se funda en el principio ya enunciado de que el comportamiento puramente privado no se puede como tal atribuir a un Estado.


Desde el punto de vista de los antecedentes jurisdiccionales, el asunto del Personal diplomático y consular de los Estados Unidos de América en Teherán68 es un ejemplo de la adopción ulterior por el Estado de un comportamiento determinado. En ese asunto, la Corte Internacional de Justicia distinguió entre la situación jurídica existente inmediatamente después de que los militantes se apoderasen de la Embajada de los Estados Unidos y de su personal y la creada por un decreto del Estado iraní en que se aprobaba expresamente y se mantenía esa situación.
En efecto, según la Corte: “La política, anunciada por el Ayatollah Jomeini, de mantener la ocupación de la Embajada y la detención de su personal como rehenes con el propósito de ejercer presión sobre el Gobierno de los Estados Unidos fue aplicada por otras autoridades iraníes y apoyada por ellas repetidamente en declaraciones formuladas en diversas ocasiones. Esa política tuvo por efecto la transformación radical del carácter jurídico de la situación creada por la ocupación de la Embajada y la detención de sus funcionarios diplomáticos y consulares como rehenes. El hecho de que el Ayatollah Jomeini y otros órganos del Estado iraní aprobaran estos hechos y decidieran perpetuarlos convirtió la ocupación de la Embajada y la detención de los rehenes en hechos de ese Estado”.
La utilización por la CDI de las palabras "reconozca y adopte ese comportamiento como propio" tienen por objeto distinguir entre los casos de reconocimiento y adopción y los casos de mero apoyo o aprobación. En el asunto del Personal diplomático y consular, la Corte utilizó expresiones como “aprobación”, “apoyo”, “la aprobación oficial del Gobierno” y “la decisión de perpetuar [la situación]”. Al respecto, cabe señalar que dichas expresiones eran suficientes en ese contexto pero, por regla general, el comportamiento no será atribuible a un Estado en virtud del artículo 11 si éste se limita a reconocer la existencia de hecho del comportamiento o expresa verbalmente su aprobación del mismo. Asimismo, el término “adopción” lleva en sí, por otra parte, la idea de que el Estado reconoce el comportamiento como propio.
Finalmente, cabe señalar que las condiciones del reconocimiento y la adopción son acumulativas, como indica la introducción de la conjunción “y”. El orden en que figuran las dos condiciones indica, además, una secuencia normal de los acontecimientos en los casos en que se invoca el artículo 11. El reconocimiento y la adopción del comportamiento por un Estado pueden ser expresos (por ejemplo, en el asunto del Personal diplomático y consular), o se pueden deducir del comportamiento del Estado.
Los artículos 6, 7 y 10 del proyecto establecen otros criterios de atribución de responsabilidad, que no resultan pertinentes a efectos del análisis de este caso.

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