Escrito de respuesta de la república argentina al escrito de presentación de la república oriental del uruguay






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C) La relación entre el comercio internacional y la preservación del medio ambiente.




  1. Reconocimiento constitucional y en los tratados de integración.



La relación entre comercio internacional y medio ambiente – incluyendo la promoción del desarrollo sostenible – se ha ido incrementando en los últimos años, modificando el objetivo tradicional del comercio internacional.
La creciente preocupación por un desarrollo sostenible, que no afecte la vida y la salud de la población, las plantas y los animales ha hecho que el objetivo tradicional del comercio internacional – propender a una mayor liberalización que fomente el crecimiento de los flujos comerciales de los países que participan en él – ha sido complementada con el objetivo de incorporar los aspectos sociales y ambientales que lleva asociados.
Ello ha dado origen a la aparición de normas, tanto en el derecho interno de los países como en los tratados de integración, orientadas a la preservación del medio ambiente, tanto en la actualidad como en relación a las generaciones futuras.
Así, por ejemplo, la Constitución de la Nación Argentina establece, en su artículo 41, que “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
Misma protección ofrece la Constitución de la República Oriental del Uruguay que, en su artículo 47, establece que: “La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente”.
El Tratado de Asunción, pieza fundacional del Mercosur define, en sus considerandos, que “el objetivo de constitución de un mercado común debe ser alcanzado desde el más eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles y la preservación del medio ambiente”.
Sabido es que, conforme el artículo 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, los mismos deben interpretarse de buena fe, conforme el sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado, en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin. El segundo apartado del artículo 31 establece que, para los efectos de la interpretación de un tratado, el texto comprenderá, entre otros, el texto, incluidos su preámbulo y anexos.
Asimismo, este cuerpo normativo prevé que no se consideran restricciones al libre comercio las medidas dictadas al amparo del artículo 50 del Tratado de Montevideo de 1980 – TM 80 -, es decir, aquellas que se dicten para resguardar intereses superiores, de naturaleza no económica, tales como el respeto y la protección de la seguridad, la salud y la vida de las personas, animales y vegetales, la moralidad pública y el medio ambiente, entre otras.

El artículo 50 del TM 80 establece que "ninguna disposición del presente Tratado será interpretada como impedimento para la adopción y el cumplimiento de medidas destinadas a la:

  1. Protección de la moralidad pública;

  2. Aplicación de leyes de reglamentos de seguridad;

  3. Regulación de las importaciones o exportaciones de armas, municiones, y otros materiales de guerra y, en circunstancias excepcionales, de todos los demás artículos militares;

  4. Protección de la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales;

  5. Importación y exportación de oro y plata metálicos;

  6. Protección del patrimonio nacional de valor artístico, histórico o arqueológico; y

  7. Exportación, utilización y consumo de materiales nucleares, productos radiactivos o cualquier otro material utilizable en el desarrollo o aprovechamiento de la energía nuclear".

Los supuestos taxativamente enumerados en los incisos del artículo 50 transcripto constituyen objetivos de política de Estado, respecto de los cuales los países mantienen una potestad soberana e indelegable.
Más aún, los fines perseguidos por esta excepción constituyen una obligación indelegable para el gobierno federal, el cual debe priorizar la protección de estos bienes de raigambre en los derechos humanos y constitucionales, frente a los cuales debe subordinarse todo otro bien o principio.
No queda duda, entonces, de la intención de los Estados Parte del Mercosur de resguardar la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales, la que se ve reforzada al establecer excepciones al libre comercio a ese fin.
Los propios Tribunales Ad Hoc del Mercosur han reconocido este derecho indicando que las excepciones previstas en el artículo 50 del Tratado de Montevideo de 1980 pueden ser invocadas en la medida que estén efectivamente destinadas a proteger dichos valores; en lo posible, no interfieran en el comercio y sean proporcionados con el fin perseguido.
Por su parte, el ordenamiento europeo – que es uno de los que mayores alcances ha otorgado a la problemática ambiental – incorpora esta temática desde el Tratado de Roma, constitutivo de la Comunidad Europea.
El artículo 30 establece las excepciones a los principios generales de prohibición de restricciones a la importación (artículo 28) y a la exportación (artículo 29), indicando que “Las disposiciones de los artículos 28 y 29 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y la vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros”. Se consagra un área de competencia nacional, de aplicación restringida, ya que debe fundarse en supuestos “no económicos”.
El Tratado de Maastricht, de 1992, reforzó políticas comunitarias ya existentes, incluyendo el paso de la unanimidad a una mayoría cualificada para la toma de decisiones en el Consejo cuando se trate de materias, como las ambientales, donde las acciones nacionales no resultan suficientes para atender los desafíos que trascienden sus fronteras.
En el Tratado de Ámsterdam, de octubre de 1997, se establece la obligación de la Unión de tener en cuenta las exigencias del medio ambiente en la definición y aplicación de todas sus políticas, incluyendo al desarrollo sostenible como uno de los objetivos esenciales.
Por último, cabe indicar que el texto del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa incluye una mención a una “Europa unida en diversidad” y se responsabiliza ante las generaciones futuras, mediante un llamado al cuidado de la tierra, reiterando al desarrollo sostenible como un objetivo de la Unión, en tanto la “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión” incorpora los derechos de primera, segunda y tercera generación, siendo los de protección ambiental los previstos en el artículo II-37.
También el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN; NAFTA) incluye el compromiso de los tres países integrantes de promover un desarrollo sostenible; la obligación de no relajar las normas de salud, seguridad o medio ambiente con el propósito de atraer inversiones y la prevalencia de algunas normas ambientales internacionales, como el Convenio de Basilea sobre el Control de Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación o el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que debilitan la capa de ozono, con relación a las existentes en el tratado de integración. Asimismo, el NAFTA cuenta con acuerdos complementarios sobre el tema ambiental, incluyendo referencias a la legislación interna de los países, los asuntos de derecho ambiental que puedan influir en el comercio internacional y las inversiones y el aumento de la participación pública en la promulgación y fiscalización de las legislaciones ambientales nacionales.

  1. Controversias sobre el conflicto entre comercio internacional y medio ambiente.



La creciente tendencia a la protección del medio ambiente ha generado disputas frente a las obligaciones tradicionales en materia de comercio internacional. El dilema comercio internacional – medio ambiente se encuadra en cuatro categorías: los efectos en el comercio internacional de las regulaciones del medio ambiente relativas a la producción; los efectos en el comercio internacional de los estándares de los productos relacionados con el medio ambiente; el uso en el comercio internacional de medidas para asegurar los objetivos internacionales de protección del medio ambiente y los efectos ambientales del libre comercio y la liberalización del comercio.
Aún el sistema normativo más importante y extendido para el comercio internacional, que es el previsto en la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuyo objetivo básico es liberalizar el comercio en búsqueda de los beneficios descriptos en la teoría económica como ventaja comparativa prevén excepciones – Artículo XX – derivadas de la preocupación por cuestiones ambientales, excepciones necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal (párrafo b) o relativas a la conservación de los recursos naturales extinguibles (párrafo g).
Si bien, en términos generales, permitir excepciones que dejen a los Gobiernos imponer estándares unilaterales sobre los procesos de producción como una condición de la importación socavaría los objetivos de liberalización del comercio internacional, dichas limitaciones pueden ser consentidas bajo el principio de necesidad de proteger la vida y la salud de los humanos, animales y plantas.
Así, en el “Caso Comunidades Europeas – Medidas que afectan el amianto y a los productos que contienen amianto”, se analizó la prohibición de la sustancia impuesta por Francia, que generó el reclamo de Canadá por entender que la misma constituía una restricción al libre comercio. La Comunidad Europea justificó la medida alegando motivos de protección de la salud humana. El Grupo Especial justificó la medida alegando que la misma podría considerarse “necesaria para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales y preservar a los vegetales”, fundando esta justificación en la excepción prevista en el artículo XX, párrafo b) y en el preámbulo del Acuerdo. Dicha decisión fue confirmada por el Órgano de Apelaciones.
Cabe indicar que la interpretación jurisprudencial de la Organización Mundial del Comercio frente a la aplicación de estas excepciones es de carácter amplio, indicando el Organismo de Apelaciones que, de conformidad con las normas de la OMC, los países tienen derecho a adoptar medidas comerciales para proteger el medio ambiente – en particular – para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales y para proteger a las especies amenazadas y los recursos agotables (Caso “Estados Unidos – Prohibición de las Importaciones de determinados camarones y productos del camarón”).
Dicho informe contiene referencias al Principio 12 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y al parágrafo 2.22 (i) de la Agenda 21 para fundar la opción a favor de las soluciones multilaterales cuando se abordan problemas ambientales transfronterizos. “La necesidad y conveniencia de tales esfuerzos han sido reconocidas dentro de la propia Organización Mundial del Comercio, así como en un número importante de otros instrumentos y declaraciones internacionales. En términos generales, las medidas adoptadas al amparo de tales acuerdos multilaterales (ambientales) estarían permitidas en virtud de lo dispuesto en el preámbulo del artículo XX (del GATT 1994)”.
En el ámbito de la Corte Europea de Derechos Humanos se estableció que la falta de control de la contaminación industrial por parte del Estado constituye una violación al artículo 8 de la Convención Europea relativo a la protección de la vida privada y el hogar - Casos “López Ostra v. España” (1994) y “Guerra v. Italia” (1998).
Por su parte, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas considera la preocupación ambiental, sin utilizarla como una barrera al comercio de mercaderías, sino con el objetivo de preservar el habitat. Por ello hace especial hincapié en el principio de proporcionalidad. En términos generales, se considera que las medidas nacionales que puedan obstaculizar el comercio pueden estar justificadas por exigencias imperativas derivadas de la protección ambiental, siempre que las medidas de que se trate sean proporcionadas al objeto perseguido, es decir, que no sólo los medios elegidos sean aptos para la realización del mismo, sino también que no vayan más allá de lo que es necesario para lograrlo – Casos “Aher–Waggon”, C-389/96; “Safety Hi-Tech”, C 284/95; “EU-Wood-Trading”, C 277/02 -.
En el ámbito del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, existe, además de la posibilidad de recurrir al sistema de solución de controversias del Tratado o al de la Organización Mundial del Comercio, un procedimiento quasi judicial por el que las organizaciones no gubernamentales (ONGs) pueden solicitar a la Comisión de Cooperación Ambiental la investigación de casos en que los Estados Parte no hayan observado sus leyes ambientales nacionales.
Así, por ejemplo, en el caso de la Coalición de Salud Ambiental de San Diego – Tijuana (Environmental Health Coalition, EHC), contra el Gobierno de México, la demanda ante la Comisión fue presentada por la EHC, en representación de la Colonia Chilpancingo. La Comisión determinó la existencia de una violación, sin poder hacer efectiva, inicialmente, la obligación de limpieza de desechos tóxicos que se reclamaba al Gobierno mexicano. Recién luego de una década de protestas y movilizaciones, la Colonia y EHC lograron que se asumiera dicha obligación, a través de un acuerdo suscripto como resultado de una importante presión pública.
En términos generales, la solución que ha encontrado el NAFTA para la solución de sus controversias de carácter ambiental ha sido habilitar la participación de la sociedad civil que, a través de sus reclamos, logra imponer medidas de protección ambiental y el incremento de la cooperación entre los Estados miembros. Ejemplo de estas iniciativas de cooperación es el Programa Frontera XXI, concebido en 1996, con el objetivo de encaminar la cooperación bilateral con relación a problemas o intereses compartidos entre México y Estados Unidos en materia ambiental a lo largo de la franja fronteriza.


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