Escrito de respuesta de la república argentina al escrito de presentación de la república oriental del uruguay






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La jerarquía de los Tratados dentro de la Constitución Argentina.



Con respecto a la jerarquía de los Tratados Internacionales con relación a la Constitución, debe destacarse la continuidad de la vigencia del artículo 27 y su referencia a tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público de esta Constitución.
Este concepto, el de los principios de derecho público como regla de validez en caso de conflicto entre los Tratados Internacionales y la Constitución, nos pone en la situación de sostener que existen en la Constitución normas de diferente jerarquía. Es decir, los Tratados Internacionales no podrían ser declarados inconstitucionales por el solo hecho de violar la letra de la Constitución, sino que, para serlo, deberían contrariar un principio de derecho público establecido en la misma. Habría normas que forman parte de los principios de derecho público y que tendrían una jerarquía mayor al resto de las normas constitucionales.
Estos principios no provienen de una interpretación puramente doctrinaria, sino que surgen de la normativa constitucional. El artículo 27 impone mandato al intérprete de buscar ciertos principios de derecho público dentro de la Constitución. Estos principios son los que establecerán límites a los Tratados Internacionales y no la Constitución en su integridad.
Uno de los problemas de interpretación que la reforma constitucional presenta en este tema es que crea un jerarquía dentro de los tratados Internacionales de los que la Nación es parte. En el artículo 75, inciso 22, se mencionan Tratados de Derechos Humanos y dos Declaraciones de Derechos; éstos “tienen jerarquía internacional”. El inciso 24 del mismo artículo se refiere a “tratados de integración que designen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales... El procedimiento para su aprobación varía de acuerdo a la ubicación territorial de las partes contratantes. Finalmente, están los demás Tratados Internacionales, a los que se refiere el artículo 75, inciso 22, en su primera parte.
Todos los Tratados Internacionales tienen una jerarquía superior a las leyes y todos deben estar “en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución”. Pero el ordenamiento que la Constitución hace de los Tratados Internacionales crea una jerarquía entre ellos; es decir que, en caso de conflicto entre ellos, podría darse la prioridad a alguno sobre otro. Asimismo un tratado puede ser superior a los demás si incorpora una norma imperativa de derecho internacional, el llamado “ius cogens. 39 De ninguna manera puede decirse que los tratados de integración como el MERCOSUR constituyen o incorporan una norma imperativa del derecho internacional.

Los tratados y el federalismo.



La competencia para la dirección de las relaciones exteriores es nítida en los Estados unitarios. En naciones como Francia, que se define como una “República indivisible”40, la facultad de concluir acuerdos internacionales no es compartida. En este caso, las entidades infra estatales no pueden, por sí mismas, llevar adelante una actividad diplomática de ningún tipo.
En los Estados federales la situación es necesariamente diferente por la competencia que tienen los estados parte de la federación de ejercer plenamente su autonomía dentro del poder no delegado en la Constitución federal. Para resolver el posible conflicto en materia del manejo de las relaciones exteriores en cuanto afecten directamente las competencias locales, algunas constituciones han previsto competencias limitadas a los estados miembros de la federación.
Sin dejar lugar a dudas sobre la competencia en materia de política exterior que tiene el gobierno federal, es conveniente hacer una distinción. La gestión de facultades que las provincias se han reservado y las que tiene concurrentes con el gobierno federal para su bienestar económico y social pueden desbordar la jurisdicción interna y traducirse en el ámbito internacional, sin por ello usurpar facultades del gobierno federal. El límite a esta actividad es que, en la promoción de sus intereses, la provincia no comprometa negociaciones que hacen a las relaciones específicamente internacionales. La contratación de bienes y servicios está dentro de esas facultades de las provincias y nada obsta, tampoco, a que promuevan su turismo o sus productos en el exterior. ' 41
Art. 124.- Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional…
Art. 125.- Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal; y promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos, por leyes protectoras de estos fines, y con sus recursos propios.

  1. El caso de la provincia de Entre Ríos.



De esta manera puede señalarse que, en la costumbre internacional existente en las relaciones entre la Argentina y el Uruguay, existe el reconocimiento de la estructura federal argentina y, en particular, de la Provincia de Entre Ríos. Una larga tradición histórica común señala la relación entre esos territorios y no puede afirmarse, en la actualidad, que el gobierno del Uruguay pudiera ignorar la estructura de gobierno interna argentina, su organización federal ni las competencias con que cuentan los gobiernos de provincia. Entre ellas, y particularmente, debe señalarse el conocimiento por el gobierno del Uruguay del hecho de que la policía de seguridad, en el territorio de las provincias, corresponde a la policía de las provincias. Imponer la voluntad del gobierno federal por sobre el territorio de las provincias solo puede hacerse al costo de la destrucción del sistema político democrático en la provincia. Costo lo suficientemente elevado para que imponer la cautela en el comportamiento de las autoridades nacionales.

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