Escrito de respuesta de la república argentina al escrito de presentación de la república oriental del uruguay






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I.- Representación y domicilio procesal.


La República Argentina, conforme al Art. 12 del Protocolo de Olivos y al artículo 8 de las Reglas de Procedimiento del Tribunal Arbitral designa como Representante Titular ante el Tribunal Arbitral al Dr. Juan Vicente Sola y como Representante Alterno a la Dra. Nora Capello.

En cumplimiento con lo establecido en el Art. 8 de las Reglas de Procedimiento del Tribunal Arbitral, la República Argentina, a efectos legales, constituye domicilio en la Representación Argentina para MERCOSUR y ALADI, sita en Plaza Independencia 759, Piso 6, CP 11.100, Montevideo, República Oriental del Uruguay.


II.- Objeto de la controversia.



Inconsistencia del objeto planteado por el Uruguay.


Desde el inicio de esta controversia, el Gobierno del Uruguay ha modificado y ampliado su objeto, lo que supuso un menoscabo del debido proceso para la Argentina.

Novación y ampliación del objeto.



Uruguay ha ampliado el objeto de su pretensión original cuando la misma se transformó en abstracta.
Conforme la normativa MERCOSUR vigente1, los escritos de demanda y contestación determinan el objeto de una controversia pero éstos se basarán en las cuestiones que fueron consideradas en las etapas previas. Es por ello que no resulta posible para las partes desconocer lo obrado en las etapas de procedimiento cumplidas (numeral 2 del artículo 14 del Protocolo de Olivos).
La República Argentina llama la atención del Tribunal respecto de la ampliación del objeto realizada por Uruguay cuando ya había avanzado en el inicio de la controversia y solicitado las Negociaciones Bilaterales con otro contenido y con otro rótulo. Efectivamente, antes de la solicitud de constitución del Tribunal, es decir, durante toda la etapa de Negociaciones Directas, la controversia se denominaba de un modo2 y luego pasó a llamarse como figura en el Escrito uruguayo3.
Uruguay, a pesar de no haber realizado ninguna manifestación al respecto en su Escrito, modificó el alcance de la controversia perjudicando la posición de la defensa. Este súbito cambio de alcance responde a una modificación de las circunstancias de hecho que hacen al objeto del presente caso. En efecto, la pretensión anterior se había transformado en abstracta debido a la acción disuasoria del gobierno argentino.
Al plantear el inicio de las Negociaciones Directas bajo el objeto anterior (“impedimentos a la libre circulación”) se verificaban, en los hechos, manifestaciones populares. No obstante, al solicitar el inicio del procedimiento arbitral, dichas manifestaciones habían cesado, por lo cual Uruguay adaptó unilateralmente el objeto a esa circunstancia (“omisión del Estado argentino en adoptar medidas apropiadas para prevenir y/o hacer cesar los impedimentos a la libre circulación...”).
Resulta oportuno señalar, en este sentido, lo establecido por el Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio respecto de la importancia del planteo por parte del Demandante para garantizar el debido derecho de defensa de la demandada: “Para que la solicitud de establecimiento (de un Grupo Especial) “presente el problema con claridad” debe relacionar claramente las medidas impugnadas con las disposiciones de los acuerdos abarcados cuya infracción se alega, de modo que la parte demandada tenga conocimiento del fundamento de la supuesta anulación o menoscabo de las ventajas que corresponden al reclamante. Sólo esa relación entre las medidas y las disposiciones pertinentes permite a la parte demandada conocer “los argumentos a los que debe responder, y... comenzar a preparar su defensa4.

Planteo abstracto: el objeto carece de sustento fáctico.



Desde el inicio de la presente controversia, la República Argentina ha sostenido que la misma ‘carece de objeto’ 5 por falta de sustento fáctico, ya que las manifestaciones populares habían cesado antes de la presentación del Escrito de Demanda.
La tarea jurisdiccional no puede estar disociada de un sustrato fáctico. La labor del juez debe tener un objetivo concreto y tangible que implique resolver una situación existente y causante de una diferencia real. Si no existe diferencia a ser subsanada, la labor del juez aparece como innecesaria.
En este sentido, es menester destacar lo actuado por el Tribunal Arbitral que entendió en la Controversia de Tabacos6 al afirmar que: “toda controversia sometida a un procedimiento arbitral debe referirse a diferencias existentes y no a posibles o eventuales futuras diferencias y continúa “El objeto de la presente controversia no puede por lo tanto asimilarse con una potencial e hipotética diferencia...”.
Tomando la experiencia del Sistema de Solución de Diferencias de la OMC, parece oportuno señalar que, en reiteradas oportunidades, los Grupos Especiales se han excusado de entender en aquellos casos en que la situación que había provocado la controversia había dejado de existir al momento de su constitución. Inclusive en casos en que un Grupo Especial intervino cuando una medida ya estaba terminada, es decir, cuando el objeto había devenido abstracto, el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC destacó este error: “El Órgano de Apelación concluyó que el Grupo Especial erró al recomendar que Estados Unidos pusiera en conformidad una medida que el mismo Grupo Especial había encontrado estar sin vigencia”7.
En este caso, cuando Uruguay solicitó el inicio del procedimiento arbitral, tenía conocimiento que el objeto había devenido abstracto. No obstante, adaptando el objeto, presenta una Demanda donde requiere que el Tribunal adopte dos decisiones: una, hacia el pasado; otra, hacia el futuro. Un Laudo que recepte cualquiera de ambas peticiones sería meramente declarativo en virtud de la falta de contenido real del mismo.

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