Escrito de respuesta de la república argentina al escrito de presentación de la república oriental del uruguay






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Democracia participativa y derecho internacional.




La Asamblea de Gualeguaychú es una forma de ejercicio de la democracia participativa en la que un sector de la población que sufre una limitación a un derecho tan importante como a vivir en un medio ambiente sano, peticiona a las autoridades y hace conocer su expresión de disconformidad. Puede suponerse que una consulta popular, como son estas asambleas, restringiría la libertad de acción del gobierno en materia de relaciones exteriores. Entre dos necesidades opuestas, la eficiencia en el manejo de las relaciones exteriores, con sus necesidades de celeridad y discreción, por una parte, y la consolidación y respeto de estructuras democráticas, por el otro, es necesario encontrar un punto de equilibrio. El primer elemento en este equilibrio es evitar que las relaciones exteriores sean manejadas por círculos reducidos, formados por grupos de presión o por sectores interesados en algún punto de la política exterior. En algunos temas de trascendental importancia para el futuro del país, donde las posiciones adoptadas son irreversibles, es conveniente que la decisión sea tomada sin distorsionar la voluntad general.
Hay sistemas que establecen formas como el referéndum; pero ello no excluye la existencia de la democracia deliberativa a través de las asambleas.
La democracia deliberativa incluye tradicionalmente los plebiscitos, pero también las asambleas comunitarias, donde los habitantes de una ciudad se reúnen y discuten sobre una medida internacional que los afecta directamente. Las decisiones de estos órganos cuentan con la legitimidad democrática. En la Argentina, la consulta popular sobre un tratado internacional fue realizada en el plebiscito sobre el diferendo del Canal Beagle. El Ejecutivo consideró que, previo a tomar una decisión dentro de su ámbito de reserva, correspondía consultar al pueblo. Este plebiscito era, entonces, el consejo que requería de todos los ciudadanos en un tema sobre el que podía decidir exclusivamente. Consideraba, al mismo tiempo, al cuerpo electoral como un poder del Estado, que podía ser llamado cuando uno de los otros poderes requería de su opinión.
La Corte Suprema consideró, en su oportunidad, que la convocatoria y en sus votos hay reflexiones sobre la legitimidad de las formas participativas en la política exterior.
El advenimiento de la democracia contemporánea ofrece una perspectiva no prevista por el constitucionalismo clásico y obligará a reconocer a toda persona, legalmente capacitada, el derecho a tomar parte directamente en el gobierno de su país, mediante el referendum o cualquier otro medio de consulta o participación popular (Voto del Dr. Carlos S. Fayt).
El sufragio, además de la función electoral, tiene una función de participación gubernativa. Esta función de participación, menos generalizada que la función electoral, está vinculada a las formas semidirectas de democracia, particularmente al referéndum. Ya no se trata de una técnica para la selección o nominación de candidatos, de un procedimiento para la elección de los representantes, sino de una participación directa en el proceso de formulación de las decisiones políticas, jurídicas y administrativas del gobierno. Es decir, una forma concreta de participación del cuerpo electoral y, considerado individualmente, por parte de los ciudadanos (Voto del Dr. Carlos S. Fayt). Corte Suprema de Justicia, Baeza, Anibal Roque. C/ Estado Nacional. S/ Accion de Amparo del 28/08/1984

  1. La Democracia Militante (Streitbare Demokratie).



La doctrina constitucional alemana ha considerado que una de las funciones que tienen los jueces y funcionarios es la promoción de los valores democráticos aún en desmedro de otros derechos. Este criterio ha sido llamado la Democracia Militante. Supone como uno de los objetivos de la actividad de todos los órganos del estado la promoción de la democracia. Por lo tanto, en caso de conflicto con otras competencias, debe primar la interpretación que favorezca estos principios. 38
Una acción gubernamental que ignorara los pedidos de la población que reclama por la violación de un derecho constitucional estaría en contra de este principio. Mucho más aún si reprimiera esas manifestaciones basándose en supuestas argumentaciones de integración económica.

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