Escrito de respuesta de la república argentina al escrito de presentación de la república oriental del uruguay






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El conflicto entre derechos.



Los derechos son intrínsecamente valiosos; son inviolables en la medida en que se le reconoce la capacidad de resistir los embates de cualquier grupo, con independencia de su poder. Los derechos sirven, ante todo, para dar protección a la autonomía individual. Tienden así a permitir que cada individuo desarrolle plenamente su plan de vida y ello porque se asume que cada persona tiene tanta dignidad como las demás. Ningún individuo merece disfrutar de privilegios de los que se priva a otros. Las condiciones del bien de cada individuo merecen igual respeto, con independencia de cuál sea su peculiar contenido. La democracia tiene valor como modo de persistir en la defensa del autodominio individual. El sistema democrático merece ser defendido porque es el mejor medio a nuestro alcance para permitir que la vida de cada uno dependa fundamentalmente de sí mismo y no de la voluntad arbitraria de los demás. La democracia constituye el mejor medio a nuestro alcance para resolver las cuestiones fundamentales sin deshonrar nuestro compromiso inicial con el respeto a la igual dignidad de cada uno. Esto supone reconocer el principio del respeto al auto gobierno colectivo. El compromiso con el sistema democrático implica un compromiso con un sistema de toma de decisiones organizado a partir de la idea de contar con un debate público amplio. Para ello, debe haber un arreglo institucional tanto a nivel local, nacional y regional en donde, no sólo se deje de lado la censura previa, sino que, además, se procure asegurar que las distintas voces presentes en la sociedad puedan ser escuchadas. Esto supone un sistema institucional en donde los derechos mas estrechamente vinculados con la autonomía individual y el autogobierno colectivo reciben una protección privilegiada por parte de los gobiernos. El estado encuentra, en el respeto más firme de tales derechos, el fundamento mismo de su propia legitimidad.
Una vez que hemos analizado este derecho al autogobierno nos encontramos en mejores condiciones para entender las decisiones que surgen de asambleas que deciden efectuar medidas tan fuertes como la de las manifestaciones en una ruta. En situaciones como ésta suelen entran en conflicto derechos básicos como el derecho a expresarse, el de organizarse, el de reunirse, reclamar y peticionar a las autoridades constituidas, el de transitar y comerciar libremente, el de preservar intacta la propiedad privada, el de contar una sociedad tranquila y el de preservar el medio ambiente. Toda sociedad se interesa por la preservación de la paz social como por el hecho de que cada persona tenga satisfechas sus necesidades y que todos tengan acceso a un medio ambiente sano y puedan vivir una vida digna; todas éstas pretensiones constitucionalmente respaldadas. Frente a esto, las autoridades, sean provinciales, nacionales o regionales, deberían ser muy cuidadosas con las decisiones que toman y con el equilibrio de derechos que escojan llevar a cabo.
Importa llamar la atención sobre el valor de los intereses en juego en casos como los de manifestación en una ruta. En tales casos, derechos como el de manifestarse frente a las autoridades - que incluye la posibilidad de darles a conocer una situación de necesidad extrema o la de exigir una decisión urgente a problemas también urgentes - merece una protección especial por parte del Estado. Tales intereses fundamentales no representan, simplemente, otros intereses más que se suman a los diversos derechos y pretensiones en común. Ellos son los intereses que el Estado más debe cuidar. Resulta claro que, si algunos individuos - en realidad muchos individuos, gran parte de la población reunida en una asamblea ejerciendo la forma de democracia directa -, se encuentran en una situación en la que es muy difícil dar a conocer y recibir atención a sus demandas, la posibilidad de tomar decisiones respetuosas de los intereses de todos queda fundamentalmente diluida. La situación resulta mucho más grave cuando las demandas en juego se vinculan con las necesidades individuales más elementales.
Es cierto que el Estado se encuentra justificado a reglamentar aún la libertad de expresión teniendo en cuenta consideraciones de tiempo, lugar y modo en que tales expresiones puedan realizarse. Sin embargo, ello no niega que las reglamentaciones gubernamentales deban desarrollarse con un ojo puesto en los delicados derechos presentes en situaciones como las de un manifestación en una ruta. En tales casos, las autoridades deberán ser extremadamente cuidadosas de que la apelación a la regulación de los derechos de libertad de expresión no se convierta en una excusa capaz de socavar derechos que necesitan justamente de la máxima protección. En particular, todos los funcionarios gubernamentales deberán considerar que la defensa del debate publico requiere de oportunidades genuinas para que los ciudadanos se expresen y sean escuchados por las autoridades políticas, como requiere que el Estado no responda negativamente a las demandas ciudadanas sin dar justificaciones por las cuales se niega a satisfacerlas.
Más aún todas las autoridades, incluyendo las judiciales, deberán prestar la mayor atención a las dificultades particulares y comprensibles que tienen algunos grupos para tornar audibles sus demandas. En particular si estas deben escucharse en otras jurisdicciones y a través de un río. Porque debe tenerse en cuenta que “los métodos convencionales de petición pueden ser, como suelen serlo, inaccesibles para grupos muy amplios de ciudadanos”. (Ver caso Adderley C/ Florida, 385 US 39, 1966).
En definitiva, en situaciones como las que se presenta durante una manifestación en una ruta, las autoridades públicas no tienen habilitado cualquier tipo de argumento, ni cualquier tipo de respuesta. En tales situaciones, los derechos involucrados son múltiples, y muchos de ellos, por ejemplo, los vinculados con la práctica de presentar quejas frente a las autoridades, resultan prioritarios. Si funcionarios y árbitros asignan valor sólo a estos últimos propósitos comprometen sus decisiones y sus sentencias con un equilibrio de argumentos jurídicos sesgados y, por lo tanto, difícilmente aceptable. De la misma manera, suponer que una respuesta penal o represiva contra los manifestantes no puede ser la primera ni la principal respuesta a la que el estado debe apelar. Requerir a un gobierno democrático nacional o provincial que resuelva una protesta legítima a través de la represión no sólo es contrario a la Constitución Nacional, sino también a los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales son parte la República Argentina y la República Oriental del Uruguay. Quienes, despreocupada o apresuradamente, recurren a este tipo de propuestas represivas comprometen al estado con el tipo de injusticia política que , justamente, una sociedad democrática debiera encargarse de erradicar. La respuesta de un gobierno democrático, tanto provincial como nacional, frente a este tipo de reclamos, debe ser disuasoria. Es decir, buscar a través de la negociación y de la convicción, que este tipo de medidas de protesta sean levantadas cuando puedan entrar en conflicto con derechos e intereses de otras sociedades. Por lo tanto, la medida gubernamental que busca la disuasión y la convicción, no es inacción frente a este tipo de medidas sino, simplemente, la búsqueda de la solución mediante la única alternativa que se presenta a los gobernantes, ya que se excluye que pueda reprimirse o buscarse una solución de justicia en lo penal para los reclamos organizados mediante formas de democracia directas como han sido la asamblea ambiental de Gualeguaychú.
El problema de la obediencia al derecho es problemático cuando un sector de una sociedad considera que se afectan derechos fundamentales. El desconocimiento de estos derechos “parece amenazar la concordia ciudadana, la responsabilidad no recae en aquellos que protestan, sino en aquellos cuyo abuso de poder y de autoridad, justifica tal oposición, porque emplear el aparato coercitivo del estado para mantener instituciones manifiestamente injustas, es una forma de fuerza ilegítima a la que los hombres tienen el derecho a resistirse” (Rawls, John; Teoría de la Justicia; Fondo de Cultura Económica; México 1978, págs. 396 – 433.-) . Hay, en este caso, un choque de derechos: el choque entre el derecho al tránsito, por un lado, y los derechos de protesta, libre expresión, petición a las autoridades y derecho de reunión. El caso encierra, efectivamente, un conflicto entre tales derechos. Frente a tal situación, los gobernantes tienen la obligación de proteger prioritariamente, en tanto como sea posible, los derechos más cercanos a la decisión democrática. En este caso, sin duda, los derechos relacionados con la expresión y la protesta. Como ha dicho la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso New York Times vs. Sullivan (376 US 254; 1964), los jueces deben tener en cuenta que “si imponen temor y dudas en aquellos que podrían dar voz a las críticas públicas (ellos contribuyen a crear) una atmósfera dentro de la cual (la libertades constitucionales) no pueden sobrevivir”. Las únicas restricciones aceptadas frente a estos derechos de reclamo, de protesta, de expresión y de reunión son las reglamentaciones “neutrales en cuanto a su contenido, diseñadas del modo más estrecho posible, orientadas a satisfacer intereses abiertamente fundamentales, y capaces de dejar abiertos amplios canales de comunicación alternativos” (Corte Suprema de Estados Unidos, United States vs. Grace, 461 US 171, 1983).
Como sostiene Ronald Dworkin, “La opinión popular de que ‘la ley es la ley’ y siempre se ha de imponer su obediencia, se niega a distinguir entre el hombre que actúa según su propio juicio ante una conducta dudosa...y el delincuente común. A no ser por causal de ceguera moral, no se dio otras razones para no establecer entre los dos casos una distinción de principio...por ello me interesa señalar que un tribunal no debe condenar, por lo menos en algunas circunstancias, aún cuando lo respalden las leyes existentes y encuentre que los hechos son los que se denuncian”. (Dworkin, Ronald; Los derechos en serio, Barcelona 1977, págs. 317 – 324). No se trata de justificar cualquier escándalo público ni dar una especie de carta blanca a la protesta permanente. Simplemente comprender que hay ciertas situaciones en las cuales una sociedad decide, a través de formas de democracia directa perfectamente comprensibles y reconocidas, establecer una forma de petición enérgica en defensa de sus derechos constitucionales. Es decir, debemos reconocer que forma parte del propio deber cívico de quienes se consideran excluidos por una acción política o, en este caso, por una obra pública que afecta su derecho al medio ambiente limpio, el de extremar sus esfuerzos para tornar reconocibles sus demandas y evitar que el poder político siga decidiendo de un modo parcial o miope. Al mismo tiempo, forma parte del deber cívico de los funcionarios públicos el reconocer esta circunstancia y extremar sus esfuerzos para resolverla, cualquiera sea la posición de poder que ocupen y cualquiera sea la postura teórica que, en definitiva, defiendan.
Quienes reconocen que los derechos pueden violarse tanto por acciones como por omisiones admiten, también, que el parámetro para medir la justicia o injusticia de ciertas situaciones no se vincula con el estado de cosas dominante, sino que tiene que ver con estándares independientes de ese estado de cosas y que, a la vez, nos permitan someterlo a crítica. Esta postura implica desafiar otra muy común, que centra su atención en las disrupciones que amenazan el statu quo y que sugiere usar al derecho para reparar dichas disrupciones y volver las cosas a su cauce original. La postura que toma al statu quo reinante como parámetro de medida parece asignar a dicho estado de cosas el carácter de estado natural y considerar a lo natural como evidentemente justo. Pero lo cierto es que ninguno de tales argumentos resulta aceptable. En primer lugar, el estado ejerce influencia directa en la construcción del orden reinante. Lo hace cuando dicta el código de propiedad, cuando reprime o cuando deja avanzar a grupos de manifestantes, cuando presta su fuerza para prevenir, por ejemplo, que un grupo de asambleístas manifieste en una ruta. De esta manera, el estado de cosas vigente se encuentra moldeado por la acción del estado, es fruto de su intervención y no un producto natural que cae del cielo. En el caso de la libertad de expresión, decimos habitualmente que el estado violenta la libertad de expresión cuando censura un periódico, prohíbe una obra de teatro o saca del cartel una película por considerarla escandalosa. Todos coincidimos que estos son casos claros de violación de derechos. Ahora bien, el análisis avanzado nos permite reconocer que las violaciones al derecho de la libertad de expresión aparecen también en otros casos menos visibles. El estado también es responsable de la manera en la cual se organizan los medios masivos de comunicación. Como dicen Sunstein y Holmes “la libertad de expresión implica mucho más que un derecho contra la censura directa de las opiniones desfavorecidas. Todos los tiranos saben que pueden vencer a las protestas públicas, aun sin prohibirles explícitamente la expresión, estableciendo cordones de seguridad alrededor de aquellas arenas en donde suele realizarse las demostraciones y marchas.” (Holmes y Sunstein, The cost of rights, El costo de los derechos, Nueva York, 1999, págs. 111.). La libertad de expresión requiere mucho más que la no censura del gobierno. Requiere que el gobierno se involucre en el mantenimiento de lugares públicos abiertos y en la garantía del derecho de acceso a los foros públicos. En definitiva, los derechos no pueden seguir siendo evaluados como si fueran intereses garantizados, capaces de ser violados sólo por a partir de la acción del estado. Los derechos pueden ser violados a partir de una práctica construida por el estado y que el estado se niega a sistemáticamente a reconocer y reparar. Y cuando el estado reconoce el derecho de libertad de expresión, su comportamiento es legítimo y debe ser reconocido internacionalmente como cumplimiento de las normas jurídicas, tanto nacionales como internacionales.

  1. Desobediencia civil y no violencia.



Una de las características de la desobediencia civil y la objeción de conciencia es la no violencia. Podemos tomar una definición de desobediencia civil como la que ha dado Hugo Bedau35. Dice este profesor de Harvard “quien comete un acto de desobediencia civil lo hace solamente si actúa ilegalmente, públicamente en forma no violenta, y conscientemente con una intención de frustrar una de las leyes, políticas o decisiones de su gobierno”. La desobediencia civil surge entre aquellos ciudadanos de un estado democrático que reconocen y aceptan la legitimidad de la constitución. Es decir, el que ejerce desobediencia civil como objeción de conciencia, acepta la validez general del derecho, pero lo cuestiona en un punto específico. En este caso, lo que surge es que el comportamiento de una asamblea busca el cumplimiento del derecho internacional y constitucional del medio ambiente que ve, a su criterio, desconocido por una acción de un gobierno extranjero y por la acción de un grupo o grupos empresarios. Si reconocemos que el derecho, y sobre todo el derecho de integración, es un instrumento idealmente creado por la sociedad para su propio provecho, debemos pensar que, si el estado utiliza su fuerza en favor del mantenimiento de una situación institucional fundamentalmente injusta, pueden aparecer o pueden resultar justificadas acciones de resistencia. El grado de las mismas dependerá del mayor o menor nivel de alineación legal existente. Como señala Rawls, el empleo de la fuerza coercitiva del estado para mantener instituciones manifiestamente injustas es una forma de fuerza ilegítima que los hombres, en el debido momento, tienen el derecho a resistir. (A Theory of Justice, Harvard, pág. 391).
La característica saliente de las manifestaciones efectuadas por los habitantes de Gualeguaychú y de la región costera del río Uruguay ha sido la no violencia. Han expresado serenamente y con energía la importancia del reconocimiento de sus derechos.
Sin duda, el derecho de resistencia es la última carta posible; es la carta que podía ejercer una sociedad que veía el peligro inminente de que se cometa una violación de sus derechos fundamentales. La integración regional es una manera de acercar a los pueblos, si prosperaran actitudes irritativas como la que ha iniciado este conflicto se utilizarían las normas de integración para crear un sistema de alineación jurídica en el cual las libertades fundamentales no puedan ser respetadas porque son impuestas por un orden regional injusto y contrario a los derechos fundamentales.
En este caso, la Asamblea de Gualeguaychú ha producido un foro colectivo apropiado para tratar esta situación. Porque en las situaciones graves de violación de derechos constitucionales en las que prima la alineación legal, las condiciones son las menos apropiadas para la deliberación individual y colectiva en razón, justamente, de la carencia de foros colectivos apropiados y de la forma en que el dinero y el poder político interfieren en una comunicación pública transparente.



  1. El derecho de protesta en la República Argentina.


En la República Argentina, el derecho de reunión para manifestar ideas u opiniones es un haber democrático que, desde 1983, los habitantes de la República ejercen con distintos fines: para peticionar a las autoridades en los términos de la Constitución nacional, para expresar apoyo o para repudiar conductas.
Los grupos militantes en cuestiones relativas al medioambiente iniciaron su manifestación con mucha anterioridad a los hechos de que aquí se trata.
Por otra parte, desde fines del siglo XX, la demostración pública y callejera como forma de protesta es un dato de la realidad nacional. Así, por ejemplo, se expresaba el Relator sobre el Derecho a la Libertad de Expresión en el informe sobre su visita a la Argentina en junio - julio del año 2000:
Se informó al Relator Especial que, debido al deterioro de la situación económica y social del país y a las altas tasas de desempleo o subempleo se han producido frecuentes manifestaciones. Grupos de trabajadores desempleados y subempleados en el país suelen organizar piquetes como actos de protesta. Cientos de incidentes de ese tipo ocurrieron en los últimos meses. Algunos de los piquetes son manifestaciones espontáneas de grupos que protestan por los despidos. Si bien la mayoría se resuelve mediante acuerdos negociados, algunos de ellos terminan en enfrentamientos entre la gendarmería y los huelguistas”36.
Es pacífica la práctica de las instancias internacionales de control en materia de derechos humanos en punto a sostener que debe ser muy restrictivo el enfoque de las restricciones a los derechos protegidos y, entre ellos y en especial, a los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Específicamente, con relación a la Argentina, el Relator Especial sobre el Derecho a la Libertad de Expresión sostuvo como conclusión de su ya mencionada visita: “El Relator Especial desea recordar que los derechos de libertad de expresión y reunión son derechos humanos básicos y esenciales en una democracia. Sin embargo, estos derechos deben ejercerse sin perjuicio de los derechos y libertades de los demás. Las fuerzas del orden tienen el doble deber de proteger los derechos de quienes se reúnen y de garantizar al mismo tiempo que no se violen otros derechos”37.
El derecho debe dar especial protección a quienes reclaman por ser tratados como iguales, a quienes se niegan a ser discriminados, es decir, debe proteger en lugar de acallar la protesta. El derecho de protestar aparece así, en un sentido importante, como el primer derecho: el derecho a exigir la recuperación de los demás derechos. En particular si lo que afecta el derecho es una decisión de un gobierno diferente al propio, en el que no tuvo participación en su elección, pero que influye con sus acciones ilegitimas. Porque en esos casos es muy difícil recurrir a la opinión publica del estado vecino. En ese caso lo que corresponde en cuanto a la libertad de expresión y al derecho a reclamar es efectuar una demanda suficientemente amplia y trascendente para que conmueva a la opinión pública del país vecino y a la sociedad política que debe tomar la decisión. La protesta es una respuesta a un sistema institucional ineficaz y disvalioso en cuanto a los principios en los que se encuentra fundado. Es ineficaz porque no admite una manera en la cual los intereses de una población particularmente afectada por una obra pública puedan ser tomados en cuenta. Pero es disvalioso en cuanto confunde el derecho al medio ambiente con el interés empresario en obtener recursos. Es decir, no permite que el derecho constitucional de gozar del medio ambiente sea fácilmente aceptado. No concede un procedimiento adecuado para que el interés masivo de la población de una ciudad y de una región pueda ser reconocido.
La modalidad de este conflicto social es la decisión de una asamblea de una ciudad por la cual se dispone, mediante el ejercicio de una forma de democracia directa, bloquear el paso de una ruta nacional o de un puente con el objeto de llamar la atención al resto de los ciudadanos acerca de la gravedad de un determinado problema, como es el riesgo en que se encuentra por incumplimiento de ciertas normas ambientales de naturaleza constitucional por la construcción de unas plantas de producción de papel del otro lado de un río.
En ese caso, ¿cuál es el daño que se produce? obligar a una mayoría de vehículos a circular por un camino alternativo para poder cruzar el río. No se trata de, exclusivamente, el ejercicio de un derecho constitucional como es el de la libertad de expresión protegido aún en circunstancias extremas. Se agrega a esto que ese derecho constitucional - el del ejercicio pleno de la libertad de expresión - se hace en favor de otro derecho constitucional reconocido en convenciones internacionales de los cuales los dos estados son partes, como es el del acceso a un medio ambiente limpio. Es decir, están, en este caso, el ejercicio de una libertad constitucional reconocida, como es la libertad de expresión, utilizando los medios para llamar la atención debida a una opinión publica que, por falencias institucionales, es naturalmente reacia a escucharlo, sino que el discurso protegido tiene como contenido la defensa de otra libertad constitucional, como es el acceso al medio ambiente. No se trata de un ejercicio legítimo de contenido dudoso, sino del ejercicio legítimo de opinión y de petición para que se cumpla, frente a un medio hostil, un derecho constitucional.


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