Escrito de respuesta de la república argentina al escrito de presentación de la república oriental del uruguay






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El foro público y la topografía expresiva.



El lugar desde donde se ejerce un derecho es central para la existencia humana. Es depositario de la memoria colectiva y medio retórico para trasladar un mensaje. El análisis de la libertad de expresión debe examinar la validez de un discurso teniendo en cuenta ‘qué’ es lo permitido expresar en los términos de los discursos que están constitucionalmente protegidos y cuales no. En el caso Niemotko v. Maryland, 340 U.S. 268 (1951), se reconoció el derecho de los testigos de Jehová de manifestar sus opiniones religiosas en un parque público, ya que la prohibición de hacerlo estaba basada en las opiniones personales de los funcionarios, lo que estaba prohibido.

La segunda pregunta es ‘Por qué’ el gobierno puede reglamentar la libertad de expresión, lo que nos lleva a los casos de calumnias e injurias.
Y finalmente ‘dónde’ se puede ejercer un discurso constitucionalmente protegido.
Esto último, como ha señalado la Corte Suprema de los Estados Unidos constituye la existencia del ‘foro público’ como el lugar donde se ejerce la libertad de expresión.
La pregunta a plantearse es saber cual sería el interés gubernamental que llevaría a impedir la expresión de un discurso constitucionalmente protegido. Esto incluye el derecho de quienes se expresan a elegir el lugar particular en el que quieran expresarse. La expresión de ideas y de petición a las autoridades está unido al lugar donde se expresa el mensaje. Existe un límite constitucional y en los tratados de derechos humanos a que un gobierno limite el acceso a esos lugares.
La libertad de tránsito no puede ser un límite a la elección del lugar de expresión de ideas, sobre todo si existen otros medios de tránsito libres, aunque fueran a un mayor costo. Existe una proporcionalidad entre el objetivo del discurso protegido - que sea escuchado por las autoridades correspondientes, dentro y fuera del país -, el derecho sobre el que se ejerce la libertad de expresión y de petición y el lugar escogido para hacerlo. En este caso, el medio y lugar escogidos por la Asamblea Ambiental guardan una proporción con el derecho expresado - la defensa del medio ambiente propia y para las próximas generaciones - y la necesidad de que las autoridades responsables conozcan el contenido del mensaje.
El ‘lugar de expresión’ es un concepto que reconoce que la libertad de expresión y el lugar donde se ejerce coexisten en una variedad de contextos, que señalan que en ocasiones un discurso puede ejercerse en un lugar único para que sea efectivo. La eficacia en el ejercicio de un derecho es parte del contenido de la protección de los derechos humanos. Existe una topografía de la expresión, sin duda esta topografía no incluye un lugar único, pero indica la limitación de los lugares para el ejercicio de una libertad de expresión efectiva. Este derecho incluye el derecho del expositor a ocupar un lugar en particular y expresarse en él, porque el lugar en sí mismo tiene un contenido especifico en el debate político o social en curso.
El lugar donde se ejerce la expresión no es una cuestión secundaria para la protección del discurso; por el contrario, es de importancia principal para los derechos de expresión y de reunión. Este concepto no considera al lugar como un elemento dado; por el contrario, se construye como parte de la cultura expresiva.30
Un primer error es el de considerar al lugar de la libertad de expresión como de propiedad del gobierno; es decir, que la utilización de las calles, parques y avenidas por quienes desearan que sus opiniones fueran conocidas por un público interesado debían contar con aprobación expresa o tácita de un gobierno que podría excluirlos del lugar.
Esta posición inicial de la Corte Suprema en Davis v. Massachusetts, 167 U.S. 43 (1897) fue abandonada ya que el gobierno no es propietario de los espacios públicos y sostenerlo sería una forma de comprometer seriamente la capacidad de ejercer la libertad de expresión. Porque un gobierno podría, simplemente, impedir la exposición de un discurso a través de la exclusión del lugar donde éste se ejerce. Las calles y parques están dentro del dominio público, pero no son propiedad de un gobierno o estado. Hague v. Comm. for Indus. Org., 307 U.S. 496 (1939).
Cualquiera fuera el título que se pudiera ejercer sobre las calles y los parques, éstos han sido desde época inmemorial reservados al uso del público, y desde tiempos fuera de memoria, han sido utilizados para fines de asamblea, comunicando ideas entre los ciudadanos y discutiendo cuestiones públicas.’
De esta manera se sostuvo que el estado no podía prohibir a los oradores utilizar las calles públicas, parques y veredas; se logró un cambio que facilitaba la expresión al permitirse la utilización de los espacios públicos para la expresión y asociación.31
Siguiendo con esta doctrina, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió la cuestión analizando cada uno de los lugares donde se ejercía la libre expresión de ideas. Permitió el acceso a diferentes lugares públicos. Entre otros, podemos mencionar:

  1. bibliotecas públicas, Brown v. Louisiana, 383 U.S. 131 (1966),

  2. el espacio en las cárceles, Adderley v. Florida, 385 U.S. 39 (1966);

  3. un teatro municipal, Promotions, Ltd. v. Conrad, 420 U.S. 546 (1975);

  4. el espacio en los ómnibus públicos (Lehman v. City of Shaker Heights, 418 U.S. 298 (1974); y

  5. también los terrenos de una base militar, Greer v. Spock, 424 U.S. 828 (1976).


La Corte finalmente articuló la doctrina llamada del ‘foro público’ en el caso Perry Educ. Ass'n v. Perry Local Educators' Ass'n, 460 U.S. 37, 45-46 (1983). La topografía producida por esta doctrina señala que existen lugares ‘públicos’ y ‘no públicos’ de expresión. El foro se refiere al espacio público que se encuentra abierto a la actividad comunicativa y expresiva. Estos lugares, se supone, facilitan la expresión en una vía pública. Esta teoría señala la importancia del lugar como indispensable para la existencia de la expresión y de la asociación expresiva. Una posición contraria que no hiciera coincidir el concepto de lugar con el de libertad de expresión llevaría a considerar al lugar, exclusivamente, a partir del derecho de propiedad. De esa manera, la libertad de expresión sólo podría ejercerse en los lugares que el gobierno autorizara, en la medida que fueran lugares de propiedad gubernamental o lugares públicos afectados a ese uso. Eso sería la muerte del derecho a expresarse. El concepto de ‘foro’ provee de la marca constitucional necesaria para determinar cuando una expresión no está protegida y ha sido utilizado por la Corte de los Estados Unidos para realizar el mapa de la topografía expresiva.
El análisis de la topografía consiste en determinar las características de los espacios públicos que pueden ser utilizados para la expresión de ideas. En el caso Perry Education Association v. Perry Local Educators' Association ya mencionado la Corte señaló la extensión del mapa de la topografía de la expresión. Existen dos tipos de foros, los foros públicos ‘tradicionales’ o ‘de quintaesencia’: estos son las calles, veredas y parques que han sido por ‘una larga tradición dedicados a la asamblea y al debate.’ En segundo lugar están los foros públicos ‘designados’, es decir aquellos lugares que el gobierno ha abierto para la actividad expresiva. Estos foros surgen ‘por la acción gubernamental’ cf. Ark. Educ. Television Comm'n v. Forbes, 523 U.S. 666, 677 (1998). En estos casos se debe tener en cuenta ‘la naturaleza de la propiedad y su compatibilidad con la actividad expresiva’ Es decir que los límites a la elección de un foro no se aplican a los llamados ‘foros tradicionales o de quintaesencia’ donde existe una tradición para su uso irrestricto. Los límites existen solamente para los foros que existen por ‘la acción gubernamental’.
De esta manera la Corte Suprema ha impuesto dos obligaciones para los gobiernos; por una parte, ha señalado que los ciudadanos deben tener acceso a los espacios públicos con el objeto de expresión y asociación. De esta manera, ha señalado que el gobierno no puede prohibir el acceso a las calles públicas y a los parques, utilizando la expresión de foro de uso inmemorial. Por otra parte, ha señalado la necesidad de la neutralidad por parte del gobierno para con el contenido del discurso, sin poder intervenir sobre las ideas que se expresen.32 De esta manera ha señalado que los individuos tienen ‘un interés constitucionalmente protegido en la efectiva libre expresión’ basado en el principio que el debate de cuestiones públicas debe ser desinhibido, robusto y totalmente amplio.(cf. New York Times v. Sullivan, 376 U.S. 254, 270 (1964).
Como ha señalado Thomas Hobbes en el Leviatán ‘Ningún hombre puede concebir nada, si no lo concibe en algún lugar’. (Cf. Thomas Hobbes, Leviathan 23 (Oxford Univ. Press 1967) El discurso no ocurre en abstracto, sino en lugares concretos. Quienes deben expresarse deben luchar a veces para acceder a lugares específicos, porque su expresión en ese lugar es cualitativa y cuantitativamente diferente de la expresión en otro lugar. La búsqueda del lugar apropiado es parte del contenido del discurso protegido.

  1. La Quintaesencia del foro público.



En el caso United States v. Kokinda, 497 U.S. 720 (1990) la Corte Suprema de EEUU señaló las tres categorías en las que la expresión se efectuaba en lugares públicos

Ellos son:

  1. Los lugares tradicionales que constituyen los foros públicos por quintaesencia: las calles y los parques.

  2. Los lugares con un objetivo limitado que están abiertos para ‘uso por el público como lugares de actividad expresiva’ como las asambleas universitarias y

  3. Los lugares privados que ‘no tienen la tradición o designación de foros para la comunicación pública.’


Señaló la Corte que los parques públicos, rutas, avenidas y veredas eran foros públicos por quintaesencia, ya que están abiertos a todos los miembros del público y tienen una función integral de ‘lugares de reunión y arterias de transporte. El acceso público no es una cuestión de concesión graciosa de los funcionarios de gobierno, sino que es inherente a la naturaleza abierta de las localidades.’
En el mismo sentido se expresó en el caso Jamison v. Texas, 318 U.S. 413, 416 (1943), que quien se encuentra en una calle que el estado ha dejado abierta al público lleva consigo, como en otras partes, el derecho constitucional de expresar sus ideas.
Finalmente, recordó la Corte en el Caso Kokinda, que las veredas públicas, los parques y las calles han sido reservados para el uso público como foros, ‘aún cuando el gobierno no las ha construido para fines expresivos. Los parques se construyen usualmente para hermosear la ciudad y proveer oportunidades de recreación, antes que servir de foro a oradores parados en un cajón o a repartidores de panfletos; las calles se han construido para facilitar el transporte, no para permitir a quienes protestan que conduzcan marchas…’ Sin embargo está permitido su uso como foro en todos ellos.



  1. La neutralidad del contenido del discurso.



En el caso Perry Educ. Ass'n v. Perry Local Educators' Ass'n, 460 U.S. 37, 45-46 (1983), el Juez Brennan expresó que la prohibición de la discriminación gubernamental referida al campo del discurso protegido ha sido tradicional en las opiniones de la Corte.
La neutralidad del contenido se refiere a la prohibición de la discriminación de las opiniones, como la mejor manera de evitar la censura. En particular, cuando se quiere censurar todo un discurso completo, como sería el caso de las expresiones a favor del mantenimiento del medio ambiente en el Río Uruguay. Prohibir el foro donde se puede ejercer el discurso es evitar que esta expresión sea conocida en su integridad. Es decir, el foro es parte del discurso y la neutralidad del contenido impide la discriminación de las opiniones.
La única razón por la cual el gobierno del Uruguay objeta la forma de expresión de la Asamblea de Gualeguaychú es que desea censurar un discurso que objeta. Limitar el foro y destruir la neutralidad de contenido del discurso es eliminar la eficacia de la expresión que busca la preservación del medio ambiente.

  1. Discurso protegido y obstrucción de espacio público.



En el caso Cox v. Louisiana, 379 U.S. 536, (1965) la Corte Suprema de Estados Unidos, abolió la condena de un dirigente de derechos humanos que había obstruido una calle, luego que organizara una protesta frente a los tribunales de la ciudad de Baton Rouge. Lo hizo porque consideró que era un foro público adecuado para expresar sus ideas. De la misma manera, en Edwards v. South Carolina, 372 U.S. 229 (1963), se rechazó la condena de manifestantes de derechos civiles que estaban reunidos dentro de la Casa de Gobierno de Carolina del Sur, señalando que no tenía importancia que esas prácticas no estuvieran autorizadas. De la misma manera en Shuttlesworth v. Birmingham, 394 U.S. 147, (1969), se consideró legítima una manifestación que había ocupado la calle principal de la ciudad de Birmingham en Alabama. Decisiones similares se tomaron en los siguientes casos: Carey v. Brown, 447 U.S. 455, 460 (1980); Grayned v. Rockford, 408 U.S. 104, 120 -121 (1972); Police Department of Chicago v. Mosley, 408 U.S. 92, 96 (1972).



  1. La prohibición de una ‘clase íntegra de expresión’.



La expresión efectuada por el pueblo de Gualeguaychú ha estado basada en la protección del derecho al medio ambiente. Se trata de una ‘clase íntegra de expresión’ según la expresión de la Corte Suprema de Estados Unidos, ya que prohibir su ejercicio impediría que un discurso de amplio y completo contenido pudiera ser conocido.
Se trata de la aplicación de un derecho humano, reconocido en convenciones internacionales y en las Constituciones de ambos países, y los habitantes de la región reclamaban su aplicación a un contexto concreto: la construcción de usinas de pasta de celulosa. Prohibir o reprimir esta forma de expresión sería impedir que una clase íntegra de discurso fuera conocida.
Si un gobierno intentara prohibir categóricamente una ‘clase integra de expresión’ se encontraría ante una prohibición constitucional. En el Caso Schad v. Mount Ephraim, 452 U.S. 61, 67 , 72-74 (1981) se sostuvo que estos casos requerían un escrutinio y una prueba muy estrictos para poder hacer una exclusión. Debían resolverse a través ‘de medidas menos intrusivas que una prohibición directa.’ Decisiones similares se adoptaron en los casos Schaumburg v. Citizens for a Better Environment, 444 U.S. 620, 637 (1980); see also Riley v. National Federation of Blind of North Carolina, Inc., 487 U.S. 781, 795 (1988).
Estos precedentes sobre la extensión de la libertad de expresión de la Corte de los Estados Unidos, considerados válidos por la Corte Suprema Argentina desde su instalación en 1863, indican que el gobierno federal debe actual con extrema cautela frente al ejercicio de la libertad de expresión. En ningún caso hubiera podido el gobierno federal argentino reprimir una manifestación legítima como la ejercida por los habitantes de Gualeguaychú. No puede existir obligación internacional que obligue al gobierno a reprimir el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.


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