Escrito de respuesta de la república argentina al escrito de presentación de la república oriental del uruguay






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La protección de la expresión.



Conviene tomar en serio el peso de la libertad de expresión. Si bien es cierto que el ejercicio de un derecho no supone la supresión de otros, al hacer un balance corresponde tener en cuenta que la libertad de expresión no es un derecho más, sino uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda democracia. La libertad de expresión no sólo merece ser tomada en cuenta, como cualquier otro derecho afectado, sino que requiere una atención privilegiada. Socavar la libertad de expresión afecta directamente el núcleo de las libertades democráticas. Es fácil conceder la libertad de expresión cuando se ejerce la protesta a través de expresiones publicitarias o de notas o comentarios en los medios de comunicación. Ya que, contra ellos, podríamos simplemente no leerlos, comprar otro medio o cambiar de canal de televisión. Esta son expresiones que fueron hechas públicas en zonas importantes y transitadas. La expresión no fue meramente verbal, sino que fue acompañada por molestias para quienes quisieran transitar por esos medios.
La extensión de la libertad de expresión de ideas a medios distintos de la prensa ha sido reconocida desde hace tiempo por la doctrina norteamericana; en particular, por la llamada “doctrina del foro público”. Esa doctrina considera a las calles y a los parques como lugares especialmente privilegiados para la expresión pública. En el fallo Hague v. Comm. for Indus. Org., 307 U.S. 496 (1939) se dijo “las calles y los parques han sido confiados al uso público desde tiempo inmemorial, usándose desde siempre para el propósito de que los ciudadanos se reúnan en asamblea, se comuniquen entre sí y discutan sobre cuestiones públicas”. La Corte Suprema se pregunta “¿dónde sino en la vía pública se puede expresar la ciudadanía?”.
La Corte Norteamericana decidió dar una fuerte protección a las expresiones realizadas en parques y calles aún cuando la actividad en cuestión involucrara perjuicios a terceros. En el caso Schneider v. New Jersey, 308 U.S. 147 (1939) se trataba de la distribución de panfletos en la vía publica, lo que constituye un método de comunicación que acarrea una consecuencia esperada, que es la suciedad en las calles, calles que la ciudad o el gobierno de la ciudad tienen la obligación de mantener limpias. También constituye un método de comunicación que provoca el enojo de una mayoría de personas mientras que es dudoso que tenga un gran impacto sobre la audiencia. Sin embargo, el equilibrio constitucional fue decidido enfáticamente en favor de mantener abierto el foro público a este tipo de comunicación. La mayoría de las expresiones públicas de los ciudadanos acarrean costos o molestias para terceros que, en principio, deben tolerarse en honor de la libertad de expresión. En particular, estas limitaciones no pueden atentar en ningún caso contra el contenido del discurso en juego o contra la misma posibilidad de que este se convierta en público. Por lo tanto, podemos decir que hay un contenido de libertad diferente según el tipo de discurso de que se trate. En algunos casos, bastará con una solicitada en un medio; en otro, podrá ocurrir que haya un discurso o un pequeño acto en una plaza pero, en otros casos, cuando está involucrado un derecho constitucional y quienes lo ejercen han analizado la mejor manera de transmitir este discurso a través de asambleas públicas organizadas donde se ha debatido largamente el riesgo que sufre ese derecho constitucional, el discurso constitucionalmente protegido tiene un contenido diferente que en los otros casos y puede incluir el bloqueo de medios públicos de comunicación.
El conflicto social a que refiere esta disputa implica algo más que ruidos molestos, suciedad en las calles, o un cierto desorden del tránsito. Supone la expresión prolongada de una protesta organizada por asambleas de ciudadanos que peticionan por el respeto al derecho constitucional a un medio ambiente sano. Todos los discursos constitucionalmente protegidos implican estas presiones y algunas más. Si se trata de una expresión oral, tenemos ruidos que pueden interrumpir a otros; si se trata de una expresión escrita, tenemos la posibilidad de ensuciar la vía pública. Pero, en todos los casos, y cualesquiera fueran los desmanes de los manifestantes, tenemos ideas en juego y, por ello mismo, la prioritaria obligación del poder público de resguardar tales ideas. En particular, porque están basadas en derechos constitucionales y reconocidos en tratados internacionales de derechos humanos, como lo es la protección del medio ambiente.
El medio utilizado para que se reconozcan estos derechos fue tomado a través de formas de democracia directa como son asambleas públicas, luego de un largo debate y con una amplia participación de personas. Podríamos imaginar pensar cuál es la alternativa. Si la alternativa es considerar reclamos sediciosos a quienes expresan públicamente sus ideas, con un gran sacrificio individual, para indicar la extensión de su reclamo, esta actitud es contraria a las Constituciones, tratados de derechos humanos y principios de derecho de las naciones civilizadas. La reclamada liberación del puente hubiera supuesto una represión inaceptable para las instituciones del derecho público argentino. Inaceptable en cuanto debía ser ejercido por el poder público local que había manifestado expresamente su voluntad de no hacerlo. Inaceptable, además, porque suponía no sólo quebrar la voluntad de quienes expresaban sus ideas, sino también intervenir la autonomía de la provincia de Entre Ríos.
Muchas veces en la sociedades democráticas, el derecho fundamental a criticar a las autoridades no ocupa un lugar privilegiado en la escala de valores de los funcionarios políticos; por el contrario, la libertad de expresión aparece, en el razonamiento de estos funcionarios, como un elemento más que tiene un peso inferior a otros valores como es el derecho al libre tránsito o el derecho a la libertad de comercio. En general, la libertad de expresión es un derecho reconocido nominalmente, pero antipático para algunos funcionarios. Particularmente antipático para los funcionarios que tienen un interés específico en las ventajas políticas de ciertas obras públicas.
Aún en el caso de que se produzcan efectos colaterales dañosos, éstos deben separarse perfectamente de la prioritaria necesidad de resguardar las expresiones públicas de la ciudadanía.

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