Escrito de respuesta de la república argentina al escrito de presentación de la república oriental del uruguay






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Libertad de expresión y la protesta



Para conocer la extensión de la libertad de expresión tenemos que remitirnos a los precedentes de las Cortes supremas de los estados constitucionales. Es allí donde podemos encontrar un desarrollo más amplio para conocer este derecho fundamental. Es también el análisis de esos casos jurisprudenciales donde podemos establecer la relación entre la libertad de expresión y la extensión de la protesta; la protección de minorías; el foro público y la topografía expresiva; la quintaesencia del foro público; la protección de la neutralidad del contenido del discurso. El problema del discurso protegido y obstrucción de espacio público y finalmente la prohibición de una ‘clase integra de expresión’.

  1. La protesta como forma de expresión.



Mucho se ha discutido sobre la inclusión de la protesta social como una forma de libertad de expresión. Según Roberto Gargarella29, la protesta social constituye una demanda concreta de la ciudadanía. Puede ser percibida, antes que nada, como el derecho a tener y reclamar derechos. El derecho a protestar podría ser, entonces, entendido como el primer derecho: el derecho a exigir el cumplimiento o la recuperación de los demás derechos. Es, en muchos casos, la oportunidad que tienen las personas o grupos de ser tenidos en cuenta, de recuperar la voz, sea esta manifestación hecha a través de los medios habituales de comunicación o de la constitución de foros públicos, sean estos celebrados en determinados recintos, en una calle o en una plaza pública.
La democracia es el gobierno del pueblo, gobierno que involucra tanto la posibilidad de comprometerse frente a los problemas que enfrenta como ciudadano, como la posibilidad de expresarse concretamente, sea para manifestar sus demandas, para llamar la atención sobre problemas que suscitan su interés o para controlar la marcha y evolución de las instituciones.
La forma en que se expresa no puede ser evaluada de forma tal que tenga como resultado acallar la protesta. Habría, en este caso, una evidente desproporción entre el objetivo de ordenar la forma de protesta y sus resultados concretos: acallarla.
Este derecho de protesta adquiere especial relevancia si el motivo de la misma es una decisión de un gobierno diferente al propio, en el que quien manifiesta no tuvo participación en su elección, pero se ve afectado por las mismas. Tampoco es posible, en este caso, recurrir a la opinión pública del Estado vecino. En consecuencia, el objetivo del reclamo es efectuar una demanda lo suficientemente amplia y trascendente como para conmover a la opinión pública del país vecino y a la sociedad política que debe tomar o modificar una decisión.
Estos derechos cuentan con un importante desarrollo jurisprudencial. La Corte Suprema de los Estados Unidos es una de las que más desarrollos presentan en términos del alcance de la libertad de expresión contenida en la Primera Enmienda. “El Congreso no hará ley alguna por la que.... se coarte la libertad de palabra o imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios”. ¿Incluye este derecho el de piquete y marcha? ¿Con qué alcance? ¿Incluye el derecho a la crítica, inclusive de los funcionarios públicos y las instituciones?
Se ha entendido, ya desde la década del ‘30, que el piquete y la marcha son formas de expresión protegidas por la Primera Enmienda (Casos Hague v. CIO, 307 US 496 – 1939 -; Cox v. New Hampshire, 312 US 569 – 1941 -; Kunz v. New York, 340 US 290 – 1951).
La evolución, en términos de piquetes y marchas, se ha dado en el análisis de las limitaciones que pueden adoptarse en la medida que estas formas de protesta ocasionen disrupciones al orden público o afecten otros derechos igualmente protegidos. En algunos casos, se entendió que la única limitación al piquete estaba dada por la no interrupción de la circulación en calles o autopistas. En otros, que estaba dada por la comisión de hechos de violencia en el marco de los mismos.

Por su parte, el Caso New York Times Co. v Sullivan, 376 US 254 – 1964 – fue pionero en términos de alcance de libertad de expresión y crítica. En el mismo se establece que la libertad de expresión incluye la libertad de crítica, aún cuando la misma sea dirigida contra funcionarios públicos y a pesar de que la misma pueda contener expresiones falsas sobre su accionar, estableció la doctrina de la ‘real malicia’ tomada también por la Corte argentina. La Corte asume un compromiso con la posibilidad de sostener un debate amplio sobre los asuntos públicos, un debate que entiende, no sólo parte de la libre expresión, sino en la esencia de un gobierno democrático.
¿Cuál es su extensión? Parte del análisis de este tema aparece en el Caso NAACP v. Claiborne Hardware Company CO, 458 US 886 (1982). En primer lugar, la Corte establece el nexo entre libertad de expresión y derecho de reunión o asamblea y la preeminencia de la libertad de expresión por sobre el contenido de la misma o la posibilidad de incurrir en actos de violencia.
Entre otras cosas, señala que: “La defensa efectiva de los puntos de vista privados y públicos, particularmente los controvertidos, es indefectiblemente fortalecida por la asociación en grupo, como esta Corte ha reconocido más de una vez al establecer el estrecho nexo existente entre las libertades de expresión y reunión”. “El derecho al piquete pacífico está protegido por la constitución, bajo los derechos de libertad de expresión, libertad de reunión y petición a las autoridades”.

Pero la Corte avanza aún más al indicar que la libertad de expresión no pierde su carácter de derecho protegido por el hecho de que las manifestaciones puedan molestar a otros o, incluso, intentar forzarlos a entrar en acción. “El derecho de asociación no pierde su protección constitucional por el hecho de que algunos miembros del grupo hayan adoptado conductas o sostenido doctrinas individualmente no protegidas”. “Aún las expresiones ofensivas o coercitivas están protegidas bajo la Primera Enmienda”.
Distinta es la solución que ofrece la Corte de Canadá frente al alcance del derecho de protesta. Así, en el caso RWDSU v. Dolphin Delivery Ltd. (1986), la justicia canadiense indica que “El piquete es una forma de expresión y goza de la protección de la Carta Magna a menos que dicha acción incluya violencia, amenaza de violencia u otros actos ilegales”.
Ahora bien, esa libertad de expresión y manifestación ¿puede ser restringida por el hecho de que, al ejercerla, se infrinja, aunque sea en parte, la libertad de tránsito de terceros? En el Caso United States v. Kokinda, 497 US 720 (1990), aún cuando se reconoce el derecho a establecer restricciones a la manifestación que motiva el reclamo por el hecho de tratarse de un foro no-público - la disidencia, en cambio, no acepta esta división entre foro público y no-público -, la Corte establece que “en un foro público - calificando como tales plazas, calles o veredas -, por definición, los ciudadanos tienen derecho constitucional de acceso y es el Estado quien debe demostrar las razones que lo obligaron a restringir algún tipo de expresión, punto de vista o persona”.

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