Escrito de respuesta de la república argentina al escrito de presentación de la república oriental del uruguay






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El derecho aplicable a la controversia.




  1. El derecho a la libertad de expresión y manifestación


En primer lugar, se analizarán las normas que rigen la actuación de los manifestantes: el derecho a la libertad de expresión y manifestación y los límites que la República Argentina puede poner a su ejercicio dentro del respeto a las normas internacionales que vinculan a la Argentina y el Uruguay.

  1. Alcance de las normas que regulan la libre circulación de bienes, servicios y personas


En segundo lugar, se analizará el alcance de las normas que regulan la libre circulación de bienes, servicios y personas en el MERCOSUR, normas que Uruguay argumenta que han sido violadas.

  1. La relación entre el comercio internacional y la preservación del medio ambiente


Por último, se analizará la relación entre el comercio internacional y la preservación del medio ambiente así como la actuación del gobierno argentino a la luz de las normas que regulan la responsabilidad internacional del estado.
Debe tenerse siempre presente que las normas internacionales en materia de derechos humanos vigentes en la República Argentina tienen rango constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución Nacional referida a “Declaraciones, derechos y Garantías”, deben entenderse como complementarias de los derechos y garantías allí establecidos - porque así lo decidió el constituyente - y su alcance está determinado por la práctica y la jurisprudencia de los órganos internacionales establecidos para supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los estados.


  • A) La libertad de expresión y manifestación.




  1. La libertad de expresión como derecho humano fundamental.



La libertad de expresión es un derecho humano fundamental reconocido en todos los ordenamientos constitucionales y en una importante cantidad de tratados internacionales sobre derechos humanos. Su alcance está establecido en las normas fundamentales de todo Estado democrático y, con el paso del tiempo, ha sido perfeccionado por la jurisprudencia de manera de comprender todas las manifestaciones orales y escritas, sean hechas en forma individual o grupal, con el objeto de peticionar a las autoridades o con la simple intención de manifestar una opinión.
Así, la Constitución de la Nación Argentina establece, en su artículo 14, que “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos, conforme las leyes que reglamenten su ejercicio: ..... de peticionar a las autoridades, .... de publicar sus ideas por la prensa, sin censura previa .... de asociarse con fines útiles”. Confiere el derecho a hacer público, a transmitir, a difundir y a exteriorizar ideas, opiniones, críticas o creencias a través de cualquier medio, incluyendo todas las formas y modalidades de expresión. Por su parte, el artículo 33 prevé que: “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno”.
Los mismos derechos están reconocidos a todos los habitantes por la Constitución de la República Oriental del Uruguay, que establece:
Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados por la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura...” (artículo 29); “Todo habitante tiene derecho de petición por ante todas y cualesquiera autoridades de la República” (artículo 30); “Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República sino en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos” (artículo 38); “Todas las personas tienen el derecho de asociarse, cualesquiera sea el objeto que persigan, siempre que no constituyan una asociación ilícita declarada por la ley” (artículo 39).
Conforme lo expuesto precedentemente, en la República Argentina, el derecho humano a la libertad de expresión se encuentra protegido en diversas normas internacionales, vinculantes tanto para la Argentina como para el Uruguay.

El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dispone que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Por su parte, el artículo 4 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre expresa que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio”.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19º inciso 2º señala que: "Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13º inciso 1º establece que: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Sobre este derecho fundamental, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, en la opinión consultiva OC-5/85, que “El artículo 13 (de la Convención Americana) señala que la libertad de pensamiento y expresión "comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole...”.
Esos términos establecen literalmente que quienes están bajo la protección de la Convención tienen, no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Por lo tanto, cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a “recibir” informaciones e ideas, de donde resulta que el derecho protegido por el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales. Es un derecho con dos dimensiones: requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento, constituyendo un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno.

La libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Por lo tanto, las dos dimensiones de la libertad de expresión, individual y colectiva, deben ser garantizadas simultáneamente.
  1. Las restricciones a la libertad de expresión.



Es cierto que el ejercicio de libertad de expresión puede colisionar con otros derechos pero estos casos son excepcionales, ya que la característica primaria de una sociedad democrática es la de expresarse. Sin ese derecho todos los demás quedarían en expectativa, sin aplicación práctica. Es por ese motivo que toda restricción a la expresión es excepcional.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 13º inciso 2º, establece los lineamientos que deben observarse para establecer estas restricciones. Las restricciones a la libertad de expresión deben estar previstas en una ley. Se requiere asimismo que se encuentren orientadas a proteger objetivos legítimos y que sean necesarias para lograr esa protección. Además, las restricciones no pueden ser aplicadas en forma previa a la difusión de una idea o información sino en forma posterior.
Los objetivos legítimos cuya protección puede justificar una restricción a la libertad de expresión se encuentran señalados en las normas internacionales sobre derechos humanos. Estos son: el respeto a los derechos o la buena reputación de las personas, la protección de la seguridad nacional, la protección del orden público, la protección de la salud pública, la protección de la moral pública y la prohibición de toda propaganda en favor de la guerra y de toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. Ninguna de estas excepciones está presente en el caso de autos.
Para acreditar la necesidad de establecer una restricción a la libertad de expresión no basta con señalar que ésta resulta útil para proteger un objetivo legítimo, sino que debe acreditarse que no existe otra opción a través de la cual se pueda alcanzar esa tutela. En el caso en que se entienda necesario establecer la restricción, la misma debe ser proporcional al interés que la justifica y ajustarse al logro de esa finalidad, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
Para determinar la proporción de la restricción se debe analizar la relación entre el interés público por conocer determinada idea o información y la protección de los objetivos legítimos que justifican la restricción. Por lo tanto, se pueden presentar situaciones en donde, a pesar de existir un objetivo legítimo que justificaría la restricción a la libertad de expresión, la medida adoptada puede resultar desproporcionada.
Los fines que, en principio, justifican una restricción de la libertad de expresión son los derechos o la reputación de los demás, la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral públicas.
Los derechos y libertades de terceros o los derechos y reputación de otros como pauta de limitación importa reconocer la existencia de un conflicto que debe resolverse, caso por caso, en favor de los derechos de los unos limitando los derechos de los otros según el criterio del respeto por la dignidad humana y el principio de no-discriminación15. En todo caso, sobre este punto se abundará más adelante.
La seguridad nacional es una de las pautas de restricción de interpretación más estricta. Se trata de la seguridad del país y no de su gobierno16. Su definición se inserta en el contexto del derecho de la Carta de las Naciones Unidas y sólo autoriza la limitación de derechos cuando existe una efectiva amenaza o un uso de fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de un estado. Consecuentemente, ninguna violación a los derechos humanos puede justificarse a la luz de la seguridad nacional17.
El criterio del orden público no tiene el mismo sentido en todos los sistemas jurídicos18. Se entiende que es el conjunto de las reglas que aseguran el funcionamiento de una sociedad o el conjunto de reglas fundamentales sobre las cuales se erige una sociedad y su interpretación debe ajustarse al contexto del derecho que se restringe19. Su invocación obedece a la necesidad de encontrar un equilibrio entre los derechos y libertades de los individuos y los derechos y libertades de la comunidad en general20.
En este punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que "una acepción posible del orden público dentro del marco de la Convención, hace referencia a las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios. En tal sentido podrían justificarse restricciones al ejercicio de ciertos derechos y libertades para asegurar el orden público"21.
La salud pública - esto es el estado de completo bienestar físico, mental y social de la sociedad - permite adoptar las medidas necesarias para prevenir, o en su caso enfrentar, serias amenazas a la salud de la población o de alguno de sus miembros22.
La moral pública es un criterio que reconoce parámetros de tiempo y de espacio, de allí que resulte inevitable reconocer al estado cierto margen de apreciación cuando la invoca como pauta legítima para restringir el ejercicio de determinados derechos. Empero, también es inevitable demostrar que tal restricción es esencial para el mantenimiento del respeto por los valores fundamentales de una sociedad, lo que en modo alguno puede afectar el principio de no-discriminación23.
Las restricciones a la libertad de expresión son, pues las conductas definidas legalmente como generadoras de responsabilidad por el abuso de la libertad de expresión24.
  1. La libertad de expresión como piedra angular de la democracia.



La plena vigencia de la libertad de expresión reviste una importancia singular por diferentes motivos; entre ellos, porque resulta imprescindible para el desarrollo de un sistema democrático y para la realización del ser humano como tal así como para el progreso de la sociedad en su conjunto.
Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión “es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”.
El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual debe existir un margen reducido a cualquier restricción del debate político o del debate sobre cuestiones de interés público25.
En el contexto del sistema interamericano, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión desarrolla las normas de derechos humanos regionales y además vincula expresamente la vigencia de la libertad de expresión a “la existencia misma de una sociedad democrática”.
Así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha entendido que “el libre discurso y debate político son parte esencial para la consolidación de la vida democrática de las sociedades”. Dado el interés social imperativo que rodea a “este tipo de debates”, las justificaciones permisibles al Estado para restringir la libertad de expresión en este ámbito son mucho más estrictas y limitadas, ya que el derecho a la libertad de expresión e información es uno de los principales mecanismos que tiene la sociedad para ejercer un control democrático sobre las personas que tienen a su cargo asuntos de interés público; “el derecho a la libertad de expresión es precisamente el derecho del individuo y de toda la comunidad a participar en debates activos, firmes y desafiantes respecto de todos los aspectos vinculados al funcionamiento normal y armónico de la sociedad”. “Muchas veces estos debates pueden ser críticos y hasta ofensivos para quienes ocupan cargos públicos o están vinculados a la formulación de la política pública”26.
En el mismo orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “Existe entonces una coincidencia entre los diferentes sistemas regionales de protección a los derechos humanos y el universal, en cuanto al papel esencial que juega la libertad de expresión en la consolidación y dinámica de una sociedad democrática. Sin una efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se comienzan a tornar inoperantes y, en definitiva, se crea el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad.”27
La importancia de la libertad de expresión en el marco de un sistema democrático ha quedado remarcada en la Carta Democrática Interamericana, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 11 de septiembre del 2001. Se trata de un documento en el cual se establecen las posibilidades de actuación de la OEA cuando en un Estado miembro de la organización se presentan signos de alteración del sistema democrático. Entre los elementos a evaluar para determinar si esto ocurre se encuentra el análisis sobre el respeto de la libertad de expresión. En este sentido, el artículo 4 de dicha Carta señala que “son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.”
  1. El derecho de reunión como soporte de la libertad de expresión.



El derecho de reunión pacífica se inscribe en este contexto. Hace a la democracia y a su ejercicio efectivo la convocatoria y realización de reuniones públicas que tengan por objeto manifestar posiciones o puntos de vista sobre cuestiones de importancia para la sociedad política. Este derecho sólo puede ser restringido legítimamente por ley formal en la medida necesaria en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entiende que “este derecho es de naturaleza instrumental, sirve de soporte al ejercicio de los demás derechos fundamentales y permite la obtención de fines no prohibidos expresamente por la ley”28.


  1. Las formas de manifestación de la libertad de expresión.


La extensión de la libertad de expresión de ideas a medios distintos de la prensa no sólo tiene protección por el derecho internacional de los derechos humanos sino que ha sido reconocida desde hace tiempo por la doctrina norteamericana. En particular, cabe tener en cuenta que el lugar desde donde se ejerce un derecho es central para la existencia humana; es depositario de la memoria colectiva y medio retórico para trasladar un mensaje.
El análisis de la libertad de expresión debe examinar la validez de un discurso teniendo en cuenta “qué’ es lo permitido expresar en los términos de los discursos que están constitucionalmente protegidos y cuáles no.
Y, en segundo lugar, es necesario analizar “donde” se puede ejercer un discurso constitucionalmente protegido. La pregunta a plantearse es cuál sería el interés gubernamental que llevaría a impedir la expresión de un discurso constitucionalmente protegido, por motivos de lugar o sede de la manifestación pública.
La libertad de expresión incluye el derecho de quienes se expresan a elegir el lugar particular en el que quieran expresarse. La expresión de ideas y de petición a las autoridades está unido al lugar donde se expresa el mensaje. Existe un límite constitucional y en los tratados de derechos humanos a que un gobierno limite el acceso a esos lugares.
Esto último, constituye la existencia del “foro público” como el lugar donde se ejerce la libertad de expresión.
El ‘lugar de expresión’ es un concepto que reconoce que la libertad de expresión y el lugar donde se ejerce coexisten en una variedad de contextos, que señalan que, en ocasiones, un discurso puede ejercerse en un lugar único para que sea efectivo.
La eficacia en el ejercicio de un derecho es parte del contenido de la protección de los derechos humanos. Existe una topografía de la expresión. Sin duda, esta topografía no incluye un lugar único, pero indica la limitación de los lugares para el ejercicio de una libertad de expresión efectiva. Este derecho incluye el derecho del expositor a establecerse en un lugar en particular y expresarse en él, porque el lugar en sí mismo tiene un contenido específico en el debate político o social en curso.
Generalmente, la expresión de la opinión es cercana al lugar donde se comete la exacción del derecho humano que se quiere defender. Generalmente, son plazas, rutas, avenidas, lugares públicos de fácil acceso y reconocibles por todos. Los gobiernos autoritarios han limitado tradicionalmente el acceso a estos lugares, ofreciendo maliciosamente en cambio lugares cerrados, de difícil acceso y donde se controla la identidad y movimientos de los participantes.
La mayoría de las expresiones públicas de los ciudadanos acarrean costos o molestias para terceros, que, en principio, deben tolerarse en honor de la libertad de expresión. De introducirse limitaciones al mismo, estas limitaciones no pueden atentar, en ningún caso, contra el contenido del discurso en juego o contra la misma posibilidad de que este se convierta en público.

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