Escrito de respuesta de la república argentina al escrito de presentación de la república oriental del uruguay






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V.- Derecho aplicable a la controversia.



Introducción.



En el apartado anterior se han expuesto los hechos que han dado origen a esta controversia. El origen fue la actuación de organizaciones no gubernamentales uruguayas y argentinas en defensa del medio ambiente y de los pueblos de la cuenca del Río Uruguay, repudiando desde su comienzo la instalación de las fábricas de pasta de papel en Fray Bentos.
Esta protesta fue continuada posteriormente por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, en un intento de concientizar a la opinión pública y de llamar la atención de las autoridades argentinas y uruguayas sobre lo que consideran un grave peligro para su salud y ambiente: la construcción de pasteras uruguayas frente a sus playas. Como parte de este accionar se realizaron actividades en rutas y caminos públicos que tuvieron como consecuencia, en algunos casos, que hubiera dificultades temporarias para la circulación de automotores, permaneciendo, sin embargo, siempre abierta la circulación peatonal y las causadas por emergencias o situaciones especiales, como estudio o atención médica.
Estas manifestaciones en las rutas de acceso a los puentes no afectaron en términos absolutos ni el comercio bilateral ni el turismo hacia el Uruguay, los que, por el contrario, aumentaron en este período.


  1. Los derechos humanos y “los (otros) derechos de los demás”.



Conforme surge del análisis general como del de este caso en particular, podemos afirmar que no cabe invocar legítimamente una restricción a un derecho humano protegido en desmedro de otro derecho que puede estar legalmente protegido pero que no reviste esa calidad de derecho humano.
Esta es, precisamente, la situación que se plantea cuando se intenta el análisis del ejercicio de los derechos humanos a la libertad de expresión y de reunión, por un lado, y la libre circulación de bienes, por el otro. Sin perjuicio de que, en este caso, como más adelante se demostrará, no se ha producido una violación a las normas del MERCOSUR, cabe dejar sentada la necesidad explícita de que sus normas se apliquen de una manera compatible con el respeto de los derechos humanos fundamentales protegidos por los tratados internacionales.


  1. Los derechos humanos y el derecho de la integración.



La creación de un derecho regional o comunitario supone conocer su relación con los derechos humanos que se encuentren en la Constitución y los tratados internacionales vigentes.
En la Unión Europea, una primacía del Derecho comunitario sólo puede existir en virtud de la autorización constitucional, particularmente en relación con los derechos individuales y del respeto a las formas democráticas. Es decir que existe integración económica sólo en función del alcance de estos derechos y no en conflicto con ellos.
Si tomamos el caso de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, el Derecho comunitario no tiene rango constitucional. La Ley Fundamental acoge al Derecho comunitario, pero no ordena constitucionalmente su observancia y primacía. En gran medida para proteger los derechos de la personalidad y el principio de la ‘democracia militante’. De aquí se deriva no sólo que la lesión del Derecho comunitario por parte del Derecho alemán y de la jurisprudencia alemana ordinaria puede ser tachada de vulneración constitucional - igual que en el caso de la vulneración de Tratados internacionales -, sino, además, que la Ley Fundamental goza, en todo caso, de rango superior frente al Derecho comunitario.
La habilitación constitucional para la integración es, como todas las habilitaciones jurídicas, limitada. Las normas sobre integración económica tienen que ser entendidas e interpretadas, como toda disposición constitucional de carácter principal similar, en el contexto del conjunto de la Constitución. No puede haber una cesión ilimitada de derechos de soberanía y un posterior ejercicio ilimitado de los mismos por parte de organizaciones interestatales. No se puede renunciar, en el proceso de atribución de derechos de soberanía en favor de organizaciones interestatales, a la identidad del ordenamiento constitucional vigente de la República Federal Alemana por medio de la ruptura de sus estructuras básicas, de sus estructuras constitutivas ver caso 37 BVerfGE, 271
Un efecto limitativo despliega en este sentido, en especial, el principio democrático (art. 20, apartados 1 y 2 Ley Fundamental de Alemania). Si el poder de la Comunidad debe basarse en la conformación democrática de la voluntad de cada uno de los pueblos de los Estados miembros, presupone esto que aquel poder sea ejercido por un órgano que represente a los Gobiernos estatales y que a su vez éstos estén sujetos a controles democráticos. En esta medida, el principio democrático recogido en las Constituciones nacionales requiere precisamente que, en tanto que los pueblos construyan la necesaria legitimidad democrática a través de los Parlamentos nacionales, debe evitarse el llamado ‘déficit democrático’ de la Comunidad. Con igual razón en la aplicación de las formas de democracia directa y democracia deliberativa. Además, el principio democrático establece límites a la expansión de las tareas y competencias de las instituciones europeas: "los Estados necesitan ámbitos de atribuciones suficientemente significativos, a partir de los cuales pueda cada uno de los pueblos desarrollarse en un proceso de conformación política de la voluntad legitimado y dirigido por el pueblo mismo" ha señalado la Corte Constitucional en el Caso Maastricht 89 BVerfGE, 155.
Si se observa la situación constitucional en los Estados miembros de la Unión Europea, se ve que la cuestión de la relación entre Derecho comunitario y Derecho interno se resuelve de manera diferente, pero en ningún caso se reconoce al primero una primacía absoluta y general. Más aún, existen en todos ellos cláusulas constitucionales más o menos amplias que fijan límites a la primacía absoluta del Derecho comunitario sobre todo el Derecho interno postulada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La primacía frente a leyes ordinarias se asegura (con la excepción de Gran Bretaña13) mediante habilitaciones constitucionales o mediante mandatos directamente emanados de la Constitución. A la vez, sin embargo, se establecen límites constitucionales a la integración, límites que derivan necesariamente del hecho de que las disposiciones constitucionales de los Estados miembros que permiten la integración en las Comunidades y en la Unión Europea son sólo una parte, importante ciertamente, pero sólo una parte, de las Constituciones. Constituciones que hay que contemplar e interpretar, cada una de ellas, como una unidad. Eso significa, sin embargo, que no está garantizada una aplicación unitaria del Derecho comunitario, en la medida en que ésta exija como presupuesto que el Derecho nacional que lo contradiga sea siempre y enteramente desplazado.
Si tenemos en cuenta el tratado de Maastricht, que ha producido cambios en las Constituciones europeas, decisiones sobre él han sido dictadas por varias cortes constitucionales europeas, limitando su preeminencia y poniéndolo debajo de las constituciones nacionales: Sentencia nº 232 de 1989 de la Corte Costituzionale italiana; Decisión del Conseil Constitutionnel francés 97-394 de 31.12.1997 y Decisión 1/1992, de 1 de julio, del Tribunal Constitucional Español, F.J, 4º, además de la ya citada en el caso de la Corte constitucional de Alemania.
Ningún Tribunal Constitucional ha reconocido la primacía del Derecho comunitario sobre el propio Derecho constitucional, lo que no es sorprendente, puesto que la función de los Tribunales Constitucionales es precisamente la garantía jurisdiccional de la supremacía de la Constitución, supremacía que constituye el presupuesto de la existencia de un control de constitucionalidad”.14
  1. Caso Maastricht (1993) 89 BverfGE 155



En este fallo la Corte Constitucional de Alemania ha establecido por aplicación del principio de subsidiariedad la preeminencia del principio democrático y de la defensa de los derechos de la personalidad por sobre el derecho comunitario.
Decisión del Segundo Senado..

De acuerdo con ello el Tratado de Maastricht toma en cuenta la independencia y soberanía de los estados miembros e impone la obligación sobre la Unión Europea de respetar las identidades nacionales de sus estados miembros y concede a la Unión Europea y a las Comunidades Europeas poderes específicos y responsabilidades pero solo sobre la base del principio de poderes individuales limitados. Al hacer esto ha elevado el principio de subsidiariedad al nivel de principio legal vinculante de la Union Europea (artículo B (2) del Tratado de Maastricht) y de la Comunidad Europea (artículo 3b (2) del tratado de la CE).
Al firmar el tratado de Maastricht los gobiernos de los estados miembros han enfatizado la importancia sustancial de los parlamentos nacionales dentro de la Union Europea. Su declaración sobre el papel de los parlamentos nacionales en la Unión Europea enfatiza la necesidad de la creciente participación de los parlamentos de los estados miembros en las actividades de la Unión Europea e impone una obligación a estos gobiernos de informar a sus respectivos parlamentos en tiempo debido de las propuestas hechas por la Comisión, de esta manera los parlamentos pueden examinar estas propuestas.
C.II. 2.(a)... El primer párrafo del nuevo principio contenido en el Artículo 3b del tratado de la CE también establece que la Comunidad sólo actuará dentro del límite de los poderes conferidos sobre ella por el Tratado y de los los objetivos asignados. Las regulaciones sobre el principio de subsidiariedad (Articulo 3b (2) del tratado de la CE) y sobre el principio de proporcionalidad (Artículo 3b (3)del tratado de la CE)
Estas doctrinas son pertinentes para nuestro caso en cuanto demuestran que, aún en un derecho de la integración tan desarrollado como el europeo, en caso de conflicto entre éste último y los derechos individuales consagrados en las constituciones, son ellos, los derechos humanos y el sistema democrático los que tienen preeminencia.

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