Mediante Oficio Nº 306-2008 del 10 de abril de 2008, el Presidente de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, con sede en






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VII

DECISIÓN

 

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO: Declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por los apoderados judiciales de la ciudadana Luisa Olivia Rondón de Sánchez (tercera interesada) contra la decisión dictada el 25 de marzo de 2008, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui.

SEGUNDO: CONFIRMA, en los términos expuestos, la decisión dictada el 25 de marzo de 2008, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Anzoátegui, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Odilis Centeno, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano Ángel Daniel Sánchez Rondón, contra la decisión dictada el 6 de julio de 2007, por el Juzgado Primero en Funciones de Control del referido Circuito Judicial Penal, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de nulidad absoluta interpuesta por la defensa del prenombrado ciudadano, la cual se  anula.

TERCERO: Se repone el proceso al estado en que otro Juzgado de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, se pronuncie nuevamente sobre la solicitud de nulidad absoluta efectuada por la apoderada judicial del ciudadano Ángel Daniel Sánchez Rondón (accionante), y de manera motivada resuelva cada uno de los alegatos contenidos en el escrito contentivo de dicha solicitud.

CUARTO: Se MANTIENEN VIGENTES las decisiones dictadas el 22 de abril y el 10 de mayo de 2004, respectivamente, por el Juzgado Primero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Extensión El Tigre, mediante las cuales acordó la protección de la ciudadana Luisa Olivia Rondón por parte de la Policía Municipal del Municipio Miranda del Estado Anzoátegui y la prohibición al ciudadano Ángel Daniel Sánchez Rondón de entrar a Servicios Agroindustriales Pariaguán C.A. (SAIPCA) y Repuestos Pariaguán (REPARICA), respectivamente, pues como se dijo, no fueron objeto de este amparo, sólo para el caso en que el proceso penal que dio lugar al amparo no hubiese culminado.

QUINTO: Remítase copia certificada del presente fallo a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines indicados en la parte motiva del mismo. Asimismo, remítase copia certificada del presente fallo al Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Extensión El Tigre.

Publíquese, regístrese y remítase el presente expediente a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, con sede en Barcelona. Cúmplase lo ordenado.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 15 días del mes de mayo  de dos mil nueve (2009). Años: 199° de la Independencia y 150° de la Federación.

La Presidenta,

 

 

Luisa EstelLa Morales Lamuño

 Vicepresidente,

 

 

Francisco A. Carrasquero López

Los Magistrados,

 

 

Jesús Eduardo Cabrera Romero

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

 

MarcoS Tulio Dugarte Padrón

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

                                                                         Ponente

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

El Secretario,

 

 

José Leonardo Requena Cabello

 

Exp.- 08-0705

CZdeM/

 

Quien suscribe, Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, manifiesta su disentimiento del fallo que antecede, razón por la cual, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, salva su voto en los siguientes términos:

1.                 La mayoría concluyó que fue “inaceptable que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, habiéndose recurrido en amparo la decisión dictada el 6 de julio de 2007, por el Juzgado de Control del mismo Circuito Judicial Penal, que declaró improcedente una solicitud de nulidad absoluta, interpuesta con base en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, se hubiese pronunciado sobre la falta de competencia del juez de control para decretar una extensión de la medida de protección acordada a favor de la víctima, de conformidad con los numerales 3 y 5 de la entonces vigente Ley sobre Violencia contra la Mujer y la Familia (hoy Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia); pues como se advirtió no era parte del objeto del amparo, máxime cuando esta Sala en su decisión N° 561/2005 confirmó la inadmisibilidad de un amparo propuesto contra dichas medidas de protección, por existir el recurso de apelación”.

2.                 En relación con el aserto que fue reproducido en el anterior aparte, quien suscribe estima, en primer lugar, que el mismo fue contrario a la doctrina que ha venido sustentando la Sala Constitucional, en el sentido de que las normas sobre competencia jurisdiccional –y, en particular, la material- interesan, de manera eminente, al orden público, razón por la cual no son relajables sino por autorización expresa de la Ley y, por consiguiente, su efectiva vigencia debe ser garantizada aun de oficio. Así, por ejemplo, lo ratificó, de manera clara y unánime, la Sala Constitucional, a través de su acto de juzgamiento n.° 1377, de 13 de agosto de 2008, en los términos que siguen:

Ahora, si bien entre las competencias asignadas a los juzgados superiores en lo contencioso administrativo, no se encuentra la de conocer en alzada de las apelaciones contra los fallos dictados por los juzgados con competencia civil, hay que tomar en consideración, que esa competencia le fue asignada a los juzgados superiores civil y contencioso administrativo por Resolución nº 235 del 24 de abril de 1995, en cuyo artículo 5 dispuso que el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental “tendrá competencia exclusiva para conocer de los asuntos y acciones a que se refieren los artículos 181 y 182 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia” y que “tendrá competencia además para conocer en el territorio de la Circunscripción Judicial del Estado Lara de lo atribuido a los Tribunales Superiores en materia civil (bienes)”. Tratándose como se trata de la competencia por la materia de eminente orden público, es obvio, que esta Sala no debe descartar el asunto competencial, y por ello, la Sala pasa a decidir el caso sub lite (resaltado, por el salvante).

 

3.                 La sentencia que expidió el a quo constitucional y fue confirmada por esta Sala, en la presente causa, declaró la procedencia de la pretensión de amparo porque

…considera esta Alzada que la decisión accionada sí viola derechos y garantías constitucionales, al observar esta sede constitucional, quela decisión dictada por el Tribunal accionado traspasó el marco de su competencia, extralimitándose en sus funciones y violentado derechos constitucionales, como los denunciados por la accionante, asistiéndole la razón a ésta. El Juez a quo incurrió en abuso de autoridad, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y garantías constitucionales al dictar la decisión del 6 de julio de 2007 la cual guarda estrecha relación con el auto de 10 de mayo de 2004 mediante el cual otorgó las medidas previstas en los ordinales 3º y 5º de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, cuando ni siquiera existía una segunda solicitud fiscal de protección de bienes de una víctima (artículos 81 y 82 de la Ley Orgánica del Ministerio Público), confundiendo los efectos de una medida de protección a la víctima prevista en ese momento procesal solo en la ley penal adjetiva, que nada tenía que ver con la tantas veces citada ley, infringió gravemente el debido proceso y el derecho que como propietario de las empresas SAIPCA y REPARICA, le asisten al ciudadano Ángel Daniel Sánchez Rondón, tal como lo ha dejado establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sus decisiones de (…)

En este proceder, ha evidenciado este Órgano Colegiado actuando en sede constitucional que tal y como lo ha denunciado la accionante, en el presente caso se violaron los derechos constitucionales al debido proceso  y a la propiedad del ciudadano antes referido, plenamente identificado en actas, al prohibirla la entrada a la empresa Servicios Agroindustriales Pariaguan, C. A: y Repuestos Pariaguan y su arresto transitorio de 72 horas; al inobservar el a quo que todo el basamento legal ya expuesto ut supra; por impulso de una víctima que tenía una medida de protección de las contempladas en [los artículos] 118 y 120 ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal, desconociendo además el juez accionado en amparo el contenido de los artículos 81 y 82 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y así se decide.

 

4.                 Con base en el texto que acaba de ser reproducido, debe concluirse que existe una manifiesta contradicción entre dicho contenido, el cual está integrado a la sentencia que fue confirmada por esta Alzada constitucional, y la disposición, por parte de la misma, de mantenimiento de las medidas cautelares cuya inconstitucionalidad fue expresamente declarada por  la primera instancia, ya que, según el criterio de la Sala, dichas cautelas “no fueron objeto de este amparo, sólo para el caso en que el proceso penal que dio lugar al amparo no hubiese culminado”. Pues bien, contrariamente a lo que concluyó la mayoría de la Sala y se desprende claramente la antes citada reproducción, tales prevenciones fueron materia esencial de valoración para la decisión definitiva por el a quo constitucional.

5.                 En efecto, si tales cautelas tenían conformidad legal y constitucional, entonces la Sala no debió haber confirmado la sentencia del a quo. Por otra parte, no había, siquiera, posibilidad de que dicho acto de juzgamiento fuera acogido parcialmente, esto es, en lo relativo a su pronunciamiento de procedencia de la pretensión de amparo, por razón de la inconstitucionalidad de las medidas cautelares antes referidas, la anulación, mas no en lo que concierne a la consiguiente extinción de la del antes mencionado decreto de tales cautelas. Ello, porque, justamente, la razón fundamental del pronunciamiento de procedencia, por parte del a quo, de la pretensión de tutela que se juzgó, fue la ilegalidad e ilegitimidad de dichas providencias cautelares, pronunciamiento este que necesariamente conducía a la anulación de las medidas preventivas en cuestión. Así, la conclusión de procedencia, a la cual arribó la Sala, del precitado acto decisorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, tenía que ser comprensiva de la integridad de dicha decisión; en caso contrario, la misma no era confirmable, ni siquiera en los términos parciales que expresó esta Sala.

6.                 Por último, quien suscribe estima que, tal como falló la Sala, el veredicto de la primera instancia debía ser confirmado, pero, a diferencia de la mayoría, tiene la convicción de que tal pronunciamiento tenía que haber sido comprensivo de la integridad de dicho acto de juzgamiento. Por tanto, fue contraria a derecho la reposición al estado de que el a quo penal decidiera de nuevo la solicitud de nulidad; ello, porque, respecto del objeto de la misma: las antes referidas medidas cautelares, la primera instancia ya había declarado su inconstitucionalidad, lo cual acarreaba, necesariamente, su anulación. De tal suerte, si la Corte de Apelaciones omitió pronunciamiento al respecto, tal falta pudo ser subsanada, sin mayor dificultad, por la Sala, si es que ésta estaba persuadida, como lo declaró expresamente, de la conformidad jurídica de la sentencia de primera instancia.

7.                 El efecto repositorio que se examina plantea el problema prácticamente insalvable de que el Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui tendrá, como tarea, la valoración de las medidas cautelares en referencia, con posterioridad al pronunciamiento declarativo de inconstitucionalidad que, respecto del decreto de tales medidas preventivas, por parte de la misma primera instancia penal, expidió la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui. Ello acarrea la posibilidad –y hasta la probabilidad- de que el Juez asuma una convicción distinta de la que manifestó la Corte de Apelaciones, la cual, expresamente, declaró la ilegitimidad de aquéllas. Si éste fuere el caso, la decisión del Juez de Control no vendría a ser otra cosa que una revisión, con manifiesta incompetencia material para ello, de un acto de juzgamiento que expidió su superior jerárquico inmediato. Tal subversión del orden procesal adquirirá características de mayor gravedad, si, como racionalmente puede temerse, el Juez de Control arribare a una convicción distinta de la que manifestó la Corte de Apelaciones y, consiguientemente, emitiere pronunciamientos contrapuestos a los que aquélla dictó a través del fallo que fue confirmado por esta Sala.

8.                 Quedan expresados, en los términos que fueron reproducidos supra, los motivos del disentimiento del Magistrado que expide el presente voto salvado.

Fecha retro.

La Presidenta,

 

 

 

LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Vicepresidente,

 

 

Francisco Antonio Carrasquero López

 

Los Magistrados,

 

JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO

…/



 

 

PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ

Disidente                    

 

 

MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN

 

 

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

 

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES

 

El Secretario,

 

 

JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLO

 

PRRH.sn.ar

Exp. 08-0705

 
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