Mediante Oficio Nº 306-2008 del 10 de abril de 2008, el Presidente de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, con sede en






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IV

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN

 

Mediante escrito presentado ante la Sala en fecha 26 de junio de 2008, el apoderado judicial de la ciudadana Luisa Olivia Rondón de Sánchez  (quien como tercera interesada intervino en el proceso de amparo)  interpuso, en tiempo hábil, recurso de apelación en el cual alegó, fundamentalmente, lo siguiente:

Luego de efectuar un resumen de los antecedentes de la causa judicial que dio lugar al amparo –los cuales ya fueron reseñados anteriormente en el capítulo respectivo- adujo que la Corte de Apelaciones al declarar con lugar del amparo propuesto vulneró la tutela judicial efectiva y el debido proceso, por cuanto pretendió un formalismo por encima de la justicia, ya que el artículo 26 constitucional obliga a los órganos de administración de justicia a tutelar los derechos de los ciudadanos y a impartir justicia.

Que la decisión apelada desconoce asimismo el artículo 30 del Texto Fundamental y el artículo 118 del Código Orgánico Procesal Penal, al estimar que “[…] el Juzgado Primero de Control no podía dictar las medidas de protección al amparo del artículo 39 de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, legitima un inconstitucional incumplimiento del deber de protección de las víctimas que se ha asignado al Estado, a través de los Poderes que lo integran”.

Que “[…] el Juez de Control, actuando como representante del Poder Judicial no hizo más que cumplir con una de las finalidades del proceso penal cual es la protección de la víctima, garantizando la vigencia de sus derechos. La denuncia ya formulada le daba facultad para actuar como lo hizo, resultando un formalismo absolutamente intrascendente y contrario a la justicia, anular su actuación porque esta no se le hubiere presentado directamente sino al Ministerio Público”.

Que la decisión apelada es inmotivada y con ella se quebranta “[…] no solamente el contenido de los artículos 26 y 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del encabezamiento del artículo 118 del Código Orgánico Procesal Penal sino también el artículo 282 eiusdem […]”.

Que […] indudablemente al resolver la petición efectuada, el Juzgado Primero de Control no hizo algo distinto que garantizar los derechos fundamentales de la víctima y corregir la desviación del debido proceso que se produjo ante la falta de aplicación del artículo 39 de la Ley sobre Violencia contra la Mujer y la Familia (entonces vigente)”.

Que con la decisión apelada se pretendió hacer nugatoria la aplicación de  la entonces vigente Ley sobre Violencia contra la Mujer y Familia (hoy Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia) toda vez que dicho instrumento normativo “[…] regulaba una materia especial y sus disposiciones debían ser aplicadas preferentemente frente a otras que reglamentaran la protección de las víctimas […]”.

Que cuando el Juzgado Primero en Funciones de Control, accionado en amparo, dictó la medida cuestionada “[…] aplicó la legislación preferente, reguladora de la materia especial sobre la que versaba el asunto […]” y que “[…] no hizo otra cosa que cumplir con lo previsto en el artículo 39 de la Ley Especial, actuando en conformidad con el debido proceso y la tutela judicial efectiva”.

Que “[…] resulta la inconstitucionalidad e ilegalidad del señalamiento hecho en el fallo recurrido, en el sentido de que la medida cautelar pronunciada se encuentra afectada de nulidad absoluta porque sólo el Fiscal Superior del Ministerio Público podía solicitarla y en razón de que la víctima no estaba facultada para efectuar la petición correspondiente”.

Que en relación con la pretendida incompetencia del Juzgado Primero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Extensión El Tigre, para dictar la tantas veces aludida medida, refiere que “[…] no existe una disposición legal expresa que prohibiera a la víctima solicitar directamente medidas cautelares en resguardo a su integridad o a la de sus bienes. La limitación que en tal sentido se hace en el fallo recurrido violenta el derecho de acceso a la justicia y es por tanto inconstitucional”.

Que “[…] el Juzgado Primero de Control no actuó fuera de su competencia sustancial, con abuso de poder, todo lo contrario, materializó la tutela judicial y corrigió la desviación del debido proceso que se había producido al hacer efectivo el contenido de los artículos 26 y 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 4, 5, 31, 32, 33 y 39, numerales 3 y 5, todos de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, el numeral 3 del artículo 120 y el artículo 282, ambos del Código Orgánico Procesal Penal”.

Que el fallo impugnado incurrió además en contradicción en la motivación, por cuanto establece por una parte que“[…] nos encontramos ante una denuncia por violencia familiar y que el Juez dictó medidas cautelares pero omitiendo como requisito el agotamiento de la gestión conciliatoria y, por la(sic) otra parte, se asegura que se trata de una solicitud de medidas de protección a la víctima (ampliación) pero que el juez dictó ilegalmente por cuanto no fueron solicitadas por el Ministerio Público”.

Que la Corte de Apelaciones, en el fallo apelado, incurre una vez más en falta de motivación cuando en su decisión “[…] se limitó a repetir los argumentos de la accionante, decidiendo de modo muy confuso que el tribunal no estaba facultado para dictar la medida, tanto conforme al artículo 39 antes citado como a las disposiciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público sobre medidas de protección a la víctima, pero omitiendo todo análisis, mención o pronunciamiento a nuestro alegato relativo al artículo 40”.

Que la sentencia apelada resulta de tal modo contradictoria que no aparece qué es lo decidido, por cuanto “[…] si bien el dispositivo del fallo dice resolver, declarando con lugar el recurso interpuesto, al determinar su contenido resulta imposible determinar cuál ha sido la decisión, puesto que nada dice sobre la anulación del ‘acto dictado por el mencionado Tribunal en fecha 06-07-07, mediante el cual declaró IMPROCEDENTE la solicitud de NULIDAD ABSOLUTA del acto cuestionado de fecha 10-05-04’ no se dice nada en relación a que ‘restituya… el derecho que tiene de entrar libremente a las empresas de su propiedad…’ ni resuelve sobre que ‘se recabe (sic) las actuaciones signadas respectivamente con la nomenclatura 1C-SOL-340-04 y 03-F4-10-134-04’”, por lo que el fallo apelado es de imposible ejecución (Negrillas del escrito).

Por último, solicita que sea revocado el fallo apelado, mediante el cual declaró con lugar el amparo constitucional propuesto.

 

V

DE LA COMPETENCIA

 

            Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente apelación y, a tal efecto, observa:

            Conforme a la Disposición Derogatoria, Transitoria y Final, letra b) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala es competente para conocer las apelaciones contra los fallos de los Tribunales Superiores -excepto los Contencioso Administrativos- las Cortes de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, que actuaron como primera instancia en los procesos de amparo, ya que según la norma invocada, hasta tanto se dicte la ley de la jurisdicción constitucional, rige la normativa especial de la materia -Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales-, así como las interpretaciones vinculantes de esta Sala.

            De acuerdo con estas últimas interpretaciones y a lo pautado en el artículo 35 de la mencionada Ley Orgánica de Amparo, a esta Sala corresponde el conocimiento de las apelaciones contra los fallos dictados por las Cortes de Apelaciones en lo Penal cuando actúan como Tribunales de Primera Instancia en materia de amparo constitucional, conforme la jurisprudencia vinculante emitida por esta Sala en fallo N° 1/2000, recaída en el caso: Emery Mata Millán.

            En el caso bajo examen, la acción de amparo constitucional fue conocida en primera instancia por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, con sede en Barcelona, y, en tal sentido, la Sala resulta competente para conocer -en alzada- de la presente apelación, y así se decide.

 

VI

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

 

Primeramente, la Sala debe pronunciarse sobre la tempestividad o no de la apelación interpuesta, ello en virtud del criterio vinculante establecido por esta Sala en su decisión No. 3027 del 14 de octubre de 2005 (Caso César Armando Caldera Oropeza).

Al respecto, se observa que el fallo apelado fue dictado el 25 de marzo de 2008, y el recurso de apelación ejercido contra dicha decisión fue interpuesto el 26 del mismo mes y año. Por otra parte, aprecia la Sala que, según cómputo practicado por la referida Corte, desde el día 25 de marzo de 2008 –oportunidad en la que fue publicada el texto íntegro de la decisión- hasta el 26 de marzo de 2008, oportunidad en la que fue interpuesta la apelación por la tercera interesada, transcurrió un (1) día hábil de despacho, motivo por el cual, esta Sala considera que dicho recurso de apelación fue interpuesto tempestivamente.

Analizados como han sido los motivos por los cuales fue declarada con lugar la presente acción de amparo constitucional por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, así como los alegatos contenidos en la apelación interpuesta, con sede en Barcelona, pasa esta Sala a decidir y, a tal efecto, considera necesario delimitar el objeto del presente amparo de la siguiente manera:

Tal como fue referido en el capítulo intitulado “ANTECEDENTES”, esta Sala el 22 de abril de 2005, mediante decisión N° 561, confirmó la decisión dictada el 3 de septiembre de 2004, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, con sede en Barcelona, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida por el ciudadano Ángel Daniel Sánchez Rondón, contra las decisiones dictadas el 22 de abril y 10 de mayo de 2004, por el Juzgado Primero de Control del referido Circuito Judicial Penal, mediante las cuales acordó la protección de la madre del accionante, ciudadana Luisa Olivia Rondón, por parte de la Policía Municipal del Municipio Miranda del citado Estado y la prohibición de la entrada del quejoso a Servicios Agroindustriales Pariaguán, C.A. (SAIPCA) y Repuestos Pariaguán, respectivamente, decisiones frente a las cuales el ordenamiento jurídico prevé el recurso de apelación como medio judicial ordinario para su impugnación, según lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 447 del vigente Código Orgánico Procesal Penal.

            Ahora bien en el caso de autos, tal y como lo estableció el a quo constitucional, el objeto de la presente acción de amparo –en el marco del proceso penal iniciado por la presunta comisión de uno de los delitos previstos en la entonces vigente Ley sobre Violencia contra la Mujer y Familia (hoy Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia)- es la decisión del 6 de julio de 2007, dictada por el Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del  Estado Anzoátegui, Extensión El Tigre, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de nulidad absoluta formulada por la defensa del ciudadano Ángel Daniel Sánchez Rondón, con apoyo en el artículo 190 del Código Orgánico Procesal Penal contra el auto del 10 de mayo de 2004 dictado por dicho juzgado, por considerar que contra el mismo podía ejercerse el recurso de apelación en su oportunidad, “[…] lo cual no hizo el accionante, habiendo sido decidido el asunto planteado en la forma antes mencionada por la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal y posteriormente CONFIRMADA por el máximo Tribunal del país en su Sala Constitucional, cuyas decisiones son vinculantes para todos los tribunales de la República, es inoficioso solicitar al Ministerio Público las actuaciones requeridas por la solicitante, toda vez que el asunto ha sido resuelto en la forma indicada […]”. 

Por su parte, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, con sede en Barcelona, en la oportunidad de resolver el amparo constitucional en primera instancia, lo declaró con lugar emitiendo consideraciones respecto de la medida que, en fecha 10 de mayo de 2004, prohibió al ciudadano Ángel Daniel Sánchez Rondón, la entrada a las instalaciones de las empresas Servicios Agroindustriales Pariaguán, C.A. (SAIPCA) y Repuestos Pariaguán, por considerar, entre otros argumentos que “[…] al emitir auto interlocutorio, prohibiendo al ciudadano ÁNGEL DANIEL SÁNCHEZ RONDÓN, la entrada a las instalaciones de las empresas…decisión adoptada contra legem, por no haber sido solicitada por el titular de la acción penal, no siendo otro que el Ministerio público, por tratarse de una investigación penal por comisión presunta de un delito de acción pública […]”; la cual devino vulneratoria de sus derechos a la defensa y al debido proceso; sin embargo nada dijo acerca del los efectos del dicha declaratoria con lugar.  

            Ahora bien, dado que la decisión impugnada en amparo, de fecha 6 de julio de 2007, dictada por el Juzgado Primero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Extensión El Tigre, resolvió una solicitud de nulidad absoluta, esta Sala considera pertinente citar su contenido, a los efectos de verificar su conformidad con las disposiciones del Código Orgánico Procesal Penal que regulan esta institución, el cual es aplicable supletoriamente en la tramitación de los procesos por la comisión de los delitos tipificados en la entonces vigente Ley sobre Violencia contra la Mujer y Familia (hoy Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia); y el cual se transcribe a continuación:

“[…] Visto el escrito presentado por la Abg. Odilis Centeno en su carácter de Defensora del ciudadano ANGEL DANIEL SÁNCHEZ RONDÓN, mediante el cual solicita se declare la Nulidad Absoluta del auto de fecha 10-05-2004 mediante el cual se decretó MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENTRADA del ciudadano Ángel Daniel Sánchez Rondón a las Empresas Servicios Agroindustriales Pariaguán C.A (SAIPCA) y Repuestos Pariaguán C.A., por considerar que dicho acto impide sustancialmente a su representado ejercer debidamente su derecho de propiedad…

 

El ciudadano Ángel Daniel Sánchez Rondón […] intentó acción de Amparo Constitucional contra las decisiones dictadas el 22-04-2004 y 10-05-2004, por este Tribunal de Control […] Dicha acción de Amparo […] fue ejercida por considerarlas […] violatorias de los derechos al libre tránsito, ‘al hogar domestico’, al trabajo y a la propiedad… Mediante decisión del 03-09-2004, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, declaró inadmisible la acción de amparo Constitucional propuesta […]

 

Analizados por la Sala Constitucional los motivos por los cuales fue declarada inadmisible la acción de amparo constitucional por la citada Corte de Apelaciones, en sentencia del 22 de abril de 2005 CONFIRMÓ la decisión de la Corte […]

 

Siendo que en el caso de marras, la representante legal, esta vez solicita la nulidad del auto de fecha 10-05-2004 […] como igualmente lo argumentó el Abg. Jorge Luis Márquez en su recurso de amparo ejercido ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui del mismo auto al que hace referencia la solicitante Abg. Odilis Centeno; y, dado a que la acción correspondiente en el presente caso era el recurso de apelación en su oportunidad, como lo señaló la Corte en su decisión, lo cual no hizo el accionante, habiendo sido decidido el asunto planteado en la forma antes mencionada por la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal y posteriormente CONFIRMADA por el máximo Tribunal del país en su Sala Constitucional, cuyas decisiones son vinculantes para todos los tribunales de la República, es inoficioso solicitar al Ministerio Público las actuaciones requeridas por la solicitante, toda vez que el asunto ha sido resuelto en la forma indicada, por lo que se DECLARA IMPROCEDENTE la solicitud efectuada, no teniendo esta juzgadora más que agregar sobre el particular ni materia sobre la cual pronunciarse […]” (Subrayado de la Sala).

 

 

 Como puede observarse de lo antes transcrito, la decisión impugnada en amparo no resolvió los alegatos dados por el solicitante en su escrito de nulidad –que son precisamente aquellos relativos a la competencia del juez de control para dictar medidas de protección en materia de violencia contra la mujer y la vulneración del derecho de propiedad del recurrente- ni tampoco expresó las razones de hecho y de derecho que lo condujeron a tal declaratoria, sólo se limitó a concluir que la acción correspondiente era el recurso de apelación “[…] como lo señaló la Corte en su decisión, lo cual no hizo el accionante, habiendo sido decidido el asunto planteado en la forma antes mencionada por la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal y posteriormente CONFIRMADA por el máximo Tribunal del país en su Sala Constitucional, cuyas decisiones son vinculantes para todos los tribunales de la República, es inoficioso solicitar al Ministerio Público las actuaciones requeridas por la solicitante, toda vez que el asunto ha sido resuelto en la forma indicada, por lo que se DECLARA IMPROCEDENTE la solicitud efectuada, no teniendo esta juzgadora más que agregar sobre el particular ni materia sobre la cual pronunciarse”.

 

Al respecto, la Sala considera preciso señalar que en materia de nulidades absolutas en el proceso penal artículo (191 del Código Orgánico Procesal Penal) no existe como causal de improcedencia la existencia del recurso de apelación o su falta de ejercicio oportunamente, tal como lo afirmó el juzgado de control en su fallo accionado en amparo, por cuanto la delimitación temporal para solicitar la nulidad de un acto sólo aplica para las nulidades relativas o saneables (artículo 193 del Código Orgánico Procesal Penal); por el contrario, del mismo artículo 191 se concluye que las nulidades absolutas pueden ser solicitadas en cualquier estado y grado del proceso, justamente por la gravedad del vicio que afecta el acto objeto de la misma.

De allí que fue incorrecto el argumento dado por el Juzgado Primero en Funciones de Control (accionado) en cuanto a la improcedencia de la solicitud de nulidad absoluta por disponer del recurso de apelación, pues ese fue precisamente el medio de defensa escogido por el accionante para impugnar los efectos de una decisión que consideró adversa; limitando así el acceso a la justicia.

  Siendo el anterior el único fundamento, se evidencia entonces del contenido del fallo accionado en amparo, que el mismo fue inmotivado por cuanto no se expresaron las razones de hecho y de derecho que condujeron al juzgador a tomar la decisión, así como tampoco se dio respuesta a los alegatos del solicitante de la nulidad. En tal sentido, la Sala destaca que las decisiones en el proceso penal que resuelvan solicitudes de nulidad interpuestas por las partes, así como cualquier otra defensa o excepción deben ser necesariamente motivadas, de conformidad con el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, y deben resolver todos los alegatos formulados, pues con ello se garantiza una tutela judicial efectiva.

Respecto a la necesidad de la motivación de las decisiones, esta Sala en sentencia N° 1963/ 2001, recaída en el caso: Luisa Elena Belisario Osorio, señaló que dentro de las garantías procesales “…se encuentra la referida a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución, la cual, tiene un contenido complejo, que se manifiesta, entre otros, en el derecho a obtener una sentencia fundada en derecho que ponga fin al proceso. Este contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, se compone de dos exigencias: 1) que las sentencias sean motivadas, y 2) que sean congruentes. De manera que una sentencia inmotivada no puede considerarse fundada en derecho, siendo lesiva del artículo 26 de la Constitución…”.

Motivar una decisión impone que la misma esté precedida de la argumentación que la fundamente, atendiendo congruentemente a las pretensiones, lo contrario implicaría que las partes no podrían obtener el razonamiento de hecho o de derecho en que se basa el dispositivo, se impediría conocer el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión y con ello, se conculcaría el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.

En el mismo sentido, esta Sala en sentencia de N˚ 279/2009, recaída en el caso: Yorge José Meléndez Vílchez, reiteró respecto a la motivación de las sentencias, lo que sigue:

 

“…De acuerdo con lo citado precedentemente, esta Sala observa que el Tribunal Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia declaró sin lugar la solicitud de nulidad absoluta que intentó el imputado, sin explicar, en forma razonada, los motivos por los cuales llegó a esa conclusión, esto es, que no existen violaciones de carácter constitucional ni legal en los alegatos esgrimidos por su defensa técnica.

 

En ese orden de ideas, esta Sala ha señalado que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se prevé un conjunto de garantías procesales que sintetizan lo que constituye el debido proceso en un Estado de Derecho y de Justicia. Dentro de esas garantías procesales se encuentra la referida a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución, la cual tiene un contenido complejo, que se manifiesta, entre otros, en el derecho a obtener una sentencia fundada en Derecho. Este contenido  del derecho a la tutela judicial efectiva, se compone de dos (2) exigencias: 1) que las sentencias sean motivadas, y 2) que sean congruentes. De manera que un sentencia inmotivada no puede considerarse fundada en derecho, siendo lesiva del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (vid. sentencia del 16 de octubre de 2001, caso: Luisa Elena Belisario de Osorio).

 

 Igualmente, esta Sala ha señalado que el artículo 49 de la Carta Magna no dice expresamente, pero forma parte de su esencia, que todo fallo debe ser motivado, para que las partes conozcan los fundamentos en que fueron resueltas sus pretensiones, ya sea la petición de condena o absolución en el proceso penal, o bien la declaratoria con lugar o sin lugar de la demanda en los distintos procesos, en el que se incluye el procedimiento de amparo. Por tanto, sólo así puede calificarse el error judicial a que se refiere el numeral 8 del citado artículo 49, o puede tener lugar el acto de juzgamiento, el cual corresponde a los jueces, según el numeral 4 del mismo artículo, o puede determinarse si a la persona se le sanciona por actos u omisiones, como lo establece el numeral 6, por lo que todo acto de juzgamiento debe contener una motivación, que es la que caracteriza el juzgar. Además, ‘[e]s la falta de motivación de la sentencia, en criterio de esta Sala, un vicio que afecta el orden público, ya que todo el sistema de responsabilidad civil de los jueces no podría aplicarse y la cosa juzgada no se conocería como se obtuvo, y principios rectores como el de congruencia y de la defensa se minimizarían, por lo cual surgiría un caos social’ (vid. sentencia del 24 de marzo de 2000, caso: José Gustavo Di Mase Urbaneja y otro).

 

Es por ello, que surge una exigencia para que los jueces expongan o expliquen con suficiente claridad las razones o motivos que sirven de sustento a la decisión judicial, y que no pueden ser obviadas en ningún caso, por cuanto constituyen para las partes garantía de que se ha decidido con sujeción a la verdad procesal, la cual en el proceso penal debe acercarse a la ‘verdad de los hechos’, como lo dispone el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal.

 

Esa obligación del Juez de tomar en cuenta todo lo alegado y probado en autos y de analizar el contenido de los alegatos de las partes, así como de las pruebas, para explicar, en consecuencia, las razones por las cuales las aprecia o desestima,  se materializa a través de una sentencia, o bien de un auto, y así el Estado Venezolano cumple con su labor de impartir justicia, en la resolución de conflictos jurídicos.

 

Así las cosas, esa exigencia del Juez de motivar la sentencia, que está plasmada igualmente en los distintos sistemas procesales venezolanos, no es una garantía para una sola de las partes, sino que abarca a todas las partes involucradas en el proceso, y así en el caso de los procesos penales tanto al imputado, a la víctima y al Ministerio Público. Lo anterior, se corresponde con lo señalado en el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal que establece que ‘[l]as decisiones del tribunal serán emitidas mediante sentencia o auto fundados, bajo pena de nulidad, salvo los autos de mera sustanciación (...)’.

 

De manera que, [l]a motivación de una decisión no puede considerarse cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad del juzgador. La obligación de motivar el fallo impone que la misma esté precedida de la argumentación que la fundamente, atendiendo congruentemente a las pretensiones, pues lo contrario implicaría que las partes no podrían obtener el razonamiento de hecho o de derecho en que se basa el dispositivo, se impediría conocer el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión y con ello, se conculcaría el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso’ (vid. sentencia N° 1044, del 17 de mayo de 2006, caso: Gustavo Adolfo Anzola y otros).

 

Por lo tanto, esta Sala observa que el Juzgado Séptimo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia no cumplió con su deber de motivar la decisión que declaró sin lugar la solicitud de nulidad absoluta, cercenando con ello los derechos a la tutela judicial efectiva y debido proceso de la parte accionante.

 

En consecuencia, esta Sala declara con lugar la apelación interpuesta por el ciudadano Yorge José Meléndez Vílchez y revoca la decisión dictada el 11 de julio de 2008, por la Sala N° 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que declaró sin lugar el amparo. Asimismo se declara con lugar la demanda de amparo y se repone la causa penal al estado de que un Tribunal de Control, distinto al Juzgado Séptimo de Control del mismo Circuito Judicial Penal, resuelva, en forma motivada, dentro de los tres días siguientes a la recepción de la causa, sólo la solicitud de nulidad absoluta que planteó la parte actora el 30 de mayo de 2008. A tal fin, la Sala da cuenta de la doctrina asentada en las sentencias N° 1935/07 y 820/08.

 

Decidido lo anterior, advierte la Sala que la presente declaratoria con lugar no implica la libertad del ciudadano Yorge  José Meléndez Vílchez, toda vez que ello significa la creación de una situación jurídica que escapa de los efectos restitutorios de la acción de amparo constitucional y que sólo debe ser decidida por  los Tribunales competentes en materia Penal, cuando, de ser el caso, así se lo requieran. Así se declara…” (Resaltado añadido).

 

En atención a lo expuesto, esta Máxima Instancia Constitucional considera que es un deber incuestionable de los jueces expresar en forma clara y precisa los argumentos de hecho y de derecho en que basan su decisión sea de la naturaleza que sea, pues esta exigencia constitucional no puede ser obviada en ningún caso.

Visto entonces que en el presente caso se cuestionó mediante amparo la decisión dictada el 6 de julio de 2007, por el Juzgado Primero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui que resolvió una solicitud de nulidad absoluta formulada por la defensa, prevista en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, contra la medida de protección que le prohibió la ciudadano Ángel Daniel Sánchez Rondón la entrada a la empresa Servicios Agroindustriales Pariaguán (SAIPCA) y Repuestos Pariaguán (REPARICA); esta Sala considera que al haber sido resuelta sin motivación alguna y con el único señalamiento de que existía un recurso judicial previo contra la decisión cuya nulidad absoluta se solicitó –en este caso la apelación-, lo cual no constituye fundamento legal alguno en el Código Orgánico Procesal Penal, se limitó así el acceso a la justicia, razón por la que la acción de amparo constitucional interpuesta resulta procedente pues, con tal decisión inmotivada en su totalidad, al accionante se le vulneraron sus derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.

En consecuencia, se declara sin lugar la apelación interpuesta y se confirma en los términos expuestos, la decisión dictada el 25 de marzo de 2008, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Anzoátegui, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la abogada Odilis Centeno, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano Ángel Daniel Sánchez Rondón, contra la decisión dictada el 6 de julio de 2007, por el Juzgado Primero en Funciones de Control del referido Circuito Judicial Penal, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de nulidad absoluta interpuesta por la defensa del prenombrado ciudadano, contra la medida que le prohibió la entrada a las empresas Servicios Agroindustriales Pariaguán, C.A. (SAIPCA) y Repuestos Pariaguán (REPARICA), respectivamente, de las cuales es accionista, decisión que se anula y, en consecuencia, repone la causa penal al estado en que el Juzgado Primero en Funciones de Control del referido Circuito Judicial Penal resuelva de manera motivada la solitud de nulidad absoluta formulada por el prenombrado ciudadano, prescindiendo de los vicios que ocasionaron su anulación y tomando en cuenta todos los pedimentos y alegatos en ella contenidos. Así se declara.

En razón de la declaratoria que antecede y visto el objeto del presente amparo, la Sala - sólo para el caso en que el proceso penal que dio lugar al amparo no hubiese culminado- declara la plena vigencia las decisiones dictadas el 22 de abril y el 10 de mayo de 2004, respectivamente, por el prenombrado Juzgado Primero de Control mediante las cuales acordó la protección de la ciudadana Luisa Olivia Rondón por parte de la Policía Municipal del Municipio Miranda del Estado Anzoátegui y la prohibición al ciudadano Ángel Daniel Sánchez Rondón de entrar a Servicios Agroindustriales Pariaguán C.A. (SAIPCA) y Repuestos Pariaguán (REPARICA), respectivamente. Así también se declara.

Aun cuando el presente amparo ha sido declarado con lugar, y en consecuencia, se ha anulado la decisión accionada, esta Sala en lo que respecta al alegato del accionante referido a la falta de firma de la secretaria del tribunal en la decisión impugnada en amparo, observa que de las actas del expediente ciertamente la misma no aparece suscrita por la secretaria del mencionado Tribunal de Control; sin embargo, la  Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui no se pronunció sobre este alegato.

Al respecto, esta Sala considera pertinente citar el contenido del artículo 174 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual al referirse a la obligatoriedad de la firma, dispone expresamente que: “Las sentencias y los autos deberán ser firmados por los jueces que los hayan dictado y por el secretario del tribunal. La falta de firma del juez y del secretario producirá la nulidad del acto”.

            La disposición supra transcrita establece la obligatoriedad de la firma de las decisiones por los funcionarios que conforman el Tribunal, ellos son el Juez y el Secretario, para que éstas tengan validez, es decir, para que exista en el mundo jurídico una decisión de un Juzgado debe estar firmada por dichos funcionarios, por cuanto si bien el juez es quien está investido de autoridad para la administración de justicia y su firma es la que da la certeza jurídica de que ese acto decisorio se dictó, el secretario del tribunal conforma el tribunal, refrenda las decisiones y con su firma les otorga fe pública.

En consecuencia, la sentencia impugnada en amparo devenía nula, pues no cumplió con todas las formalidades establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal.

Por tanto, resulta inaceptable que el referido juzgado a quo constitucional haya omitido pronunciarse sobre lo alegado por el accionante en su escrito libelar, pronunciamiento al cual estaba obligada de modo preliminar, tratándose de una formalidad esencial para la validez de la sentencia, ya que tuvo a la vista la copia certificada del fallo impugnado al  formar parte integrante de las actas contentivas del amparo incoado.

Igualmente, esta Sala considera inaceptable que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, habiéndose recurrido en amparo la decisión dictada el 6 de julio de 2007, por el Juzgado de Control del mismo Circuito Judicial Penal, que declaró improcedente una solicitud de nulidad absoluta, interpuesta con base en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal,  se hubiese pronunciado sobre la falta de competencia del juez de control para decretar una extensión de la medida de protección acordada a favor de la víctima, de conformidad con los numerales 3 y 5 de la entonces vigente Ley sobre Violencia contra la Mujer y Familia (hoy Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia); pues como se advirtió no era parte del objeto del amparo, máxime cuando esta Sala en su decisión N° 561/2005 confirmó la inadmisibilidad de un amparo propuesto contra dichas medidas de protección, por existir el recurso de apelación.

Otro pedimento del cual omitió pronunciarse la referida Corte de Apelaciones fue el relacionado con el recabamiento de las actuaciones contenidas en las causas números  1C-SOL-340-04 y 03-F4-10.134-04, cursantes ante las Fiscalías Superior y Cuarta respectivamente, de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui; pues aun cuando, en este caso, no era necesario, dada la naturaleza de la decisión judicial impugnada en amparo, ha debido pronunciarse bien para estimar o desestimar dicho pedimento, en aras de una tutela judicial efectiva.

En razón de tales circunstancias, esta Sala se ve compelida a remitir copia certificada del presente fallo a la Comisión Judicial de este Tribunal Supremo de Justicia, a fin de que pondere las circunstancias del caso y tome la decisión que corresponda, dado que los jueces que suscribieron la decisión del 25 de marzo de 2008, aquí apelada, integran la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, con el carácter de provisorios.

 
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