Mediante Oficio Nº 306-2008 del 10 de abril de 2008, el Presidente de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, con sede en






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III

DE LA SENTENCIA APELADA

 

 

El 25 de marzo de 2008, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, con sede en Barcelona, declaró con lugar la presente acción de amparo constitucional, sobre la base de la argumentación siguiente:

“[…] En relación a la presente acción de amparo, esta Superioridad observa que la misma es interpuesta en contra de las actuaciones judiciales suscritas por el Juez de Control N° 1 de este mismo Circuito Judicial Penal extensión El Tigre, mediante las cuales, según los dichos de la accionante, se ha menoscabado entre otros, el derecho a la propiedad, y el debido proceso al ciudadano ÁNGEL DANIEL SÁNCHEZ RONDÓN; el pronunciamiento que se señala como violatorio de derechos y garantías constitucionales es el proferido el 6 de julio de 2007, el cual riela a los folios 198 al 200 de la denominada pieza II anexo ‘B’ signada con el N° BJ11-P-2004-001520, en el que se estableció entre otras cosas lo siguiente:

 

 ‘…Visto el escrito presentado por la Abg. Odilis Centeno en su carácter de Defensora del ciudadano ANGEL DANIEL SÁNCHEZ RONDÓN, mediante el cual solicita se declare la Nulidad Absoluta del auto de fecha 10-05-2004 mediante el cual se decretó MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENTRADA del ciudadano Ángel Daniel Sánchez Rondón a las Empresas Servicios Agroindustriales Pariaguán C.A (SAIPCA) y Repuestos Pariaguán C.A., por considerar que dicho acto impide sustancialmente a su representado ejercer debidamente su derecho de propiedad… El ciudadano Ángel Daniel Sánchez Rondón… intentó acción de Amparo Constitucional contra las decisiones dictadas el 22-04-2004 y 10-05-2004, por este Tribunal de Control… Dicha acción de Amparo… fue ejercida por considerarlas… violatoria (sic) de los derechos al libre tránsito, “al hogar domestico”, al trabajo y a la propiedad… Mediante decisión del 03-09-2004, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, declaró inadmisible la acción de amparo constitucional propuesta… Analizados por la Sala Constitucional los motivos por los cuales fue declarada inadmisible la acción de amparo constitucional por la citada Corte de Apelaciones, en sentencia del 22 de abril de 2005 CONFIRMÓ la decisión de la Corte… Siendo que en el caso de marras, la representante legal, esta vez… solicita la nulidad del auto de fecha 10-05-2004… como igualmente lo argumentó el Abg. Jorge Luis Márquez en su recurso de amparo ejercido ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui del mismo auto al que hace referencia la solicitante Abg. Odilis Centeno; y, dado a que la acción correspondiente en el presente caso era el recurso de apelación en su oportunidad, como lo señaló la Corte en su decisión, lo cual no hizo el accionante, habiendo sido decidido el asunto planteado en la forma antes mencionada por la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal y posteriormente CONFIRMADA por el máximo Tribunal del país en su Sala Constitucional, cuyas decisiones son vinculantes para todos los tribunales de la República, es inoficioso solicitar al Ministerio Público las actuaciones requeridas por la solicitante, toda vez que el asunto ha sido resuelto en la forma indicada, por lo que se DECLARA IMPROCEDENTE la solicitud efectuada, no teniendo esta juzgadora más que agregar sobre el particular ni materia sobre la cual pronunciarse…’(Sic) (Subrayado de esta Corte)

 

Por otro lado, se observa que el aludido pronunciamiento del 10 de mayo de 2004, impugnado vía nulidad absoluta y decidida como improcedente el 6 de julio de 2007, es del tenor siguiente:

 

‘Visto el escrito presentado en fecha 06-05-2004, por la ciudadana: LUISA OLIVIA RONDÓN, viuda de Sánchez, debidamente asistida por el abogado PABLO EMILIO GRUBER ASCANIO, en el cual manifiesta que el día 05-05-04 el ciudadano: DANIEL SÁNCHEZ RONDÓN, ingresó a las instalaciones de la Empresa Servicios Agroindustriales Pariaguán (SAIPCA), constriñendo al personal que allí labora y sin autorización alguna, se apoderó de un vehículo tipo Monta Carga de 5 Toneladas, y en virtud de que por ante este Tribunal cursa solicitud de Medida de Protección previamente acordada en fecha 22-04-04 por este Tribunal, a la ciudadana up supra señalada, y en virtud de lo alegado por ella, este Tribunal acuerda de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley Sobre la violencia contra la Mujer y la Familia ordinal 3° y 5° el cual consiste: Que el ciudadano: ÁNGEL DANIEL SÁNCHEZ RONDÓN, titular de la cédula de identidad Nro V.- 8.968.932 y domiciliado en la avenida Norte Cristal Hielo, Pariaguán, sobre Planta Alta, de repuestos Pariaguán, Ordinal 5°: Prohibición de la entrada a la Empresa Servicios Agroindustriales Pariaguán C.A., (SAIPCA) y Repuestos Pariaguán, y de llegar a incumplir, se le aplicara lo establecido, en el ordinal 3° ejusdem, el cual consiste en arresto transitorio hasta 72 horas que se cumplirán en la Jefatura Civil respectiva. Notifíquese a las partes. Ofíciese lo conducente. Cúmplase’ (negrillas y subrayado de esta Corte).

 

PUNTO PREVIO

 

Se observa que los abogados de la víctima señalaron durante la audiencia constitucional de amparo, lo siguiente:

 

‘…lo que hizo fue interponer recurso de amparo, el cual fue declarado sin lugar por la Corte por cuanto no procedía y ratificada esta decisión por el TSJ, en esta medida se solicita que se restituya la medida infringida, va contra la medida dictada en el año 2004, la cual tiene revisión, lo que quiero es que sepan que están 3 decisiones, la protección de la víctima, la medida cautelar y la negativa de nulidad, fue dictada dentro de su competencia, conforme a los artículos 39 y 40 de la Ley de Violencia Contra la Mujer y la Familia y no interpusieron apelación, por todo esto es que solicito que se declare sin lugar la presente solicitud de amparo constitucional, por las razones antes expuesta…’.

 

Destacado el contenido del fallo recurrido en amparo y parte de los alegatos de los representantes judiciales de la víctima durante la audiencia oral del 12 de marzo de 2008, es importante destacar como punto previo y a fin de esclarecer algunos aspectos habidos en el presente caso, lo siguiente: existe una decisión dictada por esta Corte de Apelaciones el 3 de septiembre de 2004 que declaró INADMISIBLE una acción de amparo ejercida por el ciudadano ANGEL SÁNCHEZ RONDÓN en contra de las decisiones dictadas los días 22 de abril y 10 de mayo de 2004 por el Tribunal de Control 1° de este circuito judicial penal (Extensión El Tigre) que acordaron medida de protección a la ciudadana LUISA OLIVIA RONDÓN y se le prohibió al ciudadano ANGEL SÁNCHEZ RONDÓN entrar a las empresas SAIPCA y Repuestos Pariaguán. Estos pronunciamientos eran impugnables por la vía del recurso de apelación; no obstante el ciudadano ANGEL SÁNCHEZ RONDÓN interpuso acción de amparo la cual, tal como se indicó ut supra, se declaró INADMISIBLE por esta Superioridad el 3 de septiembre de 2004 al no haberse agotado por aquél el recurso ordinario previsto en la ley, tal como lo prevé el artículo 6 ordinal 5° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; posteriormente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fallo del 22 de abril de 2005 confirma la decisión emitida el 3 de septiembre de 2004 por esta Corte, ya mentada; por otra parte, es menester destacar que la acción de amparo que hoy nos ocupa es una situación completamente distinta a lo ya habido en el presente caso, la misma versa sobre una decisión del 6 de julio de 2007, (ut supra transcrita) que DECLARÓ IMPROCEDENTE una solicitud de nulidad absoluta del auto del 10 de mayo de 2004 dictado por el Tribunal de Primera Instancia en función de Control N° 1, sucedido en la presente causa y que, de conformidad con la ley penal adjetiva en su artículo 196 parte in fine, no procede el recurso de apelación, siendo la acción de amparo la única vía para revisar el pronunciamiento hoy cuestionado, aunado a que las nulidades pueden ser invocadas en cualquier estado y grado de la causa.

 

DEL FONDO DEL ASUNTO

 

Esta Superioridad deja expresa constancia que en los fundamentos del presente fallo siempre se va a ser referencia a la decisión del 10 de mayo de 2004 por guardar estrecha relación con el fallo accionado en amparo de fecha 6 de julio de 2007. Así las cosas, de las actuaciones habidas en el presente caso este Despacho observa que el Juez a quo cuyo fallo es accionado en amparo, al declarar improcedente la nulidad absoluta invocada y decidida el 6 de julio de 2007; lo hizo en base a las decisiones de esta Corte de Apelaciones y de la Sala Constitucional ya citadas ut supra, circunscribiéndose a ratificar la inadmisibilidad de un primer amparo interpuesto por el imputado ÁNGEL DANIEL SÁNCHEZ RONDÓN, con cédula de identidad V- 8.968.932, inobservado los planteamientos verdaderos de la solicitud de nulidad absoluta en base a lo previsto en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, como era el hecho de que un Juez de primera instancia en función de control (Extensión El Tigre) otorgó el 10 de mayo de 2004 una medida de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia, vigente para el momento de los hechos, en franca violación con lo previsto en el encabezamiento del referido artículo y haciendo una mezcla de una solicitud de medida de protección a la víctima prevista en el Código Orgánico Procesal Penal con la ley in comento, ante un pedimento de ampliación del contenido del oficio Nº 1C-0654-04 librado a favor de la ciudadana LUISA OLIVIA RONDÓN, que guardaba relación con la medida de protección a esta víctima.

 

Por su parte, el encabezamiento del artículo 39 de la vigente para el momento de los hechos, la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia expresaba que ‘una vez formulada la denuncia correspondiente…’

 

Se observa, tal como se acotó anteriormente que el a quo ( en su decisión del 10 de mayo de 2004 y cuya nulidad fue declarada improcedente el 6 de julio de 2007) en base a lo indicado por la víctima LUISA OLIVIA RONDÓN, decidió que en razón de que ‘…DANIEL SÁNCHEZ RONDÓN, ingresó a las instalaciones de la Empresa Servicios Agroindustriales Pariaguán (SAIPCA), constriñendo al personal que allí labora y sin autorización alguna, se apoderó de un vehículo tipo Monta Carga de 5 Toneladas, y en virtud de que por ante este Tribunal cursa solicitud de Medida de Protección previamente acordada en fecha 22-04-04 por este Tribunal, a la ciudadana up supra (sic) señalada, y en virtud de lo alegado por ella, este Tribunal acuerda de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley Sobre la violencia contra la Mujer y la Familia ordinal 3° y 5° el cual consiste: Que el ciudadano: ÁNGEL DANIEL SÁNCHEZ RONDÓN…5°: Prohibición de la entrada a la Empresa Servicios Agroindustriales Pariaguán C.A., (SAIPCA) y Repuestos Pariaguán, y de llegar a incumplir, se le aplicara lo establecido, en el ordinal 3° ejusdem, el cual consiste en arresto transitorio hasta 72 horas que se cumplirán en la Jefatura Civil respectiva’ (negrilla y subrayado de esta Superioridad)

 

No obstante, el juez de primera instancia en su fallo de 10 de mayo de 2004, nunca motivó que el escrito interpuesto por la víctima, el cual originó la decisión contra la Mujer y la Familia accionada en amparo, tenía carácter de denuncia de las previstas en la Ley de Violencia , tal como lo reza la norma citada (artículo 39), tampoco consta del inmotivado auto el por qué en caso de tener carácter de denuncia, no agotó lo pautado en el artículo 34 de la extinta ley (gestión conciliatoria); simplemente en razón de que la ciudadana LUISA OLIVIA RONDÓN tenía una medida de protección acordada el 22 de abril de 2004 por el mismo tribunal que dictó el fallo hoy accionado y por los ‘alegatos’ de la misma, procedió a otorgarle las medidas cautelares de las previstas en la tanta veces mencionada Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia.

 

Aunado a lo anterior, cabe indicar que para el momento de la solicitud de la medida de protección referida, no existía un instrumento legal que estuviera relacionado con la protección de la víctima, testigos y expertos, lo cual si existe en los actuales momentos; no obstante, el Capítulo I del Título VII de la Ley Orgánica del Ministerio Público dispone expresamente lo relativo a la Protección de las Víctimas en su artículo 81 que la víctima que intervenga en un proceso penal será tutelada desde el momento en que se identifique lo cual concatenado con el artículo 82 ejusdem, se desprende que todo lo atinente a las medidas para garantizar el resguardo a la integridad de la víctima y su libertad o bienes materiales, corresponde al Fiscal Superior solicitarlo ante el juez competente. En base a lo fundamentado, se observa que el juez de primera instancia de una manera ligera, concedió con ocasión a una primera medida de protección a la víctima y bajo supuestos alegatos de ésta, medidas de las señaladas en la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia, obviando lo que por mandato expreso de una Ley Orgánica, debía ser solicitado por el Fiscal Superior.

 

Por otra parte, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional del 12 de mayo de 2004, Exp. N° 04-0118, con ponencia del Magistrado PEDRO RONDÓN HAAZ, dejó establecido lo siguiente:

 

(…) es criterio reiterado de esta Sala que, para la procedencia del amparo contra actos jurisdiccionales, deben concurrir las siguientes circunstancias: a) que el Juez, de quien emanó el acto supuestamente lesivo, incurra en usurpación de funciones o abuso de poder (incompetencia sustancial); b) que tal poder ocasione la violación de un derecho constitucional, lo que implica que no es recurrible en amparo aquella decisión que simplemente desfavorece a un determinado sujeto procesal; y c) que los mecanismos procesales existentes resulten idóneos para la restitución para del derecho o garantía lesionada o amenazada de violación (…)’. En este mismo sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por decisión de fecha 13-05-2004, con ponencia del Magistrado Jesús Cabrera Romero, expediente N° 03-1746, dejó establecido: ‘(…) en jurisprudencia reiterada y pacífica de la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal (…) así como también en jurisprudencia de la antigua Sala de Casación Penal, de la extinta Corte Suprema de Justicia (…) se ha señalado, que para que sea procedente un amparo constitucional contra una sentencia, una resolución, una orden o un acto emanado de un Tribunal de la República, es necesario que concurran dos requisitos, el primero, que el Tribunal haya actuado con abuso de poder, con usurpación de funciones o se haya atribuido funciones que la Ley no le confiere y el segundo requisito, que su actuación signifique la violación directa de los derechos y garantías constitucionales’.

 

En base a lo planteado en el fallo que antecede, y tal como se explicó anteriormente, considera esta Alzada que la decisión accionada en amparo sí viola derechos y garantías constitucionales, al observar esta sede Constitucional, que la decisión dictada por el Tribunal accionado traspasó el marco de su competencia, extralimitándose en sus funciones y violentado derechos constitucionales, como los denunciados por la accionante, asistiéndole la razón a ésta. El Juez a quo incurrió en abuso de autoridad, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica sobre Amparo de derechos y garantías constitucional al dictar la decisión del 6 de julio de 2007 la cual guarda estrecha relación con el auto del 10 de mayo de 2004 mediante el cual otorgó las medidas previstas en los ordinales 3° y 5° del artículo 39 de la Ley Sobre la Violencia Contra la Mujer y la Familia, cuando ni siquiera existía una segunda solicitud fiscal de protección de bienes de una víctima (artículos 81 y 82 de la Ley Orgánica del Ministerio Público), confundiendo los efectos de una medida de protección a la víctima prevista en ese momento procesal solo en la ley penal adjetiva, que nada tenía que ver con la tantas veces citada ley, infringió gravemente el debido proceso y el derecho que como propietario de las empresas SAIPCA y REPARICA, le asisten al ciudadano ÁNGEL DANIEL SÁNCHEZ RONDÓN, tal como lo ha dejado establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su decisiones del 28 de febrero de 2007, exp. 06-1367, sentencia 317, con ponencia del Magistrado Doctor PEDRO RONDÓN HAAZ y la del 30 de marzo de 2007, exp. 06-1577, sentencia 583, con ponencia del Magistrado Doctor FRANCISCO CARRASQUERO.

 

En este proceder, ha evidenciado este Órgano Colegiado actuando en sede Constitucional que tal y como lo ha denunciado la accionante, en el presente caso se violaron los derechos constitucionales al debido proceso y a la propiedad del ciudadano antes referido, plenamente identificado en actas, al prohibirle la entrada a la empresa Servicios Agroindustriales Pariaguán, C.A y Repuestos Pariaguán y su arresto transitorio de 72 horas; al inobservar el a quo todo el basamento legal ya expuesto ut supra; por impulso de una víctima que tenía una medida de protección de las contempladas en el artículo 118 y 120 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, desconociendo además el juez accionado en amparo el contenido de los artículos 81 y 82 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y ASÍ SE DECIDE.

 

En base a lo anterior, este Tribunal colegiado procede a declarar CON LUGAR la presente acción de amparo, en los términos expuestos anteriormente, todo ello en base a lo previsto en los artículos 7 y 334 constitucionales. Se ordena remitir a la vindicta pública copia debidamente certificada del presente fallo a los fines de que tramite en un lapso de cuarenta y ocho (48) horas, lo conducente ante la denuncia de los hechos narrados por la ciudadana LUISA OLIVIA RONDÓN en contra del ciudadano ÁNGEL DANIEL SÁNCHEZ RONDÓN.

 

 

 

 

 

DISPOSITIVA

 

En consecuencia, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, actuando en sede Constitucional Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: Se declara CON LUGAR la presente acción de amparo incoada por la abogada ODILIS CENTENO en su condición de apoderada del ciudadano ÁNGEL DANIEL SÁNCHEZ RONDÓN, quien es venezolano, de 42 años de edad, titular de la cédula de identidad N° 8.968.932, con domicilio en la Av. Norte, Cristal Hielo, sobre la planta la planta alta de la empresa ‘Repuestos Pariaguán’ de la ciudad de Pariaguán, Municipio Miranda, Estado Anzoátegui, en contra de la decisión proferida por el Tribunal de Control N° 1 de este Circuito Judicial Penal, el 6 de julio de 2007, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de nulidad absoluta del contenido del auto del 10 abril de 2004, a través del cual entre otra cosas se le prohibió al presunto agraviado la entrada a las empresas SAIPCA y REPARICA, las cuales alega ser de su propiedad, SEGUNDO: Esta Corte de Apelaciones, en base a lo previsto en los artículos 7 y 334 constitucionales, ordena remitir a la vindicta pública copia debidamente certificada del presente fallo a los fines de que tramite en un lapso de cuarenta y ocho (48) horas, lo conducente ante la denuncia de los hechos narrados por la ciudadana LUISA OLIVIA RONDÓN en contra del ciudadano ANGEL DANIEL SÁNCHEZ RONDÒN” (Mayúsculas, negrillas y subrayado del fallo).

 
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