Mediante Oficio Nº 306-2008 del 10 de abril de 2008, el Presidente de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, con sede en






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SALA CONSTITUCIONAL

Magistrada Ponente: CARMEN ZULETA DE MERCHÁN

 

Mediante Oficio Nº 306-2008 del 10 de abril de 2008, el Presidente de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, con sede en Barcelona, remitió a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el expediente contentivo de la acción de amparo constitucional intentada por la abogada Odilis Centeno, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 15.066, en su carácter de apoderada judicial (según se desprende de autos) del ciudadano ÁNGEL DANIEL SÁNCHEZ RONDÓN, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° 8.968.932, contra la decisión dictada el 6 de julio de 2007, por el Juzgado Primero en Funciones de Control del referido Circuito Judicial Penal, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de nulidad absoluta interpuesta por la defensa del prenombrado ciudadano, contra la medida que el 10 de mayo de 2004, le prohibió la entrada a las empresas Servicios Agroindustriales Pariaguán, C.A. (SAIPCA) y Repuestos Pariaguán, respectivamente, de las cuales es accionista; todo ello con ocasión del proceso iniciado por la presunta comisión de uno de los delitos tipificados en la entonces vigente Ley sobre Violencia contra la Mujer y Familia (hoy Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia).

Tal remisión obedece a la apelación interpuesta el 26 de marzo de 2008, por los apoderados judiciales de la ciudadana Luisa Olivia Rondón de Sánchez (tercera interesada) contra la decisión dictada el 25 de marzo de 2008, por la referida Corte de Apelaciones, mediante la cual declaró con lugar la acción de amparo constitucional propuesta.

El 4 de junio de 2008, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

El 26 de junio de 2008, el apoderado judicial de la parte apelante consignó escrito constante de 14 folios útiles, contentivo de los fundamentos de la apelación. En la misma fecha se dio cuenta en Sala y fue agregado al expediente.

Realizado el estudio individual del presente expediente, esta Sala pasa a decidir previas las siguientes consideraciones:

 

I

ANTECEDENTES

 

De las actas que componen el presente expediente, constante de una (1) pieza y dos (2) anexos, se extraen los siguientes antecedentes:

El 22 de abril de 2004, el Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del  Estado Anzoátegui, Extensión El Tigre, “…visto el escrito presentado por el ciudadano MANUEL JOSÉ GARCÍA BARRETO, Fiscal Superior del Ministerio Público, donde solicita de conformidad con lo establecido en el artículo 118 del Código Orgánico Procesal Penal y 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se le garantice la integridad física de la ciudadana LUISA OLIVIA RONDÓN, toda vez que presuntamente (por) el fallecimiento de su cónyuge Hilarión Ramón Sánchez, han surgido desavenencias entre los herederos, hasta el punto que uno de ellos, concretamente Ángel Daniel Sánchez Rondón, en diversas oportunidades ha interrumpido en las instalaciones de las empresas, amenazando a empleados y trabajadores de la misma, causando zozobra cada vez que hace acto de presencia en las instalaciones..”, acordó la protección de dicha ciudadana por parte de la Policía Municipal del Municipio Miranda del referido Estado.

El 10 de mayo de 2004, el mencionado Juzgado de Control, mediante auto, acordó la prohibición de entrada del ciudadano Ángel Daniel Sánchez Rondón a Servicios Agroindustriales Pariaguán, C.A. (SAIPCA) y a Repuestos Pariaguán y, de ser incumplida dicha orden, se aplicaría la sanción prevista en el numeral 3 del artículo 39 de la entonces vigente Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia, consistente en arresto transitorio hasta setenta y dos (72) horas en la Jefatura Civil respectiva.   

El 30 de agosto de 2004, el ciudadano Ángel Daniel Sánchez Rondón, asistido por el abogado Jorge Márquez, interpuso ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, con sede en Barcelona, acción de amparo constitucional contra las decisiones anteriores, al considerarlas violatorias de sus derechos constitucionales al libre tránsito, “al hogar doméstico”, al trabajo y a la propiedad.

El 3 de septiembre de 2004, la referida Corte de Apelaciones declaró inadmisible la acción de amparo constitucional propuesta, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

El 14 de enero de 2005, la mencionada Corte de Apelaciones remitió el presente expediente a esta Sala Constitucional, a los fines de la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

El 22 de abril de 2005, mediante decisión N° 561, esta Sala confirmó la decisión dictada el 3 de septiembre de 2004, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, con sede en Barcelona, que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional ejercida por el ciudadano Ángel Daniel Sánchez Rondón, contra las decisiones dictadas el 22 de abril y 10 de mayo de 2004, por el Juzgado Primero de Control del referido Circuito Judicial Penal.

El 6 de julio de 2007, el Juzgado Primero de Control del Circuito Judicial Penal del  Estado Anzoátegui, Extensión El Tigre, declaró improcedente la solicitud de nulidad absoluta formulada por la defensa del ciudadano Ángel Daniel Sánchez Rondón, respecto a la medida que le prohibió la entrada a las empresas Servicios Agroindustriales Pariaguán, C.A. (SAIPCA) y Repuestos Pariaguán.

El 7 de noviembre de 2007, el ciudadano Ángel Daniel Sánchez Rondón, mediante apoderado judicial, intentó ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, con sede en Barcelona, acción de amparo constitucional contra la decisión que declaró improcedente la antedicha nulidad absoluta, amparo que fue admitido el 22 del mismo mes y año y fueron ordenadas las notificaciones correspondientes a fin de la celebración de la audiencia constitucional respectiva.

El 12 de marzo de 2008, notificadas las partes, se celebró la audiencia constitucional con la intervención de la parte accionante, el presunto agraviante, la representación del Ministerio Público y como tercera interesada, la ciudadana Luisa Olivia Rondón de Sánchez (quien ostenta la condición de víctima en el proceso penal que dio lugar al amparo), asistida por sus apoderados judiciales. En esa oportunidad se declaró con lugar el amparo constitucional propuesto.

El 25 de marzo de 2008, fue publicado el texto íntegro de la referida decisión, y el 26 del mismo mes y año, los apoderados judiciales de la tercera interesada apelaron de esta decisión, a cuyo efecto el 10 de abril de 2008 fue remitido, previo el cómputo correspondiente, el expediente de la causa a esta Sala Constitucional, siendo recibido el 30 de mayo del mismo año.

 

II

DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

 

El accionante fundamentó su amparo en las razones de hecho y de derecho que se seguida se resumen:

Que el agraviante es el Juzgado N° 1 en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Extensión El Tigre, a cargo –para ese entonces- del abogado José González Cadena “[…] con motivo de la flagrante violación de derechos, garantías y principios con ocasión a la decisión de fecha 06-07-07 dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control Nº 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Extensión El Tigre y suscrita por la ex Jueza, abogada SUSANA ARANA NUÑEZ […]”.

Que “[…] consta en investigación penal que reposa actualmente en la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público, Sede El Tigre, signada bajo el N° 03-F4-10.134-04, que este despacho en fecha 30-03-04, remitió dichas actuaciones a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, con ocasión a escrito presentado por LUISA OLIVIA RONDÓN (V) DE SÁNCHEZ, al referir la mencionada ciudadana que en fecha 27 de agosto de 2003, había fallecido en la ciudad de Pariaguán, Estado Anzoátegui, su cónyuge HILARION RAMON SÁNCHEZ NAVAS, dejando como herederos legítimos a sus hijos DAVID RAMON, LUISA NOIRALIH, LUISA CAROLINA, LUISA OLIVIA y a ÁNGEL DANIEL SÁNCHEZ RONDÓN, indicando que el patrimonio del fallecido ab-intestato, se fomentó con la constitución, entre otras, de las sociedades de comercio denominadas SERVICIOS AGROINDUTRIALES PARIAGUÁN, C.A. (SAIPCA) y SÁNCHEZ RONDÓN CONSTRUCCIONES, C.A., surgiendo en el seno de la familia una serie de desavenencias entre los herederos” (Negrillas y mayúsculas del escrito).

Que en la averiguación penal su progenitora adujo que “[…] en varias oportunidades irrumpió en las instalaciones de las empresas amenazando a empleados y trabajadores, causando zozobra cada vez que hacía acto de presencia, al entrar en forma agresiva a las instalaciones de la empresa, y a su vez, que su hijo, sustrajo un bien mueble tipo vehiculo (sic) automotor, pick-up, marca Toyota, Modelo Hilux, Placas 97YJAA, propiedad de la empresa SÁNCHEZ RONDÓN CONSTRUCCIONES C.A., habiendo destrozado en fecha 24-01-04, el portón de acceso a dicha empresa, al arremeter contra el mismo con un camión marca Ford Kodiak, motivos por los cuales solicitaba: apertura de la correspondiente averiguación penal; citación personal de ÁNGEL DANIEL SÁNCHEZ RONDÓN a fin de rendir declaración sobre los hechos denunciados; citación de los ciudadanos Anselmo Zurita y Joel Vegas; detención (sic) los vehículos arriba descritos; inspección ocular en las instalaciones de la empresa SERVICIOS AGROINDUSTRIALES PARIAGUÁN, C. (sic) (SAIPCA); avalúo de daños ocasionados en la estructura del portón de acceso a dicha empresa […]” (Negrillas del escrito).

Que su progenitora solicitó medida cautelar de protección para salvaguardar los derechos e intereses de la empresa Servicios Agroindustriales Pariaguán C. (sic) (SAIPCA), así como de sus representantes legales y trabajadores en el sentido de “prohibir” la entrada a las instalaciones de dicha empresa, pues según su decir, con su conducta, existía el fundado temor de daños personales y materiales.

Que estos hechos “[…] fueron denunciados por la progenitora del ciudadano ÁNGEL DANIEL SÁNCHEZ RONDÓN, de quien hasta el día de hoy debe presumirse su inocencia, por no existir declaratoria de culpabilidad firme en el asunto penal N° 03-F4-10-131-04, que reposa actualmente por ante la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público […];  siendo que “[…] en fecha 06-02-04, dictó orden de inicio de investigación penal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal”.

Que “[l]la ciudadana LUISA OLIVIA RONDÓN (V) DE SÁNCHEZ, solicita la medida de protección ya referida ante la representación de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público […]”.

Que posteriormente “[…] el tribunal de control N° 1 (…) emite oficio N° 1C-0654-04 dirigido al Comandante de la Policía Municipio Miranda, ordenándole efectuar patrullaje en forma permanente y cada dos (2) horas en la residencia de la ciudadana Luisa Olivia Rondón (V) de Sánchez (…) debiendo dicho organismo informar a este despacho las circunstancias que pudieran presentarse (…) en aras de brindarle protección a la mencionada ciudadana”.

Que “[…] pese a los términos establecidos de la medida de protección dictada por el Tribunal de Control N° 1, en atención al petitorio de la Fiscalía Superior del Ministerio Público, siendo los límites de dicha medida la protección física de la ciudadana LUISA OLIVIA RONDÓN (V) DE SÁNCHEZ, sin embargo, la antes mencionada, mediante escrito presentado en fecha 06-05-04, solicita al Tribunal de Control N° 1, en su condición de presidenta de las empresas SERVICIOS AGROINDUSTRIALES PARIAGUÁN, C. A (SAIPCA), SÁNCHEZ RONDON CONSTRUCCIONES y REPUESTOS PARIAGUÁN, C. A. (REPARICA), ampliación del contenido del oficio…librado en fecha 22-04-04 bajo el argumento de la protección y reparación del daño causado a las empresas antes mencionadas […]” (Mayúsculas del escrito).

Que tal “[…] ampliación fue acogida en fecha 10-05-04 por el Tribunal del Control Nº 1, al emitir auto interlocutorio, prohibiendo al ciudadano ÁNGEL DANIEL SÁNCHEZ RONDÓN, la entrada a las instalaciones de las empresas, decisión adoptada contra legem, por no haber sido solicitada por el titular de la acción penal, no siendo otro que el Ministerio público, por tratarse de una investigación penal por comisión presunta de un delito de acción pública […]” (Mayúsculas del escrito).

Del contenido de las decisiones supra transcritas, se evidencia claramente que el Tribunal de Control Nº 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, extensión (sic) para la fecha 10-05-04, abusó de su poder y se extralimitó en sus funciones, al modificar inaudita parte –mediante un auto írrito por ilegal e inmotivado- los términos de la medida de protección personal que fuese dictada inicialmente a petición del Ministerio Público (…), todo con el fin de favorecer los intereses de la ciudadana LUISA OLIVIA RONDÓN (V) DE SÁNCHEZ, quien si bien tiene derecho a usar, gozar y disfrutar de sus bienes materiales, no es menos cierto, que igual derecho correspondía y corresponde al ciudadano ÁNGEL DANIEL SÁNCHEZ RONDÓN, dada su condición de socio en las empresas mencionadas. Ciudadanos Magistrados, tal modificación ilegal se produjo al decretarse ‘PROHIBICION DE ENTRADA’ al ciudadano ÁNGEL DANIEL SÁNCHEZ RONDÓN (…) a las instalaciones de las empresas…lesionando tal acto el derecho a LA PROPIEDAD, al DEBIDO PROCESO, los principios de PROGRESIVIDAD, PROPORCIONALIDAD Y LEGALIDAD Y COMPETENCIA […]”(Mayúsculas del escrito).

Que “[…] la NULIDAD ABSOLUTA propuesta por la parte que represento se sostuvo, como ya se dijo, en primer lugar y por la vía principal, en la violación de los derechos constitucionales al DEBIDO PROCESO y a la PROPIEDAD, previstos en los artículos 49 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en razón de que si bien es cierto, que las medidas de protección para las víctimas, obedecían a la necesidad de brindar y garantizar la seguridad e integridad de aquéllas dada la relación en que éstas se encontraban con el hecho ilícito investigado (…) no era menos cierto que la solicitud y otorgamiento de las mismas debían enmarcarse dentro de las condiciones y normas previstas en la ley […]”(Mayúsculas del escrito).

Que, fue  confirmada la inadmisibilidad de la acción de amparo por la Sala Constitucional, según fallo del 22 de abril de 2005, por existir una vía judicial ordinaria para restablecer la situación denunciada como infringida, en este caso, la nulidad absoluta fue la vía escogida “[…] en atención a lo dispuesto en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal, al evidenciarse una serie de ilicitudes, que conculcan el derecho al DEBIDO PROCESO amén de la violación del derecho de propiedad […]”(Mayúsculas del escrito).

Que “[…] en interpretación lógica […] del artículo 190 del Código Orgánico Procesal Penal “[…] se desprende que sólo serán objeto de nulidades, los actos del proceso cuyo cumplimiento se haya efectuado con violación de garantías procesales y constitucionales, principio este que rige durante todas las etapas del proceso, inclusive más allá de una sentencia definitivamente firme […]”.

Que “[…] con motivo del abuso de poder y usurpación de funciones en que incurrió el tribunal ya identificado, el auto ilegal que debió ser anulado con motivo de la nulidad absoluta interpuesta ante ese mismo despacho y cuya negativa por resultar este inapelable, legitima el ejercicio del presente amparo constitucional, ante la violación de las formas y condiciones procesales que correspondían en el presente caso”.

Que “[…] correspondía igualmente al Tribunal de Control N° 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Extensión El Tigre ejercer la garantía de tutela judicial efectiva a través de la nulidad absoluta que fuese solicitada en fecha 25-05-07, tutela negada por éste despacho al considerarla improcedente, sobre una serie de argumentaciones inválidas […]”.

Denunció que “[…] la decisión cuestionada en amparo no se encuentra suscrita por el Secretario de Tribunal (…) tal como consta en las actas que se acompañan, circunstancia esta que a tenor de lo dispuesto en el artículo 174 del Código Orgánico Procesal Penal conlleva a la nulidad del acto”.

Solicitó que se declare con lugar el amparo propuesto y que se restablezca la situación jurídica infringida mediante la anulación de la decisión de fecha 6 de julio de 2007, dictada por el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, Extensión el Tigre, que declaró improcedente la solicitud de nulidad absoluta del acto dictado el 10 de mayo de 2004 por ese juzgado.

Por último, solicitó se recaben las actuaciones contenidas en las causas números 1C-SOL-34030- y 03-F4-10.134-04, las cuales “[…] reposan actualmente de manera respectiva ante la Fiscalía Superior y Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, dejando a salvo, la facultad que tiene esta(sic) Instancia Constitucional de requerir cualquier otro medio probatorio que sea necesario en la solución del presente asunto, conforme lo dispone el artículo 17 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales”.

 
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